La agenda del
presidente Martinelli, aunque él lo niega, es reelegirse en 2014. El rechazo ha
sido contundente. No hay que olvidarse, sin embargo, que Martinelli aún
controla la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y es comandante en
jefe de la Fuerza Pública.
Marco A. Gandásegui, hijo. / ALAI
Pocas veces en el
pasado político panameño se presenció algo similar a lo producido el lunes 18 y
martes 19 de junio de la presente semana. El gobierno del presidente Ricardo
Martinelli quedó totalmente aislado, con sus flancos políticos descubiertos y
sin una base social sobre la cual descansar. El intentó del mandatario de
burlarse de los panameños con proyectos de ley concebidos exclusivamente para
asegurar su reelección en 2014 no pudieron ser debatidos en la Asamblea de
Diputados. Ante la movilización de un pueblo enardecido, tuvo que suspender las
sesiones extraordinarias que formaban parte de su estrategia para lograr sus
fines tácticos.
Todos los sectores
afectados por el desgobierno de Martinelli salieron a protestar ante el
exabrupto de querer inflar la Corte Suprema de Justicia con magistrados afines
y de embolsarse el Fondo Fiduciario que tiene más de 2 mil millones de dólares
en su cuenta. Martinelli se ganó el rechazo de todos los sectores populares y,
además, logró romper con sus aliados naturales que forman parte de los grandes
intereses económicos del país. No es casual que después de las manifestaciones
populares, Martinelli hiciera un llamado a “la paz y a la reflexión”. Anunció
que llevaría sus propuestas al foro creado en torno a la Concertación Nacional
hace varios años para su amplia discusión.
La Asamblea fue rodeada
por un pueblo enojado pero sereno desde todos los puntos cardinales. Los
estudiantes del Instituto Nacional (el “glorioso nido de águilas”) en perfecto
orden llevaban la bandera nacional y carteles denunciando los atropellos del
gobierno. Estos fueron apoyados por jóvenes universitarios y de otros planteles
secundarios. Desde otra dirección aparecieron los obreros de la construcción
flanqueados por otros sectores populares. También aparecieron varias columnas
de los partidos de la oposición quienes habían pactado un frente de acción
junto con importantes elementos de la antigua Cruzada Civilista y del Consejo
de Trabajadores (CONATO). No se quedaron atrás representantes de los pueblos
indígenas, de los campesinos y pescadores, así como otras organizaciones
populares.
Martinelli quedó
aislado en la Presidencia observando como sus diputados eran arrinconados y
neutralizados politicamente en la Asamblea. Apenas hace una semana sintió lo
mismo en un escenario internacional cuando 192 delegaciones reunidas en la OIT
(Ginebra) se levantaron y boicotearon su presencia en el salón de actos.
Varias organizaciones
ya habían pedido la renuncia de Martinelli al conocerse las intenciones del
gobierno de liquidar el 49 por ciento de las acciones de las empresas
eléctricas y telefónica que fueron privatizadas en 1996. Según el Partido
Alternativa Popular (PAP) la venta de las acciones le significarían enormes
ganancias privadas a los actuales gobernantes. El dirigente popular y profesor
universitario, Juan Jované, por su lado, exigió la renacionalización de las
todas las empresas privatizadas.
El PAP denunció que “la
oligarquía recibió a principios de año la luz verde para construir
hidroeléctricas subvencionados por el gobierno. Además, (el gobierno) le
permite a las empresas mineras saquear las riquezas del país y despojar a las
comunidades de sus tierras”. También señaló que “el equipo de Martinelli está
preparando el proyecto de ley para privatizar la empresa minera estatal
CODEMIN, dueña de la concesión sobre Cerro Colorado en la Comarca Ngobe-Buglé.
El potencial de Cerro Colorado se calcula, actualmente, en 70 mil millones de
dólares”. Esta suma es el potencial que puede generar la mina en un total de 30
años de explotación.
El PAP también planteó
que urge poner en práctica “un plan para controlar en forma inmediata los
precios de los bienes básicos de consumo de la población”. La política de
inversiones del actual gobierno ha desatado una inflación no vista en el pasado
que pone en peligro las economías de las familias panameñas. El PAP señaló que
en vez de aumentar las tarifas eléctricas a partir del 1º de julio, deben
reducirlas para que reflejen la realidad del país. Rechazó “la construcción de
una Ciudad de la Salud para promover el turismo, mientras que las enfermedades
erradicadas se vuelven a asomar para azotar a la población”. Con fondos del
Seguro Social se pretende construir esa Ciudad a un costo superior a los 500
millones de dólares que endeudaría al país y favorecería a un pequeño grupo de
especuladores. “En vez de mercantilizar a la Caja de Seguro Social hay que
ponerla al servicio de sus dueños que son los trabajadores que cotizan”,
concluyó el PAP.
El documento que
circuló el PAP, “condena a la oligarquía
y a su ‘Corte Suprema de Justicia’ que recientemente desprotegió a la bahía de
Panamá y sus humedales sólo para beneficiar a una docena de empresas
urbanísticas con planes de destruir a la ciudad de Panamá”. Denunció,
igualmente “la orgía - a vista y paciencia de todo el pueblo panameño – que
realiza la Asamblea de los 71 Diputados que se reparten los recursos del país
como si fuera un botín”.
La agenda de
Martinelli, aunque él lo niega, es reelegirse en 2014. El rechazo ha sido
contundente. No hay que olvidarse, sin embargo, que Martinelli aún controla la
Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y es comandante en jefe de la
Fuerza Pública.
Panamá, 21 de junio de 2012.
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