El nuevo modelo económico, y peor si lograra encaminarse al “socialismo del siglo XXI”, disgusta a los grupos del más alto poder económico en Ecuador. Y entre ellos existe un sector que fomenta la idea de que salir del actual gobierno es lo más conveniente para revertir un camino futuro en el que solo perderían sus intereses.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
Con la independencia, concluida a inicios de la década de 1820, nacieron las diversas repúblicas latinoamericanas. Prácticamente todas adoptaron el sistema presidencialista, dictaron constituciones y proclamaron la democracia, las libertades y los derechos individuales. Sin embargo, exceptuando países como Chile, Argentina o Costa Rica, donde las instituciones constitucionales se afirmaron desde mediados del siglo XIX, en los otros el mismo proceso tardó hasta fines de ese siglo e incluso hasta bien entrado el siglo XX. Todos los países tuvieron prolongadas épocas de conflictos entre caudillos, confrontaciones entre liberales y conservadores, luchas de sectores medios y populares, “golpes de Estado” y dictaduras.
Ecuador, nacido en 1830 al separarse de la Gran Colombia, ha tenido una larga historia de precaria construcción de sus instituciones democráticas. Ha sido lenta la superación del régimen oligárquico-terrateniente, pero también la edificación de su propio capitalismo. De allí deriva la matriz histórica que hace débiles a las funciones e instituciones del Estado.
Sobre esa raíz histórica, desde mediados de la década de los 80 del pasado siglo, los sucesivos gobiernos apuntalaron un modelo económico claramente identificado con los intereses de las cámaras de la producción, el capital financiero transnacional, las orientaciones del FMI y los postulados provenientes del “neoliberalismo”. En lugar de que ese modelo sirviera para fortalecer las instituciones del Estado y de la vida republicana, las debilitaron.
De manera que al progreso económico capitalista y al bienestar empresarial de la época, acompañó el sistemático derrumbe de los servicios públicos, la pérdida de la institucionalidad estatal y, finalmente, la crisis de la gobernabilidad, evidenciada en la sucesión de rebeliones populares aprovechadas por la clase política para derrocar “constitucionalmente” a Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). En apenas una década hubo siete gobiernos y un golpe de Estado.
No hay duda que desde el 2007 el modelo económico cambió. Desde las filas de la ultraizquierda y del intelectualismo revisionista, tal cambio no se ha dado, puesto que ha continuado la consolidación del “neoliberalismo” al que ahora también se le juzga como “extractivista”.
Pero ese no es el sentir de aquellos sectores empresariales privados y politizados que en los pasados veinticinco años se sintieron amparados por el Estado, veían sus intereses directos reflejados en él y consideraban que sus buenos negocios, a costa del retroceso y hasta ruina de la “cuestión social”, se enrumbaban a un soñado paraíso capitalista.
El nuevo modelo económico, y peor si lograra encaminarse al “socialismo del siglo XXI”, disgusta a los grupos del más alto poder económico en Ecuador. Y entre ellos existe un sector que fomenta la idea de que salir del actual gobierno es lo más conveniente para revertir un camino futuro en el que solo perderían sus intereses. Eso les ha conducido a ser actores políticos que no piensan en respetar ni fortalecer las instituciones de la democracia republicana.
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