Robinson Salazar Pérez* /Agencia Periodística del MercosurDesde Sinaloa, México
Contexto de la militarización. México dibujó el sendero por donde hoy transita en las elecciones de 2006, al tensionarse las fuerzas políticas por el resultado electoral que tuvo muchas inconsistencias y dudas. Que registró muchas sombras en la subjetividad de los ciudadanos que habían depositado toda la confianza en el órgano electoral, Instituto Federal Electoral, IFE, el cual tuvo en las elecciones del año 2000 un desempeño pulcro y cargado de credibilidad pero en las últimas elecciones para elegir presidente, pecó de inocente y cargó los dados hacia un lado: el que garantizaba la continuidad del modelo neoliberal y refrendaba el triunfo al Partido de Acción Nacional, PAN, que estaba en el poder.
En el año 1998 fue creada la Policía Federal Preventiva, bajo el paraguas de forjar un cuerpo policial de carácter nacional que atendiera los delitos del país. Desde que se había instaurado el modelo neoliberal y abierto las compuertas de las privatizaciones de los activos públicos, el desempleo marcaba una tendencia incremental. Aparejado a ese deterioro socioeconómico, la tasa de homicidios galopaba y el crimen organizado echaba raíces en algunos recodos del Estado.
La gama de delitos era asombrosa: secuestros, robo de vehículos a mano armada, fortalecimiento de los carteles de la droga, fraudes de cifras cuantiosas en las arcas del fisco, tráfico de indocumentados y quiebra ficticias de empresas y bancos dieron forma al mapa de la delincuencia en México del Siglo XXI.
Al asumir la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, centró su fuerza en dos áreas: el Ejército como cuerpo leal al nuevo mandato Constitucional y frente disuasivo para contener la ola de impugnaciones y manifestaciones que empañaran su mandato; y la militarización paulatina del país a través del incremento de elementos del Ejército en la Policía Federal Preventiva, abonando 10 mil militares que arrojó un crecimiento 135 por ciento en 2007. Aunque en sus inicios el Ejército y la Marina habían aportado 5535, y a un año de gobierno del presidente Calderón había trasladado ya 13012 miembros de naturaleza castrense.
Sin embargo las cifras crecen al revelarse un recurso de revisión desahogado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) al dar a conocer que mediante convenios suscritos el 1 de abril de 2007 la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) “comisionó” a 7588 soldados a la Seguridad Pública, en tanto la Marina “transfirió” a 2500 elementos para la misma función.
Existen militares en la función de Seguridad Pública Preventiva, en el Ejército, en la Marina y en cargos de la función pública tal como si existiera una situación de guerra permanente con algún país fronterizo.
En febrero del año 2007 se creó la Ley Antiterrorista para poner a tono las leyes y penalidades del país con las reformas que el gobierno de George W. Bush había recomendado a los países aliados, cuya atención está dirigida a las protestas populares, el tráfico de migrantes y grupos alzados en armas, que en México son varios, más de dos docenas con poca consistencia orgánica pero portadores de armas y sin un perfil ideológico claro, salvo tres de ellos que operan en la zona de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Guerra y Narcotráfico. El Ejército mexicano cuenta regularmente con 250 mil soldados en varias jerarquías, sin embargo desde el año 2000 a la fecha han desertado más de 160000 que devienen de Grupos Aeromóviles, Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales y Elite. El problema es más grave si revelamos que gran parte de ellos se habrían incorporado a las mafias del crimen organizado y confrontan con las mismas estrategias aprendidas en el Estado.
Al abrir el frente confrontativo contra el narcotráfico, no hubo por parte de la presidencia del país ni de los agentes involucrados una valoración profunda y con datos duros sobre el tamaño del enemigo y la capacidad de fuego con que cuenta el crimen organizado. Solamente se abrió la compuerta de guerra sin medir consecuencias, al transitar 4 años de administración calderonista, el saldo de es 30 mil muertes, miles de hogares en luto, 7 cárteles de la droga controlan dos terceras partes del país y se disputan el resto. Estos datos se desprenden del reporte “Mexican drug cartels: two wars and a look southward”, elaborado por el centro de inteligencia Stratfor.
Los cárteles de la drogan vigentes son: Sinaloa, Los Zetas, Golfo, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia y Juárez; quienes controlan 982 bolsones territoriales y disputan las regiones y rutas “sin dueño o vulnerables”; localizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Campeche.
Los varones de la droga en el periodo de diciembre de 2006 a junio de 2010, han blanqueado 1.3 billones de pesos, que representan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida. La tercera parte de ese dinero se habría legalizado en el circuito financiero, según “sospecha” la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante, el delito se encuentra totalmente impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y 53 personas sentenciadas por blanquear capitales sucios. Al mismo tiempo, los bancos han sido sancionados por apenas 1 millón 560 mil pesos.
La guerra así dibujada revela que los 94.540 soldados que están en las calles no buscan erradicar el narcotráfico, sino ocultar mediante el miedo y el terror las grandes sumas de dinero que se diluyen en fugas subterráneas de complicidades, ilicitud, compra de secritud -la más costosa que paga el narcotraficante- y devastación de sectores populares que son incorporados en las redes del narcotráfico por carecer de empleo.
Sicariato y limpieza social. El sicario es un agente que está incorporado a la estructura más flexible pero eficaz de los carteles dado que son sujetos sin escrúpulos, consumidores de droga y osadía para arriesgar la vida en defensa del clan o grupo que lo contrata.
Llegan a ser parte de una elite de confianza constituida por matones por encargo. Las percepciones económicas fluctúan de 500 a 5000 dólares por semana/mes, permitiéndose obtener incrementos sustanciales que lo ubican en un nivel económico superior al que tenían antes de incorporarse como sicarios. Los ingresos le permiten vestir ropa de marca, comprar o conducir coches o camionetas lujosas que despojan a sus víctimas, están rodeados de hampones renombrados, y muchas veces los políticos los protegen por favores realizados ya sea de eliminación de un enemigo, crimen contra líder comunitario o sindical y/o secuestro a un incómodo que obstruye el ascenso del funcionario público.
Hay jerarquía en el cuerpo de sicarios de acuerdo a la trayectoria, manejo de armas, equipo humano con lo acompaña, arrojo y grado de violencia con que ejecuta las ordenes; de ahí que los haya expertos en cortar cabezas, torturar, destazar, mutilar, entambar -meter a la persona en tambos de cemento-, ensabanar -envolver al muerto y tirarlo en cualquier cuneta-, encajuelar -colocar al asesinado en el maletero del auto-, embolsar los pedacitos, quemar con apariencia accidental, cortar extremidades, sacar los ojos, entre otros.
Parte de las tareas del sicario es presionar y extorsionar a los migrantes centroamericanos que transitan por las rutas de México para ingresar a los Estados Unidos. A cada migrante le solicitan sumas que fluctúan entre 2000 a 4000 dólares por custodiar su traslado y garantizar el ingreso por zonas o áreas que los narcotraficantes consideran segura por la introducción de cocaína y marihuana.
En otros casos son obligados a ser parte de la red de distribuidores minoristas, narcomenudeo, en la zona fronteriza del lado mexicano o de los Estados Unidos, hasta que terminan muertos en fuego cruzado con otras bandas de introductores de enervantes o distribuyendo en el mercado negro.
En caso de que no cuenten con el dinero suficiente para garantizar su traslado, son eliminados masivamente, de ahí que las fosas comunes son muchas y son parte del ornato de la frontera caliente del norte de México.
La complicidad con la policía de migración de la Secretaria de Gobernación es evidente porque muchas de las veces realizan el trabajo de identificación de “migrantes indocumentados” que recorren las rutas del país. A cambio, por parte de los funcionarios públicos reciben la impunidad y secritud de los asesinatos que a diario son decenas de centroamericanos que caen bajo las balas de los sicarios, y donde el caso de los 72 asesinados en agosto de 2010, es práctica cotidiana no descubierta por los medios de comunicación.
El discurso oficial tiene en gran medida la culpabilidad del trato que le dan a los migrantes porque en acompasado eco con la política norteamericana, han culpado a las migraciones indocumentadas y a la porosidad fronteriza como una nueva amenaza de la seguridad nacional y, en consecuencia, han redoblado la vigilancia, los dispositivos tecnológicos, los operativos militares para detener los flujos de personas que buscan una seguridad económica que en su país está negada.
El manejo de información discursiva que vincula a los migrantes con actos ilícitos que van desde la prostitución infantil, trafico de drogas, pandillerismo, trata de blanca, hasta terrorismo; criminaliza al sujeto expulsado de su territorio y lo deja desnudo ante cualquier necesidad de protección y derechos humanos.
Violencia y Ley del Silencio. Ante un espectro cargado de miedo y angustia, las esferas oficiales buscan denodadamente silenciar las voces que reclaman un alto a la violencia desatada desde el frente militar y los carteles de la droga. Para amedrentar las voces de los periodistas, han asesinado desde 2006, 55 reporteros, 14 de ellos en el año 2010, superando con creces los homicidios de periodistas en Irak, que vive una guerra abierta.
El país con las cifras hasta ahora descritas describe un mapa de la violencia voraz que ensombrece el futuro de los 100 millones de habitantes. En el territorio nacional, en el año 2006, había 2 bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. De continuar la estrategia de guerra de la actual administración, al finalizar el sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra superior y exorbitante para los estándares internacionales.
Así está el derrotero de México, no hay un horizonte que nos ilumine y nos envíe la señal de que la violencia amaina. Antes por el contrario, el desempleo abierto de 12 por ciento de la fuerza económicamente activa, paliada por el comercio informal y las redes ilícitas tiñen el panorama de gris.
El crecimiento económico no pasa de 2 por ciento, aunque las autoridades del buró hacendario vaticinan el 3.5 y al acercarse el ciclo de evaluación corrigen los pronósticos con cualquier pretexto de poca credibilidad; y la disciplina fiscal, comercial y financiera se mantiene para conservar el modelo que desde hace mucho dejó de ser eso para convertirse en un paraíso de inversionistas que pagan paupérrimos salarios, escamotean prestaciones y doblegan leyes para evadir pago de impuestos y responsabilidades hacendarias.
México está de luto por sus muertos pero también está cargado de dolor porque no tiene quien los llore.
*El Dr. Robinson Salazar Perez es Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Es director de www.insumisos.com
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