¡Libertad a Miguel Ángel Beltrán Villegas!

Ante la proximidad del juicio oral (último paso a la sentencia), el cual probablemente se desarrollará a finales de mayo, la solidaridad internacional con el profesor Beltrán Villegas debe manifestarse con observación en el terreno y la exigencia de un proceso transparente y justo, en el que no se criminalice el trabajo docente e investigativo comprometido.

Gilberto López y Rivas / LA JORNADA

La situación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas –privado de su libertad desde el 22 de mayo de 2009– confirma un proceso judicial caracterizado por la falta de garantías para su defensa, la ilegalidad de las pruebas en su contra y las irregularidades en las audiencias de su juicio, entre otras anomalías graves. El profesor Miguel Ángel es –junto a otros estudiantes y profesores de la universidad pública de su país– una más de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, donde el actual gobierno pretende mostrar como logros de la política de seguridad democrática y de golpes al terrorismo lo que en realidad son montajes judiciales y de sus aparatos de inteligencia, todo lo cual redunda en violaciones sistemáticas y permanentes a los derechos humanos de diversos sectores sociales de ese hermano país, que incluyen en particular a universitarios, líderes sindicales, miembros de organizaciones diversas y partidos de oposición pero, sobre todo, de los propios organismos de derechos humanos.

El caso del profesor Beltrán es también una muestra de la complicidad entre estados ideológicamente afines –México y Colombia–, que se distinguen por su obsecuencia al gobierno estadunidense, por su beligerancia contra las libertadas ciudadanas y por el desprecio a los derechos humanos. En ambos países, sendas campañas mediáticas han pretendido engañar a la opinión pública, ignorando que se dio una detención ilegal en México –como ya ha sido denunciado en diferentes momentos y espacios– sin que haya una explicación de autoridades mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM), las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y la propia Presidencia de la República.

Recordemos que la solicitud migratoria de Beltrán en nuestro país estuvo nueve meses en trámite sin recibir respuesta alguna. Al ir a regularizar su situación, acudiendo de buena fe a una cita del INM, fue expulsado del país ilegalmente. Se le notificó que no cumplió con todos los requisitos al no certificar solvencia económica, acusación falsa porque él entregó el certificado requerido. Se le engañó y torturó física y sicológicamente, como muestra el informe de medicina legal colombiano. El gobierno mexicano violó los derechos de Beltrán a la información –pues nunca se le dijo por qué estaba siendo deportado–, a la defensa, seguridad jurídica, audiencia, recurso judicial, debido proceso legal, representación y comunicación, pues tampoco se le permitió hablar con nadie. Además, el INM ocultó su paradero por varias horas. Finalmente, las autoridades mexicanas entregaron a un académico debidamente acreditado ante la Universidad Nacional Autónoma de México a un Estado en el cual su vida corre peligro, sin darle la oportunidad de solicitar asilo o refugio político, violando así los estatutos del derecho internacional.

En Colombia, a los abogados de Beltrán se les ha negado el acceso a las supuestas pruebas contenidas en los computadores de Raúl Reyes, arguyendo razones de seguridad nacional, ignorando los cuestionamientos que de su veracidad ya han indicado instancias como la Interpol, en cuyo dictamen sobre los ordenadores milagrosos podemos leer: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. Esto es, en lugar de tomar el tiempo necesario para hacer copias protegidas contra la escritura de cada una de las ocho pruebas instrumentales decomisadas antes de acceder a ellas, este acceso se hizo directamente.

Figuran como pruebas de la supuesta vinculación del profesor Beltrán con las FARC nada menos que documentos académicos y de investigación sobre temas de dominio público, como la historia del movimiento estudiantil y el conflicto social y armado en Colombia. Específicamente, se utiliza en su contra un texto denominado Estudiantes, política y sociedad, para el que se solicitó una carta a la Latin American Studies Association (LASA) que certifica ser una organización académica y constituye una de las pruebas de la defensa. Incluso se consideran en su contra entrevistas a medios concedidas por Beltrán desde la cárcel.

El proceso acusatorio evidencia múltiples irregularidades: desde los traslados sin previo aviso e incomunicación con el abogado defensor, hasta la asistencia de supuestas víctimas que con fines ideológicos y políticos señalan al acusado. Todo esto configura un escenario desigual que legitime la condena a Beltrán Villegas por los supuestos delitos de concierto para delinquir con fines terroristas y complicidad en rebelión. Este contexto adverso y de pruebas fabricadas, tan lamentablemente conocido ya cómo los falsos positivos judiciales, es un asunto que no puede pasar inadvertido para colectivos, asociaciones académicas, colegios de profesionistas y organizaciones sociales que en Colombia, México y en el mundo entero reivindican la libertad al libre pensamiento y opinión.

Ante la proximidad del juicio oral (último paso a la sentencia), el cual probablemente se desarrollará a finales de mayo, se considera que la solidaridad internacional debe manifestarse con observación en el terreno y la exigencia de un proceso transparente y justo en el que –como afirma el profesor Beltrán– no se criminalice el trabajo docente e investigativo comprometido.