En tiempos de gatillo fácil y soberanías difusas, cuando retroceden la democracia y la justicia social, ¿dónde empiezan y dónde terminan las fronteras que separan a los cárteles del narcotráfico, de los cárteles políticos y financieros?
México: la guerra es la continuación de los negocios por otros medios. 30 mil víctimas mortales suma la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón desde 2006, y que aplauden, a coro, en Washington y Centroamérica. Elogio –perverso- del libre comercio: México pone los muertos y Estados Unidos las armas y el dinero. Una investigación de The Washington Post lo confirma: desde 2008, más de 60 mil armas de origen estadounidense han sido recuperadas en territorio mexicano. Los 12 principales vendedores operan legalmente en los estados fronterizos con México. En total, 3800 de estos comercios se ubican en Texas.
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La cacería de los líderes del cártel La Familia de Michoacán, y la convulsión social sufrida en ese y otros estados durante las últimas semanas y meses, revelan los efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico y sus implicaciones de cara a los comicios mexicanos del año 2012. Informa Julio Hernández López, columnista de LA JORNADA: “Balas y cárteles contra campañas y urnas. La amenaza y la ejecución como sustitutos de los procedimientos internos de los partidos para la postulación de candidatos. Las batallas entre facciones armadas como factor determinante del curso de los comicios. Regiones enteras sustraídas al control institucional. Los jefes de las banderías políticas impulsando a sus familiares o caballerangos (limpiando el camino, eliminando obstáculos) mediante el uso de sus alianzas con los grupos de amplísimo poder financiero y de fuego. Las Familias peleando a través de sus cárteles la definición de los resultados cívicos” (Astillero, 14/12/2010).
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La impunidad de la máquina de la barbarie. 17 mil paramilitares colombianos no serán juzgados, en virtud de una ley aprobada por el Congreso de ese país el pasado jueves 16 de diciembre, y que ahora aguarda la firma del presidente Juan Manuel Santos –autor intelectual del bombardeo a Sucumbíos, Ecuador, en el año 2008- para entrar en vigencia. La iniciativa favorece a los agentes desmovilizados entre 2003 y 2006, quienes se acogieron a la propuesta realizada por el expresidente Álvaro Uribe para evadir la cárcel a cambio de que depusieran las armas. En el reino de la seguridad democrática, ¿la ley está al servicio de los criminales? Denuncia el diputado Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo: “La ley riñe con los principios de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de los grupos paramilitares. Es una iniciativa que no responde a los derechos de las víctimas”.
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Hace un mes, en Honduras, 5 campesinos fueron asesinados y más de una docena permanecen heridos, producto del ataque de un grupo de paramilitares a las órdenes del empresario y latifundista Miguel Facussé Barjum (uno de los autores intelectuales del golpe de Estado contra el presidente legítimo Manuel Zelaya). Todos los campesinos luchaban por la recuperación de sus tierras.
El periodista Giorgio Trucchi entrevista a un testigo sobreviviente de la masacre del Bajo Aguán, quien relata el asesinato de José Luis Sauceda: “Se reían y le decían que se despidiera y que dijera las últimas palabras. Enseguida resonó el disparo. Cuando lo encontraron tenía la cara desfigurada por las balas. Fue muy triste lo que vivimos. Han caído compañeros para defender nuestras tierras. Han caído sin la posibilidad de defenderse...” (Hace un mes de la masacre que tiñó de sangre el Bajo Aguán, ALAI, 15/12/2010)
“Desde el golpe militar el 28 de junio 2009, la maquinaria de la barbarie no ha dejado de operar. Masacrar y torturar a las poblaciones desarmadas ha sido su principal tarea”, afirma desde Tegucigalpa el Dr. Juan Almendares, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pregunta: “¿De dónde reciben o compran las armas, los cuerpos represivos que asesinan y torturan familias campesinas, mujeres, hombres niñas y niños de la resistencia?” (Democracias encapuchadas, ALAI, 29/11/2010).
El periodista Giorgio Trucchi entrevista a un testigo sobreviviente de la masacre del Bajo Aguán, quien relata el asesinato de José Luis Sauceda: “Se reían y le decían que se despidiera y que dijera las últimas palabras. Enseguida resonó el disparo. Cuando lo encontraron tenía la cara desfigurada por las balas. Fue muy triste lo que vivimos. Han caído compañeros para defender nuestras tierras. Han caído sin la posibilidad de defenderse...” (Hace un mes de la masacre que tiñó de sangre el Bajo Aguán, ALAI, 15/12/2010)
“Desde el golpe militar el 28 de junio 2009, la maquinaria de la barbarie no ha dejado de operar. Masacrar y torturar a las poblaciones desarmadas ha sido su principal tarea”, afirma desde Tegucigalpa el Dr. Juan Almendares, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pregunta: “¿De dónde reciben o compran las armas, los cuerpos represivos que asesinan y torturan familias campesinas, mujeres, hombres niñas y niños de la resistencia?” (Democracias encapuchadas, ALAI, 29/11/2010).
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Los marines no se van de Costa Rica. 27 buques de la Armada estadounidense, 43 naves de guardacostas, 43 helicópteros y 4300 tripulantes más: tales son las dimensiones del nuevo contingente militar que podría ingresar a Costa Rica, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el permiso solicitado por la presidenta Laura Chinchilla y su Ministro de Seguridad, José María Tijerino.
La justificación: lucha contra el narcotráfico; el trasfondo: el conflicto con Nicaragua por la disputa de territorios fronterizos y el dragado del Río San Juan; también las presiones de un sector de la opinión pública y la clase política costarricense, que piden “revisar” la prescripción del ejército decretada en 1948, para enfrentar a los “bárbaros nicaragüenses”.
El arte de atizar la hoguera: el Ministro de Seguridad, valiente y viril, proclama que somos un país soberano. “No ajustamos nuestra política exterior a los gustos de Ortega (presidente de Nicaragua)”, dice.
Más allá de la retórica, los planes estratégicos del Ministro Tijerino presagian un aumento de las hostilidades: según fuentes oficiales, la presencia de la armada norteamericana “será complementada por la Policía costarricense con patrullaje sobre los ríos Colorado, Sarapiquí y San Carlos, todos cercanos a la frontera con Nicaragua” (La Nación, 14/12/2010)
¿Hacia dónde apuntan, realmente, las cañoneras?
La justificación: lucha contra el narcotráfico; el trasfondo: el conflicto con Nicaragua por la disputa de territorios fronterizos y el dragado del Río San Juan; también las presiones de un sector de la opinión pública y la clase política costarricense, que piden “revisar” la prescripción del ejército decretada en 1948, para enfrentar a los “bárbaros nicaragüenses”.
El arte de atizar la hoguera: el Ministro de Seguridad, valiente y viril, proclama que somos un país soberano. “No ajustamos nuestra política exterior a los gustos de Ortega (presidente de Nicaragua)”, dice.
Más allá de la retórica, los planes estratégicos del Ministro Tijerino presagian un aumento de las hostilidades: según fuentes oficiales, la presencia de la armada norteamericana “será complementada por la Policía costarricense con patrullaje sobre los ríos Colorado, Sarapiquí y San Carlos, todos cercanos a la frontera con Nicaragua” (La Nación, 14/12/2010)
¿Hacia dónde apuntan, realmente, las cañoneras?
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De cómo el pez grande fue devorado por el pez más grande. $1900 millones de dólares fue el monto total de la operación de compra del grupo financiero BAC-Credomatic (propiedad de GE Consumer Finance Central Holdings Corp. y General Electric Capital Corporation), uno de los más prominentes del mercado centroamericano, por parte del Grupo Aval: el conglomerado más importante de Colombia.
Orgullo de la globalización financiera: erudito del mercado, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario de Grupo Aval, explica que “Centroamérica es una región económica y culturalmente afín a Colombia”.
En tiempos de guerra social y exclusión, ¿el mundo de los negocios es económica y culturalmente afín para los centroamericanos?
Según datos del último informe de la CEPAL, mientras las inversiones y los capitales fluyen, raudos, por la geografía económica del Plan Mesoamérica, el 50 por ciento de la población de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua vive en estado de pobreza.
Orgullo de la globalización financiera: erudito del mercado, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario de Grupo Aval, explica que “Centroamérica es una región económica y culturalmente afín a Colombia”.
En tiempos de guerra social y exclusión, ¿el mundo de los negocios es económica y culturalmente afín para los centroamericanos?
Según datos del último informe de la CEPAL, mientras las inversiones y los capitales fluyen, raudos, por la geografía económica del Plan Mesoamérica, el 50 por ciento de la población de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua vive en estado de pobreza.
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Susurros de “Muertos incómodos”: “Y entonces la política moderna, dice el Alakazam, se trata de que la democracia sea que la mayoría, que sea los jodidos, trabaje y se preocupe porque le vaya bien a la minoría, que sea a los poderosos. Y entonces también se trata de que todos los jodidos miremos para otro lado mientras nos roban nuestra tierra, nuestro trabajo, nuestra memoria, nuestra dignidad”. (Paco Taibo II y Subcomandante Marcos, Muertos incómodos, 2004).
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En tiempos de gatillo fácil y soberanías difusas, cuando retroceden la democracia y la justicia social, ¿dónde empiezan y dónde terminan las fronteras que separan a los cárteles del narcotráfico, de los cárteles políticos y financieros?
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