Raúl Zibechi
La Jornada
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El resonante triunfo de Fernando Lugo y la derrota del Partido Colorado luego de 61 años en el poder llenan de satisfacción a toda la izquierda y a los movimientos sociales del continente. El partido de la dictadura de Alfredo Stroessner, de las desapariciones, la corrupción y la tortura, el partido del Plan Cóndor, sufrió una aplastante derrota, aunque controla resortes importantes del poder, como la administración pública y el parlamento.
En la derrota del Partido Colorado jugaron papel destacado los movimientos campesinos. Desde el fin de la dictadura, en 1989, han sido factor clave en la resistencia al monocultivo de soya, que expulsa a miles de campesinos del campo y del país. La respuesta del colorismo ante el desborde del aparato clientelar y de control por la movilización campesina fue militarizar las áreas rurales institucionalizando las guardias armadas de los terratenientes. Más de 2 mil campesinos procesados y decenas de asesinados es el saldo de estos casi 20 años de lucha campesina, en los que se han recuperado cientos de miles de hectáreas del latifundio.
Al candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio –un frente que va de los liberales a los movimientos sociales– le tocará lidiar con una herencia maldita. En minoría en el parlamento, está forzado a tejer alianzas con los colorados o con el golpista Lino Oviedo. Una administración pública corrupta e ineficiente, donde los funcionarios han sido nombrados siempre a dedo por los caudillos colorados, estará dispuesta a boicotear cualquier intento de cambio. El Partido Colorado en la oposición, dirigido por el hasta ahora presidente Nicanor Duarte, buscará bloquear aun las más tímidas reformas y las medidas que busquen frenar la corrupción.
La capacidad de presión del agronegocio y de los ganaderos será otra dificultad mayor para el gobierno de Lugo. En pocos años Paraguay se ha convertido en gran exportador mundial de soya, cultivo que ya cubre más de 2 millones de hectáreas. Estos sectores, aliados a menudo con el contrabando y en ocasiones el narcotráfico, serán los grandes desestabilizadores, a juzgar por lo que viene sucediendo en Bolivia. El nombre del futuro ministro de Agricultura es una de las claves del nuevo gobierno, que todos esperan conocer en Asunción.
La heterogénea alianza que llevó a Lugo al gobierno tiene como socio mayoritario al Partido Liberal, que colocó en la vicepresidencia a Federico Franco. Aunque lleva décadas en la oposición, y muchos de sus militantes fueron perseguidos por la dictadura de Stroessner, los liberales son parte del sistema hegemónico en Paraguay. Difícilmente serán un aliado a la hora de introducir cambios de fondo, ligados como están a las tramas clientelares y a prácticas de corrupción similares a las de los colorados. Los medios anuncian que el futuro canciller será el liberal Marco Balmelli, un hombre con buenas relaciones con Washington, crítico del Mercosur y distante de Bolivia y Venezuela.
Además de las dificultades internas, el futuro gobierno de Lugo deberá renegociar los tratados de las represas de Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina), uno de los ejes de su campaña electoral. Una frase que suele escucharse a menudo en Asunción dice que “Brasil explota a Paraguay en Itaipú”. Ése fue uno de los grandes titulares del diario ABC Color el día del triunfo de Lugo. Para la derecha, es útil desviar la atención hacia el exterior como forma de dejar intactos los privilegios locales. Sin embargo, no les falta razón a los paraguayos, ni al propio Lugo, cuando demandan una urgente revisión de esos tratados.
La represa binacional de Itaipú tiene una potencia instalada de 8 mil 250 megavatios, de los cuales Paraguay consume 5 por ciento y debe exportar 95 por ciento a su vecino a precio de costo, según el tratado firmado por la dictadura de Stroessner en 1973. Itaipú abastece 20 por ciento de la energía que consume el industrializado Brasil. Paraguay recibe apenas 300 millones de dólares al año, muy por debajo del precio internacional y del costo de reposición de la energía vendida. Ricardo Canese, ingeniero especializado en energía, estima que los 53 mil GW que se venden anualmente a Brasil tienen un precio de mercado no inferior a 4 mil millones de dólares, algo así como dos tercios del producto interno bruto de Paraguay. Lugo no pretende llegar tan lejos, pero sostiene que su país debe recibir entre uno y medio y dos mil millones de dólares, o sea, entre cinco y siete veces el valor actual.
En un principio, Lula dijo que hay un acuerdo firmado y que no está dispuesto a revisarlo. Los paraguayos sostienen que el tratado fue firmado en la dictadura de Stroessner, envuelto en casos de corrupción, y que es hora de sentarse a discutir. Afortunadamente, el canciller brasileño Ceslo Amorim dijo: “vamos a continuar discutiendo con Paraguay cómo puede obtener una remuneración adecuada por su energía”. Y reconoció que un aumento del precio “sería lo justo” y que “Brasil no quiere ser visto como un país imperialista”. En la última reunión de gabinete, Lula admitió flexibilizar la posición de Brasil para aumentar el precio de la energía que compra a Paraguay.
La revisión de estos acuerdos no es tema menor. Recuperar la soberanía energética es, para Paraguay, lo mismo que la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia. Un sustancial aumento de los ingresos del paupérrimo Estado paraguayo sería un balón de oxígeno para afrontar reformas urgentes en la salud y la educación, además de la necesaria reforma agraria. Todo indica que superar tantas dificultades hace necesario que los movimientos sigan presionando para evitar que el gobierno de Lugo, quien tendrá la enorme responsabilidad de desmontar el sólido aparato clientelar colorado, quede atrapado por las alianzas que debió tejer para llegar al gobierno.
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