Lo llaman “Iniciativa Mérida” para diferenciarlo del Plan Colombia. Sin embargo, antecedentes y distintos análisis sostiene que su objetivo es otro.Verónica Torres Benaim (Agencia Periodística del MERCOSUR)
Es de conocimiento público que el Plan Colombia es parte de una estrategia de militarización de Sudamérica diseñada a finales del siglo pasado por Estados Unidos. Cerca del primer decenio de este joven siglo XXI, América Central y México tendrán un modelo similar.
De esta manera, la cámara de representantes de Estados Unidos dio comienzo a la “Iniciativa Mérida”, un plan que el Congreso estadounidense aprobó a finales de junio para proporcionar este año a México mil 400 millones de dólares y 65 mil millones a países de América Central, con el fin de “combatir el narcotráfico en el continente”, según informó Lynne Weil, asesora del representante demócrata Howard Berman, presidente del comité de Asuntos Internacionales de la Cámara.
La “Iniciativa Mérida” -según manifestaron- tiene como características frenar el flujo de narcóticos ilegales en América central y sobre todo en México, teniendo en cuenta que la circulación de drogas que llegan a Estados Unidos son por parte de organizaciones delictivas mexicanas.
El proyecto de diseñado por Washington sostiene que apunta a “colaborar” con la política que lleva adelante el actual presidente mexicano, Felipe Calderón. Este hizo de la lucha al narcotráfico el eje de su Gobierno desde que asumió en el año 2006 y ha desplegado a unos 25.000 soldados en varios estados para combatir el crimen organizado y el tráfico de tóxicos.
Cabe destacar que violencia desatada ha dejado más de 1.400 muertos en lo que va del año, según datos del Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaus.
Por otro lado, “esta iniciativa tiene como requisito hacer que las operaciones policiales de México sean más transparentes y tengan una mayor capacidad de respuesta para las quejas de sus ciudadanos, como para asegurar que se realicen investigaciones sobre los informes de abuso”, así lo informa Merle D. Kellerhals Jr del servicio Noticioso de Washington.
También, incluye fondos escáneres iónicos y unidades caninas para que México y América Central puedan interceptar drogas, armas, dinero en efectivo y delincuentes. Además se proveerá de sistemas de comunicación seguros, helicópteros y aviones de vigilancia, al igual que capacitación y programas de acción comunitaria contra las pandillas.
Dicho proyecto, fue llamado “Iniciativa Mérida” para evitar ser comparado con el polémico “Plan Colombia”, el paquete de ayuda –sobre todo militar- que se deriva al país sudamericano desde el año 2000. Sin embargo, resulta inevitable hacer un paralelismo.
A diferencia del primero que fue visto –en principio- como la tabla de salvación de un Estado acorralado por el poder del narcotráfico y el fortalecimiento de guerrillas y paramilitares que se nutrían con los recursos de la droga, el Plan Mérida ha sido recibido más bien con escepticismo, marcado por la desconfianza y la falta de objetivos claros.
Por este motivo, varios sectores de la política mexicana están en contra del Plan México porque sostienen que es un “plan es una injerencia a la soberanía mexicana, porque se parece mucho al Plan Colombia que no solamente no erradico el narcotráfico sino que gran parte de la ayuda sirvió para engrosar a las fuerzas armadas”.
Esta desconfianza -a pesar de las diferencias en el nombre y en los presupuestos involucrados (mil 400 millones de dólares proyectados en el caso mexicano y más 5 mil millones ya invertidos en Colombia desde el 2000)- según analistas tiene que ver con un mismo espíritu que anima ambos proyectos: la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de George W. Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak.
De esta manera, se puede observar nuevamente un proyecto del gobierno estadounidense de larga data sumergido en el concepto de Guerra de Baja intensidad (GBI).
La GBI es un elemento clave de una estrategia estadounidense que tomó vuelo en Estados Unidos en los años 80 en la plenitud de la administración de Ronald Reagan, derivada de los diseños militares que, durante la Guerra Fría, habían conducido a la guerra de Vietnam.
El principal objetivo tiene que ver con la militarización que se reproduce en todo el continente latinoamericano, que conforma el diseño estratégico de contrainsurgencia de Washington y su política exterior definida como seguridad nacional con fronteras imprecisas.
Según el sociólogo estadounidense James Petras “si en los años 60 la contrainsurgencia se basaba en la amenaza del comunismo internacional, ahora se encuentra la justificación en la llamada amenaza de la droga”. Es por esto que en los documentos básicos de esta estrategia aparece el gran proyecto geopolítico de Estados Unidos de la resometimiento de América Latina a través de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la seguridad fronteriza.
Cabe recordar, que el Plan Colombia -en líneas generales- proponía una “reingeniería” destinada a reestructurar radicalmente el ejército colombiano para que actuara dentro de las coordenadas militares del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, pero también significaba extender el control militar estadounidense por toda la zona, lo que significó un enorme dispositivo de bases en toda la región.
En agosto del 2001 el analista colombiano Jaime Caycedo Turriado, profesor de la Universidad Nacional de su país, advertía que el Plan Colombia no era fundamentalmente un plan antinarcóticos: “Su cobertura o justificación, sí. Pero su propósito resulta evidente cuando se contrasta con las reales condiciones en que se desenvuelve el inmenso mercado global de las drogas”.
Para Caycedo Turriado, este plan “era un proyecto de fumigaciones masivas y de guerra contrainsurgente. En esta óptica, su blanco es sociopolítico y se reduce a aquella parte del tema narcóticos que copa menos del dos por ciento del negocio y deja sin tocar lo que representa el 98 por ciento restante. Los circuitos financieros de los narcocapitales, el lavado masivo de divisas y los paraísos fiscales quedan por fuera de su radio de acción. El plan es, en realidad, político y militar, dirigido a destruir el movimiento guerrillero, especialmente las FARC-EP, y a disciplinar el país en una perspectiva ligada con el proyecto homogeneizante y globalizador del ALCA”.
¿Por qué resulta tan importante América Latina para Estados Unidos? según Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales y CBI, Los intereses estratégicos se dividen en militares, económicos y políticos.
“En lo militar los principales intereses son: controlar el surgimiento de cualquier amenaza al territorio de los Estados Unidos que pueda venir del continente. Impedir que potencias hostiles ganen influencia en la región y aumenten su capacidad de dañar los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. En lo económico se ha trasformado cada vez mas importante para la economía estadounidense en los últimos 15 años como resultado del creciente flujo de capital y comercio. Esta el interés de Estados Unidos por promover el desarrollo general de América Latina en direcciones que sean congruentes con nuestros intereses económicos, específicamente políticas que mantengan los mercados latinoamericanos abiertos a los productores y al capital de los Estados Unidos. Políticamente, los intereses de los Estados Unidos son servidos por los gobiernos democráticos”.
Finalmente, no hace falta aclarar que tanto el Plan México, como el Plan Colombia esconden una estrategia de dominación de la región por parte de Estados Unidos. Como plantea el investigador Raúl Benítez Manaus en su texto “La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México”: “Lo que se oculta en todo esto, que además resulta negativo para Latinoamérica, es que puede llevar a una no deseada mayor militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, pues podría tener consecuencias negativas en materia de derechos humanos, y también puede implicar un predominio de las Fuerzas Armadas en el control de muchos cuerpos de seguridad policíacos que deben ser civiles por naturaleza institucional”.
De esta manera, la cámara de representantes de Estados Unidos dio comienzo a la “Iniciativa Mérida”, un plan que el Congreso estadounidense aprobó a finales de junio para proporcionar este año a México mil 400 millones de dólares y 65 mil millones a países de América Central, con el fin de “combatir el narcotráfico en el continente”, según informó Lynne Weil, asesora del representante demócrata Howard Berman, presidente del comité de Asuntos Internacionales de la Cámara.
La “Iniciativa Mérida” -según manifestaron- tiene como características frenar el flujo de narcóticos ilegales en América central y sobre todo en México, teniendo en cuenta que la circulación de drogas que llegan a Estados Unidos son por parte de organizaciones delictivas mexicanas.
El proyecto de diseñado por Washington sostiene que apunta a “colaborar” con la política que lleva adelante el actual presidente mexicano, Felipe Calderón. Este hizo de la lucha al narcotráfico el eje de su Gobierno desde que asumió en el año 2006 y ha desplegado a unos 25.000 soldados en varios estados para combatir el crimen organizado y el tráfico de tóxicos.
Cabe destacar que violencia desatada ha dejado más de 1.400 muertos en lo que va del año, según datos del Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaus.
Por otro lado, “esta iniciativa tiene como requisito hacer que las operaciones policiales de México sean más transparentes y tengan una mayor capacidad de respuesta para las quejas de sus ciudadanos, como para asegurar que se realicen investigaciones sobre los informes de abuso”, así lo informa Merle D. Kellerhals Jr del servicio Noticioso de Washington.
También, incluye fondos escáneres iónicos y unidades caninas para que México y América Central puedan interceptar drogas, armas, dinero en efectivo y delincuentes. Además se proveerá de sistemas de comunicación seguros, helicópteros y aviones de vigilancia, al igual que capacitación y programas de acción comunitaria contra las pandillas.
Dicho proyecto, fue llamado “Iniciativa Mérida” para evitar ser comparado con el polémico “Plan Colombia”, el paquete de ayuda –sobre todo militar- que se deriva al país sudamericano desde el año 2000. Sin embargo, resulta inevitable hacer un paralelismo.
A diferencia del primero que fue visto –en principio- como la tabla de salvación de un Estado acorralado por el poder del narcotráfico y el fortalecimiento de guerrillas y paramilitares que se nutrían con los recursos de la droga, el Plan Mérida ha sido recibido más bien con escepticismo, marcado por la desconfianza y la falta de objetivos claros.
Por este motivo, varios sectores de la política mexicana están en contra del Plan México porque sostienen que es un “plan es una injerencia a la soberanía mexicana, porque se parece mucho al Plan Colombia que no solamente no erradico el narcotráfico sino que gran parte de la ayuda sirvió para engrosar a las fuerzas armadas”.
Esta desconfianza -a pesar de las diferencias en el nombre y en los presupuestos involucrados (mil 400 millones de dólares proyectados en el caso mexicano y más 5 mil millones ya invertidos en Colombia desde el 2000)- según analistas tiene que ver con un mismo espíritu que anima ambos proyectos: la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de George W. Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak.
De esta manera, se puede observar nuevamente un proyecto del gobierno estadounidense de larga data sumergido en el concepto de Guerra de Baja intensidad (GBI).
La GBI es un elemento clave de una estrategia estadounidense que tomó vuelo en Estados Unidos en los años 80 en la plenitud de la administración de Ronald Reagan, derivada de los diseños militares que, durante la Guerra Fría, habían conducido a la guerra de Vietnam.
El principal objetivo tiene que ver con la militarización que se reproduce en todo el continente latinoamericano, que conforma el diseño estratégico de contrainsurgencia de Washington y su política exterior definida como seguridad nacional con fronteras imprecisas.
Según el sociólogo estadounidense James Petras “si en los años 60 la contrainsurgencia se basaba en la amenaza del comunismo internacional, ahora se encuentra la justificación en la llamada amenaza de la droga”. Es por esto que en los documentos básicos de esta estrategia aparece el gran proyecto geopolítico de Estados Unidos de la resometimiento de América Latina a través de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la seguridad fronteriza.
Cabe recordar, que el Plan Colombia -en líneas generales- proponía una “reingeniería” destinada a reestructurar radicalmente el ejército colombiano para que actuara dentro de las coordenadas militares del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, pero también significaba extender el control militar estadounidense por toda la zona, lo que significó un enorme dispositivo de bases en toda la región.
En agosto del 2001 el analista colombiano Jaime Caycedo Turriado, profesor de la Universidad Nacional de su país, advertía que el Plan Colombia no era fundamentalmente un plan antinarcóticos: “Su cobertura o justificación, sí. Pero su propósito resulta evidente cuando se contrasta con las reales condiciones en que se desenvuelve el inmenso mercado global de las drogas”.
Para Caycedo Turriado, este plan “era un proyecto de fumigaciones masivas y de guerra contrainsurgente. En esta óptica, su blanco es sociopolítico y se reduce a aquella parte del tema narcóticos que copa menos del dos por ciento del negocio y deja sin tocar lo que representa el 98 por ciento restante. Los circuitos financieros de los narcocapitales, el lavado masivo de divisas y los paraísos fiscales quedan por fuera de su radio de acción. El plan es, en realidad, político y militar, dirigido a destruir el movimiento guerrillero, especialmente las FARC-EP, y a disciplinar el país en una perspectiva ligada con el proyecto homogeneizante y globalizador del ALCA”.
¿Por qué resulta tan importante América Latina para Estados Unidos? según Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales y CBI, Los intereses estratégicos se dividen en militares, económicos y políticos.
“En lo militar los principales intereses son: controlar el surgimiento de cualquier amenaza al territorio de los Estados Unidos que pueda venir del continente. Impedir que potencias hostiles ganen influencia en la región y aumenten su capacidad de dañar los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. En lo económico se ha trasformado cada vez mas importante para la economía estadounidense en los últimos 15 años como resultado del creciente flujo de capital y comercio. Esta el interés de Estados Unidos por promover el desarrollo general de América Latina en direcciones que sean congruentes con nuestros intereses económicos, específicamente políticas que mantengan los mercados latinoamericanos abiertos a los productores y al capital de los Estados Unidos. Políticamente, los intereses de los Estados Unidos son servidos por los gobiernos democráticos”.
Finalmente, no hace falta aclarar que tanto el Plan México, como el Plan Colombia esconden una estrategia de dominación de la región por parte de Estados Unidos. Como plantea el investigador Raúl Benítez Manaus en su texto “La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México”: “Lo que se oculta en todo esto, que además resulta negativo para Latinoamérica, es que puede llevar a una no deseada mayor militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, pues podría tener consecuencias negativas en materia de derechos humanos, y también puede implicar un predominio de las Fuerzas Armadas en el control de muchos cuerpos de seguridad policíacos que deben ser civiles por naturaleza institucional”.
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