Ninguna actividad ilegal debería ser permitida, sea grande o pequeña, pero utilizar como argumento la necesidad de protección del ambiente para achacar a los trabajadores informales ser los principales causantes de dicho daño, no resiste la mínima revisión, si se compara con los que produce la gran minería en su actividad perversamente expoliadora.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra América
Desde Caracas, Venezuela
Un coro de voces diversas se han unido en Perú para criminalizar la explotación minera por parte de trabajadores que, desde hace años, han encontrado en esta actividad la oportunidad de subsistencia en un país donde la exclusión es brutal y en el que las elites pretenden poner en el mismo nivel ilícito a la minería ilegal y al derecho legítimo de cualquier ciudadano por acceder al trabajo. Son dos cosas distintas.
El 15 de marzo, ante el ya tradicional silencio del Presidente Ollanta Humala cuando hay conflictos, fue la Primera Dama Nadine Heredia quien, a través de su cuenta de twitter, anunció que: “El Perú se une contra la minería ilegal". Antes, todos los canales de televisión en sus noticieros y programas de entrevistas atiborraban a los televidentes de frases grandilocuentes que llamaban a salvar el país, evitar la violencia y más de uno incluso, estableció supuestos vínculos terroristas de los dirigentes sindicales.
Lo cierto es que nada se dice de la gran minería expoliadora de una riqueza que debería ser de todos los peruanos.
Gigantescas empresas extranjeras que extraen oro, cobre, zinc, plata, plomo, estaño y molibdeno como Glencore y Xstrata de Suiza, Shouganag de China, BHP Billiton de Australia, Barrick Gold de Canadá, Doe Run, Newmon y Phelp Dodge de Estados Unidos y Southern Copper de México no tienen mayor control del Estado ni de los ciudadanos respecto de la explotación y destino de su producción. El valor sumado de la producción de oro, cobre y zinc en 2005 ascendió a 8,000 millones de dólares. Dicho monto equivale a dos veces y medio lo que gastó el Estado en educación primaria y secundaria, salud, protección y seguridad social para todos los peruanos.
Ninguna actividad ilegal debería ser permitida, sea grande o pequeña, pero utilizar como argumento la necesidad de protección del ambiente para achacar a los trabajadores informales ser los principales causantes de dicho daño, no resiste la mínima revisión, si se compara con los que produce la gran minería en su actividad perversamente expoliadora.
En este contexto, el gobierno se ha puesto de lado de las grandes empresas mineras, realizando una labor “complementaria” como lo ha señalado Alfonso García Miró, presidente (E) de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, quien afirmó que aceptan las nuevas reglas de juego porque tienen “intereses que confluyen con los del gobierno”.
Por su parte, la organización indígena Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMED) centro de la conflictividad actual ha señalado en un comunicado que: “Es un mito que las comunidad nativas estamos a favor de la minería ilegal y la formalización de que somos depredadores de nuestros territorios cuando desde siempre lo hemos venido cuidando y preservando…”, y concluyen diciendo que los “…diferentes gobiernos nunca se han preocupado en solucionar los problemas mineros de la comunidad, pero en cambio a las grandes mineras si les otorga facilidades para que sean legales” y se preguntan “…¿qué tipo de inclusión es esa?
Ojalá Ollanta salga de su mutismo y exprese su opinión. Él tiene la última palabra.
Me parece apropiada la reflexiòn en medio de la aplicaciòn de un programa de corte neoliberal en el Perù. Lo que sospecho es que los y las que deberìan tener la primera y ùltima palabra son los movimientos sociales. El Estado deberìa ser moderador de los mismos, esa ser+ia su razòn de ser.
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