El peligroso poder constituyente

Si la acción del poder militar, del poder político legislativo y judicial como de las clases dominantes hondureñas tiene como justificación oponerse a la posibilidad de que la ciudadanía hondureña pueda adherir masivamente a la convocatoria de una Asamblea Constituyente; vale la pena preguntarse qué tiene de peligroso para las clases políticas y sociales dominantes la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Nada menos que perder el control del poder político del Estado.

Juan Carlos Gómez Leyton
Dr. en Ciencia Política. Director Académico Doctorado Procesos Sociales y Políticos en América Latina / UARCIS-ELAP

Una vez más la tendencia más soterrada, oscura, denigrante, infame y permanente de la historia de Nuestra América se hace presente en Honduras para atacar a su pueblo y a las instituciones democráticas: el golpismo militar.

En la madrugada del domingo 28 junio las fuerzas armadas hondureñas dieron un Golpe de Estado en contra del gobierno legítimo del Presidente Manuel Zelaya. Las elites de poder parapetadas en el Poder Legislativo y en la Corte Suprema llevaron acabo el secuestro, destitución y expulsión del Presidente Constitucional Manuel Zelaya, acción que venían preparando y urdiendo desde hace días, especialmente, desde cuando el Presidente destituyó al jefe de Estado Mayor del Ejército Romeo Vásquez, por oponerse a cumplir un mandato del primer mandatario. Según las informaciones disponibles el presidente Zelaya había convocado a la ciudadanía hondureña ha participar en una consulta, justamente el domingo 28 de junio, en palabras de Zelaya se trataba de una “encuesta de opinión”, relativa a conocer la opinión de los y las ciudadanas sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar o modificar sustantivamente el actual régimen político hondureño.

Si la acción del poder militar, del poder político legislativo y judicial como de las clases dominantes hondureñas tiene como justificación oponerse a la posibilidad de que la ciudadanía hondureña pueda adherir masivamente a la convocatoria de una Asamblea Constituyente; vale la pena preguntarse qué tiene de peligroso para las clases políticas y sociales dominantes la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Nada menos que perder el control del poder político del Estado.

Efectivamente, desde hace más de una década en Nuestra América la estrategia política de las ciudadanías descontentas ha sido exigir, promover, convocar, instalar Asambleas Constituyentes con el objeto de promulgar nuevos textos constitucionales. Los cuales tengan la virtud de ser elaborados y aprobados a través de mecanismos esencialmente democráticos y participativos. Los procesos constituyentes convocados por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo tienen su antecedente político en la convocatoria ciudadana colombiana a inicios de la década de los noventa, cuando más de 5.000.000 de colombianos y colombianas exigieron a través de una “séptima papeleta” la realización de una Asamblea Constituyente. Los poderes constituidos debieron en aquella oportunidad aceptar la demanda ciudadana convocando a dicha instancia, y la ciudadanía colombiana elaboro una de las constituciones políticas más democrática de todas las producidas hasta esa fecha de Nuestra América.

Esa estrategia ha sido implementada en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, los diversos movimientos sociales y políticos que se han desplegado en otros países de la región han levantado de manera persistente la demanda por una Asamblea Constituyente para impulsar e institucionalizar el cambio político en sus respectivas sociedades.

El éxito político de las Asambleas Constituyentes en producir cambios significativos en la estructura jurídico-político institucional de los Estados es de tal envergadura que da inicio a procesos, eminentemente, revolucionarios. Sin lugar a dudas, que los casos boliviano, venezolano y ecuatoriano son ejemplos vivos de la importancia histórica y política del despliegue del poder constituyente ciudadano. Por esa razón, actualmente la sola idea de convocar a una instancia de esa naturaleza aterra a las elites de poder y del poder.

El poder constituyente ciudadano es peligroso. Y, esa es una poderosa razón que tienen las clases dirigentes constituidas para oponerse a él. Este poder tiene ciertas propiedades políticas que lo convierten en un práctico instrumento político democrático para producir un cambio jurídico-político institucional radical, o sea, revolucionario.

Plantear y reclamar el poder constituyente es hablar de democracia. Pues, este no ha sido sólo considerado la fuente omnipotente y expansivo que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento jurídico-político, sino también el sujeto de esta producción; una actividad igualmente omnipotente y expansiva: la política democrática.

El poder constituyente como poder ciudadano omnipotente es, en efecto, la manifestación misma de la revolución política. Pero, este no sólo es omnipotente, es también expansivo, su ilimitación no es sólo temporal sino también espacial. Es un poder subversivo que busca constituir todo de nuevo. De ahí de su radicalidad y potencia del acto constituyente. El orden político democrático no se sostiene en el poder constituido sino en el poder constituyente.

El recurso a este poder por parte del movimiento social popular y ciudadano alternativo en la última década en Nuestra América ha significado la derrota permanente de las fuerzas antidemocráticas y autoritarias vinculadas con los poderes sociales, económicos y políticos tradicionales y capitalistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Honduras como integrante del ALBA, bajo la conducción de Manuel Zelaya buscaba seguir el camino trazado por Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez de impulsar la reforma constitucional a través de una Asamblea Constitucional. Contaba para ello con el apoyó de las organizaciones obreras, populares, estudiantiles y el partido de izquierda Unificación Democrática. Se manifestaron en contra la Iglesia Católica, la Corte Suprema, los dueños de los medios de comunicación y el Partido Liberal. Y, por cierto, las fuerzas armadas hondureñas.

La fractura política que produjo la decisión de realizar la consulta popular polarizo a la sociedad de manera inmediata, pues ante la posibilidad de que el poder ciudadano se pronunciara a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, los poderes dominantes reaccionaron atentando en contra de la institucionalidad democrática.

Este golpe de Estado no es sólo en contra del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya es en contra de la democracia, en contra de los ciudadanos y ciudadanas, en contra del pueblo y su poder.

Como he sostenido el poder constituyente es una de las armas más poderosa en el arsenal que dispone la democracia y especialmente, el constitucionalismo democrático y progresista. Por lo tanto, los ciudadanos democráticos radicales debemos avalar la legitimidad política que tiene su convocatoria por encima de cualquier otra acción política.

Las acciones sociales y colectivas impulsadas en las sociedades latinoamericanas en los últimos años por los sectores populares, campesinos, indígenas, obreros y trabajadores, estudiantiles, anti-neoliberales y progresistas debieran llevar a las y los ciudadanos nacionales a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el actual poder constituido por el poder constituyente ciudadano nacional. Transformar la justa electoral de diciembre próximo en la gran oportunidad política-electoral para pronunciarse a favor de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer de la sociedad chilena una sociedad verdaderamente democrática.

Recuperando de esa forma la potencia de la política democrática hoy en manos de los traficantes de la palabra y de las esperanzas, de los discursos vacíos e infértiles de la política espectáculo.

Rechazamos abiertamente el Golpe de Estado en Honduras y avalamos, con mayor razón, la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para recuperar y profundizar la democracia en la sociedad hondureña y, sobre todo, en Nuestra América.

Santiago de Chile, junio 2009