La enérgica y activa
defensa del patrimonio cultural de la nación asumida por el sindicato de
académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha traído
graves secuelas que deben ser conocidas.
Gilberto López y Rivas / LA JORNADA
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| Investigadores y trabajadores del INAH luchan contra a corrupción y la impunidad. |
Frente a las denuncias
sindicales con fundamento legal y comprobación empírica, la burocracia federal
optó por el silencio, la tergiversación de hechos, la falta de transparencia, y
ahora, la represión. ¿Qué se pudre en la Dinamarca de Alfonso de María y
Campos? ¿Qué trasfondo económico soterrado hay en este juego depredador de la
cultura tangible e intangible de los mexicanos?
El sindicato de
profesores e investigadores no sólo no recibió atención a sus legítimas
demandas –incluida la destitución del director general por su pésima gestión al
frente del INAH y su probada vocación para enajenar el patrimonio cultural a
corporaciones empresariales, así como la cesantía de Nelly Robles, coordinadora
nacional de Arqueología por su connivencia con el primero–, sino que las
autoridades recurrieron a la violencia y al autoritarismo, denunciando ante la
Procuraduría General de la República (PGR) al secretario general del sindicato,
historiador Felipe Echenique (“y a quien resulte responsable…”), por los
supuestos delitos de “afectación del erario” y “apología de la violencia”. De
María y Campos pretende exculparse de su responsabilidad en los hechos
evidenciados, imputando penalmente a la figura más visible de sus acusadores.
La corrupción y la
impunidad sexenal y estructural han contaminado al INAH y han llevado a sus
funcionarios a criminalizar la protesta. Nos preguntamos: ¿Qué mayor afectación
al erario que los inexplicables alquileres de todos los vehículos y
computadoras usadas en el INAH, así como de innumerables edificios de oficinas
de una onerosa burocracia que crece (en 1979 los “mandos medios” eran 123, que
en 2012 se incrementa a 580), a costa de un exiguo 10 por ciento del presupuesto
destinado a investigación? ¿Qué acerca de las concesiones, rentas o “permisos”
de edificaciones históricas y arqueológicas a dudosas “organizaciones sociales”
y empresas que obtienen pingües beneficios, aunque esas actividades pongan en
riesgo la integridad de los inmuebles y sitios resguardados? (El más reciente
de estos “permisos” es para Luz, paz y armonía al mundo en las ruinas de
El Rey, que organiza la Asociación de Relacionistas Públicos de Quintana Roo).
¿Qué sobre el acaparamiento de proyectos de investigación y de sus
presupuestos, aun a través de prestanombres, en diversos ámbitos y territorios
del ejercicio de la arqueología, como ha sido denunciado valientemente por el
colega arqueólogo Jorge Bautista Hernández en relación a la mencionada Nelly
Robles? ¿Qué con la afectación del erario por De María y Campos, quien suprimió
las áreas de comercialización y distribución de la producción del INAH? ¿Qué
institución sabotea su propia producción? ¿Qué mayor apología de la violencia
que el divorcio entre la función social de la institución y una autoridad omisa
de sus obligaciones que por ley le corresponde acatar? ¿Qué con la violencia
laboral ejercida contra el personal académico contratado en condiciones
precarias y eludiendo prestaciones elementales de ley?
Miles de ciudadanos han
firmado documentos de apoyo a la lucha de los investigadores. El prestigiado
intelectual Alfredo López Austin escribió al conocer la denuncia presentada por
el INAH en la PGR: “(...) Nuevamente, ante la legítima defensa ciudadana de los
bienes nacionales, la respuesta de las autoridades repite lo que durante
décadas ha imperado en nuestro país, aplastando toda expresión democrática:
sordera ante las peticiones; deslegitimación de las críticas y desprestigio de
los críticos; violencia física y moral sobre quienes esgrimen razones; uso
parcial y tortuoso de la legislación y la impartición de la justicia;
protección a ultranza a los funcionarios públicos responsables; presión sobre
los medios de comunicación; intentos de división de los organizados… Cada día
se fortalecen nuevos planteamientos: Si no es el reclamo del legítimo interés
nacional, ¿cuál es la vía ciudadana? Si no es la protesta contra la destrucción
de nuestros nichos natural, social, cultural y económico, ¿cuál es la vía
ciudadana? Si estas vías no son válidas en México, ¿hay otras posibles?”
El pintor juchiteco
Francisco Toledo respaldó el movimiento de académicos del INAH: “En mi derecho
ciudadano doy mi apoyo a los profesores en investigación científica del INAH
para que se evite la destrucción de las zonas arqueológicas y los monumentos
históricos que por obras de infraestructura de fin de sexenio promueven fuera
del marco legal los funcionarios de esta institución en las zonas arqueológicas
de Tzintzuntzan, Michoacán, de Atzompa, Oaxaca, y de los Fuertes de Loreto y
Guadalupe, Puebla, entre otros”.
La investigadora emérita
del Instituto Beatriz Barba Ahuatzin hizo patente su “simpatía por la labor y
las preocupaciones de protección al patrimonio nacional del secretario general
de nuestra delegación, Felipe Echenique. Ojalá que este documento sirva como
apoyo a esas actividades”.
Desde Brasil, el profesor
Roberto Lima manifestó su solidaridad y #YoSoyelINAH surge de este movimiento
que responderá a la represión con la fuerza de sus argumentos y el apoyo de
pueblos y ciudadanos.
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