Llorar un Río

Cualquier conferencia internacional que pretenda discutir los grandes temas del desarrollo sustentable sin abordar la problemática de las prioridades de la política macroeconómica y sectorial está condenada al fracaso.

Alejandro Nadal / Rebelion

En junio de 2012 se llevará a cabo en Río de Janeiro la gigantesca conferencia convocada por Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable (CNUDS). Este cónclave es ya conocido como Río+20 para recordar que hace 20 años se llevó en la capital carioca la Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo. En aquella ocasión más de 180 países participantes se comprometieron a promover un proceso de desarrollo social y económico que protegiera el medio ambiente.

Cinco años antes de aquella conferencia se había publicado el informe de la Comisión Brundtland, Nuestro futuro común. En ese documento se propuso el concepto del “desarrollo sustentable” como aquél que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para enfrentar sus propias aspiraciones. La Cumbre de la Tierra de 1992 estuvo marcada por esta visión.

En esa conferencia se aprobaron importantes tratados internacionales sobre el medio ambiente, entre los que destacan la Convención marco sobre cambio climático (UNFCCC) y la Convención sobre biodiversidad (CBD). Al amparo de la UNFCCC se negoció y adoptó el Protocolo de Kyoto sobre emisiones de gases invernadero.

Otro acuerdo aprobado fue la Agenda 21, un amplio catálogo de medidas para alcanzar el desarrollo sustentable de cara al nuevo siglo. En este programa se incluyeron medidas para la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vivienda y salud en el mundo subdesarrollado y la integración de las consideraciones ambientales en los procesos de toma de decisiones sobre política para el desarrollo. La Agenda 21 incluía sendos capítulos sobre política agrícola, manejo de acuíferos, desechos tóxicos y una multitud de otros temas.

Pero eran los tiempos de gloria del neoliberalismo. En 1992 avanzaba la restructuración de la deuda de los países latinoamericanos a través del plan Brady a cambio de imponer los principios del Consenso de Washington: prioridad a la lucha contra la inflación y política monetaria contraccionista, liberalización financiera, austeridad fiscal, apertura comercial, privatizaciones y desregulación generalizada. Un rubro clave era la flexibilización laboral, emblema del despojo de derechos de los trabajadores en aras de una supuesta eficiencia de mercado. Otro fue el reclamo de la definición de derechos de propiedad privada que, desestimando cualquier tipo de propiedad comunal, constituyó el caballito de batalla ideológico para la contrarreforma agraria en muchos países.

En 1992 culminaban las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay en el marco de los Acuerdos generales sobre aranceles y comercio (GATT). Esas negociaciones habían arrancado en 1986 y para 1992 ya circulaba el borrador elaborado por Arthur Dunkel (secretario general del GATT) con muchas innovaciones. La más importante era la inclusión de la agricultura en un proceso multilateral de negociaciones del GATT. Para cuando se aprobó este documento, la promesa de revisar los apoyos de los países ricos a sus agricultores fue intercambiada por el compromiso firme de los países en vías de desarrollo de abrir sus mercados de productos agropecuarios. Y en 1994, dos años después de la Cumbre de la Tierra, finalizaba la Ronda Uruguay con los Acuerdos de Marrakech y la creación de la Organización Mundial de Comercio. Los buenos deseos de la Cumbre de la Tierra fueron barridos por 20 años de neoliberalismo y los vientos de las múltiples crisis financieras de los años noventa.

La verdad es que de aquella conferencia en Río en 1992 quedaron muy pocos resultados positivos. Quizás el ejemplo más desastroso se encuentra en materia de política sobre cambio climático. El Protocolo de Kioto tenía el mérito de consagrar el principio de un acuerdo vinculante para los países signatarios en sus objetivos de reducción de gases invernadero. Pero ese instrumento vino a morir definitivamente en la conferencia de Cancún, donde el entreguismo del gobierno mexicano permitió eliminar ese principio y entronizar el esquema de compromisos con metas voluntarias.

Cualquiera pensaría que para la CNUDS se están tomando en cuenta cosas como el marco de política macroeconómica y la actual crisis mundial. Pues esa intuición está errada: en los preparativos para Río+20 no hay nada sobre política macroeconómica y mucho menos sobre la crisis. Es como si nada de eso fuera relevante para lo que se va a discutir en Río en junio del 2012.

El neoliberalismo hizo nugatorio el principio del desarrollo sustentable. Pero el neoliberalismo se mantiene vivo en las medidas de política para enfrentar la crisis, en especial con la austeridad fiscal. El resultado será la profundización de la crisis y su prolongación temporal. Así que es preciso decirlo en voz alta: cualquier conferencia internacional que pretenda discutir los grandes temas del desarrollo sustentable sin abordar la problemática de las prioridades de la política macroeconómica y sectorial está condenada al fracaso. Y Río+20 no será una excepción.