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sábado, 24 de marzo de 2012

La indignación de los estudiantes cristianos (parte II)

Nuestra motivación no es realizar observaciones al modelo educativo desarrollado, ni al significado histórico que la Universidad Bíblica Latinoamericana pueda seguir teniendo para América Latina. Estamos hablando de un asunto -cuasi estrictamente- de orden administrativo-legal. Y, sobre esta premisa basamos nuestras observaciones

José Toledo Alcalde / Especial para Con Nuestra América

Desde Lima, Perú

(Fotografía: estudiantes de la Universidad Bíblica Latinoamericana, en San José, Costa Rica)

“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”. Miqueas 6,8

El autor de este y el anterior artículo lo hace también desde la frustración de haber concluido sus estudios de Bachiller y Licenciatura en Ciencias Teológicas en Diciembre de 2010 y, hasta la fecha, no haber conseguido el reconocimiento de los grados adquiridos. A quienes no solo nos desenvolvemos en una denominación religiosa, tal situación evidentemente trae consigo perjuicios y daños que se reflejan en la imposibilidad de continuar con nuestros estudios y de encontrar trabajo por la falta de acreditación académica. Desde el 2010 que el Consejo Directivo de la UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana) resolvió entablar una demanda al CONESUP (Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada), hasta la fecha, hemos esperado que los resultados sean a favor de la UBL; lamentablemente no fue así.

Los aportes brindados a la enseñanza por el SEBILA (ex Seminario Bíblico Latinoamericano) y la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), sin lugar a dudas son innegables, más aún, loa sea a nuestros maestros, personal administrativo, personal de servicios generales, agencias cooperantes, instituciones religiosas y seculares, y demás personas que han colaborado por todos estos años y de seguro lo seguirán haciendo. La educación como uno de los pilares fundamentales de nuestras sociedades fue, es y seguirá siendo uno de los derechos irrenunciables del ser humano.

Encuentro pertinente hacer algunas aclaraciones de como encontramos el difícil panorama en el cual se encuentra envuelto un gran número de estudiantes y ex estudiantes de tan prestigioso centro de estudios costarricense. Las reflexiones que estamos realizando – en absoluto, desde nuestra perspectiva- tienen que ver con la riqueza histórica de la UBL, así como con la calidad y excelencia de su educación lo cual no es motivo de cuestionamiento de parte del Estado costarricense, representado en las personas jurídicas del Ministerio de Educación y el CONESUP. Sobre esto toda la razón a lo dicho por el Comunicado de la UBL con fecha 13 de Marzo de 2012: “Los programas de la UBL y su excelencia académica no están siendo cuestionados por el CONESUP…” Por otro lado, no es motivo de nuestra reflexión la situación de los estudiantes que aún siguen gozando de los beneficios de las leyes del Estado costarricense, quienes realizaron y realizan estudios presenciales en las instalaciones de la UBL como bien lo señala el mismo Comunicado: “…siguen inscribiendo los títulos de quienes han estudiado de manera presencial o por módulo, tanto costarricenses como extranjeros”.[1]

Por lo expresado, nuestra motivación –por ahora- no es realizar observaciones al modelo educativo desarrollado, ni al significado histórico que la UBL pueda seguir teniendo para América Latina. Estamos hablando de un asunto -cuasi estrictamente- de orden administrativo-legal. Y, sobre esta premisa basamos nuestras observaciones.

Solo por una cuestión de sentido común, el estudiantado de la UBL y los recintos tienen el derecho a ser informados de los asuntos concernientes a la institución en la cual se encuentran formalmente matriculados. Responsabilidades compartidas entre deberes y derechos de la institución en su conjunto. Para que la ética relacional no sea tenida a menos, existe una estructura orgánica que hace posible que el estudiantado se vea representado ante las diferentes áreas administrativas de la UBL como podrían ser el Consejo Universitario, Administrativo, becas y demás. Existe la llamada “Hermandad” la cual está conformada por representantes ejecutivos de los diferentes recintos (8 en su totalidad).

Hasta allí tenemos el organigrama diseñado. La red comunicativa está sólidamente estructurada y orgánicamente representada. Estudiantes (residentes del claustro universitario UBL) y estudiantes de los ex recintos, todos y todas debidamente representados.

Nos alegramos de las 181 personas que pudieron beneficiarse del sistema educativo transfronterizo de la UBL aprobado con todas las de la ley en 1997. Tenemos entendido que es a partir de 2001 (según el Reglamento General del CONESUP) cuando –frente a los cambios al interior del CONESUP- comienza a cuestionarse el modelo con el cual fue aprobada la UBL en su fundación. Desde esta fecha la UBL estaba advertida que las cosas estaban siendo cuestionadas y la normativa universitaria vigente increpaba la existencia de “anexos” o “recintos” fuera de la jurisdicción costarricense escapando a las posibilidades de supervisión de parte del CONESUP, evidentemente con el interés de brindarle al estudiantado todas las garantías y en la lógica de hacer valer sus derechos a una educación de calidad.

En principio, lo que no entendemos es como fue posible que la actual administración de la UBL se amparó en el Reglamento Interno (1997-1998)- al cual aluden como aprobado por el CONESUP- haciendo caso omiso del Reglamento General del CONESUP (2001) el cual supera jurídicamente al Reglamento Interno tomado como referencia por la UBL. Tal Reglamento General del CONESUP fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nº 29631-MEP, publicado en el Diario Oficial de Costa Rica La Gaceta Nº 133 del 11 de julio de 2001, de acceso público.[2]

A pesar de esta advertida y delicada situación, la relación con los recintos continuó adelante, la cual detonó finalmente entre Septiembre-Octubre del 2009 en donde se entorpecieron la aprobación de los títulos de los estudiantes de los recintos. Desde el segundo periodo académico del 2009 la UBL fue informada oficialmente -por el CONESUP- que hasta que no se ponga en orden el modelo educativo y se readapte a las exigencias de ley, no se aprobarían las solicitudes de titulaciones de la UBL ante el CONESUP en sus tres modalidades, Bachiller, Licenciatura y Maestría, tal cual lo señala el Blog oficial de la UBL : “El 2009 el CONESUP retuvo 14 títulos presentados para su inscripción, cuestionando los cursos realizados fuera d (sic) Costa Rica. Además cuestionaron la exoneración que gozaban los y las estudiantes extranjeros de hacer el Trabajo Comunal Universitario”. (Comunicado, 13 Marzo de 2012)

Quiere decir que toda aquella persona que llevaba estudios en las instalaciones de la UBL en San José o de forma presencial o módulo con estudios previos en los recintos, toda aquella persona que estaba a punto de graduarse en diciembre de 2009 y toda aquella persona que viajaría a partir del 2010 no serían reconocidos sus materias realizadas fuera de San José, por lo tanto la aprobación de sus grados académicos quedaban en suspenso.

Como es de conocimiento público y por lo expresado en comunicado de la UBL fecha 13 de Marzo de 2012: “Al agotarse la vía administrativa, en diciembre del 2010, la UBL presentó una demanda contra el CONESUP ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica…” Esto quiere decir que las personas de los recintos -que se estaban preparando para culminar sus estudios en la UBL en San José- deberían haber estado informados: 1. Que desde Septiembre-Octubre del 2009 no estaban siendo aceptadas las solicitudes presentadas por la UBL al CONESUP y 2. Que nadie les garantizaba que sus estudios serían- finalmente-reconocidos oficialmente por el Estado costarricense.

Tuve la oportunidad de ser delegado estudiantil periodo 2010 ante el Consejo Universitario y nunca presencié discusión alguna en agenda en donde se haya contemplado la posibilidad de advertir al estudiantado de los recintos que no se les aseguraba el reconocimiento de sus estudios, así como nunca se conversó sobre una eventual posibilidad a suspender estudios o viaje que ponía en serio riesgo la continuidad oficial de los estudios, así como la graduación aprobada por el CONESUP-Ministerio de Educación. A las personas que se vieron perjudicadas por dicha resolución del CONESUP se les entregó un “certificado” de estudios sin valor oficial alguno. El 15 de diciembre del 2010 se me hizo entrega, en un mismo certificado (hoja A4), el “certificado” como “Bachiller y Licenciado”, dos grados en un mismo certificado sin valor alguno.

¿Bajo qué criterio legal aquellos estudiantes que estaban siendo afectados – desde 2009- no fueron advertidos de la situación real y los riesgos que llevaba el realizar el viaje o continuar con estudios fuera del contexto costarricense?

¿Bajo qué criterio legal la UBL y los recintos siguieron aceptando matrículas después del 2009, fecha en que el CONESUP – según Comunicado Oficial de la UBL- “retuvo 14 títulos” y retendría todos los que posteriormente serían solicitados?

¿Bajo qué criterio legal asumieron que “la razón” de la UBL era la correcta y el razonamiento del Estado costarricense era el incorrecto como lo señalan en el blog oficial de la UBL: “el Consejo Universitario de la UBL y la Junta Directiva no estuvieron de acuerdo con el razonamiento utilizado por el tribunal” (Comunicado, 13 de Marzo de 2012)?

¿Bajo qué criterio legal las decisiones tomadas por la UBL-San José fueron realizadas de espaldas a los recintos, como la decisión de no apelar al fallo del Tribunal “con el fin de fomentar un ambiente de diálogo para salvaguardar los derechos de los estudiantes que se matricularon con el modelo vigente” (Comunicado, 13 de Marzo de 2012)?

Existen versiones que van desde aquellas que sostienen que en un futuro se podrán obtener la titulación de centros universitarios que acepten convalidar los cursos realizados en el extranjero los cuales serían asumidos por la UBL; existen versiones que señalan que mejor es continuar en “oración y esperar”; existen versiones que señalan que se matricularon en el Recinto de Lima con miras a concluir sus estudios en la UBL lo cual no podrá ser efectuado gracias a la pérdida del juicio; existen versiones que señalan que por más que la UNA (Universidad Nacional) o cualquier otra universidad decida aceptar las materias de la UBL no estarían en disponibilidad y condición de embarcarse en un nuevo proyecto académico complementario vía internet (educación a distancia). Existen versiones que consideran que al no ser advertidos el año 2009 sobre la resolución del CONESUP de no seguir aprobando los grados académicos de las personas con estudios en el extranjero la UBL cometió dolo y los estudiantes son victimas de estafa al ofrecerse una oferta académica que no seguía contando con las garantías legales del Estado costarricense. Todas estas versiones- según nuestro parecer- nos parecen acertadas desde el contexto de sus necesidades particulares.

Concluyendo, no se puede hacer “borrón y cuenta nueva” sobre el gran daño que -gracias a la ineficaz y unilateral gestión administrativo-jurídica del Consejo Directivo de la UBL- sigue violando los derechos de decenas de estudiantes que desde el 2009 continuaron viajando a la UBL enviados por sus recintos con la esperanza de concluir sus estudios sin ser advertidos del riesgo que esto demandaba. No se puede hacer “borrón y cuenta nueva” cuando – ante todas luces- existió negligencia al rechazar el razonamiento legal llevado adelante por el Estado costarricense. No se puede hacer “borrón y cuenta nueva” cuando frente a los errores cometidos se insiste en remediar los perjuicios con paliativos que lo único que demandaría sería mayor inversión (tiempo y económico) del estudiantado que a duras penas pudo concluir con sus estudios o se encuentra aún a mitad de camino académico en sus respectivos recintos. Los daños son integrales, no podemos hablar solamente de daño académico o institucional, existe un alto costo psico-emocional, familiar y eclesiástico en la cual se encuentran todas estas personas. Indemnizar económicamente los daños realizados desde el 2009 sería solo parte de aquella reparación que justamente el grupo de estudiantes afectados puede obtener.

Marco Cueto Renffigio

Ronald Chauca Cochachin

Hugo Gurrionero Aragón

José Toledo Alcalde

Macoy Torres Montenegro

Rubén Villar Ramírez

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