Diversas comunidades y organizaciones sociales de Centro y Sur América nos reunimos entre el 20 y el 22 de abril en el "Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos", para conocer y analizar las problemáticas que nuestros países están viviendo con la explotación minera a gran escala. Este evento se realiza en el marco de las celebraciones internacionales en el día de la Tierra.
El actual modelo de desarrollo de las potencias del mundo, especialmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han impuesto una política económica que especializa a los países de América Latina en la exportación de materias primas y recursos naturales, profundizando el saqueo de nuestra biodiversidad. A través de sus trasnacionales, estos países se aprovechan de legislaciones flexibles y acordes con el capital extranjero, aprobadas en dos décadas de neoliberalismo, que les genera enormes beneficios económicos y no les exige cumplir ningún requisito ni las hace responsables por los profundos impactos ambientales, sociales y económicos que genera su accionar.Al final, los países de América Latina se quedan sin el agua, sin los minerales y sin los recursos económicos resultado de la extracción. Para colmo, esta política se intenta profundizar con los Tratados de Libre Comercio, en un proceso de recolonización de nuestras economías y sociedades, que tiene como objetivo garantizar el control de las riquezas naturales.
El mismo patrón de las trasnacionales de estas potencias es copiado en todos los países latinoamericanos. Frente a esta situación, existen variadas realidades. Por un lado, organizaciones sociales -como las centroamericanas- que dicen No a la Minería, acorde con las situaciones específicas de sus países y de la voluntad manifestada por las comunidades. En otros países, con una importante actividad minera, se aprecian dos situaciones: aquellos -como Bolivia- cuya movilización social ha presionado a los gobiernos para recuperar el control de los recursos naturales y en donde se avanza para que el ritmo y los beneficios de la explotación corresponda a los intereses de sus pueblos. Y por otro lado, están los países -como Perú y Colombia- con gobiernos que responden fielmente a los intereses de las potencias del mundo, entregando en concesión las minas y cediendo la soberanía nacional.
En todos estos casos, existe un factor común de agresión hacia las comunidades, el medio ambiente y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos: los megaproyectos mineros, están siendo dominados por las grandes compañías de las potencias. En este sentido, el esfuerzo de unidad en el que se ha avanzado en este "Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos", va en el camino de compartir experiencias y coordinar acciones conjuntas para enfrentar, como objetivo común, a las trasnacionales mineras y sus proyectos. También para evidenciar ante los habitantes de nuestros países los impactos a nivel ambiental, social y económico que produce la gran minería, especialmente cuando estos proyectos no son controlados por el Estado y no hay responsables por las consecuencias que producen.
Ante esta situación, las organizaciones presentes declaramos:
1. Que el modelo neoliberal de libre comercio, pilar fundamental de la política minera en América Latina, es la causa principal de la pobreza, la miseria y el atraso de nuestras naciones. La experiencia de algunos países que se han alejado de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha demostrado que sí es posible un modelo económico alternativo que sea exitoso para los pueblos.
2. Que, en este sentido, rechazamos los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y todos aquellos que pretendan implementarse en el marco del modelo de libre comercio, porque buscan agredir la soberanía nacional y eliminan las posibilidades de que nuestros países escojan su modelo de desarrollo de forma autónoma y que sirva a los intereses de sus nacionales.
3. Que demandamos una legislación que proteja efectivamente a las comunidades y sus recursos naturales, de los intereses voraces de los grandes capitales.
4. Que exigimos que haya consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, sin presión de las trasnacionales y sin manipulación de los gobiernos, como lo ordena el convenio 169 de la OIT.
5. Que rechazamos las demandas que en el marco de los TLC las trasnacionales interponen contra los Estados, con el argumento de que obstaculizan el comercio por no contar con los permisos ambientales para su realización. Es el caso específico de las demandas contra El Salvador en proyectos mineros.
6. Que demandamos que nuestros gobiernos tomen las medidas necesarias para evitar que los proyectos en frontera repercutan en los países vecinos, y genere conflictos de carácter internacional.
7. Que el agua es un derecho que los Estados tienen que garantizar en cantidad y calidad suficiente para los seres humanos, los animales y la producción de alimentos. Que es un recurso vital que pertenece a los pueblos y no a las corporaciones.
8. Que condenamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a favor de la explotación de la mina Las Crucitas, que contaminará la cuenca binacional del río San Juan. Nos solidarizamos con el pueblo costarricense y nicaragüense, especialmente con las comunidades que van a hacer afectadas.
9. Que festejamos los exitosos resultados de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, realizada en el hermano pueblo boliviano de Cochabamba y la creación del Consejo Global en Defensa de la Madre Tierra. Nos comprometemos a trabajar activamente en este escenario.
10. Que trabajaremos por la mayor unidad de las organizaciones y comunidades latinoamericanas, realizando acciones conjuntas para enfrentar los megaproyectos trasnacionales.
Firman:
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, Ceicom (El Salvador).
Comité Ambiental de Cabañas (El Salvador).
Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación (El Salvador).
Comité Ambientalista Vida en el Río Lempa, La Isla, Metapan (El Salvador).
Comité Ambiental de río Ostúa, La Portada, Metapan (El Salvador).
Colectivo Madre Selva (Guatemala).
Frente Anti Reformas Oligárquicas, Faro (Guatemala).
Comisión de Justicia y Paz de la familia Franciscana (Guatemala).
Comisión Pastoral Paz y Ecología, Copae (Guatemala).
Consejo de los Pueblos de San Marcos (Guatemala).
Comunidades Afectadas por la Minería, Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala).
Comunidad Cerro Blanco (Guatemala).
Movimiento de Trabajadores Campesinos, MTC, San Marcos (Guatemala).
Consejo de Comunidades Municipio de Villanueva, Plataforma Urbana (Guatemala).
Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog (Honduras).
Alianza Cívica por la Democracia, ACD (Honduras).
Comité Ambientalista del Valle de Siria (Honduras).
Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Honduras).
Red Ambientalista de los Municipios de Comayagua y La Paz, Redamucop (Honduras).
Caritas Santa Rosa de Copán (Honduras).
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca (Colombia).
Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo (Colombia).
CooperAcción (Perú).
Agua Sustentable (Bolivia).
Alianza Social Continental, grupo de minería.
San Salvador, 22 de abril de 2010
El mismo patrón de las trasnacionales de estas potencias es copiado en todos los países latinoamericanos. Frente a esta situación, existen variadas realidades. Por un lado, organizaciones sociales -como las centroamericanas- que dicen No a la Minería, acorde con las situaciones específicas de sus países y de la voluntad manifestada por las comunidades. En otros países, con una importante actividad minera, se aprecian dos situaciones: aquellos -como Bolivia- cuya movilización social ha presionado a los gobiernos para recuperar el control de los recursos naturales y en donde se avanza para que el ritmo y los beneficios de la explotación corresponda a los intereses de sus pueblos. Y por otro lado, están los países -como Perú y Colombia- con gobiernos que responden fielmente a los intereses de las potencias del mundo, entregando en concesión las minas y cediendo la soberanía nacional.
En todos estos casos, existe un factor común de agresión hacia las comunidades, el medio ambiente y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos: los megaproyectos mineros, están siendo dominados por las grandes compañías de las potencias. En este sentido, el esfuerzo de unidad en el que se ha avanzado en este "Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos", va en el camino de compartir experiencias y coordinar acciones conjuntas para enfrentar, como objetivo común, a las trasnacionales mineras y sus proyectos. También para evidenciar ante los habitantes de nuestros países los impactos a nivel ambiental, social y económico que produce la gran minería, especialmente cuando estos proyectos no son controlados por el Estado y no hay responsables por las consecuencias que producen.
Ante esta situación, las organizaciones presentes declaramos:
1. Que el modelo neoliberal de libre comercio, pilar fundamental de la política minera en América Latina, es la causa principal de la pobreza, la miseria y el atraso de nuestras naciones. La experiencia de algunos países que se han alejado de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha demostrado que sí es posible un modelo económico alternativo que sea exitoso para los pueblos.
2. Que, en este sentido, rechazamos los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y todos aquellos que pretendan implementarse en el marco del modelo de libre comercio, porque buscan agredir la soberanía nacional y eliminan las posibilidades de que nuestros países escojan su modelo de desarrollo de forma autónoma y que sirva a los intereses de sus nacionales.
3. Que demandamos una legislación que proteja efectivamente a las comunidades y sus recursos naturales, de los intereses voraces de los grandes capitales.
4. Que exigimos que haya consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, sin presión de las trasnacionales y sin manipulación de los gobiernos, como lo ordena el convenio 169 de la OIT.
5. Que rechazamos las demandas que en el marco de los TLC las trasnacionales interponen contra los Estados, con el argumento de que obstaculizan el comercio por no contar con los permisos ambientales para su realización. Es el caso específico de las demandas contra El Salvador en proyectos mineros.
6. Que demandamos que nuestros gobiernos tomen las medidas necesarias para evitar que los proyectos en frontera repercutan en los países vecinos, y genere conflictos de carácter internacional.
7. Que el agua es un derecho que los Estados tienen que garantizar en cantidad y calidad suficiente para los seres humanos, los animales y la producción de alimentos. Que es un recurso vital que pertenece a los pueblos y no a las corporaciones.
8. Que condenamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a favor de la explotación de la mina Las Crucitas, que contaminará la cuenca binacional del río San Juan. Nos solidarizamos con el pueblo costarricense y nicaragüense, especialmente con las comunidades que van a hacer afectadas.
9. Que festejamos los exitosos resultados de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, realizada en el hermano pueblo boliviano de Cochabamba y la creación del Consejo Global en Defensa de la Madre Tierra. Nos comprometemos a trabajar activamente en este escenario.
10. Que trabajaremos por la mayor unidad de las organizaciones y comunidades latinoamericanas, realizando acciones conjuntas para enfrentar los megaproyectos trasnacionales.
Firman:
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, Ceicom (El Salvador).
Comité Ambiental de Cabañas (El Salvador).
Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación (El Salvador).
Comité Ambientalista Vida en el Río Lempa, La Isla, Metapan (El Salvador).
Comité Ambiental de río Ostúa, La Portada, Metapan (El Salvador).
Colectivo Madre Selva (Guatemala).
Frente Anti Reformas Oligárquicas, Faro (Guatemala).
Comisión de Justicia y Paz de la familia Franciscana (Guatemala).
Comisión Pastoral Paz y Ecología, Copae (Guatemala).
Consejo de los Pueblos de San Marcos (Guatemala).
Comunidades Afectadas por la Minería, Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala).
Comunidad Cerro Blanco (Guatemala).
Movimiento de Trabajadores Campesinos, MTC, San Marcos (Guatemala).
Consejo de Comunidades Municipio de Villanueva, Plataforma Urbana (Guatemala).
Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog (Honduras).
Alianza Cívica por la Democracia, ACD (Honduras).
Comité Ambientalista del Valle de Siria (Honduras).
Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Honduras).
Red Ambientalista de los Municipios de Comayagua y La Paz, Redamucop (Honduras).
Caritas Santa Rosa de Copán (Honduras).
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca (Colombia).
Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo (Colombia).
CooperAcción (Perú).
Agua Sustentable (Bolivia).
Alianza Social Continental, grupo de minería.
San Salvador, 22 de abril de 2010
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