Guatemala y la despenalización de las drogas ilegales: ¿cuál es la jugada?

¿Por qué el general Pérez Molina, presidente de Guatemala, hace ahora este llamado para el área centroamericana, que ni siguiera avalan presidentes supuestamente más a la izquierda que él como el nicaragüense Daniel Ortega, o el salvadoreño Mauricio Funes, mandatario con el auspicio del otrora movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? ¿Qué significa la jugada?

Marcelo Colussi / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

Recientemente el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha puesto sobre la mesa un elemento novedoso en su país: llama a la despenalización de las drogas ilegales. Para situar la medida, bien pueden valer estas palabras: “Con el desarrollo a ultranza del capitalismo en su etapa imperialista, que en esta fase de la globalización hunde en la miseria a la mayoría de la población mundial, muchos pueblos de importante economía agraria optan por los cultivos de coca, amapola y marihuana como única alternativa de sobrevivencia. Las ganancias de estos campesinos son mínimas. Quienes verdaderamente se enriquecen son los intermediarios que transforman estos productos en substancias psicotrópicas y quienes los llevan y realizan en los mercados de los países desarrollados, en primer lugar el de Estados Unidos de Norteamérica. Las autoridades encargadas de combatir este proceso son fácil presa de la corrupción, pues su ética sucumbe ante cualquier soborno mayor de 50 dólares. Gobiernos, empresarios, deportistas, artistas, ganaderos y terratenientes, militares, políticos de todos los pelambres y banqueros se dan licencias morales para aceptar dineros de este negocio que genera grandes sumas de dólares provenientes de los drogadictos de los países desarrollados. El capitalismo ha enfermado la moral del mundo haciendo crecer permanentemente la demanda de estupefacientes, al mismo tiempo que las potencias imperiales ilegalizan ese comercio, dada su incapacidad para producir la materia prima. (…) Por ser tan grande la demanda en sus propios territorios como voluminosa la cantidad de dólares que por este concepto salen del marco de sus fronteras, erigen el eslabón de producción en su enemigo estratégico, en grave amenaza para su seguridad nacional. Olvidan sus propios postulados del libre mercado: la oferta en función de la demanda, descargando su soberbia contra los campesinos que trabajan simplemente por sobrevivir pues están condenados por el neoliberalismo a la miseria del subdesarrollo. El narcotráfico es un fenómeno del capitalismo globalizado (…) [Ante ello la única solución es] legalizar el consumo de narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los fármaco-dependientes y liquidan definitivamente este cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios. Mientras tanto [los gobiernos de las potencias consumidoras, Estados Unidos básicamente] deben aportar fondos suficientes a la curación de sus enfermos, a campañas educativas que alejen a la humanidad del consumo de estos fármacos y a financiar en nuestros países la sustitución de los cultivos por productos alimenticios que contribuyan al crecimiento sano de la juventud del mundo y al mejoramiento de sus calidades morales”.

La anterior cita podría ser perfectamente el fundamento de una medida que llame a la legalización de las drogas ilegales como la que está haciendo ahora el gobierno guatemalteco. Es, en términos generales, una propuesta progresista, que entiende el problema en su raíz no criminalizando los eslabones débiles de la cadena (el productor de la materia prima en los pobres países tercermundistas o el consumidor final, que bien puede ser un adicto crónico, por tanto, alguien con problemas de salud). Propuesta, en definitiva, que ataca al corazón de un sistema socioeconómico con Washington a la cabeza que hace del doble discurso su caballito de batalla: teniendo el más alto consumo de drogas ilegales, usa ese negocio para amasar fortunas y como coartada para militarizar a los países pobres donde se producen los cultivos de donde salen los posteriores narcóticos, lo cual le posibilita en su estrategia imperial: 1) seguir vendiendo armas a granel, pero fundamentalmente 2) tener bajo control militar vastas zonas consideradas vitales para el proyecto de dominación de la clase dominante estadounidense.

Es por eso, a partir de ese análisis de situación, que la propuesta de la legalización resulta la más lógica, la más humana, la más racional: despenalizar el consumo de drogas traería beneficios para los consumidores y para las poblaciones en general, en tanto bajarían los índices de violencia criminal que trae aparejado el negocio del narcotráfico ilegal.

Es congruente que una propuesta así la formularan en marzo del año 2000 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el movimiento guerrillero de izquierda más viejo del continente. Pero es altamente significativo que una propuesta con ese talante la formule un presidente como el de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina, formado en la más rancia escuela contrainsurgente (él es comando kaibil), quien tomara parte activa en la lucha anticomunista que enlutó su país años atrás y quien llegara hace pocos meses a la presidencia con la bandera de “mano dura” para combatir la criminalidad, en tanto que en el corto tiempo en que ejerce la presidencia dio muestras de ser persona de confianza de los factores de poder económico más encumbrados de su país y no, precisamente, alguien que hable un discurso progresista, alternativo, defensor de los derechos humanos o cosa que se le parezca.

¿Por qué el general Pérez Molina hace ahora este llamado para el área centroamericana, que ni siguiera avalan presidentes supuestamente más a la izquierda que él como el nicaragüense Daniel Ortega, o el salvadoreño Mauricio Funes, mandatario con el auspicio del otrora movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN–? ¿Qué significa la jugada?

De hecho, el presidente guatemalteco hasta pareciera enfrentarse con la Casa Blanca; declaró públicamente la corresponsabilidad de Estados Unidos en el tema del narcotráfico visto que los países centroamericanos no son ni por cerca los principales consumidores de estas sustancias sino que tienen la desgracia de estar en la ruta de distribución. Ante ello, y con medidas que no están lejos de lo propuesto en su momento por las FARC, reclamó de Washington el resarcimiento económico a la región istmeña por los decomisados realizados en la zona, pidiendo que de esos fondos la mitad se destinara a fortalecer el combate al narcotráfico, y la otra mitad se invirtiera en programas de salud y educación.

El hecho de hablar claramente de “corresponsabilidad” del gobierno de Estados Unidos en un tema tan espinoso como éste marca una distancia con Washington que otros presidentes del área no quieren o no pueden tomar. Pérez Molina argumentó la iniciativa de despenalizar la producción, tránsito y consumo de drogas –y sin dudas el argumento es absolutamente válido– ligándola a la corresponsabilidad de Estados Unidos con mucho de lo que sucede en esos países: los altos índices de violencia de la región, en tanto corredor de paso de las drogas ilegales hacia el norte, transforman a Centroamérica en una “ruta de muertes, extorsiones, secuestros y lavado de dinero, consecuencia del narcotráfico”.

¿Pérez Molina, el general de la lucha contrainsurgente y símbolo de la “mano dura” contra la delincuencia enfrentándose a Estados Unidos y diciendo, palabras más, palabras menos, lo mismo que las FARC? Como mínimo, es extraño.

Ante la propuesta, la respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar: tanto la Secretaria de Seguridad Janet Jackson como el Subsecretario Antidrogas William Brownfield, que viajaron a suelo centroamericano, fueron categóricos al respecto. Ambos negaron que la despenalización de la droga pudiera ser factible. Incluso fueron muy duros: condenaron la propuesta.

Nada, absolutamente nada en la política exterior de la actual administración guatemalteca podría hacer pensar en un alejamiento de la esfera de Washington. ¿Qué es esto entonces?

En algún momento se especuló que podía tratarse de una cortina de humo, más aún en la coyuntura en que fue propuesta la medida: justo cuando se estaba tratando en el Legislativo un paquete fiscal, ampulosamente llamado “reforma”, que no pasó de ser un reacomodo tributario donde el único sector al que realmente se le subieron impuestos fueron las capas medias, dejándose en su sitial de intocables a los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros.

Pero más allá de esa hipótesis, la medida de la despenalización fue mantenida férreamente, llevando en este momento a una suerte de enfrentamiento con otros países centroamericanos, y del mismo gobierno estadounidense.

No faltó quien dijera –con exceso de optimismo, o de ingenuidad (quizá con malicia incluso)– que la propuesta en ciernes marca un cambio en la forma de pensar del general. Ahora, para sorpresa de propios y extraños, tal como pasó con muchos militares latinoamericanos a través de la historia (Perón, Velasco Alvarado, Torrijos, Arbenz, Chávez), estaría tomando distancia del amo imperial. Pero nada autoriza a tomar en serio esta hipótesis.

¿De qué se trata entonces? Quizá faltan elementos para cerrar el análisis. Podría ser que, en su propuesta de bajar los índices de criminalidad –discurso que lo llevó a triunfar en las pasadas elecciones– haya entrevisto que la reducción y/o eliminación de las mafias ligadas al tráfico de drogas ilegales ayuda a bajar la violencia, pero más aún: ayudaría a bajar la percepción mediática que la ciudadanía puede tener de la misma. En definitiva: sería una loable acción de gobierno.

¿Hay otras agendas? La actual administración gubernamental de Guatemala, que es un fiel aliado de las estrategias estadounidenses, que es parte de los tratados de libre comercio para la región (el CAFTA) con los que básicamente se benefician los capitales del norte, que ha abierto sus puertas a los grandes proyectos extractivos ligados a multinacionales, que no toma ninguna medida política fuerte sin consultarlo con “la embajada” (obviamente: la United States Embassy, verdadero factor de poder tras los gobernantes vernáculos), es muy raro (¿imposible?) que se distancie de buenas a primeras Washington.

Hace un tiempo que se viene hablando por parte de la estrategia continental de la Casa Blanca de profundizar el Plan Mérida de lucha contra el narcotráfico desde México hacia toda Centroamérica, lo cual no significa sino más militarización, más “mano dura” en el tema. ¿Quedó en el olvido todo ello?

La propuesta en juego, por último, en términos concretos no deja de ser interesante por progresista, aunque llama la atención quién y cómo la formula. En estos momentos no termina de estar clara la jugada. El tiempo nos irá dando más elementos para entender de qué se trata. Pero como mínimo resulta extraño que un comando kaibil diga lo mismo que las FARC. ¿Gato encerrado? Quizá.

Correo electrónico del autor: mmcolussi@gmail.com