Sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen los diálogos de paz.
Olga L. González* / ALAI
La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido recientemente destituida de su cargo y severamente sancionada. Aunque las acusaciones que pesan contra ella no se basan en un proceso judicial, no podrá ejercer por 18 años funciones en la política. Esta condena se produce en un país cuyas élites han optado por las soluciones guerreristas.Recordemos los hechos: desde hace varios años, Piedad Córdoba se ha comprometido con el tema de la paz, en particular en la liberación de los secuestrados y retenidos por las Farc. A fines de 2007 fue nombrada “mediadora” por el gobierno. Gracias a su intervención se produjeron las liberaciones de los últimos secuestrados civiles y de varios prisioneros militares que llevaban hasta 10 años en la selva. En este marco, creó el grupo Colombianos por la paz.
En septiembre pasado sobrevino la decisión arbitraria del Procurador de la República: pretextando que colaboraba con las Farc, le impuso la sanción y la prohibición de intervenir en política durante 18 años. Aunque parezca mentira, ningún proceso judicial apoya esta decisión[1]. ¿Cómo explicarla, entonces? Más allá de las facultades constitucionales del Procurador, sus dictámenes no se darían si no existiera un contexto favorable. Sociológicamente, el “fallo” traduce el peso creciente de las fuerzas reaccionarias en las instituciones y el rechazo de las élites a cualquier idea de negociación política.
El primer tema es el inquietante rumbo que han tomado las instituciones: ya hace varios años que los colombianos se han estado acostumbrando a tener congresistas, alcaldes y gobernadores ligados de cerca a los paramilitares de extrema derecha y a las mafias. Tan sólo por el proceso de la “parapolítica” son más de 80 los congresistas investigados y juzgados por la justicia por su colaboración con los paras.
A esta picaresca en el legislativo se le suma la corrosión del poder judicial y de las instituciones de control político. Así por ejemplo, durante un año y medio, el nombramiento del Fiscal (el jefe de la policía judicial nacional) estuvo estancado. La Corte Suprema de Justicia votó 25 veces sin lograr elegir a uno, porque las opciones que les había presentado el ejecutivo eran a cual más opacas. Y en el nivel local, es vox populi que varios trabajan para los narcotraficantes. El más conocido era el jefe de fiscales de Medellín, que llegó hasta allí por ser hermano del antiguo ministro del Interior.
Otro contrapeso importante al poder era el Procurador (en Colombia equivale a un Ombdusman). Según la Carta, sus funciones son “vigilar el cumplimiento de la Constitución”, “proteger los derechos humanos” y “defender los intereses de la sociedad”. ¿Pero cómo es que Alejandro Ordóñez, miembro de un grupo de extrema derecha español[2], podría defender los intereses de los colombianos del siglo XXI o la Constitución de un Estado laico? A Alejandro Ordóñez, la ciudad de Bucaramanga lo recuerda porque allí organizó una quema de libros. Desde que rige como Procurador, destacan sus propuestas condenando la homosexualidad, el regreso a la penalización del aborto o la prohibición de la educación sexual. En el Ministerio público que encabeza, los emblemas de la República han sido desplazados por su colección de crucifijos, vírgenes y velones.
Fue este “Inquisidor” (como lo llama la prensa) quien fijó el destino de Piedad Córdoba, en lo que se puede considerar un acto de muerte política. ¿Por qué se ha encarnizado así con ella? Posiblemente tengan razón quienes consideran que su franqueza y sus posiciones abiertamente progresistas hieren la moral del Procurador, pues una mujer divorciada, feminista y negra, que además ha llevado al frente de batalla estos asuntos, está en las antípodas de sus valores.
Ahora bien, es muy posible que una decisión de este calado no se hubiera producido sin el contexto adecuado –y es este el segundo elemento inquietante sobre el estado actual del país.
El linchamiento mediático de Piedad Córdoba en estos últimos años está directamente relacionado con su búsqueda de la paz. Ella ha sido espiada ilegalmente por los servicios secretos, e incluso por los guardaespaldas que le fueron asignados (impidiendo, de hecho, liberaciones). Ha sido estigmatizada por el poder uribista y por los medios, liberando las expresiones racistas, sexistas y chauvinistas de los colombianos. En Madrid, incluso, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. La decisión del Procurador se inscribe entonces en la línea del saboteo histórico a los esfuerzos realizados en aras de llevar a las Farc al terreno de las conversaciones.
Y es que las iniciativas de paz (manifestaciones, voto simbólico, diálogos…) han sido numerosas en la historia de Colombia. Las han impulsado ONG, iglesia, grupos de la sociedad civil e incluso gobernantes, como sucedió a fines de los 90.
Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en vano. Ya García Márquez había advertido en 1986 que los diferentes actos de saboteo eran expresión de los “enemigos agazapados de la paz, adentro y afuera del gobierno”. En la década actual, el historiador Medófilo Medina considera que el nivel de resistencia es tal que ningún diálogo con la guerrilla será posible si antes los gobiernos no reciben el aval de militares y empresarios.
Esta constante explica porqué quienes sirven de intermediarios con la guerrilla o quienes se aventuran en procesos de paz corren graves riesgos: el gran Jaime Garzón, querido por todos por su maravilloso humor, fue asesinado por los paramilitares en 1999 por intervenir en liberaciones de secuestrados. Ese mismo año, en el contexto del proceso de paz ya reseñado, fue asesinado Jesús A. Bejarano, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.
Muchos mandatarios locales que establecieron acuerdos de convivencia con las Farc fueron objeto de presiones, letales o no. Recientemente, incluso los intermediarios extranjeros (el suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël Saez) fueron acusados de ser “auxiliadores” de la guerrilla. La mayoría de los y las políticas han entendido la lección –de hecho, no se meten en esas aguas.
Piedad es consciente de todo esto. Pero es mujer, y temeraria. Con su desparpajo, decidió meterse en la búsqueda de la paz. Con tenacidad: multiplicó iniciativas, encuentros y esfuerzos. Con resultados: logró reunir a secuestrados con sus familias. Y sobre todo, con un horizonte de esperanza: acabar con el conflicto armado más antiguo del continente.
Pero la inercia colombiana pesa mucho. La guerra se ha vuelto rutina. Los campesinos siguen siendo desplazados (son más de 3 millones). Rigen el oscurantismo criollo y las mafias reaccionarias. ¿Y el gobierno Santos? En sus cien días iniciales, no ha dado señales de cambiar el rumbo.
El 2 de noviembre, el Senado refrendó la decisión arbitraria del Procurador. Piedad Córdoba se convirtió en ex senadora. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigar los actos de aquél. A la fecha de hoy, es imposible saber si sus decisiones serán declaradas ilegales o si alguna interpretación jurídica lo exonerará de sus pecados. El camino jurídico colombiano tiende a ser largo, imprevisto y tortuoso.
Por eso, sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen unos diálogos de paz. Como una manera de pasar, lo más dignamente posible, a otra etapa de la historia.
*Olga L. González es Doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, presidenta del Grupo sobre Actualidad Colombiana (GAC), en la Maison des Sciences de l’Homme de París.
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