sábado, 16 de septiembre de 2017

Guatemala: profundización de la crisis, aumento de la indignación

Las opciones que tienen frente a sí los sectores involucrados en la utilización del Estado como botín son cada vez menos y, también, cada vez más autoritarias, de mano dura, de golpe sobre la mesa con el puño cerrado.

Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica


En Centroamérica, el 15 de septiembre es la fecha de conmemoración de la independencia del Imperio Español. Este año, la celebración de la efeméride está teñida en Guatemala por la confrontación política desatada cuando el 26 de agosto pasado el Presidente de la República, el señor Jimmy Morales, declaró non grato al Comisionado de la CICIG, organismo creado ad hoc por la ONU para Guatemala con el fin de contribuir a fortalecer el sistema judicial, y combatir  cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometieron y cometen delitos que afectan los derechos humanos, incluyendo sus vínculos con el Estado.

El Presidente Morales hizo esto después que la confrontación entre dicho organismo y las élites políticas y económicas corruptas del país llegara a un punto en el que éstas sintieron que estaban acorraladas.

En efecto, apenas dos días antes de la declaración de non grato, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, junto a la Fiscala General, Thelma Aldana, solicitaron al Congreso de la República levantar la inmunidad al presidente, pues existen indicios que recibió financiamiento ilícito durante la campaña presidencial del 2015.

El gobierno presidido por Morales respondió a las movilizaciones ciudadanas que repudiaron su decisión, presentándolas como una confabulación de la izquierda.

En su estrategia defensiva no estuvo solo. Según la CICIG y el Ministerio Público, el Congreso de la República está plagado de diputados implicados en crímenes de diversa índole y han iniciado procesos contra ellos. Por eso, el congreso es un poderoso aliado del presidente Jimmy Morales y no le levantó la inmunidad.

No se quedó en eso. La noche del miércoles 13 de septiembre, de forma imprevista y veloz, cambiando la agenda del día, el pleno del Congreso aprobó una reforma al Código Penal que rebaja penas asociadas a ilícitos como los que se le imputan al presidente y a un buen número de diputados.

A pesar que la acción -que tienen todas las características de un asalto a mano armada en la oscuridad-, surgió intempestivamente esa noche, se tienen noticias que se venía gestando desde hacía un buen rato, y que en el participaban casi todos los partidos.

Un día antes de esta operación propia de forajidos, se destapó otro escándalo: el Ejército del país le pasaba un sobresueldo al presidente. Fotografías de los cheques circularon en los medios y la indignación siguió creciendo. El presidente devolvió el dinero; lo hizo, desde luego, obligado por la presión ciudadana.

La devolución del dinero recibido ofrece la idea de una retractación de lo mal actuado. Algo así como: “¡Dios mío, no me había dado cuenta, perdón!”. Algunos diputados usaron la misma estrategia: luego que votaron la mencionada reforma, al día siguiente dijeron que se arrepentían. El mismo presidente, al ver la reacción popular, dijo que consideraría vetar la reforma.

Es un tira y encoge. Algo así como tirar la piedra y ver qué efecto causa para considerar si seguir adelante o cambiar de estrategia.

Grupos cada vez más numerosos de una ciudadanía indignada se manifiestan públicamente, como una nueva versión de lo sucedido en 2015, cuando la presión de la ciudadanía llevó a la renuncia del presidente y sus vicepresidenta.

Los acontecimientos están en pleno desarrollo. Las élites corruptas se encuentran en una situación muy difícil, posiblemente más aún que en la que estuvieron cuando el anterior presidente, Otto Pérez Molina, tuvo que dimitir. Ahora, hay más conciencia que no se trata solamente de uno u otro grupo organizado para delinquir, sino de toda una clase política. Esa clase política es fuerte y se defiende con uñas y dientes porque está en cuestión su propia supervivencia. Gana apoyos coyunturales de sectores interesados o desinformados, pero la tendencia es que está cada vez más acorralada.

En un nuevo movimiento, el presidente Jimmy Morales volverá a la ONU próximamente. Seguramente activará mecanismos previstos en el convenio entre esta institución y el gobierno de Guatemala para tratar de deshacerse del asedio al que está sometido por la CICIG y el Ministerio Público.

En el lado de lo que podríamos caracterizar como el movimiento popular, ha habido cambios positivos que muestran que en su seno se están produciendo transformaciones cualitativas que elevan su capacidad de organización y comprensión de la situación del país. El más significativo y emblemático de estos cambios fue la recuperación, por parte de sectores honestos, de la dirección de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), que ha sido históricamente un referente de resistencia y lucha contra los poderes represivos establecidos, y que desde hacía varios años había caído en manos de una pequeñísima camarilla que literalmente la secuestró.

Es un síntoma de lo que le está sucediéndole al movimiento popular: está creciendo cualitativamente. Hay corrientes subterráneas de conciencia que se acumulan y que en cualquier momento puede dar un salto cualitativo. Es una relación de doble vía: el movimiento crea las condiciones para que organizaciones y grupos crezcan cualitativamente, y este crecimiento, a su vez, incide en las características del movimiento general.

Como el desarrollo de la coyuntura y la maduración del movimiento popular son procesos coincidentes pero, al mismo tiempo, cada uno con dinámicas y velocidades propias, no se puede adelantar quién tendrá más capacidades para doblegar al otro.

Lo que sí es cierto es que el proceso que se viene gestando desde por lo menos el 2015, pero que puede encontrar raíces también en los juicios que contra violadores de derechos humanos se llevaron a cabo desde antes, y que tuvo como emblemático el juicio y condena por genocidio al general Efraín Ríos Montt, está en una etapa crucial.

Las opciones que tienen frente a sí los sectores involucrados en la utilización del Estado como botín son cada vez menos y, también, cada vez más autoritarias, de mano dura, de golpe sobre la mesa con el puño cerrado.

Hay que tener los ojos puesto en Guatemala.

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