¿Desde dónde se gobierna?

Desde la partida de la Marina es difícil precisar desde qué centro del poder imperial se formula la política sobre Puerto Rico. Dentro de las estructuras jurídicas y políticas de Estados Unidos es sabido que es el Congreso el que ejerce la autoridad sobre los territorios. Pero todos sabemos que, fuera de los tres boricuas congresistas, a nadie más de los 532 restantes le importa Puerto Rico más allá de un sitio donde recaudar dinero para sus campañas.

Carlos Gallisá / Semanario Claridad

Hace unos días un amigo me preguntaba, desde qué centro de poder en Washington se formulaba la política hacia Puerto Rico y se gobierna la colonia día a día. La respuesta es larga.

En la época en que el colonialismo imperaba en el mundo, las potencias coloniales tenían como norma tener una dependencia o agencia de gobierno a través de la cual se canalizaba la política y la relación diaria con las colonias. Inglaterra, por ejemplo, no tenía empacho alguno en admitir tener colonias bajo su dominio y en su estructura gubernamental contaba con un ministerio de colonias para ejercer su gobierno sobre ellas.

Estados Unidos, luego de adquirir colonias en la Guerra Hispanoamericana le encomendó la administración de las mismas al entonces llamado Departamento de Guerra, hoy conocido como Departamento de Defensa. Esto explica por qué Puerto Rico, como botín de guerra, tuviera un gobierno militar los primeros dos años siguientes a la invasión. Con la aprobación de la Ley Foraker en 1900 y el establecimiento de un gobierno civil, el Departamento de Guerra continuó a cargo de supervisar la administración de la colonia puertorriqueña. Esto fue así hasta 1934 en que el Departamento de lo Interior asume la responsabilidad sobre la Isla y se manejan los asuntos puertorriqueños por su División de Territorios y Posesiones la que juega un papel importante en la política puertorriqueña de la década de los treinta bajo la dirección de Ernest Gruening.

Hay que anotar que desde 1900 hasta 1909 la administración colonial de Puerto Rico estuvo a cargo de un negociado en el Departamento de Guerra llamado “Bureau of Insular Affairs”. En el 1909, la administración del presidente William Howard Taft, temerosa ante las confrontaciones del Partido Unión con los gobernadores coloniales, coloca a Puerto Rico nuevamente bajo la jurisdicción del ejército. La Cámara de Delegados Unionistas se había negado en 1909 a aprobar el presupuesto sometido por el gobernador George Radcliffe Colton, y antes a celebrar la llegada de los americanos el 25 de julio. Había un despertar de un sentimiento independentista que Washington sentía como una impugnación a su dominio sobre la Isla.

En el 1934, Washington vuelve a sentir el mismo temor ante el reto de Pedro Albizu Campos y los nacionalistas. Esta vez, aunque Puerto Rico sigue bajo el Departamento de lo Interior, se nombran dos militares para dirigir el país, Blanton C. Winship a la gobernación y Elisha Francis Riggs a la policía. La confrontación con el nacionalismo y Pedro Albizu Campos se habría de dar en el plano militar y policíaco.

Pero algo estaba muy claro en los años treinta, Puerto Rico se dirigía desde el Departamento de lo Interior y la presidencia de Estados Unidos. Resulta sorprendente, a la luz de la experiencia de las últimas cuatro décadas, cuán involucrado estaba el presidente Roosevelt en los asuntos puertorriqueños y su conocimiento de la política local. La necesidad de mantener la paz en la Isla dado su valor estratégico-militar y la inevitable entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial explica la supervisión estrecha de Roosevelt de los asuntos isleños. Ello explica también la represión, el encarcelamiento de Albizu y el respaldo de Wáshington a Luis Muñoz Marín.

A partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra es la Marina quien sin designación oficial tiene la última palabra en la política estadounidense sobre Puerto Rico. El nombramiento del almirante William D. Leahy como gobernadoren 1939, la designación de Puerto Rico como distrito naval, la base de Isla Grande, el dragado de la bahía de San Juan, la construcción de Roosevelt Roads y el acaparamiento de tierras en Culebra y Vieques, no deja dudas de que la Marina es el centro de poder donde se traza la política sobre Puerto Rico. Es harto conocido que la legislación para el gobernador electivo a mediados de los cuarenta se detuvo en el Congreso por la Marina hasta tanto el gobierno Popular le entregara nuevamente todas las tierras que le había “devuelto” en Vieques al terminar la guerra.

En el año 1961 Muñoz Marín obtuvo del presidente Kennedy la aprobación para sacar a Puerto Rico del Departamento de lo Interior y pasar la Isla bajo la jurisdicción de la Casa Blanca. La medida iba dirigida a darle al Estado Libre Asociado (ELA) un trato distinto a los territorios y posesiones que se administran desde el Departamento de lo Interior. El cambio, sin embargo, no afectó en lo más mínimo el poder de la Marina sobre Puerto Rico, como lo evidencia el fracaso de los intentos de Muñoz con Kennedy para desarrollar el ELA, fracaso que se atribuye al sabotaje de la Marina a aquellas conversaciones.

Bajo la presidencia de Bill Clinton en los años noventa se intenta por primera vez desde los años sesenta de Kennedy que la Casa Blanca tome control sobre el destino político de Puerto Rico con el nombramiento de una comisión interagencial que estudie y timonée el caso puertorriqueño hacia una solución. Los resultados son conocidos. Un tal Rubén Barrales rindió un informe a nombre de un comité que nunca se reunió y nadie le hizo caso excepto la cúpula de los partidos coloniales en la Isla.

En el año 2003, la Marina abandona Vieques, cierra Roosevelt Roads y sale de Puerto Rico luego de que el último Bush, como comandante en jefe, dijera “Our neighbors down there do not want us”. Desde la partida de la Marina es difícil precisar desde qué centro del poder imperial se formula la política sobre Puerto Rico. Dentro de las estructuras jurídicas y políticas de Estados Unidos es sabido que es el Congreso el que ejerce la autoridad sobre los territorios. Pero todos sabemos que, fuera de los tres boricuas congresistas, a nadie más de los 532 restantes le importa Puerto Rico más allá de un sitio donde recaudar dinero para sus campañas. En el Ejecutivo el interés es ninguno.

Ante el vacío de un centro de mando en el imperio, la Isla ha caído en las manos de la oficina del FBI en San Juan, la fiscalía federal y los jueces federales activistas políticos. Hace poco uno de estos jueces clasificó a Puerto Rico como territorio incorporado, otro, pretendió alterar el resultado de las elecciones del 2004, y un tercero “revocó” al Supremo de Estados Unidos otorgándole el voto para Presidente de Estados Unidos a los puertorriqueños.

El FBI, por otro lado, no tiene frenos ni límites. Entra al Capitolio y toma posesión de oficinas y documentos sin responder a nadie. Investiga, arresta y allana casas en un ejercicio de poder con estilos de guapetón de barrio. Y detrás del FBI los fiscales federales citando y llevando gente al gran jurado en conducta intimidante y con la arrogancia de quien se ha autodesignado como autoridad suprema.

Por lo tanto, ante la pregunta, ¿desde qué centro de poder del imperio se dirige a Puerto Rico?, la respuesta es clara: desde ninguno. No obstante, ante el vacío dejado por Wáshington, en la calle Chardón unos colonizados con membrete federal pretenden gobernar.