Perú, Argentina, Paraguay: La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región.
Raúl Zibechi / LA JORNADA
Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.
Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.
En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.
En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.
Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.
Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.
En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.
La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.
La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una “estrategia desestabilizadora” contra el gobierno de Lugo y que en su interior está “primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria”.
En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los “carperos” es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.
La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una “una derrota catastrófica” en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.
Mi estimado Raul, muchas gracias por tu artículo. Nos hace ver el problema desde una perspectiva regional, lo cual es necesario cuando dichos procesos afectan no solo a un país, sino a toda la región. Pero es un problema, desde mi punto de vista, que tiene raices más profundas y, como todos los problemas ambientales, no puede solucionarse con simples parches o acciones violentas que pueden de hecho, empeorar la situación. Peor aún si, dado que lo ambiental es un tema popular, los partidos políticos (que yo llamo clubes políticos porque más que ideológicos, son equipos que compiten para ganar el poder político del país, al menos en Ecuador), se aprovechan de lo ambiental para usarlo como plataforma para ganar votos. Es decir, se mezclan los intereses políticos con la verdadera actitud de conservación del ambiente.
ResponderEliminarEl oportunismo político, como yo lo llamo, llega a tal punto que éstos pseudo dirigentes populares, son capaces de oscurecer la realidad sobre procesos de conservación que han tomado años para ser esclarecidos, con la finalidad de ganar el voto popular. Un ejemplo claro de ese oportunismo político es la situación de la conservación del Area de Bosque y Vegetación protectores Yanuncay - Irquis en Ecuador. Allí existe una concesión minera otorgada a la empresa canadiense I am Gold. La mina no entraría en operación sino hasta el año 2014 y ahora se encuentra en la fase de elaboración de los estudios de impacto ambiental para la fase de explotación inicial.
Desde hace 5 años el gobierno Ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, empresas locales de agua potable y el gobierno regional, han tratado de frenar la expansión de la ganadería y agricultura no sostenibles que ponen en peligro 17.000 hectáreas de las 32.000 que forman la reserva. So pretexto de la protección de los derechos de los campesinos sobre dichas tierras, se ha roturado, compactado y convertido en suelos improductivos casi un 30% del área. La capacidad natural de retención del agua de los páramos y bosques andinos de la zona se ha visto severamente afectada, poniendo en riesgo la provisión de agua de la tercera ciudad más grande del país, Cuenca.
El año pasado tuve la suerte de ocupar el cargo de director regional del ambiente y decidí tratar de solucionar el problema, comenzando por esclarecer la tenencia de la tierra, que en su mayoría son invasiones. Con varias poblaciones aledañas, pudimos llegar a un acuerdo, pero más de un centenar de invasores se encuentran en tierras protegidas con ganado y agricultura, han abierto caminos con maquinaria pesada y ponen en severo riesgo el páramo. Peor aún, tres grandes lagunas fueron vaciadas con grandes canales para satisfacer las necesidades de los campesinos aguas abajo. Dada mi posición, pude iniciar las acciones legales contra éstos sujetos y parar el proceso, pero pronto tuve la intervención de estos pseudo líderes campesinos que denominaron a la acción como "una clara represión contra los derechos de los campesinos sobre el agua".
(continuacion ...) Las lagunas secas y el páramo en franco proceso de desertificación, quedan como huella del crímen y éstos pseudo líderes populistas, con sus acciones han levantado a todos los pueblos aledaños contra el gobierno y a favor de su partido político. Les tienen convencidos de que es su derecho el invadir el área protegida para llevar adelante actividades que a la final, acabarán con la provisión de agua para sus propios poblados y para las ciudades aledañas. Y la mejor forma que han encontrado para hacerlo es el movilizar a la gente contra una minería que ni siquiera comienza, pues estamos a años de que se den inicio a las actividades.
ResponderEliminarAhora como han dirigido la mirada hacia "la empresa extranjera que quiere robarse el agua", y son ahora el sector reprimido por el gobierno, cada semana cientos de hectáreas de bosque son deforestadas, los pajonales del páramo son quemados para sembrar pastos resistentes para introducir ganado y disfrazadas de acciones de protección a los pueblos, se invaden las áreas protegidas. Estamos perdiendo uno de los pocos reductos de vida silvestre de su tipo en los Andes, bajo el auspicio de un movimiento político popular. En otra zona cercana, el proyecto Gama, el gobierno paró las actividades de otra empresa minera y a los 15 días, más de 100 familias campesinas invadieron la zona de bosques y páramos, para emprender labores mineras familiares. Hoy tenemos cien familias haciendo agujeros en el páramo en busca de oro y destrozando un reducto de vida silvestre muy importante, sin ningún miramiento social y peor un estudio de impacto ambiental.
¿Que hemos logrado? Hemos cambiado una actividad que pudo ser controlada en sus aspectos ambientales para que no sea contaminante, por una acción de cientos de personas, imposibles de controlar y con niveles de violencia muy grandes. Si el gobierno trata de sacarles, será otra acción represiva del gobierno. Si se les deja en su lugar, será la falta de control del gobierno. Y todo ésto, nuevamente, bajo el auspicio de un movimiento político oportunista. Cuando envié a mis inspectores para realizar un diagnóstico y tratar de arreglar la situación, éstos fueron golpeados salvajemente y uno de ellos secuestrado. Uno de mis inspectores pasó dos meses en el hospital recuperándose.
El oportunismo político tras la problemática es difícil de apreciar, pero -como he expuesto- es sumamente peligroso. Los clubes políticos no escatiman estrategia alguna, pase lo que pase, para tomar ventaja de la situación y aquello que era una sincera labor de protección del ambiente, terminó siendo una "Acción represiva del Estado". Creo que debemos, entonces, analizar las cosas con un mayor nivel de detalle para poder ver las cosas claramente. Es posible que, "la defenza de algunos sectores", termine siendo peor que la misma minería irresponsable.