El cerco contra las comunidades se acentúa. La violencia privada y estatal va atada de una política que privilegia los negocios petroleros, mineros y forestales.
Germán Gonaldi / Agencia Periodística del Mercosur
(Fotografía: funeral de un joven mapuche asesinado en agosto pasado).
No lo leemos en los diarios o en los sitios de Internet, no lo vemos en la televisión, no escuchamos nada por la radio. Poco y nada en los grandes medios. Y si salen, siempre es para estigmatizarlos. Apenas nos enteramos por periodistas valientes y sitios alternativos de comunicación que salen a denunciar la violencia, mezclada con xenofobia e invisibilidad, que sufre a diario el pueblo mapuche en el sur argentino y chileno.
De ambos lados de la frontera viven más de un millón y medio de “mapuces” (en lengua original) que viene luchando por ser reconocidos por los estados como comunidades ancestrales con derechos y cultura propia, con una cosmovision que no es la occidental.
Son demandas territoriales. Los indígenas reclaman la restitución de tierras ancestrales que fueron vendidas a terratenientes, empresarios locales o extranjeros y resisten al avance del latifundio como de empresas forestales, petroleras y mineras que están cercando a las comunidades.
Hace poco más de un mes, la represión de los carabineros chilenos en la zona de la Araucanía chilena, en la IX región, se cobró la muerte de Facundo Mendoza Collío, de 24 años, asesinado por la espalda cuando ocupaban junto con otros “hermanos” el fundo de un terrateniente. Por los medios chilenos circuló la versión oficial de que se había emboscado a los uniformados pero informes periciales demostraron que los impactos de perdigones que tenían el casco y el chaleco antibalas del carabinero fueron montados después de la brutal represión.
“Fue el tercer asesinato desde 2003, y los heridos en estos años se cuentan por centenas” explica Manuel Lonkopán, comunicador mapuche residente en la ciudad de La Plata, “y vemos que los grandes medios chilenos hablan de una radicalización de las demandas mapuches, nos vinculan con las FARC o con los zapatistas buscando asociarnos a una supuesta postura violenta de nuestro pueblo”.
Las comunidades reclaman además no ser juzgados por la llamada Ley Antiterrorista de la dictadura de Pinochet que se encargaba de criminalizar a opositores de izquierda. Ahora esta ley es utilizada para castigar la protesta social pero exclusivamente la de la comunidad mapuche.
De este lado de la cordillera, en Argentina, la Confederación Indígena Mapuce Neuquina ha denunciado persecución y hostigamiento del estado provincial. En un documento del 5 de agosto enviado a las Naciones Unidas afirma:
“Pese a las obligaciones internacionales que Argentina ha contraído, y no obstante la ley nacional que lo prohíbe, en Neuquén los jueces continúan expidiendo órdenes de desalojo, incluso sin previo anoticiamiento, contra comunidades asentadas en territorios poseídos tradicionalmente. Y en todos los casos en que las comunidades indígenas resisten las órdenes judiciales y continúan en la posesión de sus territorios, la respuesta estatal consiste en la persecución criminal y el procesamiento personal de los miembros de los pueblos indígenas”.
En los juzgados provinciales “son 32 las causas penales en proceso en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del Pueblo Mapuce. De las 32 causas, 19 son imputaciones del delito de usurpación y las restantes son formas varias de desobediencia y resistencia a la autoridad” continúa.
“En contraste, -prosigue el informe- no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos, todas del grupo étnico dominante. Además hay 19 juicios civiles, principalmente por desalojo”.
Para entender mejor el conflicto, tomamos del periódico mapuche Azquintuwe un párrafo de la entrevista a Francisco Huenchumilla ex alcalde de la ciudad de Temuco, diputado y secretario general de la Presidencia y futuro candidato a senador en Chile.
“Hay un conflicto entre el Estado, el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Básicamente, es un problema social, histórico y político. El problema profundo es que el Estado chileno redujo y aplastó al mundo mapuche, le quitó su territorio y lo convirtió en campesino pobre y discriminado. Eso ocurrió a partir de 1881, desde la fundación de Temuco. Hoy existen nuevas generaciones de mapuches que han empezado a despertar y han desarrollado planteamientos más estratégicos para su relación con el Estado”.
El funcionario asegura que “al conflicto mapuche se lo presenta como un problema de orden público y pobreza. Es decir, existe un mal diagnóstico que hace que los ‘remedios’ que se aplican no sean los adecuados. Se está intentando atacar los síntomas sin ir al problema de fondo.”
Es un conflicto de larga duración, como éste y otros de América Latina, es vital la paciente lucha, muchas veces silenciosa, contra las injusticias. Pero también la visibilización ante la sociedad del trabajo diario de las comunidades, de su lucha constante y pacifica por derechos ancestrales, de la cosmovisión de los pueblos originarios. El acceso a los medios es de primer orden de importancia. Manuel Lonkopán une el reclamo mapuche con la nueva Ley de Medios que se discute en Argentina: “estamos formando una coordinadora de comunicadores mapuches y creemos que esta nueva ley nos ayudará a tener una voz propia dentro de los medios de comunicación”. Que así sea.
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