Paco Gómez Nadal / Otramérica
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| Los indígenas del Cauca defienden territorio y autonomía |
El ex
presidente de Colombia Álvaro Uribe sabe incendiar a su país. O al menos a las
clases medias atemorizadas y henchidas de patriotismo desde que el antioqueño
pasara por el Palacio de Nariño. Su cuenta de twitter también hecha fuego y
rezuma bilis: "Guerrilla con indígenas y nuestro ejército vejado";
"Esta tragedia del Cauca empezó de nuevo cuando el Gbno cambió la
Seguridad Democrática por la postura publicitaria de izquierda de coctel"...
Es el
aporte de Uribe a la tranquilidad de Colombia en unas horas en que el
racismo, la militarización y la contaminación mediática están alcanzando cotas
que se pensaban difíciles de superar. Desde hace 10 días varias localidades del
departamento de Cauca están sufriendo las consecuencias de una guerra que no
los abandona. Los choques entre guerrilleros de las FARC [Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia], el desplazamiento forzado (al menos 2.500
personas en 15 días), los irresponsables señalamientos de connivencia entre
pueblos indígenas y guerrilleros estaban provocando una crisis humanitaria y de
seguridad insostenible para las naciones agrupadas en torno a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Por eso,
este lunes las autoridades indígenas informaron a la opinión pública que habían
decidido "realizar acciones de armonización del territorio, consistentes
en desmontar los campamentos de la guerrilla, las trincheras y las bases del
ejército y recuperar nuestro territorio y propiedad". Así, el día 16 los
gobernadores Nasa de los Cabildos de Tacueyó, Toribío y San
Francisco informaron al general Jorge Jerez que el martes la Guardia
Indígena y la comunidad desalojarían a los militares apostados en cerro Las
Torres, municipio de Toribio.
La
situación ayer [17 de julio] fue de extrema tensión y ha sido utilizada por el
establecimiento y los medios oficiales para estigmatizar a los pueblos
indígenas en base a una sola foto en la que se ve a unos
militares arrastrados por varios civiles. Por suerte, la ACIN ha construido con
paciencia desde hace muchos años, el Tejido de Comunicación, una eficaz
red de comunicadores que les permite contar lo que los medios masivos ocultan [Por ejemplo,
que los soldados del batallón de montaña considerados como ocupantes por las
comunidades dispararon sus armas reglamentarias e incluso fingieron un
enfrentamiento].
Los
indígenas hacen las cosas en comunidad y anunciando sus planes; la élite de
Bogotá anuncia sus decisiones cuando ya son hechos y parece adicta a Twitter,
ya que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, escribía ayer
en la red de microblogging: "No quiero ver un solo indígena en
bases militares". No era un anuncio, sino una constatación de hechos.
Horas antes, batallones de la ESMAD [antidisturbios] desalojaban el Cerro
Las Torres en Toribío con uso de fuego y violencia. De hecho, en la mañana
de hoy jueves, el Ejército reconocía que en otro municipio cercano, Caldono,
había asesinato "por error" a un indígena, Fabián Gueito, de 20 años.
El cuerpo fue encontrado en la vereda Crucero del Rosario del resguardo
indígena de La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Tama Kwe-
Caldono.
La reacción
de las autoridades tradicionales fue ordenar a la Guardia Indígena que
retuviera a los 30 soldados involucrados en los hechos para entregarlos a las
autoridades judiciales. Así ha hecho.
La reacción
del Gobierno ante este hecho ha sido relevar al general Miguel Pérez,
responsable de los operativos en la zona, pero anunciar al mismo tiempo el
envío de una fuerza conjunta de 5.000 hombres.
"El
Ejército ha manifestado que fue un error. Este es el resultado de la orden
que ha dado el Ministro de Defensa, por la defensa propia del Ejército Nacional”,
denunciaba Jesús Javier Chávez, Consejero Mayor.
Los
argumentos indígenas
El CRIC
cuenta con una fuerte Guardia Indígena que es la que hasta hoy ha protegido a
las comunidades ante la ausencia o la presencia hostil del Estado. De hecho, en una carta dirigida hoy jueves 18
de julio por las autoridades indígenas a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General y a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU
explican que la militarización por parte del estado no logra darles seguridad:
"En primer lugar porque los actores acuden a métodos que no pueden
proteger a la población civil y porque los agrupamientos militares generan
atracción a los grupos enemigos, incrementando los hostigamientos y
enfrentamientos; en segundo lugar porque el Ejército y la Fuerza Aérea en
nuestro territorios se han caracterizado por sus abusos, señalamientos,
homicidios fuera de combate, la ocupación ilegal de viviendas, los
ametrallamientos indiscriminados, todos contra las comunidades indígenas".
De hecho,
en la misma carta se recuerda la SentenciaT-769de2009 de la Corte
Constitucional, haciendo referencia específica a la presencia militar en
territorios indígenas y que señalaba: "De otra parte, deben ser analizadas
objetivamente, y así se ordenará en principio al Ministro de Defensa Nacional,
las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, no perciben
el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.
La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, independientemente de que
el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier
acción que pueda afectarles directamente, debe ser consultada".
El texto
remitido a estas instituciones pone sobre la mesa los argumentos
constitucionales y la jurisprudencia que avala la posición de autonomía de los
pueblos indígenas del Cauca y termina apelando a las autoridades colombianas y
al organismo internacional a actuar con urgencia para pedir "al gobierno
nacional que ordene el desmonte de las instalaciones militares que ilegalmente
se han establecido en nuestros territorios y propiedades, pues es violatoria de
nuestros derechos fundamentales".
Los medios,
Uribe y el nacionalismo mal entendido
Los
mensajes de Uribe con los que comienza este reportaje no son
fruto de la pasión patriótica del ex presidente. Forman parte, de una manera
evidente, de su estrategia política contra su heredero díscolo, el actual
mandatario, Juan Manuel Santos. Como explica La Silla Vacía, la
"sensación de humillación [por la expulsión de los militares en La Torre]
fue inmediatamente recogida por el expresidente Uribe y sus seguidores, que
inmediatamente empezaron a circular esta foto, una y otra vez, para reforzar la
idea de que el Gobierno de Santos es un gobierno que le apuesta al
'apaciguamiento' y que ha echado por la borda la mano dura de la Seguridad
Democrática". Uribe fuerza así a Santos a reaccionar con dureza o a perder
popularidad.
Pero tampoco
es nueva la animadversión de Uribe y los suyos hacia el CRIC y la ACIN. Ya
en julio de 2009, el mismo portal de La Silla Vacía evidenciaba la estrategia de
división impulsada desde el gobierno de Uribe en el Cauca: "Pocos grupos
han realizado una resistencia tan organizada y persistente a las políticas del
Gobierno como los indígenas paeces del Cauca, liderados por el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN). Pues bien, el Gobierno impulsó la creación de la OPIC
(Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) en la zona de resistencia y
lucha indígena más tradicional y emblemática en Colombia. La OPIC, una
asociación civil indígena sin ánimo de lucro, agrupa a indígenas protestantes o
evangélicos sin el aval de ningún Cabildo y desconociendo la autoridad
tradicional indígena y sus procedimientos de representación".
De hecho,
ayer martes, miembros de esta organización OPIC rodearon la sede del CRIC al
grito "Fuera Indígenas del Cauca" o "Viva Uribe",
según relatan las autoridades tradicionales en un comunicado de denuncia.
Las
reacciones racistas y descontextualizadas no se quedan en Uribe y los sectores
más cercanos a él. El desalojo inicial del cerro La Torre fue ampliamente
fotografiado y difundido por los medios tradicionales ocultando los disparos de
los uniformados ni los sucesos de los días anteriores; no hay casi ninguna
imagen pública de la violenta entrada de los antidisturbios y el ejército de
nuevo a la zona esta madrugada, y los titulares son de una parcialidad
abrumadora. Hoy mismo, el diario El Espectador convierte la
petición de un sólo parlamentario, Guillermo Rivera Flórez ha sugerido
que se procese a los indígenas Nasa por "asonada", en un clamor
general: "En medio de la indignación nacional que causó la agresión que
cometieron un grupo de indígenas del Cauca en contra de varios uniformados del
Ejército, han crecido las voces que piden judicializar a los nativos". En
la nota no aparece nadie más defendiendo los mismos argumentos que el
representante liberal.
La guerra,
en Colombia como en cualquier rincón del mundo, se cobra primero la víctima más
fácil: la verdad.
Los
indígenas en el centro del conflicto
Si la
verdad murió hace tiempo en Colombia, los pueblos indígenas saben lo que es ser
víctimas de una guerra que se libra dentro o alrededor de sus territorios. Sólo
entre 2009 y 2011 fueron asesinadas 348 personas de estos pueblos y 15.000
fueron desplazadas con violencia. De enero a mayo de 2012, ya se
registran 24 homicidios de indígenas de los que 14 (el 54%) se han producido en
el Cauca. El 14 de marzo de este año, el CRIC denunció una masacre en el
municipio de Santander de Quilichao que se saldó con 5 asesinatos.
Los números
demuestran que el Estado no ha puesto en marcha los denominados como "planes
de salvaguarda" que la Corte Constitucional exigió al Gobierno en 2009
para proteger a 34 pueblos indígenas en grave riesgo en el país, de los cuales
varios están en el Cauca.
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