El presente escrito, ubica el golpe militar en un escenario nacional e internacional caracterizado por la pugna entre el proyecto de las clases dominantes respaldadas por Estados Unidos, que defienden el sistema de privilegios históricos y se enfrentan al emergente sector democratizador de Honduras que durante el gobierno del liberal Manuel Zelaya, logró una recomposición político social, creando nuevas oportunidades de democracia e igualdad.
Frank Molano Camargo * / Rebelion
"La historia de Honduras puede escribirse en una lágrima. País de pinos en primavera eterna y de montañas difíciles, por él han corrido largos ríos de sangre en una larga noche de odio y de temor".
Rafael Heliodoro Valle (Historia de Honduras).
Introducción
El golpe militar contra el gobierno de Manuel Zelaya, ha sido justificado por la derecha internacional como el resultado “natural” de la sociedad hondureña ante la pretensión de Zelaya de “violar la Constitución” al proponer una encuesta para justificar su reelección en 2010, así se pondría fin, dicen ellos, al expansionismo chavista en Centroamérica. Sin embargo, lo que estas interpretaciones ocultan es que el golpe fue diseñado y preparado por el empresariado neoliberal, los monopolios imperialistas y la cúpula militar a su servicio, opuestos a los intentos de cambio y democratización que el gobierno de Zelaya y los movimientos sociales hondureños impulsan. El golpe constituye una seria amenaza para los pueblos de la región que como Nicaragua y El Salvador buscan un orden distinto al neocolonialismo impuesto por Estados Unidos a lo largo del siglo XX.
El presente escrito, ubica el golpe militar en un escenario nacional e internacional caracterizado por la pugna entre el proyecto de las clases dominantes respaldadas por Estados Unidos, que defienden el sistema de privilegios históricos y se enfrentan al emergente sector democratizador de Honduras que durante el gobierno del liberal Manuel Zelaya, logró una recomposición político social, creando nuevas oportunidades de democracia e igualdad.
Una lágrima de temor y miedo como historia nacional
Honduras es un pequeño país centroamericano, con 112.088 km2 de extensión y casi 8 millones de habitantes. Gran parte de su población tiene en la piel la herencia de los Mayas, mientras las clases dominantes están conformadas por un pequeño núcleo de terratenientes, burgueses intermediarios y una casta militar conformada por migrantes de origen europeo. Su nombre, Honduras se debe, según los historiadores, a la manera en que los colonialistas españoles desde el siglo XVI se refirieron a lo profundo del mar en la costa norte del país.
A comienzos del siglo XX, el país se convirtió en el modelo de “Banana Republic”, primero bajo el dominio omnímodo de Sam Zemurray que fundó la Cuyamel Fruit Company, principal competencia de la UFCO. Luego, a partir de 1930 cuando Zemurray fusionó su empresa con el monopolio imperialista de la UFCO, Honduras fue el modelo de republiqueta neocolonial norteamericana. Fue desde Honduras que se planeó el derrocamiento del presidente democrático Jacobo Arbenz de Guatemala en 1953.
Hacia la década de 1980 Honduras era un enclave militar estadounidense, a tal punto que en los medios internacionales se referían a esta nación como “un ejercito con país”. En 1984, Honduras fue ocupada como base militar del ejército de los Estados Unidos para detener la Revolución Sandinista y el avance de los movimientos populares en El Salvador y Guatemala.
Al comenzar la década dos acontecimientos marcaron el panorama político hondureño: en 1981 se creó la Asociación para el Progreso de Honduras APROH, una organización corporativa presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios, la APROH se convirtió en el verdadero poder de Honduras, para lo cual usaba, según las circunstancias a los dos partidos tradicionales (Nacionalista y Liberal) o al Ejército. El Presidente de APROH era el jefe de las fuerzas armadas y el vicepresidente el empresario más poderoso del momento. Su prioridad era la lucha contra el comunismo internacional, el mantenimiento del sistema de privilegios, la alineación con los Estados Unidos, la exclusión política de las organizaciones populares y la negación sistemática de los derechos del pueblo. La APROH estuvo acompañada por dos de las corrientes de la fanática derecha internacional: la secta cristiana “Iglesia de Unificación” del reverendo Moon y la Fundación Cubana – Americana.
El segundo acontecimiento se dio en 1982, bajo la férula del Pentágono; los militares convertidos para entonces en una poderosa “burguesía burocrática” y la burguesía intermediaria, integrada por familias de empresarios y terratenientes como los Rosenthal, los Ferrari, los Canahuati Larach y los Facussé, pactaron (redactaron) la actual Constitución. Este pacto consagraba el sistema de privilegios de las clases dominantes, que solamente fue modificado en 1999, cuando en pleno auge del modelo neoliberal se restringió, más no se acabó, el poder político y económico de los militares, siendo relevados por la burguesía intermediaria, agrupada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Bajo el amparo constitucional en las últimas tres décadas en Honduras se aplicaron medidas antipopulares: el modelo contrainsurgente de “Seguridad Nacional”, pues a pesar de que allí no prosperaron las guerrillas revolucionarias, la lista de desaparecidos, torturados, encarcelados del pueblo está integrada por líderes campesinos e indígenas, estudiantes y obreros, las listas de los condenados eran elaboradas por APROH. Desde 1985 se instaló el modelo maquilero en la costa norte del país que fue la base para el cambio de modelo económico en la década de 1990. Este nuevo modelo le dio un mayor protagonismo al empresariado y restringió en parte el poder económico, más no político, de los militares.
El lugar de Honduras en la estrategia de dominación neocolonial
La política neocolonial norteamericana contemporánea para los países de Centroamérica se estructura a partir de varias piezas articuladas como sistema de dominación: el TLC, que aún no ha sido firmado por Honduras; el control de la economía por parte de los monopolios imperialistas; la garantía de que el país siga cumpliendo su papel de emplazamiento militar norteamericano en el continente a partir de la base estadounidense Palmerola, (la más grande de la región construida por Estados Unidos en 1985); y por último la aceptación por parte de las burguesías de un lugar subordinado, pero con algún rédito, en el orden global.
En tal situación, las clases dominantes de los diferentes países buscan estrategias para articularse al orden global, como socios minoritarios y agentes del imperialismo; esto porque a Centroamérica se le han asignado ciertas tareas en la división internacional del trabajo impuesta por la globalización imperialista: desaparición de cultivos y producción tradicionales, tales como arroz, frijoles, carne de pollo, carne de cerdo, res y otros y su reemplazo por “la nueva agricultura” producción y procesamiento de frutas (piñas, melones, naranjas), flores, tallos, plantas y otras plantaciones agrícolas exóticas, así como “nuevas” producciones de carnes: tilapia, suhsi de camarones, carne de Codorniz, Faisán, Cocodrilo… El turismo y sus diversas modalidades, se están desarrollando activamente; explotación del agua y otros recursos abundantes en el país.
Las burguesías centroamericanas están en un desesperado proceso de reconversión, unas están metidas en el sector de energía denominado biocombustibles: etanol, biodiesel y biomasa. Otras, se han asociado al capital extranjero, en el negocio del turismo. Hay otras que se han vuelto empresarios fruteros, camaroneros, etc. Algunos están metidos en el negocio del software, televisión por cable, fibra óptica, etc. Para todas estas clases dominantes cualquier obstáculo a su objetivo de ser parte de la “globalización”, es asumido como un asunto de vida o muerte, de ahí el incremento de los conflictos entre las elites y los movimientos populares en la región.
En Honduras unas pocas familias unidas a los monopolios imperialistas concentran más del 90% de la riqueza, el poder político y los medios de comunicación. Los empresarios Jaime Rosenthal Oliva y Gilberto Goldstein dirigen el Grupo Continental, uno de los más poderosos y quienes están tras del golpe contra Zelaya.. Este grupo monopoliza la banca, la agroindustria y los grandes medios de comunicación: Diario Tiempo, Canal 11 y Cable Color. Otros ricos empresarios que se oponen a la democratización de la sociedad hondureña son: José Rafael Ferrari (medios de comunicación), Juan Canahuati (maquila, Grupo Lovable), Camilo Atala (finanzas), José Lamas (explotación de la madera), Fredy Násser (telefonía y energía térmica), Jacobo Kattán (textiles), Guillermo Lippman (industria del azúcar) y Rafael Flores (construcción). Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, es uno de los magnates más fuertes de Centroamérica, quien incursionó en el negocio de la palma aceitera. En 1992, apoyó la ley de Modernización Agraria que favoreció la concentración de la propiedad de la tierra, al comprar tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor. La monocultura de la palma causó una fuerte reducción de la producción alimentaria, pero convirtió a Facussé en uno de los mayores productores de palma en Centroamérica.
Por otro lado, 1 millón y medio de hondureños vive en los EEUU, la mayoría en condiciones de ilegalidad, se suelen llamar “mojados” y aportan a sus familias con las remesas, lo que hoy constituye gran parte del presupuesto del estado, al tiempo que entidades como Western Union, Gigante Express se enriquecen cobrando comisiones por las remesas.
Además, diferentes comunidades resisten a la voracidad de los empresarios, por ejemplo, casi medio millón de habitantes negros, los pueblos garifonas de la costa hondureña se enfrentan con el empresario Rosental Oliva por el control de sus territorios, que quieren ser reconvertidos a un megaproyecto turístico. También el empresario Facussé ha expropiado tierras de los pueblos garifonas para sus megaproyectos de palma aceitera.
Los movimientos sociales y la izquierda hondureña
Con el modelo represivo de la década de 1980 se produjo una debacle de la izquierda hondureña y de los movimientos sociales. El Partido Comunista se disolvió en 1990 dando origen a una concertación democrática, que hoy se denomina Partido de Unificación Democrática, que apoya al presidente Zelaya. El movimiento obrero fue diezmado, igual que el movimiento campesino e indígena; no obstante las implicaciones del modelo económico y político actual ha llevado a los sectores populares a reorganizarse para defender sus derechos básicos. Una de las principales coaliciones es la Alianza Cívica por la Democracia, en la Zona Occidental del país, que aglutina diferentes sectores sociales. Otra es la Coordinadora Nacional de Resistencia, tal vez la más importante coalición popular, al lado del Bloque Popular. Los indígenas han desarrollado sus luchas con la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH.
Todos estos movimientos desarrollan luchas contra el modelo minero depredador que está llenando el país de lagunas de cianuro, contra la construcción de represas, la depredación de los bosques, una política petrolera que disminuya los costos de la gasolina importada, contra la ocupación militar norteamericana y por la democratización de la sociedad hondureña.
El gobierno de Manuel Zelaya y la aparición de un nuevo campo en la lucha de clases
En el año 2005 el Partido Liberal presentó a Manuel Zelaya Rosales como su candidato presidencial, el cual triunfó derrotando al candidato del gobernante Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Zelaya asumió el mandato en enero de 2006, parecía que se trataba de una nueva “vuelta de tuerca” en el orden neocolonial; sin embargo la dinámica del movimiento popular hondureño y un contexto internacional favorable a los cambios democráticos en América Latina, llevaron a Zelaya a un “giro político inexplicable e intolerable” para las clases dominantes y el imperialismo. Zelaya proviene de una familia de terratenientes madereros, implicada en los años 80 con grupos de extrema derecha y represión sobre comunidades campesinas. Desde muy joven hizo parte del establecimiento, militando en las filas liberales y siendo funcionario de carrera en diferentes gobiernos tanto del partido Nacional como del Liberal.
Durante el primer año de su gobierno (2006) enfrentó una ola de protestas populares, de parte tanto del magisterio, que exigía el cumplimiento del estatuto del docente como derecho adquirido y conquista laboral; como de los taxistas y otros transportadores que exigían una rebaja en los precios de la gasolina. Inicialmente Zelaya se mostró continuista, es decir desconoció las demandas populares, pero los roces con la administración norteamericana y las diferencias con sus “hermanos de clase”, lo llevaron a reorientar sus coordenadas políticas.
En el año 2007 el gobierno hondureño se enfrentó con la embajada de Estados Unidos que defendía a las tres importadoras de derivados del petróleo quienes durante 85 años habían monopolizado su importación: las estadounidenses Esso y Texaco y la holandesa Shell. Zelaya las despojó de los tanques de almacenamiento de combustible al comprar los productos a otra empresa estadounidense (Conoco Phillips) que ganó una licitación. Con esta medida se logró la disminución del precio de la gasolina, favoreciendo los intereses de los taxistas y otros transportadores. Sin embargo este gesto fue interpretado por Estados Unidos como un desafió a su autoridad; el embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, acusó a Zelaya de expropiación y amenazó con esperar “instrucciones de Washington” para definir que comportamiento tomar ante el gobierno hondureño.
Además, para hacer sustentable esta política de bajo costo de la gasolina, Zelaya se acercó a Venezuela y a su propuesta de PETROCARIBE como una forma de compra de carburantes al crédito, con el pago del 50% y el restante 50% pagadero en 25 años con el 1% de interés, con la oportunidad de invertir una parte del capital ahorrado en proyectos de inversión social. Esta fue una alternativa criticada por la oposición de derecha que se quejaba de los acuerdos de Zelaya con el “comunismo internacional”.
Otro tema de discordia con las clases dominantes hondureñas fue la intención del gobierno de proteger los bosques hondureños, en contra de la voracidad predatoria de los empresarios que con la tala ilegal afectan a las comunidades indígenas. Tampoco esta medida fue bien recibida por las clases dominantes, quienes no entienden por qué si Zelaya proviene de la elite maderera ahora afecta la libertad de empresa.
Ante la oposición empresarial y los cuestionamientos por parte del gobierno norteamericano, Zelaya se la jugó por fortalecer las alianzas con gobiernos democráticos de América Latina, a finales de 2007 estableció relaciones con Nicaragua y Venezuela y en 2008 decidió hacer parte del ALBA - Alternativa Bolivariana para las Américas. La reacción del empresariado, agrupado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP, ha sido clara, en uno de sus comunicados de 2008 manifestó: “El sector privado manifiesta su desacuerdo con esta iniciativa unilateral del poder Ejecutivo, que desconociendo nuestra historia, tradiciones y cultura, pretende comprometer al país en una alianza política, militar e ideológica dañina para el futuro del pueblo hondureño y de la libre empresa”.
Tanto el COHEP como los diputados de los partidos tradicionales, incluído el propio presidente del Congreso, Roberto Micheletti (el presidente golpista), rechazaron la firma del tratado que incorpora a Honduras al ALBA y se comprometieron a dejarlo como letra muerta sin ninguna viabilidad.
En el 2009 dos asuntos tensionaron aún más el campo de la lucha de clases. En primer lugar el impulso a un decreto de aumento del salario mínimo, que ha tenido una beligerante oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que se niega a cumplir el decreto de alza del salario mínimo.
También a comienzos del 2009, Zelaya empezó a promocionar una iniciativa para crear condiciones políticas que posibiliten un nuevo ordenamiento jurídico político, impulsando luego de las elecciones de 2010 una Asamblea Constituyente, que cuenta con el respaldo de los movimientos sociales y de la Izquierda. Para esto en las elecciones de junio de 2009 se crearía una cuarta urna de consulta popular. Esta iniciativa “rebosó la copa” de la intolerancia derechista, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el partido Liberal (al cual pertenece Zelaya) y los mandos militares declararon ilegal la consulta, aduciendo que era una maniobra reeleccionista que violaba el ordenamiento constitucional vigente.
De parte de los movimientos sociales, las medidas de Zelaya fueron vistas como oportunidades para el pueblo y como decisiones que debían ser apoyadas. Tanto el Bloque Popular como la Coordinadora Nacional decidieron apoyar activamente las iniciativas políticas tendientes a la democratización. En un comunicado de mayo de 2009, el Bloque Popular manifestaba:
“Manifestamos al Pueblo Hondureño que a la oligarquía y a las transnacionales no les preocupa la reelección o el continuismo, lo que les preocupa es que con una nueva constitución perderán sus privilegios de dominación sobre el trabajo y apoderamiento de nuestros recursos naturales, servicios públicos y mercados para seguir obteniendo ganancias multimillonarias y atentando contra nuestra soberanía e independencia. Es por eso que hacemos este llamado a todo el pueblo para que apoye la consulta popular”.
Todo esto alteró la tranquilidad de las clases dominantes, quienes empezaron a poner en marcha la estrategia golpista. El 24 de junio Zelaya destituyó al General Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, por haberse negado a distribuir las tarjetas de votación de la consulta, ante esto el Ministro de Defensa y otros jefes militares renunciaron. A su vez la Corte Suprema apoyó a los mandos militares. El 28 de junio, día de la consulta popular, grupos especiales del ejército arrestaron a Zelaya y a otros miembros del gobierno, maniobrando con el argumento de que el gobierno había renunciado voluntariamente, El Congreso inmediatamente nombró a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como presidente encargado hasta enero de 2010 y estableció el toque de queda, al tiempo que se ha iniciado no solamente el desmonte del gobierno de Zelaya, sino una nueva oleada de persecución contra el movimiento popular.
El 29 de junio el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se manifestó en favor del golpe de Estado y respaldó la decisión legislativa de designar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti: “No se está cambiando un Presidente por otro. Se ha logrado en un marco de unidad nacional, mantener la institucionalidad y el respeto a la Constitución y las leyes”, dice el comunicado de los empresarios.
Mientras tanto a nivel internacional, es pasmoso, por no decir cínico el silencio cómplice del gobierno norteamericano de Barak Obama, quien además de expresar preocupación no ha movido un dedo para exigir el restablecimiento del gobierno de Zelaya. Otros gobiernos latinoamericanos, principalmente los gobiernos democrático populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, han exigido la vuelta al gobierno del presidente depuesto.
Los movimientos populares de Honduras han llamado a la desobediencia civil y a la movilización contra el régimen ilegítimo que se ha establecido. La lucha de clases en Honduras entra en un nuevo periodo, el pueblo defendiendo los intentos de democratización y los espacios posibilitadotes de cambio abiertos por el presidente Zelaya y las clases dominantes, respaldas por Estados Unidos, decididas a defender sus privilegios.
*El autor es docente de Ciencias Sociales Universidad Distrital Francisco José de Caldas y coordinador de la revista Viento del Sur - Colombia.
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