sábado, 18 de marzo de 2017

Un crimen del Estado neoliberal en Guatemala

Cuarenta niñas y adolescentes guatemaltecas que estaban bajo el resguardo del Estado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fueron objeto de un crimen de lesa humanidad, debido a que fueron sometidas a privación de libertad, torturas, violación, esclavitud sexual y embarazo forzado. Incluso hay indicios de que se pudo haber pretendido su exterminio.

Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala

Este crimen también puede ser catalogado de ejecución extrajudicial, pues existen suficientes evidencias de homicidio deliberado con la participación de funcionarios públicos, quienes violentaban, violaban y prostituían a estas niñas y adolescentes.

En vez de garantizar la seguridad de estas niñas y adolescentes, los funcionarios y las instituciones gubernamentales a cargo fueron negligentes e incapaces. Incumplieron con sus deberes y, por consiguiente, son responsables penal, administrativa o políticamente por esta masacre. Son responsables aquellos que tenían obligación directa en el resguardo de las niñas y adolescentes, así como el director y la subdirectora de dicho centro, el secretario de Bienestar Social de la Presidencia, el presidente de la república, el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Gobernación y la procuradora general de la nación.

Estos funcionarios son responsables porque pudieron haber prevenido este crimen con medidas administrativas y judiciales, gestado una política pública coherente y necesaria y hecho que este centro fuera un espacio de protección y amor, y no un infierno para las 40 niñas y adolescentes (o más) calcinadas y otras tantas que resultaron con graves quemaduras y están en riesgo de muerte. Este es el resultado de un gobierno de corte empresarial-militar-neoliberal absolutamente incapaz, desinteresado y orientado a buscar sus propios beneficios y a gestionar los intereses de la clase dominante y del capital transnacional.

Pero este crimen también se explica en el hecho de que estamos ante un Estado neoliberal, que privilegia el mercado por encima del ser humano. Antes que garantizar derechos y la vigencia del bien común, el Estado guatemalteco es el resultado de políticas de ajuste estructural que comenzaron en los años 80 y se profundizaron desde los años 90. Es un Estado dirigido a la privatización de las empresas estatales, que pasaron a manos privadas locales y transnacionales, así como a concesionar derechos y necesidades sociales que en manos privadas se convirtieron en mercancía para quien pudiera pagarlas. Asimismo, se orientó a imponer nuevas leyes y políticas desventajosas devenidas de tratados de libre comercio, así como a tolerar el saqueo legal e ilegal de los bienes públicos y comunes. Es este el Estado que sigue funcionando. Por eso continúan promulgándose leyes para garantizar privilegios empresariales, mientras los niños y adolescentes continúan padeciendo hambre, violencia, falta de escuela, salud, etc.

Esto es lo que caracteriza al Estado guatemalteco en la actualidad: es garante de la explotación y el expolio, carente de las normativas necesarias, de las políticas coherentes, de la institucionalidad eficaz y de los recursos financieros esenciales para asegurar el bien común. Es un Estado que constituye factor fundamental en la profundización de la exclusión y la marginación que deja vulnerables a las clases y a los sectores más desprotegidos, como la niñez, la adolescencia y la juventud, los cuales ha convertido en prescindibles.

Para este Estado neoliberal y los gobiernos que lo han gestionado, los niños y las niñas (especialmente los y las procedentes de la clase trabajadora y de los pueblos indígenas y mestizos) han sido convertidos en seres desechables, condenados a ser objeto de los más terribles vejámenes a manos de redes del crimen organizado. En lugar de protegerlos, este Estado los criminaliza, los condena y permite que sean convertidos en objeto de ultraje, violencia, esclavitud sexual y asesinato. En especial, como sucedió en este caso, el Estado, como responsable y ejecutor del crimen, es productor y reproductor de un sistema patriarcal que convierte en objeto a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres.

Este crimen desnuda al Estado en tanto construcción de la clase dominante, que históricamente lo ha utilizado para la gestión de sus intereses; del capital transnacional, que, interesado en expoliar el país, ha contribuido a mermar la capacidad del mismo Estado; y de potencias extranjeras y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que con sus imposiciones han configurado este Estado neoliberal.

Sin duda, esta masacre de niñas y adolescentes debe ser esclarecida penal, administrativa y políticamente para que sobre los responsables directos e indirectos caiga todo el peso de la ley y la condena ética de la sociedad. Nuestra indignación debe crecer y movilizarnos hasta alcanzar justicia en este crimen de lesa humanidad. Pero no debemos olvidar que este crimen es resultado del Estado neoliberal y que, dado que dicha política continúa, hechos de este tipo podrían repetirse y muy pronto. Por eso nuestra acción política debe orientarse estratégicamente a construir un Estado radicalmente diferente.