México y Centroamérica: refundación o “estado de guerra”

Frojar un nuevo pacto social fundacional debería ser el horizonte utópico en las batallas contra los poderosos enemigos que agobian a México y Centroamérica desde hace varias décadas, y que incubaron el actual “estado de guerra”: la pobreza y la desigualdad; la violencia y el miedo social; el autoritarismo, la corrupción y la negación de la democracia profunda; la ignorancia y el egoísmo.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(Ilustración: cartel de la campaña mexicana "¡Basta de sangre!", encabezada por el caricaturista Eduardo del Río (Rius) y el periodista Julio Scherer)

Muy lejos de la promesa de libertad y prosperidad económica, utopía del discurso neoliberal que irrumpió a finales del siglo XX, México y Centroamérica inician la segunda década del siglo XXI con enormes desafíos de reparación y justicia social por delante, pero también con una amenaza inminente: la de convertirse, acaso de modo irreversible, en una zona de libre comercio de mercancías, drogas y armas, que atrae capitales extranjeros y expulsa seres humanos.

Sin tomar en cuenta la realidad mexicana, ya un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calificó a Centroamérica como la región más violenta del mundo en el año 2009[1]. Ahora, las estadísticas correspondientes al 2010, sumadas a los hechos de narco-violencia, paramilitarismo, asesinato, persecución política y secuestro ocurridos en los últimos meses, auguran la persistencia de esa condición.

Según datos del gobierno federal de México, durante el 2010 “se registró la mayor cantidad de homicidios de los últimos años, con un total de 15 mil 273 homicidios dolosos”, de los cuales, el 89% fueron ejecuciones “cometidas presumiblemente para disciplinar” a socios o rivales de los grupos criminales organizados (del narcotráfico)[2].

En Guatemala, 8 defensores de los derechos humanos fueron asesinados y se documentaron 304 ataques contra activistas sociales[3]. También, el pasado mes de diciembre, los enfrentamientos entre cárteles de la droga (refugio de los kaibiles, fuerzas de élite creadas por la política de contrainsurgencia norteamericana en la década de 1970) y el ejército nacional, en el departamento de Alta Verapaz (al norte del país), dieron un triste recibimiento a un año electoral en el que los partidos políticos de derecha intentarán recuperar el poder del debilitado Estado guatemalteco.

En Honduras, tras el derrocamiento de Manuel Zelaya en junio de 2009, la situación de violencia generalizada –y tolerada por las fuerzas golpistas- se expresa en los asesinatos de miembros del Frente Nacional de Resistencia, campesinos, sindicalistas y dirigentes populares, a manos de sicarios y grupos paramilitares. La magistrada salvadoreña Mirna Jiménez, miembro de la Comisión de la Verdad en Honduras, afirma que “si esta situación se consolida, va a ser una amenaza que puede afectar a otros países, como por ejemplo a El Salvador, donde hay un proceso de democratización aún débil y donde el gobierno se siente amenazado, o a Guatemala. En Honduras se está jugando la posibilidad de un avance democrático o de un retroceso hacia la dictadura en Centroamérica”[4].

De ese retroceso democrático da cuenta el informe anual de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), en el que se consignan los asesinatos de dos comunicadores en Guatemala; 10 en Honduras, y 17 en México, solo durante el 2010.

Para FELAP, “resalta la situación en Honduras adonde los crímenes poseen una tónica política y el número de víctimas contrasta con la pequeñez del país y de su población (…) todos los asesinatos de periodistas corresponden al período del actual presidente [Porfirio] Lobo”. En tanto que en México, “los esfuerzos en la denuncia y la acción de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPERMEX) se han encontrado con la inoperancia de las autoridades para los efectos de, siquiera, descubrir a los delincuentes”[5].

La onda expansiva de la crisis estimula las respuestas represivas de las élites mesoamericanas, incluso en un país como Costa Rica, que optó por no tener ejército desde 1949. Aquí, la coyuntura del conflicto fronterizo con Nicaragua, y su discusión en la Corte Internacional de La Haya, ha sido aprovechada por algunos sectores del gobierno de Laura Chinchilla para profundizar las tendencias que apuestan por la cuasi militarización de la política de seguridad nacional. Ya no se trata solo del ingreso de buques y marines de la Armada estadounidense al país, sino de dar un paso más allá: el Canciller de la República sugirió que era tiempo de “reconsiderar” la tradición pacifista y armar fuerzas de seguridad especiales, a las que solo un resto de pudor y bastante cálculo político, le impiden llamarlas ejército.

Se trata de un panorama abrumador, tanto por la dimensión de los problemas como por la ausencia de soluciones integrales, estructurales, que superen las visiones guerreristas o el simplismo de la sumisión a los planes estratégicos de la “alianza de seguridad” con los Estados Unidos, como el Plan Mérida y la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (lo que no significa negar la corresponsabilidad de este país, el mayor consumidor de drogas y el principal exportador de armas del mundo, en la búsqueda de soluciones).

Sin embargo, el enfoque de sumisión tampoco parece viable en el largo plazo, pues deliberadamente omite la crítica al sistema social, económico, productivo y político en que se ha desarrollado la cultura de la violencia, sobre todo en Centroamérica: base de las relaciones de explotación, expoliación y dominio –que en algunos momentos llegó hasta el genocidio- de unos grupos de poder sobre amplios sectores de la población.

Construir y articular un proyecto emancipador alternativo, amplio e inclusivo, con alcance regional (Honduras demuestra que los procesos de cambio confinados a un solo país pueden ser derrotados con relativa facilidad), que retome la experiencia reciente de movilización social plural y de lucha popular, debería ser una tarea prioritaria para las fuerzas progresistas mesoamericanas.

Ese nuevo pacto social fundacional, en primera instancia, tendría que recuperar para los pueblos la capacidad de decisión sobre su destino; y luego, constituirse en el horizonte utópico en las batallas contra los poderosos enemigos que agobian a México y Centroamérica desde hace varias décadas, y que incubaron el actual “estado de guerra”: la pobreza y la desigualdad; la violencia y el miedo social; el autoritarismo y la negación de la democracia profunda; la ignorancia y el egoísmo.

NOTAS
[1] PNUD (2009). “Abrir espacio a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”. El documento en formato PDF puede descargarse en la siguiente dirección: http://economiccluster-lac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=56&lang=es
[2] “Fueron ejecuciones 89% de los 15 mil 273 homicidios de 2010”, La Jornada, 13/11/2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/01/13/index.php?section=politica&article=005n1pol
[3] CERIGUA. Guatemala: “Crimen organizado podría estar detrás de 304 agresiones contra defensores de derechos humanos”. En Argenpress.info, 12/01/2011. Disponible en: http://www.argenpress.info/2011/01/guatemala-crimen-organizado-podria.html
[4] Trucchi, Giorgio. “En Honduras hay crisis institucional y reina la impunidad”. Entrevista a la magistrada salvadoreña Mirna Perla Jiménez. ADITAL, 7 de enero de 2011. Disponible en: http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=53376
[5] Uribe, Hernán. "Funesto récord en 2010: eliminados 40 periodistas en seis países latinoamericanos". Revista Sur y Sur. Enero de 2011. Disponible en: http://www.surysur.net/?q=node/15544