No es justicia lo que persiguen los ex militares contrainsurgentes. Persiguen lo que mejor han sabido hacer: amedrentar. Hoy lo hacen desde la sociedad civil. Ojalá que con el próximo gobierno lo que hoy es terror desde la sociedad civil, no se vuelva como en el pasado, terror clandestino desde el Estado.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El pasado 13 de diciembre, el ciudadano guatemalteco Theodore Plocharsky Rehbach presentó ante el Ministerio Público una tercera demanda que le da continuidad a las que han presentado Ricardo Méndez Ruiz Valdés y la “Asociación de Viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala”. Por lo visto las demandas son parte de una estrategia de Avemilgua para hacerle frente a los procesos que se han iniciado contra los supuestos implicados en el genocidio en Guatemala. Puede pensarse que de seguir las cosas como están, habrá posteriores demandas presentadas por personas en lo individual o por organizaciones diversas. Y que el número de demandados irá creciendo conforme se vayan presentando estas nuevas demandas. En este caso el señor Plocharski ha aumentado la lista de demandados a 52. Nuevamente se advierte el descuido con el que la lista de demandados ha sido elaborada. Nuevamente aparecen personas inimputables porque han muerto, personas que no estaban en el país en el momento en que se efectuaron los delitos que se denuncian. Nuevamente aparecen personas que eran niños o muy jóvenes como para cometer los delitos que se les endilgan.
De este nuevo listado me han llamado particularmente la atención los nombres de Iduvina Hernández y Marielos Monzón. Como bien lo ha dicho en su columna Magaly Rey Rosa, de ser ciertas las acusaciones que se le hacen a Marielos, debió haber sido una delincuente o subversiva de enorme precocidad: entre los 6, 9 y 15 años ella debería haber estado asesinando, asaltando y secuestrando. Todo eso mientras era una linda estudiante del Colegio Monte María… Iduvina debería haber sido de acuerdo con el señor Plocharski un prodigio de delincuencia temprana, tendría que haber tenido 10 años en el momento en que estaba haciendo los delitos que el demandante le imputa. En resumen, un verdadero disparate.
Además de ser un arma de presión cada vez más inefectiva contra la Fiscal General de la Nación, las demandas son la elaboración de un lista de amenazados en el más francio estilo de la Mano Blanca y el Ejército Secreto Anticomunista, las estructuras de terror paramilitar y clandestino de los años sesenta y ochenta respectivamente. El listado de Plocharsky, que en realidad no es de él sino de los que se encuentran detrás de él, es una enumeración de guerrilleros muertos hace décadas y de personalidades que desde distintos ámbitos de trabajo luchan por los derechos humanos y la justicia social. También es un listado que contiene a personas que provenientes de la izquierda revolucionaria han participado en los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1986 o como sucede con Yolanda Colom, es simplemente pariente. Me pregunto por qué el listado elaborado por los ex militares contrainsurgentes no incluye a figuras como el actual defensor de Ríos Montt, el abogado Danilo Rodríguez o el de Jorge Herrera cuyo nombre se mencionó ya como futuro titular de la COPREDEH.
Hecha desde una perspectiva contrainsurgente, el listado no es una seria enumeración de quienes de manera plausible podrían ser sindicados de haber cometido delitos en el marco del conflicto interno. Es un listado de personas que en el pasado muy bien podrían haber sido colocadas en un listado de condenados a muerte por el terrorismo de Estado. Y esto es así porque el listado de marras incluye a personas que pudieron haber formado parte en el pasado del movimiento revolucionario, pero cuyo pecado fundamental es continuar en mayor o menor grado comprometidas con la justicia y contra la impunidad.
Ver esas listas me ha hecho recordar los listados similares que se publicaron en los años sesenta y luego a finales de los años setenta y los ochenta del siglo pasado. Recuerdo muy bien que eran listados hechos sin ningún rigor. Basta ver los boletines de la Mano Blanca y ver en ellos al eminente humanista Jorge Luis Arriola, como para ver que la paranoia anticomunista no tenía escrúpulos para criminalizar a lo mejor de este país con tal de sembrar el terror. Esta tradición criminalizante de la cultura del terror es la que está presente en los listados de las tres demandas presentadas por la contrainsurgencia actual.
No es justicia lo que persiguen los ex militares contrainsurgentes. Persiguen lo que mejor han sabido hacer: amedrentar. Hoy lo hacen desde la sociedad civil. Ojalá que con el próximo gobierno lo que hoy es terror desde la sociedad civil, no se vuelva como en el pasado, terror clandestino desde el Estado.
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