La SIP: denuncias y omisiones del poder mediático

Una vez más, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia los "ataques" de los gobiernos progresistas latinoamericanos, pero deliberadamente guarda silencio sobre el autoritarismo del mercado y el control oligopólico que ejercen sus empresas asociadas en toda la región.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(Fotografía: Asamblea anual de la SIP en Mérida, México)

Parecía una broma de pésimo gusto. Pero no lo fue. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró en días pasados su asamblea anual con la presencia de tres invitados distinguidos: los presidentes de México, Felipe Calderón; de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Honduras, Porfirio Lobo. Gobernantes de tres de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina, pero también, donde los vínculos entre el poder político-económico y el poder mediático son más fuertes y tenebrosamente articulados.

Reunidos en la ciudad mexicana de Mérida, cuyo nombre fue empleado por la administración Bush II para bautizar el proyecto estratégico estadounidense de “guerra contra el narcotráfico” y control geopolítico de Mesoamérica, los miembros de la SIP protagonizaron un nuevo episodio de la guerra mediática contra los gobiernos progresistas en América Latina: en las conclusiones de su cónclave, los grandes propietarios y directores de los medios hegemónicos, declararon que en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, “los gobiernos están recurriendo a medidas anti-democráticas para reprimir a los medios de comunicación independientes y colocar el flujo de informaciones y noticias en las manos de entidades controladas por el estado”.

Para los dueños de la palabra, esos censores de lo posible y lo imposible en nuestros países, la situación de la prensa en el continente es más o menos así: “a lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a ‘regular’ el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información”.

El doble rasero de la SIP y su cinismo son inigualables: acusa el supuesto “autoritarismo” de los gobiernos progresistas latinoamericanos, pero nada dice del control oligopólico que ejercen sus empresas asociadas en cada uno de estos países. Y por supuesto, tampoco denuncia el autoritarismo del mercado en virtud del cual han consolidado sus posiciones dominantes.

Los datos del más reciente estudio realizado por los investigadores argentinos Martín Becerra y Guillermo Mastrini, sobre el tema de concentración de la propiedad de los medios infocomunicacionales en América Latina, son inobjetables: el índice general de concentración, y por ende, su tendencia al monopolio u oligopolio, pasó del 0,77 en el año 2000, al 0,82 en 2004. En términos más específicos, esto significa que los cuatro principales operadores (empresas privadas) en cada sector de las industrias culturales y de la información, controlan entre el 77% y el 82% del mercado latinoamericano.

En palabras de los investigadores, esto supone que “el resto de propuestas culturales, informativas y de entretenimientos de la región se restringió a un promedio del 18% del mercado, siendo de este modo casi impracticable la verdadera competencia, en el sentido de contraste de versiones sobre la realidad, de comparación de opiniones y mensajes diferentes, en el ámbito de los medios, la cultura y la información”[1].

Es decir, el espacio comunicacional latinoamericano –impreso, electrónico o audiovisual- se caracteriza por ser profundamente excluyente de todas aquellas manifestaciones del pensamiento y el ejercicio de los derechos más elementales -individuales y colectivos-, que no se subordinen al orden social hegemónico, y para ello, despliega poderosos mecanismos de anulación de la diversidad cultural, así como de ocultamiento de la pluralidad ideológica.

De estas problemáticas dimensiones de la realidad social, que deberían estar en el centro de cualquier discusión sobre la construcción de la democracia en la región, nada dijo la SIP.

De ahí que las conclusiones de su asamblea solo puedan explicarse en el marco de las disputas simbólicas y materiales que sostiene el poder mediático regional -el nuevo partido de la oposición-, contra los procesos políticos nacional-populares y las iniciativas de ley que, al procurar la democratización de las comunicaciones, están permitiendo además la emergencia de discursos alternativos y una mayor visibilidad de actores sociales y poblaciones tradicionalmente marginadas.

Mucha razón tiene Eduardo Galeano cuando afirma que aquí, en estas tierras de América Latina, se sigue llamando “comunicación” al monólogo del poder. Y al afán de los poderosos de seguir mandando a su antojo, invocando la ley del más fuerte del capitalismo salvaje, se lo sigue disfrazando con la máscara de una pretendida defensa del derecho a la libertad de expresión.

Nuestro mundo y nuestro tiempo, ¡qué duda cabe!, son el mundo y el tiempo del revés. Más todavía cuando se mira desde la restringida óptica de la SIP.

NOTA
[1] Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo (2009). Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en la América latina del siglo XXI. Buenos Aires: Prometeo Libros. Pág. 213.