Más allá de sus errores y deficiencias, la experiencia cubana se basa en un contrato social de nuevo tipo, horizontal, plebeyo; quizá de naturaleza parecida al que le dio origen al peronismo, y expresa la marca histórica de la Isla: independencia o anexionismo a Estados Unidos.
Santiago Masetti / Agencia Periodística del MercosurDesde La Habana
La idea consiste en una crónica sobre lo que sucede en Cuba, en particular sobre la existencia o no, y de ser positiva la respuesta, del verdadero alcance de los cambios políticos, económicos y administrativos anunciados hace pocos días e inscriptos dentro de las reformas encaradas por el gobierno a partir de febrero del 2008, fecha en la que Raúl Castro tomó en sus manos la Administración del país, que es eso lo que implica su cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y por último, por qué no, sobre el tan sonado tema en la prensa internacional, el de los presos liberados.
El conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de la Isla trata en forma muy especial sobre el aumento de la productividad del trabajo, el incremento de la producción de alimentos y la reformulación en el sector agrícola en general, y sobre ciertas modalidades al interior de la vida política cubana que suelen no ser abordadas lo suficiente, como el de la búsqueda por parte del gobierno, de canales directos para el diálogo con los distintos sectores de la sociedad, complementarios a los institucionales y previstos por la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Es en ese marco donde con regulares encuentros entre funcionarios de distinto nivel y estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres y de otras identidades, son miles los cubanos que debaten, y en no pocos casos disparan sus críticas a la gestión de gobierno. Sin dudas fueron los resultados de esas discusiones, y no solo las iniciativas desde adentro del aparato de poder, las que motivaron algunos de los ejes recientemente planteados por Raúl Castro.
En su discurso del pasado 1 de agosto ante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que es el Parlamento cubano, hizo un balance tendiente y enfatizó sobre el esperado programa de reformas, auque dejó en claro que las mismas se darán en el ámbito de lo que él mismo calificó de "actualización del modelo económico cubano”, descartando toda posibilidad de poner el acento en criterios “de mercado”.
Uno de los principales desafíos de la dirección de la revolución cubana, en estos momentos, es darle solución a problemas internos que vienen heredados del denominado periodo especial, el bloqueo económico de Estados Unidos y las consecuencias de la crisis financiera global en este país. La dirigencia cubana no se cansa de repetirlo.
"En una primera fase, que planificamos concluir en el primer trimestre del próximo año, se modificará el tratamiento laboral y salarial a los trabajadores disponibles e interruptos de un grupo de organismos de la administración central del estado, suprimiendo los enfoques paternalistas que desestimulan la necesidad de trabajar para vivir y con ello reducir los gastos improductivos, que entraña el pago igualitario, con independencia de los años de empleo, de una garantía salarial durante largos períodos a personas que no laboran", dijo Raúl Castro ante la ANPP.
Ello significa que la Administración Pública comenzó a diseñar un plan de reforma del Estado, que implica a millones de trabajadores, sin recurrir en despidos ni quitas salariales. El mismo consiste en la redistribución de la mano de obra entre las distintas áreas productivas, con programas de capacitación para los empleados y de discusión al interior de las propias direcciones empresariales, tendientes al aumento de la productividad.
Fue el propio Raúl Castro el que le puso plazo a la puesta en marcha de la propuesta y la evaluación de sus primeros resultados – mediados del año próximo-, sin que dicho programa implique el olvido o el pase a jubilación de observaciones anteriores y públicas del hermano del líder de la Revolución en el sentido de reconocer que la actual escala salarial en notoriamente insuficiente como nivel de ingreso promedio; situación esa que la sociedad trata de subsanar a través de mecanismos económicos informales, tolerados por el gobierno, y que van desde el ingreso por remesas de fondos que muchos cubanos reciben de familiares en el exterior, como sucede en buen parte de los países latinoamericanos, hasta el ejercicio de actividades cuentapropistas.
Es en orden a esa realidad que debe interpretarse el siguiente párrafo de la intervención de Raúl Castro ante los asambleístas: El Consejo de Ministros también acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo.
El doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), Ernesto Molina, dijo a Veintitrés: cuando se hace un análisis de cómo están empleados los distintos sectores de la economía cubana, registramos que existe un porcentaje muy grande de trabajadores que si bien ocupan un puesto efectivo en el sistema laboral, el mismo no se aprovecha en términos de producción, simplemente porque no hay posibilidad de hacerlo; lo que da como resultado una plantilla de empleados inflada, con mucha gente que aparentemente esta trabajando pero que en realidad no lo hace en términos económicamente efectivos. Ante esa situación, todo indicaría que la solución pasa por el despido de un número importante de cubanos y cubanas, discutiendo entonces la posibilidad de abrir líneas de subsidios para los desempleados. Pero Cuba no está en condiciones de tomar esa medida, más allá de que si se tomase no se le estaría dando solución al problema. De ahí la importancia de trabajar a fondo en el fomento de ciertos niveles de cuentapropismo.
En el marco descrito, las cifras oficiales de Cuba dan cuenta de un desempleo casi irrelevante, del 1,7 por ciento, aunque está claro que, según los recientes planteos de Raúl Castro en ANPP, el mismo implica una dosis alta de espejismo. Lo que también está claro, pero la prensa internacional crítica para con el gobierno de este país no lo dice o lo oculta, es que el sistema legal y la propia tradición política del modelo inaugurado hace ya mucho tiempo, el 1 de enero de 1959, obligan al Estado a que no haya un solo cubano ni una sola cubana en edad activa sin salario.
Ana María Ibarra, investigadora de la Universidad de La Habana, dijo: me imagino que todo (el desarrollo de las actividades por cuenta propia) se hará organizadamente, e implicará también el establecimiento de un régimen impositivo adecuado, al que tendremos que acostumbrarnos.
Los dichos de Ibarra cobran especial relevancia dado que - y se trata de otro tema también ocultado por los relatos hegemónicos sobre Cuba – los habitantes de este país, salvo los pocos casos de cuentapropistas preexistentes a los reciente anuncios oficiales, no pagan impuestos, abonan tarifas de servicios y transportes públicos de carácter meramente simbólico, y acceden a los sistemas de salud y ecuación públicas, en todos sus niveles, en forma absolutamente gratuitas, con el aditamento de extensos programas de becas complementarias, que implican vivienda y alimentación, con los niveles de calidad que puede ofrecer un Estado de la complejidad del cubano, basado en una suerte de contrato social de total horizontalidad social y con una economía que, más allá de sus propios errores, sufre medio siglo bloqueo, el que hasta ahora le significó a la economía del país pérdidas por 220 mil millones de dólares.
No todas las voces coinciden con Ana María Ibarra y Néstor Molina. Ese es el caso, por ejemplo, de Carlos Pérez Peña, Premio Nacional de Teatro 2009, quien afirmó: las medidas (anunciadas por Raúl Castro) son tímidas. Siento que esto tiene que ser más abierto; no sólo con el cuentapropismo. Además, considero que deben establecerse leyes que protejan a ese nuevo sujeto que será el trabajador particular.
Muchos de los grandes problemas cubanos están relacionados, paradójicamente, con los logros sociales alcanzados por la Revolución; ya que el potencial educacional y científico de la población alcanza promedios de países altamente desarrollados, según lo admiten datos difundidos por la ONU: el 100 por ciento de los niños está matriculado en escuelas primarias; uno de cada once cubanos es graduado universitario; 30.000 cuentan con maestrías y 12.000 alcanzaron títulos doctorales.
Antes del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba contaba con un 40 por ciento de población rural; en la actualidad ese indicador pasó a ser del 20 por ciento, sin que esos niveles básicos de Desarrollo Social se hayan alterado sustancialmente tras la modificación que sufrió el sistema internacional en el que Cuba está inscripto, en alianza con la desaparecida Unión Soviética.
Tras la caída del llamado orden comunista, entre 1989 y 1990 el comercio internacional cubano cayó en un 60 por ciento, lo que provocó severos desabastecimientos, caída estrepitosa del signo monetario y merma grave de las reservas en divisas. Entonces los cubanos vivieron una larga década de penurias durante el denominado “período especial”. A las pérdidas ya mencionadas como consecuencia del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y a los costos que implico el mapeo mundial de fines de la pasada década del ’80 deben sumárseles los efectos de la actual crisis global, que sólo en 2008 le significaron a Cuba daños equivalentes a los 10 mil millones de dólares, sin descartar entre ellos los derivados de las variables atmosféricas de huracanas violentos de las tres últimas temporadas, todo según cifras oficiales.
Es entonces en ese contexto que debería interpretarse la insistencia de Raúl Castro ante la ANPP cuando destacó “sin el aumento de la eficiencia y la productividad es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos y en definitiva sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema socialista, esfera en la que también estamos en el deber de ser racionales, ahorrando mucho más sin sacrificar la calidad”.
Es por eso que resulta frecuente oír entre los funcionarios y dirigentes cubanos la expresión “batalla económica” como definición de la actual coyuntura. El periodista y ex diputado entre 1993 y 1998 Pedro Martínez Pires sostuvo: es una batalla que yo diría hay que librar en muchos frentes, porque a los avatares de las catástrofes naturales –insisto en que las ultimas temporadas de huracanes fueron desastrosas- debemos tener en cuenta la necesidad de resolver varios de los problemas estructurales que nos afectan, entre los cuales no es menor el de la seguridad alimentaria, toda vez que formamos parte de un país que sigue necesitando de la importación de alimentos.
No fue casual, parece, aquella mención especial que hizo Raúl Castro ante los parlamentarios, el 1 de agosto pasado, y que ya mencionáramos en los primeros párrafos de este artículo, cuando se refirió a la urgente necesidad de impulsar cambios sustanciales en toda la cadena de producción agropecuaria, los que sin duda son aguardados con particular atención por la mayoría de los cubanos. Suele suceder con las lecturas mediáticas sobre Cuba fogoneadas desde Estados Unidos, que, con mucha frecuencia, lo que parece tener amplia repercusión fronteras afuera apenas si inquieta al devenir cotidiano de quienes viven en la Isla.
Ese es el caso de los presos recientemente liberados. La escasa preocupación que se registra aquí por el asunto, incluso entre quienes no callan sus miradas críticas respecto del gobierno, podría ser explicada por las siguientes consideraciones de Martínez Pires: la liberación de los presos es una medida que no es nueva, porque Cuba tiene una historia muy larga al respecto. Desde el triunfo de la Revolución y después del intento de invasión por Playa Girón fueron liberados 1.500 detenidos en esos acontecimientos. A tal punto es una tradición del modelo inaugurado en 1959 que la Iglesia Católica y el gobierno de España respaldaron las recientes liberaciones, liberaciones esas que beneficiaron a personas que fueron juzgadas y condenadas conforme a la Constitución y al sistema penal de nuestros país, el mismo que forma parte de la tradición jurídica convalidad por la comunidad internacional que se expresa en la ONU. Debo destacar que ninguna instancia legal, nacional ni internacional, observo el contundente cuerpo de evidencias ofrecido respecto de las relaciones de esos presos ahora liberados con la diplomacia estadounidense que actúa en el país desde la conocida Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
A modo de conclusión: quien no acepte que el actual sistema cubano, más allá de sus errores y deficiencias, se basa en un contrato social de nuevo tipo, horizontal, plebeyo podríamos decir, quizá de naturaleza parecida a la que le dio origen al peronismo, y que expresa la marca histórica de la Isla –independencia o anexionismo a Estados Unidos-; difícilmente pueda fotografiar o radiografiar a este país desde su trastienda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario