¿Hacia dónde vamos?

La pregunta de hacia dónde vamos no es de menor cuantía ni mucho menos retórica. Es tan importante que, en el contexto de la crisis ambiental contemporánea, es casi como preguntarse si la humanidad tiene futuro o no

Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica

rafaelcuevasmolina@hotmail.com

El orden mundial estructurado después de la Segunda Guerra Mundial se desmorona. Es un proceso que se inició hace varios años pero que ha encontrado expresión reconcentrada y dramática en los primeros del siglo XXI.

Se concreta en varios procesos y hechos que, aunque parecen tener distinta naturaleza, responden todos a una tendencia dominante que subyace y se expresa en distintos momentos, lugares y situaciones.

Desde el punto de vista económico, el fenómeno más relevante es la endeble situación financiera norteamericana que cada día se evidencia como dependiente de la dinámica internacional que no siempre puede controlar. La debilidad norteamericana tiene su contrapeso en su poderío militar, que constituye hoy por hoy el balance que le permite mantenerse como el gran hegemón mundial.

Como contrapunto, el ascenso de China a la palestra mundial como la segunda potencia económica anticipa el reperfilamiento que está sufriendo, pero que sufrirá con mayor intensidad en el futuro mediato, el balance de fuerzas internacional.

Este arreglo de fuerzas entre las grandes potencias se da en contexto de una crisis general del sistema capitalista. Sus expresiones han saltado por los costurones rotos que, desesperadamente, tratan de remendar los organismos financieros internacionales o, cuando es necesario, las fuerzas represivas.

Primero fue la crisis financiera, para cuya enmienda se invirtieron miles de miles de millones de dólares tanto en los Estados Unidos como en Europa. Luego se presentó la crisis de la deuda de Grecia, Irlanda y, haciendo cola, Portugal y España. Ahora, el saco se rompe en los países árabes, en una zona caliente de primera importancia para mantener el estatus quo.

A pesar que el sistema en su conjunto parece hacer agua cada vez en más lugares, no se ve en el horizonte la o las alternativas que se puedan considerar viables al mismo. Antes de la década de los 90 del siglo XX, independientemente que nos simpatizara o no, que estuviéramos de acuerdo con ella o no, la vía socialista era una alternativa presente en la que siempre se pensaba como opción alternativa frente al capitalismo.

Pero hoy no existe tal posibilidad. No hay modelo al que remitirse como referente de reorganización cuando lo que se destrama termine de agonizar.

La pregunta de hacia dónde vamos no es de menor cuantía ni mucho menos retórica. Es tan importante que, en el contexto de la crisis ambiental contemporánea, es casi como preguntarse si la humanidad tiene futuro o no. No se trata solamente del tránsito de una formación sistémica a otra, sino de si se puede encontrar una forma de organización social que permita no solamente solventar los ingentes problemas socio-económicos contemporáneos sino, también, la relación que hemos establecido con nuestro entorno natural.

América Latina ha sido, desde el alzamiento zapatista a principios de los años 90, un lugar privilegiado de búsqueda de alternativas. Ellos mismos, los zapatistas, constituyeron un aldabonazo que prendieron una luz en el oscuro panorama que se vislumbraba después del derrumbe del socialismo real en Europa del Este. Recuérdese, sin embargo, que para llegar a los gobiernos progresistas de nuestros días, hubo que pasar por períodos que lindaron con el caos político y social en el que se ponían y quitaban gobiernos casi sin solución de continuidad.

Los gobiernos progresistas actuales, sin embargo, no tienen asegurada la lealtad de los de abajo de forma permanente. Los sucesos de la Bolivia del gasolinazo de fines del año pasado y la caída de la popularidad del gobierno de Evo Morales así lo demuestran.

Estamos inmersos en un muy dinámico proceso de cambio que no sabemos hacia dónde se dirige.

Eso es un peligro y una esperanza.

Centroamérica bajo la égida norteamericana

En las últimas tres décadas, Estados Unidos apuntaló su dominación en Centroamérica de un modo prácticamente incontestable. Para ello, ha sido clave la articulación de los ejes de “seguridad nacional” y “libre comercio” en una sofisticada política imperialista, que opera en todos los órdenes: de lo económico y militar, a lo político y cultural.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(Fotografía: en marzo de 2010, Hillary Clinton se reunió con los presidentes centroamericanos en Guatemala)

Primero fue el vicepresidente Joe Biden, en San José. Luego, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Ciudad de Guatemala. Ahora, en el mes de marzo, le tocará el turno al Presidente Barack Obama en San Salvador: en poco más de dos años de gestión en la Casa Blanca, las tres principales figuras políticas del gobierno estadounidense completarán un periplo de visitas a Centroamérica, que podría parecer inisual si se toma en cuenta que desde hace 20 años, tras el fin del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz, y por su poco peso económico y político, nuestra región ocupa un lugar marginal en el complejo escenario internacional.

Es cierto que frente al debilitamiento de la influencia de Washington en América del Sur, sobre todo durante las dos administraciones del expresidente G.W. Bush, México, Centroamérica y Colombia se convirtieron en auténticos bastiones norteamericanos para la afirmación y proyección de su política exterior hacia la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, este argumento, por sí solo, no sería suficiente para explicar el porqué del renovado interés - y presencia- estadounidense en el istmo.

Una hipótesis mucho más abarcadora, en nuestra opinión, es la que apunta a la necesidad que tienen los Estados Unidos, en el contexto de la actual crisis capitalista y de su hegemonía, de afianzar el proceso iniciado en las últimas tres décadas en Centroamérica y que, de manera menos estridente que en otras latitudes, pero acaso más efectiva aquí que en ninguna otra parte, le ha permitido apuntalar su dominación de un modo prácticamente incontestable. Para ello, ha sido clave la articulación de los ejes de “seguridad nacional” y “libre comercio” en una sofisticada política imperialista, que opera en todos los órdenes: de lo económico y militar, a lo político y cultural.

Una de las dimensiones de este proceso ha sido la paulatina construcción de una zona geoeconómica de casi exclusivo dominio estadounidense, que incluye, por el norte, a Canadá y México, y por el sur, a Centroamérica y el Caribe: es la actual geografía comercial y de control de recursos humanos y naturales, que define las dimensiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos (conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés).

Antecedentes de este proyecto se encuentran en la década de 1980, cuando Estados Unidos creó la Iniciativa para Cuenca del Caribe (ICC) como un instrumento de captura de mercados y, al mismo tiempo, de gendarmería político-ideológica (por ejemplo, para ser parte de la ICC, los países miembros debían cumplir dos requisitos: que no fueran comunistas y que no hubiesen nacionalizado o expropiado posesiones de ciudadanos o corporaciones norteamericanas); también en el Plan Puebla Panamá del 2001, rebautizado como Plan Mesoamérica desde 2008, y que avanza la integración de la infraestructura regional (carreteras, puertos, eletricidad) a favor del capital transnacional.

La otra dimensión de ese proceso hegemónico, vinculada a los contenidos y políticas de seguridad nacional, que en la óptica norteamericana implican el ejercicio arbitrario de la extraterritorialidad (el "derecho" a la intervención), puede rastrearse desde las décadas de 1970 y 1980, con las programas de cooperación y de ayuda militar a los gobiernos autoritarios de la región (que encubrían la guerra de baja intensidad contra las fuerzas insurgentes); también la vemos en los convenios anti-drogas de los años 1990, que adquieren nuevas connotaciones bajo la lógica de guerra contra el narcotráfico de los últimos 5 años; y por supuesto, en la colusión de coyunturas e intereses entre la invasión estadounidense a Irak (que la mayoría de gobiernos centroamericanos apoyó, con soldados o declaraciones políticas según el caso) y las negociones del CAFTA.

Esta posición dominante de la potencia del norte se fortaleció, además, por el desencuentro histórico entre las identidades político-culturales de Centroamérica y América del Sur, tras la ruptura de la larga noche neoliberal de finales del siglo XX y principios del XXI. Así, el aislamiento de Centroamérica de los procesos progresistas y nacional-populares suramericanos, a lo que se suma la grave crisis mexicana, ha dejado a nuestra región a su suerte frente a los Estados Unidos.

Vistos desde esta perspectiva, hechos como el golpe de Estado en Honduras, las presiones que ejerce la Embajada norteamericana en El Salvador contra dirigentes del FMLN en el gobierno, los convenios para facilitar la presencia de buques de Guerra y marines en Costa Rica, o el anuncio del Plan Centroamérica hace un par de semanas en Tegucigalpa, signados todos ellos por la gravitación permanente de funcionarios estadounidenses en las capitales centroamericanas, no hacen sino ratificar esas tendencias de dominación que describimos antes.

El analista salvadoreño Oscar Fernández, en un artículo publicado por la revista salvadoreña ContraPunto, lo dice con acierto: “la verdadera política exterior hacia América Latina, la delinea y ejecuta el Pentágono, al margen de la Casa Blanca y con un presupuesto el doble del asignado a la señora Clinton y su diplomacia. El presidente de los Estados Unidos, ciertamente es un hombre poderoso, pero no olvidemos que otros poderes son los que definen la esencia imperialista militarista en el mundo y en ninguna circunstancia están dispuestos a debilitarlo”.

Enmarcar la visita del presidente Obama a El Salvador en este contexto nos parece de la mayor importancia: para no alimentar expectativas y falsas ilusiones, allí donde no las hay; pero de modo especial, para no olvidar que la Centroamérica negada, olvidada por el mercado y los gobiernos; la Centroamérica de los cientos de miles de inmigrantes que emprenden su viaje hacia la muerte o la explotación cada año; la Centroamérica de los pobres y los excluidos, sigue siendo la eterna ausente de los banquetes y cónclaves del poder.

El Ilustre Maestro Agustín Franco Villanueva

Agustín Franco Villanueva fue siempre un partidario la Revolución, por ser ella la que debía producir la libertad y la igualdad social. Revolución que se debía sustentar en los avances científicos y en el bienestar de los infantes.

Cristóbal León Campos / Especial para CON NUESTRA AMERICA

Desde Yucatán, México

La falta de igualdad que el porfiriato implantó en todo el país, provocó un gran rezago educativo, el analfabetismo era la característica común entre los pobladores de las comunidades rurales y urbanas. Con el triunfo revolucionario se abrió un nuevo camino para el desarrollo y el bienestar de la gran mayoría de la población. Implementándose cambios radicales en todos los ámbitos de la vida social siendo la educación el pilar y el soporte de la nueva sociedad que se comenzaba a construir.

Las ideas de cambio que la Revolución introdujo en la educación fomentaron discusiones importantes sobre el futuro de la enseñanza en Yucatán. En estas discusiones participaron cientos de profesores movidos por los aires de libertad de la nueva sociedad que comenzaba a construirse. Entre estos profesores es posible identificar a quienes por la claridad de sus planteamientos y por su decidida participación destacaron ocupando importantes cargos y contribuyendo en las reformas educativas.

Entre los profesores promotores del cambio social, se encuentra el Ilustre Maestro Agustín Franco Villanueva, quién nació el 20 de enero de 1877 en el pueblo de Motul, donde estudio la escuela primaria, y después, en el Instituto Literario y en la Escuela Normal de Profesores de Mérida, donde obtuvo el título de Profesor de Enseñanza Elemental y Superior. Se desempeñó inicialmente como profesor, impartiendo clases durante varios años en Motul. Fue catedrático de sexto grado en el Instituto Literario del Estado, y de otros centros educativos de Mérida.

Desde muy joven vinculó su vocación magisterial con la participación en las luchas sociales de la entidad. En 1910 apoyó la campaña de Francisco I. Madero contra la dictadura porfirista. Colaboró en el gobierno de Salvador Alvarado, con la encomienda de formular proyectos de leyes para el programa revolucionario, entre ellos, los que dieron origen a la Ley General de Educación, que estableció la enseñanza primaria obligatoria y laica en todo el estado, además de las Leyes que establecen la fundación de la Casa del Bambino y la Ciudad Escolar de los Mayas.

El 26 de mayo de 1915, Salvador Alvarado lo nombró director general de Enseñanza Rural en el estado, cargo del que tomó posesión el 12 de agosto de ese año. Promovió la Ley de Enseñanza Rural, cuya puesta en práctica llevo a cabo como jefe del Departamento de Educación. Participó directamente en la organización del Primer Congreso Pedagógico, efectuado en Mérida entre el 11 Y el 15 de septiembre de 1915, como director de las escuelas rurales.

Fue Jefe del Departamento de Educación Pública en los períodos de Salvador Alvarado y de Felipe Carrillo Puerto, desde ese cargo, alentó la fundación de 1,200 escuelas rurales en el estado, estimuló la promulgación de leyes y reglamentos y se preocupó por la dignificación del magisterio y por la Escuela Rural. Auspició el Primer Congreso Feminista celebrado en enero de 1916. Contribuyó decisivamente a fundar la Escuela Racionalista en Yucatán junto al profesor José de la Luz Mena, con quien desde años atrás había promovido esta modalidad educativa.

Asistió como delegado por la Liga de Profesores a la comisión que integró el Primer Congreso de Obrero Socialista de Motul, del 9 al 30 de marzo de 1918. Fue electo diputado al Congreso de la Unión por el Partido Socialista de Yucatán, durante el gobierno de Carlos Castro Morales. Asistió como delegado por el Consejo Federal del Partido Socialista del Sureste al Segundo Congreso Obrero Socialista de Izamal, efectuado del 15 al 20 de agosto de 1921.

Es autor del libro Despierta, compuesto de lecturas para niños, que se utilizó en la educación primaria. Sus colaboraciones en revistas pedagógicas, así como sus artículos periodísticos, fueron elogiados y despertaron gran polémica por sus radicales posturas ante los males sociales y su progresista visión de la educación. Como ejemplo de ello, destacan los publicados en 1913 bajo el titulo “Las escuelas primarias anarquistas”, en la revista El Paladín Escolar que dirigía el profesor Albino J. Lope. En dichos artículos, fija su postura a favor de la causa de una nueva sociedad que se basé en los principios del comunismo y del anarquismo, por considerarlos la vía al progreso humano.

Agustín Franco Villanueva fue siempre un partidario la Revolución, por ser ella la que debía producir la libertad y la igualdad social. Revolución que se debía sustentar en los avances científicos y en el bienestar de los infantes. Falleció el 20 de febrero de 1961, legándonos sus aportaciones para el avance de la educación en nuestro estado.

*El autor es historiador mexicano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Colabora en periódicos, revistas y páginas web a nivel local, nacional e internacional.

Carta pública al señor presidente de Guatemala Alvaro Colom Caballeros

Como defensores de la vida, hacemos un llamado para que paren los feminicidos, y se proteja a los jóvenes excluidos que son criminalizados por ser pobres, que se respete la integridad de los luchadores sociales en defensa de los recursos naturales, que se persiga hasta dar con los criminales de los recientes asesinatos de tres jóvenes universitarios. Que realmente se pongan en práctica políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías de Guatemala.

El 29 de diciembre de 1996 el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que concluyó el proceso que puso fin a uno de los enfrentamientos armados más prolongados en América Latina, la guerra interna en Guatemala que duró desde 1960 hasta 1996.

Las demandas incluidas en este acuerdo marco tenían una enorme importancia para el conjunto de la sociedad guatemalteca, ya que la exclusión y la negación continuada de las mismas, por un Estado que aplicaba métodos dictatoriales y represivos para enfrentar el malestar de la población, conformaron en lo fundamental las condiciones objetivas que originaron la inconformidad y la decisión de importantes núcleos de la población civil de enfrentar a ese Estado durante el período 1960-1996, recurriendo incluso a la organización y acción armadas, derivándose en el conflicto armado interno (Guatemala, Memoria del Silencio).

A 14 años de firmado dicho acuerdo, las causas socio económicas que dieron origen al conflicto siguen vigentes, pese a que las hostilidades armadas cesaron.

Usted señor presidente ha reconocido que no se puede vivir en paz en la medida que los altos porcentajes de extrema pobreza y falta de oportunidades sigan estando presentes. Además ha señalado que se debe fortalecer el sistema democrático en Guatemala, por medio de políticas públicas de combate a la pobreza, la justa distribución de la riqueza y la creación de oportunidades para todos los guatemaltecos. Pero hoy en día la impunidad continúa, y es un elemento que no permite romper con las estructuras autoritarias del pasado que obstaculizan la realización de procesos judiciales que revisen las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los períodos de las dictaduras militares, así como las violaciones a derechos civiles ocurridas posteriormente al cese del conflicto armado y a la firma de los acuerdos de paz.

Como usted bien sabe, la Comisión de Esclarecimiento Histórico nombrada por Naciones Unidas considera que durante el conflicto armado hubo 45,000 personas desaparecidas por las fuerzas militares, judiciales y policíacas del Estado guatemalteco (Guatemala: Memoria del Silencio), sin que hasta la fecha se hayan iniciado juicios en contra de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

Si bien es cierto que por vez primera durante muchos años y como un hito histórico, en 2010 finalmente hubo resultados sobre investigaciones que se venían realizando en tres casos de desapariciones forzadas y se obtuvo la condena judicial de los implicados, esto es insuficiente debido a la demanda incesante de justicia sobre miles de casos de violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado de ese entonces.

Reconocemos que el Poder Ejecutivo que usted encabeza ha honrado a diferentes luchadores sociales que fueron asesinados o desaparecidos durante los años de la guerra. Estos actos reconocen que las fuerzas militares y civiles cometieron atrocidades contra la población desarmada guatemalteca, pero insistimos que no es suficiente, toda vez que el Estado guatemalteco no ha retomado las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas que señalan que se debe crear una comisión de búsqueda para las personas que fueron objeto de desapariciones forzadas durante el conflicto armado.

Desde hace varios años se encuentra estancado en el Congreso de la República el proyecto de ley 3590, que tiene como propósito conformar una comisión de búsqueda de los desaparecidos en la guerra interna. Un elemento adicional a considerar, consiste en que el Estado guatemalteco no ha tomado aún la decisión de ratificar la Convención contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que entró en vigencia el 23 de diciembre de 2010, ni tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con esta agenda de asuntos pendientes relacionados con la justicia, en Guatemala no puede hablarse de la consolidación de la democracia y del respeto a los derechos humanos, ya que no se han dado pasos fundamentales para la consolidación de un Estado de Derecho que garantice la participación de sus miembros y ponga en práctica mecanismos reales que aseguren la vigencia de los derechos humanos para su población.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a Usted utilice su calidad de Presidente Constitucional de la República, que entraña la unidad de la Nación, circunstancia que le permite promover ante el organismo Legislativo que se realicen las acciones necesarias para aprobar la ley en cuestión, y el Ejecutivo agilice sus funciones para ratificar el Estatuto de Roma, y así antes de concluya su mandato pueda darle estos instrumentos a la sociedad guatemalteca que la protejan de posibles abusos en el futuro de parte de las fuerzas del Estado como ocurrió en décadas pasadas.

Además, como defensores de la vida hacemos un llamado para que paren los feminicidos, y se proteja a los jóvenes excluidos que son criminalizados por ser pobres, que se respete la integridad de los luchadores sociales en defensa de los recursos naturales, que se persiga hasta dar con los criminales de los recientes asesinatos de tres jóvenes universitarios Sebastián Xuc Coc, Alberto Coc Caal y Catalina Mucú Maas. Que realmente se pongan en práctica políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías de Guatemala a las que pertenecían estos jóvenes luchadores sociales.

A 29 de la desaparición forzada del Académico Emil Bustamante López exigimos la verdad sobre su paradero junto con la de los otros 45,000 detenidos desaparecidos, durante el conflicto armado.

Atentamente,

Dr. José Enrique González Ruíz, Derechos Humanos Universidad de la Ciudad de México-México / Dr. Enrique Dussel, Maestro Emérito de la Universidad Autónoma de México. Argentina-México / Sacerdote Miguel Concha Brak, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P.A.C. México / Carlos Fazio, Programa de Derechos Humanos de la universidad de la Ciudad de México. México / Paco Ignacio Taibo II, Escritor, México / Luz Ximena Calanchina, Suiza / Salvatore Calanchina, Suiza / Lucrecia Molina Theissen, Guatemala-Costa Rica / Dr. Camilo Pérez Bustillo, USA. Ocupante de la Cátedra Emil Bustamante. / Julio Cesar Pereira Vásquez, Guatemala-Canadá / Maestra Yolanda Gómez, universidad de la Ciudad de México. México / Gabriela González, Programa de Derechos Humanos Universidad de la Ciudad de México-México / María Elena León de Alvarado y familia, Canadá-Guatemala / Iduvina Hernández, SEDEM Guatemala, / Edda Gaviola, Chilena residente en Guatemala / Mario Avila, USA / Dra. Lisette Aguilar, Guatemala / Red de Defensa de Derechos Humanos, México / Marta Sánchez, Movimiento Migrante Mesoamericano, USA-México / Silvana A. Figueroa Delgado, Chile / Berta Elizabeth Palacios Cervantes, Guatemala / Elizabeth Florián, Guatemala / Felipe Galván, Dramaturgo, México / Dr. Raúl Molina, Universidad de Long Island, New York-Guatemala / Dra. Elena Castañeda, México-Guatemala / Efrén Alfonso García Botello, Universidad Autónoma de Zacatecas, México / Dr. Otto René Hernández García La guardia, Canadá -Guatemala / José Pedro Mata, Uruguay / Juan Carlos Moreno, México / Rose Marle, Francia / Marcelino González Martínez, México / Alma Rosa Mora Pizano, México / Jorge Monett Sánchez, México / Luz Angélica Arena V. Congregación católica, México / María del Carmen Vera Santa, México / Mili Reyes Blancas, México / Maricruz López Martínez, México / Iván Estrada López, Universidad Autónoma de México, México / Lucero González Giménez Universidad Autónoma de México, México / Omar Ruíz Vergara, Estudiante maestría Derechos Humanos, México / Teresa Olivera Villaseñor, Universidad Autónoma de México / Rosa María Muñoz Izquierdo, México / Alfonso Gaitán Ramírez, México / Nancy Huerta Zurita, Estudiante de Ciencia Política, México / Rosario Luna Burgos, México / Sergio A. Pliego Fuentes, México / Mario Enrique Sosa, Frente Popular, Guatemala / Edgar Stuardo Batres Vid, Instituto de ciencias Sociales, México / Andrés Cabañas Díaz, Periodista, Guatemala / Oscar Pérez, Finlandia-Guatemala / Antonio Mosquera Aguilar, Guatemal / Maya Alvarado, Guatemala / Norayda Arabella Ponce Sosa, Guatemala / Asociación Por la Unidad de Nuestra América –AUNA- Costa Rica / Salvador Rodavlas Raliuga, México / Sergio Pliego Fuentes, México / Sabas Cristóbal García González, México / María Ernestina Martínez Torres, UACM, México / Francisco Pérez, UACM, México / Patricio de la Guardia, México / Miriam Pascual Jiménez, Defensa de Derechos Humanos, Puebla, México / Nadia Mandujano Álvarez, UAM, México / Andrea Vergara Razzey, Chile / Sair Daniel Pinilla, Asociación de Abogados Democráticos, México / Liliana Ávila Meléndez, UNAM, México / Carlos Rodríguez, UACM, México / Miguel Arcos Alvaro, UACM, México / Mauricio Velázquez, México / Paola Montejo Castellano, UACM, México / Fernando Gómez, FES ARAGON- ANAD, México / Benjamín Rangel Vargas, México / Gustavo Yair Chatica, México / Leticia Medina Aguilar, México / Vidal Rojas Campos, ARIUS-ANAD / Dra. Coralia Gutiérrez Álvarez, Guatemala / Dr. Gilberto López Rivas, México / Juan De Dios Hernández Monge, México / Pablo Romo Cedano, SERAPAZ, México / Leticia Gutiérrez, Comité Monseñor Romero / Mariana Sojo, Nieta de Alaide Foppa, México / Mario Saucedo Pérez MC-PRD México / Raúl Díaz, Periodista, México-Guatemala / Dra. Rosa Nieves Nogueda, México / Xavier Robles, Cineasta Rojo Amanecer, México / Alejandro Centeno, Poeta, México / David Flores, Poeta, México / Carlos Bracho, Actor, México / Paloma Sainz, Promotora Cultural, México / Francisco Saucedo, Ex Diputado Federal, México / Mario Saucedo, Ex Senador de la República Mexicana, México / Roberto López Moreno, Poeta / Enrique González Rojo, El Poeta Mayor, México / Leopoldo Ayala, Poeta, México / Raúl Álvarez Garín, Comité de lucha del 68, México / Nery Espinoza Quevedo, Canadá-Guatemala / María Eugenia Molina Theissen, Guatemala / Verónica Botello Ayala, México / Beatriz Amezquita, México / María Atilano, México / Hilda Nereida Ramírez, México / Jazmín Quintero, México / Gabriela Arroyo Morales, México / Jennifer Cruz, México / Orlando Cruz Hernández, México / Aracely Díaz, México / José Sotelo Monzón, Asociación laica Mexicana, México / María de Lourdes Toussaint Loera, México / Gabriela Hernández, México / Adrián Ciriaco Salvador, México / Margarita Cruz, México / Antonio Cerezo Centeno, México / Jorge Arias, UNAM, México / Patricia Candanedo, México / Carlos Mayans Pitiac, México / Jorge Rayos López, México / Valentín Pacheco Aparicio, México / Tania Ramírez, HIJOS MEXICO, México / María Saucedo Pérez MC-PRD / Jorge Fernández Souza, México / Alberto Solís Castro, México / Estuardo García Bustamante, UNAM, México/ Otoniel García Ramos, México-Guatemala / Maynor Berganza, Guatemala / Marylena Bustamante, México-Guatemala / Dafne Ríos, México.

Costa Rica: El Centro de Amigos para la Paz denuncia la militarización de la policía

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA MILITARIZACIÓN

CONSIDERANDO:

I.- Que la Presidencia de la Republica y la Cancillería han anunciado el restablecimiento de una reserva militar de la fuerza pública, y una unidad de guarda-frontera con entrenamiento militar, como respuesta a la ocupación de “Laguna Portillos” en la ribera sur de la desembocadura del Río San Juan.

II.- Que como resultado de la ocupación nicaragüense del territorio nacional, además de crearse un clima hostil en la opinión pública, propicio al conflicto militar, se ha debatido la iniciativa de ciertos sectores del Gobierno para proponer un impuesto para la defensa nacional. Si bien por el momento, ha sido excluido de las reformas fiscales como anunció el Vicepresidente Lieberman, en declaraciones del Canciller Castro, podría alcanzar entre un 2 y un 4% del PIB.

III.- Que la Embajada de los Estados Unidos ha urgido ante la Asamblea Legislativa la aprobación de los permisos para el ingreso a la zona marítima y las aguas territoriales costarricenses de una cantidad adicional de barcos artillados de la US NAVY, alegando el patrullaje conjunto y la lucha contra el narcotráfico, en momentos en que está presentada también la reforma constitucional para modificar el Artículo 12 de la Constitución Política del país, que amenaza a la interpretación vigente de la prohibición del ejército como institución permanente.

IV.- Que la Presidenta de la República y el Ministerio de Seguridad Pública han puesto en práctica nuevos programas de entrenamiento de la policía nacional, con la reciente incorporación de asesores militares adicionales y oficiales de los ejércitos de Estados Unidos, Israel y Colombia, entre otros, al igual que expertos en inteligencia militar en la Base de El Murciélago y el 10 de enero se desalojó “manu militari” con violación de los derechos humanos de 35 familias de la finca “Balastre” en la Teresa de Pococí, porque alli se construirá la nueva sede de la Academia Nacional de Policía, con un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y el equipamiento del Plan Mérida del Comando Sur de los Estados Unidos.

V.- Que se ha redoblado el envío de personal costarricense a múltiples escuelas y academias militares, incluida la Academia Internacional de Policía, que cuando Costa Rica la rechazó, fue establecida en El Salvador, ( ILEA-SOUTH por sus siglas en inglés), y se nombró Viceministro de Seguridad al recién egresado costarricense de Fort Benning, Georgia, ahora llamada WHINSEC, la temida Escuela de las Américas, que originariamente estuviera en Fort Gullick, Panamá.

POR TANTO SE ACUERDA:

PRIMERO:

Denunciar el inminente peligro de la militarización de Costa Rica y la seria amenaza a perder su status de país desarmado.

SEGUNDO:

Instar al Gobierno de la República y a los organismos competentes nacionales e internacionales, para que se pronuncien y tomen medidas para garantizar que el ejército no será restablecido en Costa Rica.

TERCERO:

Solicitar al Gobierno de Estados Unidos, al Presidente Barak Obama y a la Secretaria del Departamento de Estado Hilary Clinton, que se reconozca nuestra neutralidad activa, perpetua y no armada, y que garanticen que no se utilizarán ni las ayudas financieras, ni los convenios bilaterales ni multilaterales para la militarización del único país en el mundo que se desarmó unilateralmente.

CUARTO:

Propiciar el restablecimiento del diálogo con el pueblo y gobierno de la hermana república de Nicaragua, para que se suspenda de inmediato el Proyecto de Canalización del Río San Juan, y sólo se reinicien los trabajos previo acuerdo binacional que garantice la sostenibilidad ambiental, el resarcimiento de los daños producidos, y el respeto a la conservación de cuenca del río San Juan, bajo la supervisión de los convenios internacionales de proteccion al ambiente y los derechos humanos

QUINTO:

Hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas para la defensa de los derechos humanos en Costa Rica, Centroamérica y el resto del Continente para que se pronuncien en apoyo a esta campaña contra la militarización, por la solución diplomática y no violenta de los conflictos y el respeto a la neutralidad perpetúa, activa y no armada de Costa Rica.

San José, 18 de febrero, 2011.

Por qué Estados Unidos apuesta a militarizar la guerra contra el crimen en América Latina

Los soldados venidos a la Argentina en el Boeing Globemaster III pertenecen a un grupo de fuerzas especiales que intervino en Grenada y Panamá. EE.UU. apuesta a militarizar la guerra contra el crimen.

Eduardo Blaustein / http://sur.elargentino.com

La participación militar de EE.UU. a menudo parece tener poco que ver con los objetivos oficiales para la región y alienta a los militares latinoamericanos a asumir funciones que serían ilegales en los Estados Unidos. “El rol del Pentágono en el diseño de políticas (para América latina) es cada vez mayor. Las actividades militares han ido creciendo en su participación, mientras que el Departamento de Estado y los presupuestos de ayuda exterior han caído o se han estancado.” Ninguna de las dos afirmaciones pertenece a algún funcionario del gobierno argentino proclive –según las interpretaciones de la prensa conservadora– a las desmesuras o las sobreactuaciones antiimperialistas. Ambas frases destacan en un artículo publicado en octubre de 2005 (“Militarizing Latin America Policy”, ver recuadro) por un conocido analista estadounidense, Adam Isaacson, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Yale y director de Programas para América Latina del Centro para las Políticas Internacionales en Washington. Siguiendo las tesis de Isaacson, la llegada del Boeing Globmaster III estadounidense cargado de “material sensitivo” se inscribe no necesariamente en una política exterior afinada (y menos aún controlada) por el gobierno de Obama, sino más bien en su ausencia, convenientemente explotada por la desproporcionada capacidad presupuestaria y operativa del Pentágono y del complejo militar yanqui. Los recursos estadounidenses destinados a “ayuda” a las fuerzas militares y policiales de América latina y el Caribe pasaron de 225 millones en 1996 a un pico de casi 900 millones hacia 2009. En un párrafo de aquel artículo, Isaacson se preguntaba: “¿Por qué las Fuerzas Especiales de EE.UU. necesitan entrenar a los comandos argentinos en las técnicas de la guerra de montaña?”. LEA EL ARTICULO COMPLETO AQUI...

Armas, drogas e intervención

En contraste con la actuación del gobierno argentino en el caso de la carga no declarada del avión C-17, en México, bajo la guerra al narco y la Iniciativa Mérida, se acentúa la intervención y presencia policial-militar de Estados Unidos y recrudece la violencia, atribuida en bloque al crimen organizado, pero nadie sabe quién mata y por qué.

John Saxe-Fernández / http://www.jsaxef.blogspot.com

Un enorme C17 (Boeing Globmaster III) de la Fuerza Aérea estadunidense, con implementos para “adiestramiento” policial, intentó introducir a Buenos Aires una carga no declarada de poderosas armas largas, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos secretos, drogas narcóticas y estupefacientes, “sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias” (Página 12, 13-II-2011). Ante los operativos de regime change contra Venezuela, Bolivia, Ecuador y el putch hondureño, sorprende la reanudación de este tipo de programas con personal de Estados Unidos, interrumpidos por Néstor Kirschner: la carga secreta del C-17 muestra el grave riesgo de esos esquemas ante una diplomacia de fuerza que se intensifica: ¿iban a dar un curso o preparar un golpe?

Argentina, en respuesta coherente, suspendió esos enlaces policial-militares y exigió disculpas, que Estados Unidos se niega a dar. La Casa Rosada procedió con energía y prudencia, dado el panorama político-electoral, afectado por la muerte de Kirchner y el arribo de Mauricio Macri al frente del gobierno de Buenos Aires, quien llegó con ese fardo ultraderechista que en el pasado prohijó el golpismo y que ahora, con él, alienta tenaz represión y regresión socioeconómica. Además, por la notoria adicción de Obama a las fuerzas especiales y su despliegue clandestino en el orbe y en 19 países de la región, la actuación y réplica de Fernández es de importancia mayor para Latinoamérica y el mundo.

Aquí, en contraste, bajo la guerra al narco y la Iniciativa Mérida, se acentúa la intervención y presencia policial-militar de Estados Unidos y recrudece la violencia, atribuida en bloque al crimen organizado, pero nadie sabe quién mata y por qué. Miles mueren en matanzas inexplicables: jóvenes estudiantes ametrallados en un campo de futbol o en una fiesta juvenil, familias aniquiladas en algún retén, etc, ad nauseam. Es el mensaje del Estado fallido ¡a pocos metros de Estados Unidos!: “los matamos, el Estado mexicano no los puede proteger y somos impunes”.

En el limbo histórico-geográfico, Calderón “hizo suyo” el planteo de seguridad estadunidense, abriéndonos a la intervención del coloso, que rehusa detener el flujo de armas a los cárteles y cuyos bancos y firmas cosechan la ganancia mayor del narcotráfico. Con amnesia de 1848 y lo que siguió, el panista actúa como si la ambición de Estados Unidos por los ricos estados norteños, el petróleo y otros recursos del país, se hubiese esfumado del registro histórico y de un presente en que su dependencia de ellos es todavía mayor. Los dichos de Mullen, Clinton et. al. en torno a narcoinsurgencia o narcoterrorismo acá, indican que, como en Afganistán, Colombia y Centroamérica, ese es el idioma de la intervención y ocupación.

Friedrich Katz en La guerra secreta en México (Era, 1981) ofrece un magistral encuadre del complejo de fuerzas alrededor de la relación de México con Estados Unidos y el mundo, que permite calibrar la constelación actual documentando la persistente ambición por el “norte de México”. En tiempos de W. Wilson, por ejemplo, el general Pershing, en busca de Villa, propuso invadir Chihuahua y luego pidió ocupar todo México, “un deseo compartido por George S. Patton” cuando escribió: “debemos tomar todo el país y quedarnos con él” (p. 353). Ahora The Economist, al comentar el arranque de un vasto corredor carretero de Monterrey a Estados Unidos y apoyar la propuesta de estacionar a las autoridades aduanuales y de inmigración estadunidenses ahí mismo, en la periferia de esa ciudad, se lamenta que haya resistencia nacionalista a un operativo que, de facto, baja la frontera.

América Latina linda con Estados Unidos en el Bravo y no en Panamá: “lo que se halla en juego”, previó un diplomático británico en 1914, “...no es sólo México, sino todo el continente. Los Estados Unidos pueden haberles dicho que quieren detenerse en el Canal de Panamá; nunca harán tal cosa. Una vez... allá... tomarán Colombia... Luego viene el Brasil... y de allí seguirían hasta el Cabo de Hornos” (220).

La carga del C-17 no es asunto menor.

México-Estados Unidos: cumbre e injerencismo

Resulta imposible desvincular este encuentro de los datos aportados por las filtraciones de Wikileaks, publicadas a lo largo de las dos semanas recientes: tales documentos han puesto al descubierto una relación bilateral caracterizada por la supeditación del gobierno mexicano al estadunidense en ámbitos más amplios que la seguridad pública.

Editorial de LA JORNADA / 24 de febrero de 2011

La Casa Blanca informó ayer sobre una reunión bilateral, a realizarse el próximo 3 de marzo en Washington, entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de México, Felipe Calderón. A decir del vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, la visita de Calderón a la capital del vecino país abre “la oportunidad de abordar los esfuerzos conjuntos, revisar el estado actual de la Iniciativa Mérida y refrendar el apoyo que México necesita de Estados Unidos en estos momentos”.

Resulta imposible desvincular este encuentro de los datos aportados por las filtraciones de Wikileaks, publicadas en este diario a lo largo de las dos semanas recientes: tales documentos han puesto al descubierto una relación bilateral caracterizada por la supeditación del gobierno mexicano al estadunidense; por los allanamientos constantes y progresivos a la soberanía nacional por parte del vecino país y, en general, por la subordinación de la política gubernamental –en ámbitos más amplios que la seguridad pública– a los intereses de Washington.

Con estas consideraciones en mente, es preocupante que en el comunicado emitido ayer por Los Pinos para confirmar el encuentro del jueves próximo se haya insistido en presentar un supuesto “interés común” de ambos países en el terreno de la seguridad, cuando no hay relación alguna entre la aguda crisis de seguridad pública que vive el país a consecuencia de las acciones de los cárteles de la droga y las obsesiones estadunidenses de perpetuar la desastrosa “guerra contra el terrorismo” emprendida por la administración Bush.

La divergencia de intereses se expresa claramente con el hecho de que, mientras el gobierno calderonista pide al estadunidense mayor compromiso en el combate a la violencia asociada al narcotráfico, diversos sectores de Estados Unidos parecen interesados en que ese flagelo se mantenga y profundice. Tal es el caso de la industria armamentista del vecino país, para la cual la violencia en México constituye una excelente oportunidad de negocio, pero también de la cúpula política estadunidense, que se dice alarmada por el baño de sangre en México, pero no hace nada por impedirlo: cabe recordar el rechazo mayoritario de la Cámara de Representantes de Estados Unidos –el sábado pasado– a establecer regulaciones mínimas y deseables a la venta de armas en aquel país, como el requerimiento de que los comerciantes de armamento en los estados fronterizos con México informen sobre compras de dos o más rifles de asalto por una misma persona.

Por lo demás, el desempeño de Washington en materia de combate al narcotráfico dista mucho de corresponderse con el “compromiso” al que se refieren los portavoces de ese gobierno: recuérdese, por ejemplo, la documentada intromisión de agencias de inteligencia de Estados Unidos para promover el tráfico de drogas ilícitas dentro del territorio nacional, en el contexto del operativo Irán-contras, a mediados de los años 80 del siglo pasado. Por añadidura, actualmente el gobierno de ese país tolera el trasiego ilícito de estupefacientes dentro de su propio territorio –el cual fluye con normalidad, sin los escenarios de violencia que se reproducen al sur del río Bravo– y se muestra indolente en lo que toca al control del tráfico de armas hacia México y la erradicación del lavado de dinero en los circuitos financieros estadunidenses.

Las soluciones de combate contra el narcotráfico promovidas por Estados Unidos al sur de la frontera, y adoptadas por la administración calderonista en el contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada”, no sólo han sido ineficaces y generadoras de efectos contraproducentes para el país –decenas de miles de muertos, violencia exacerbada, deterioro institucional y pérdida de control en amplias franjas del territorio–, sino también han puesto de manifiesto la inverosimilitud y la doble moral del discurso de Washington y, lo más grave, han exhibido el interés de su aparato gubernamental por allegarse de justificaciones para el intervencionismo en nuestro país.

Por ello, es pertinente y necesario que la sociedad exija a las autoridades que informen con veracidad y transparencia sobre lo tratado en el encuentro de la semana entrante, a efecto de evitar que la ocasión sea utilizada por el gobierno estadunidense como nueva oportunidad para incrementar las presiones injerencistas sobre el mexicano.

Galeano: “La independencia es otro nombre de la dignidad”

Palabras pronunciadas por Eduardo Galeano el 22 de febrero de 2011, en la ceremonia de entrega de la Medalla 1808, que el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, otorgó al escritor uruguayo.

Eduardo Galeano / LA VENTANA

Quiero dedicar este homenaje a la memoria viva de dos Carlos: Carlos Lenkersdorf y Carlos Monsiváis, amigos muy queridos que ya no están, pero siguen estando.

Y empiezo por decir gracias: Gracias, Marcelo, por este regalo, esta alegría. Te digo gracias en nombre propio y también en nombre de los muchos sureños que jamás olvidarán su gratitud a México, el país de su exilio, refugio de perseguidos en los años de mugre y miedo de nuestras dictaduras militares.

Y quiero subrayar que México merece, por eso y por muchos otros motivos, toda nuestra solidaridad, ahora que esta tierra entrañable está siendo víctima de la hipocresía del narcosistema universal, donde unos ponen la nariz y otros ponen los muertos, y unos declaran la guerra y otros reciben los tiros.

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Este acto generoso me honra por venir de quien viene. La ciudad de México está a la vanguardia en la lucha por los derechos humanos, en un amplio abanico que va desde la diversidad sexual hasta el derecho a respirar, que ya parecía perdido.

Y mucho me honra recibir esta ofrenda, porque mucho tiene de desafío: en nuestros países la independencia plena es todavía, en gran medida, una tarea por hacer, que nos convoca cada día. LEA EL TEXTO COMPLETO DEL DISCURSO AQUI...

No es momento de hacernos los distraídos

Los latinoamericanos estamos a tiempo de aprender de la revuelta árabe. La lucha de los pueblos por su libertad es sagrada para cualquiera que se sienta de izquierda, si es que eso significa algo todavía. En este punto no caben ni especulaciones ni cálculos.

Raúl Zibechi / LA JORNADA

Con las revueltas árabes la crisis sistémica global ingresa en una nueva fase, más imprevisible y cada vez más fuera de control. Hasta ahora los principales actores venían siendo las oligarquías financieras y las grandes multinacionales, los principales gobiernos, en particular los de Estados Unidos y China, y, bastante más atrás, algunas instituciones como el G-20. Ahora se ha producido un gran viraje con el ingreso en escena de los sectores populares de todo el mundo, encabezados por los pueblos árabes, lo que supone la profundización y aceleración de los cambios en curso.

El primer campanazo lo dieron los jóvenes griegos con su revuelta de diciembre de 2008. Cuando el capital financiero buscando escapar de la depreciación inevitable que le aguarda volvió a especular con los alimentos, la precaria situación de millones de personas en el mundo se volvió insostenible. Que las cosas hayan estallado en el mundo árabe no es inesperado, pero bien sabemos que algo similar puede suceder en cualquier parte del planeta, como lo atestigua la ocupación del capitolio de Wisconsin, en Estados Unidos. La pregunta no es qué sucederá, sino dónde volverá a asomar la “hidra de la revolución”, título de uno de los mejores análisis de la historia de los de abajo.

La creciente desarticulación sistémica se va a llevar por delante a muchos gobiernos y también algunos estados, sean conservadores, progresistas o del color que deseen pintarse. Entramos en una fase de descontrol generalizado, en la cual las viejas fronteras izquierda-derecha, centro-periferia y hasta las ideologías hegemónicas, tenderán a desdibujarse. LEA EL ARTICULO COMPLETO AQUI...

La rebelión de Wisconsin

El mundo árabe tiene algo en común con EE.UU: Sus economías han colapsado y sus clases dominantes están en quiebra. En el caso de EE.UU los riesgos aumentan en la medida en que sus gobernantes siguen jugando a la ruleta con su economía.

Marco A. Gandásegui, h. / ALAI

Los titulares de la prensa mundial derrochan palabras y exclamaciones para destacar el derrocamiento de los gobiernos favorables a EE.UU de Egipto y Túnez. También se refieren a la “represión contra manifestaciones en Libia”. Igualmente, muestran fotos de los “manifestantes bahreiníes”. (Un senador norteamericano se recubrió de su toga y proclamó que EE.UU ¿debía revisar su política de ayuda militar al emirato sede de la V Flota de ese país?) Por otro lado, “el presidente de Yemen promete no renunciar a pesar de las personas muertas en manifestaciones, las protestas se expanden en Marruecos y el presidente Bashir de Sudán no se presentará para otro mandato presidencial”.

En medio de esta difusión espectacular de la "revolución" de los pueblos árabes, ha aparecido otra fuente de protestas y manifestaciones. Sin embargo, los medios de comunicación han sido muy parcos y cuidadosos en dar a conocer detalles sobre sus protagonistas. Se trata de los trabajadores de EE.UU que en diferentes escenarios, ciudades y centros de producción han comenzado a rebelarse. La crisis económica de EE.UU ha golpeado a sus propios trabajadores, quienes han quedado desempleados (10 por ciento de la fuerza laboral) y sin vivienda (3 millones de familias han perdido sus hogares). Las protestas y manifestaciones populares en los estados norteamericanos de Wisconsin, Minnesota y Ohio están generando preocupación entre los políticos y analistas nortemaericanos. Son estados industriales que han sido golpeados por la crisis económica en forma especial. La sobreproducción (o en otras palabras, el subconsumo) de la economía norteamericana está creando serias dudas sobre la capacidad que tiene ese país para salir de la recesión a mediano plazo, mucho menos a corto plazo. LEA EL ARTICULO COMPLETO...

El Foro Social Mundial, Egipto y la transformación

El debate en torno a una “crisis civilizatoria” tiene grandes implicaciones para el tipo de acción política que uno respalda y el tipo de papel que los partidos de izquierda en busca del poder del Estado jugarían en la transformación del mundo que está en discusión. Esto no se resolverá con facilidad. Pero es un debate crucial de la década siguiente.

Immanuel Wallerstein / LA JORNADA

El Foro Social Mundial (FSM) está vivo y bien. Se acaba de reunir en Dakar, Senegal, del 6 al 11 de febrero. Por coincidencia imprevisible, ésa fue la semana en que el pueblo de Egipto logró derrocar a Hosni Mubarak, lo que finalmente ocurrió mientras el FSM celebraba su sesión de clausura. El FSM se pasó la semana vitoreando a los egipcios –y discutiendo el significado de las revoluciones tunecino-egipcias, por su programa de transformación, por lograr otro mundo que es posible –posible, no hay una certeza.

Una cifra de entre 60 mil y 100 mil personas participaron en el foro, lo que en sí mismo es una cifra notable. Para lograr un evento así, el FSM requiere de movimientos sociales locales fuertes (que existen en Senegal) y un gobierno que al menos tolere las sesiones del foro. El gobierno senegalés de Abdoulaye Wade estuvo dispuesto a “tolerar” la celebración del FSM, aunque apenas unos meses antes se retractó de la asistencia financiera que había prometido y la recortó en tres cuartas partes.

Pero luego vinieron los levantamientos tunecino y egipcio y al gobierno le dio susto. ¿Qué tal si la presencia del FSM inspira un levantamiento semejante en Senegal? El gobierno no podía cancelar el evento, no con la asistencia de Lula de Brasil, Morales de Bolivia y numerosos presidentes africanos. Así que hizo lo más que pudo hacer para sabotear el foro. Despidió al rector de la principal universidad donde se iba a celebrar, cuatro días antes de la inauguración, e instaló a un nuevo rector que de inmediato revirtió la decisión del rector previo de suspender las clases durante el FSM para que hubiera salones de juntas disponibles.

El resultado es que hubo un caos organizativo por lo menos los dos primeros días. Al final, el nuevo rector permitió el uso de 40 de los más de 170 salones requeridos. Con imaginación, los organizadores alzaron tiendas de campaña por todo el campus universitario, y las reuniones procedieron a pesar del sabotaje.

¿Tenía razón el gobierno senegalés en tenerle tanto miedo al FSM? El mismo FSM debatió qué tan relevante era el foro para los levantamientos populares en el mundo árabe y en otras partes, que eran llevados a cabo por gente que tal vez nunca hubiera oído hablar del FSM. La respuesta que dieron los asistentes refleja una división de mucho tiempo entre sus filas. Hubo aquéllos que sienten que 10 años de reuniones del FSM han contribuido significativamente a socavar la legitimidad de la globalización neoliberal, y que el mensaje había penetrado en todas partes. Y hubo otros que sintieron que los levantamientos mostraban que la política de la transformación está en otros lados y no pasa por el FSM. LEA EL ARTICULO COMPLETO AQUI...