¿Será posible contener las eventuales manifestaciones populares contra la cesantía y las alzas de precios y tarifas, con el despliegue de militares y policías? ¿No se está volviendo disimuladamente a los tiempos de la dictadura, con zonas de emergencia, estado de sitio y calles copadas por uniformados armados como para la guerra?
Editorial de la revista Punto Final (Edición Nº 706, 2 de abril, 2010)
(Ilustración de Allan Mcdonald)
En menos tiempo del que se suponía, el presidente Sebastián Piñera ha evidenciado que la represión -preventiva o punitiva- se contempla como el instrumento principal de su gobierno para enfrentar las movilizaciones populares. Lo hace en un contexto político todavía confuso, en el cual el principio del “orden” a cualquier precio aparece como el eje de acción del nuevo gobierno, imitando con ello lo esencial de la dictadura militar. No en vano el actual bloque gobernante es el mismo que sustentó a esa dictadura. Está constituido, como ayer, por la derecha política, el gran empresariado, las multinacionales y las fuerzas armadas. Hay, sin embargo, un factor relativamente novedoso. Se trata de los esfuerzos que despliega el presidente Piñera para construir un entendimiento con la Democracia Cristiana e incluso con otros sectores de la Concertación. Pero lo principal -insistimos- sigue siendo el fortalecimiento represivo y disuasivo del Estado para evitar que la protesta social -que sigue incubándose por la magnitud de problemas no resueltos que agravó el terremoto del 27 de febrero-, se organice y desborde en las calles. Así quedó demostrado con el impresionante despliegue militar-policial del 29 de marzo -Día del Joven Combatiente- que incluyó hasta un inexplicable toque de queda en la ciudad de Concepción, donde nunca se conmemoró el asesinato de los hermanos Vergara Toledo.
A diario surgen nuevos indicios, enmarcados en el llamamiento a la “unidad nacional” para enfrentar la emergencia derivada del terremoto y maremoto, que se orientan a ampliar la base de apoyo político del gobierno. En ese sentido, tres senadores democratacristianos visitaron La Moneda para entrevistarse -con amplia cobertura publicitaria- con el presidente de la República, enviando una señal que provocó molestia hasta en la propia DC. El pretexto fue entregar al presidente el acuerdo del Senado -que promovió la bancada DC apoyada por el senador Fulvio Rossi, presidente del Partido Socialista- que condena presuntas violaciones de los derechos humanos en Cuba. El acuerdo del Senado pide al gobierno que apoye en la OEA y en otros organismos internacionales la campaña anticubana que promueven EE.UU. y la Unión Europea. Piñera, por supuesto, accedió encantado a la petición de los senadores de la DC y públicamente comprometió a su gobierno en futuras acciones anticubanas -que por lógica habrá que extender a Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuyos procesos revolucionarios también son condenados por la Casa Blanca-. Sin embargo, los ataques a Cuba del presidente Piñera y de los senadores democratacristianos sólo fueron un burdo pretexto, una cortina de humo que esconde propósitos de política doméstica. En realidad lo que busca Piñera es un entendimiento con la DC que le permita ampliar su base de sustentación y, sobre todo, mantener a raya a la UDI. Este partido de innegable naturaleza fascistoide, no ha tardado en criticar abiertamente al presidente Piñera en temas tan sensibles como los relacionados con el manejo de su fortuna, incrementada en el último tiempo mediante audaces maniobras en la Bolsa.
Piñera requiere contar con un factor de equilibrio político que no lo deje a merced de la UDI. Busca, por lo tanto, un aliado implícito más cercano a sus propias ideas políticas. Ese rol puede cumplirlo la DC. Piñera, como se sabe, procede de la matriz ideológica democratacristiana e incluso sus vínculos familiares se entrelazan con ese partido. En síntesis, el ataque a Cuba escenificado en La Moneda con fanfarria mediática, fue una faramalla para mostrar una imagen de coincidencia e identidad política entre el presidente de la República -líder de la derecha- y la DC, pilar carcomido, pero pilar al fin, de los restos de la Concertación. Lo que está en marcha pues es una operación destinada a revalidar un proyecto de cogobierno que permita a Piñera librarse de los tentáculos de la UDI.
Lo más criticable de esta tramoya, sin embargo, ha sido la increíble actitud de la bancada de diputados socialistas que, siguiendo el ejemplo DC en el Senado, aprobaron por unanimidad su propia condena al gobierno cubano. Si la actitud de los senadores DC puede explicarse por el tradicional anticomunismo de ese partido, no tiene justificación en cambio la del Partido Socialista que ha pisoteado su tradición revolucionaria y latinoamericanista, ofendiendo la memoria del presidente Salvador Allende que mantuvo hasta su heroica muerte una inalterable lealtad hacia la Revolución cubana. En este sentido causa repulsión y desprecio la declaración del presidente interino del PS, senador -gracias al sistema binominal- Fulvio Rossi, que se declaró “orgulloso” del viraje anticubano del Partido Socialista.
En un escenario político debilitado por la corrupción, la comunidad de los negocios y el eclipse de los principios e ideologías, el voto anticubano de los diputados socialistas pudiera enmarcarse en los mismos objetivos de la operación Piñera-DC antes reseñada. La crisis de la Concertación, convertida en un cascarón vacío, inorgánico y estéril, podría ser utilizada por quienes buscan institucionalizar el cogobierno con la derecha, para asegurar una alternancia que, en definitiva, no cambia nada.
Para llevar a la práctica su política de “orden” y ampliación del modelo neoliberal, el presidente Piñera cuenta también con las fuerzas armadas y Carabineros. La designación del ex comandante en jefe del ejército, general (r) Oscar Izurieta, como subsecretario de Defensa, ilustra esta situación. Más aún cuando no es un secreto que Piñera le ofreció el cargo cuando todavía comandaba esa rama de las FF.AA., en el gobierno de Bachelet. Después de 20 años de gobiernos de la Concertación, las fuerzas armadas han vuelto a asumir responsabilidades propias del gobierno civil y disfrutan de una posición privilegiada que tiende a acentuarse. En efecto, el locuaz ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, hizo un balance señalando que en el período de la Concertación se había logrado “la profesionalización y la despolitización” de las FF.AA. Esto, por supuesto, es absolutamente falso. Los militares siguen politizados en defensa de la Constitución pinochetista -aún vigente- y de lo fundamental del legado de la dictadura. Como sector ciudadano, los militares pertenecen al bando de la derecha, como lo demuestran la designación de Izurieta y las críticas del general (r) Juan Emilio Cheyre, también ex comandante en jefe del ejército, al gobierno de la presidenta Bachelet.
Tampoco ha cambiado la doctrina de las FF.AA., siempre asentada en las ideas de la Seguridad Nacional como instancia totalizadora. No ha existido una crítica a fondo de su papel en el golpe de Estado de 1973 ni en la conspiración que lo precedió, ni tampoco un balance a fondo de la dictadura con sus efectos sobre la soberanía y su apoyo a la dominación oligárquica. Todo esto, a pesar de los esfuerzos que realizó la Concertación por “ganarse” a los militares eligiendo el camino equivocado, que consistió en asegurar la impunidad de Pinochet y de los altos mandos de las distintas ramas culpables de traición y atrocidades contra la población. Pinochet es reverenciado al interior de los cuarteles. El almirante José Toribio Merino ya tiene estatua en un recinto naval y un buque de guerra lleva su nombre. Se toleró que las FF.AA. no respondieran por las violaciones de los derechos humanos que cometieron sus efectivos. Y para tratar de asegurar su apoyo se facilitó un gasto militar que provoca inquietud en los países vecinos. Chile se ha convertido, gracias a la generosidad de la Concertación, en el principal comprador de armas de Sudamérica y es el número 13 en el mundo, por sus adquisiciones de aviones y tanques, como revela el informe que sobre el aumento del gasto militar en América Latina ha dado a conocer en Estocolmo el Instituto Internacional para la Investigación sobre la Paz. Generales del ejército y la Fuerza Aérea dirigen las tres zonas de catástrofe del país y disponen de amplias facultades para subordinar a sus decisiones a las autoridades civiles, restringir los derechos civiles y políticos, imponer el toque de queda, etc. Con esas atribuciones pueden participar en todos los regímenes de emergencia que contempla la Constitución heredada de la dictadura.
En este contexto, la arenga del presidente Piñera en el cuartel de las fuerzas especiales de Carabineros, en vísperas del Día del Joven Combatiente, constituyó una “provocación inaudita”, como la calificó el diputado DC Gabriel Ascencio. El presidente de la República cometió el injustificable desatino de intentar amedrentar a la familia Vergara Toledo y a los ciudadanos que cada 29 de marzo conmemoran el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ultimados hace 25 años por carabineros (aún no condenados por la Corte Suprema). Hablando a las fuerzas especiales de Carabineros, el mandatario pidió mano dura contra los “delincuentes”, asegurando a Carabineros el apoyo total del gobierno a sus actuaciones para imponer el “orden”. Fue una clara garantía anticipada de impunidad, atendida la brutalidad habitual con que actúan esas fuerzas de choque de la policía uniformada.
Entretanto, en Concepción se decretó el toque de queda en la noche del 29 de marzo y -según el informe de un canal de TV-, además de las patrullas de soldados y carabineros se utilizaron dos aviones no tripulados de tecnología israelí para vigilar desde el aire eventuales actos de protesta... que no ocurrieron.
El balance de la jornada fue menos auspicioso de lo que esperaba el gobierno, teniendo en cuenta el notorio decrecimiento de estas protestas en los últimos años. Si el año 2007 hubo 743 detenidos en el Día del Joven Combatiente, en 2008 esa cifra bajó a algo más de 200 y el año pasado sólo se registraron 29 detenidos. Esta vez hubo 97 personas detenidas en Santiago y Concepción, sobre todo por infracciones al toque de queda en la capital de la región del Bío Bío. El despliegue represivo, siguiendo las directrices presidenciales, fue impresionante. En Santiago y Concepción se desplegaron en combate 15.650 militares y policías para impedir -por intimidación- que ocurrieran protestas que pudieran ser asociadas al aniversario del asesinato de los hermanos Vergara Toledo. La tradicional romería que acompaña a la familia en Villa Francia, fue disuelta por los carabineros una vez terminada, cuando se clamaba por la sentencia que debe pronunciar la Corte Suprema en estos días. La represión en Santiago fue preventiva, con helicópteros se vigilaron los lugares considerados críticos en años anteriores, y se usó a discreción agua y gas lacrimógeno.
Lo sustancial sigue en pie: ¿será posible contener las eventuales manifestaciones populares contra la cesantía y las alzas de precios y tarifas, con el despliegue de militares y policías? ¿No se está volviendo disimuladamente a los tiempos de la dictadura, con zonas de emergencia, estado de sitio y calles copadas por uniformados armados como para la guerra?
Nada bueno promete la orientación del gobierno. Sin embargo, hay que admitir que tiene fuertes posibilidades de imponerse por la debilidad y tendencia a la deserción que campea en la oposición y, sobre todo, por la ausencia de una Izquierda -política y social- independiente, que canalice las fuerzas populares. Frenar los apetitos desorbitados de la oligarquía, impedir que el costo de la reconstrucción lo terminen pagando los pobres -como ya se visualiza- y contener la militarización que sustenta el poder de la derecha, son objetivos que requieren una amplia unidad social y política, encabezada por una firme voluntad de lucha que permita desafiar y derrotar las maniobras del campo reaccionario.
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