Guatemala: Los militares se curan en salud

El 28 de diciembre recién pasado el Estado de Guatemala, a través de un acuerdo 370-2012 firmado por el presidente de la República, el ex general Otto Pérez Molina, limitó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para juzgar los casos de violación a los derechos humanos cometidos en el país antes de 1987.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

En 1982, el general Pérez Molina fue jefe militar
en el área Ixil, Quiché (Foto: Prensa Libre).

Las razones para hacerlo son una leguleyada y muestran su ignorancia no solo del derecho internacional sino, en general, de los más elementales datos que debieron haber corroborado antes de emitir el decreto como, por ejemplo, que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llamen Corte Interamericana de Justicia. Dan vergüenza ajena.

Este tipo de acciones están llamadas a preservar la impunidad en un país en el que, según 600 testimonios recopilados por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), existen 200 mil víctimas en  36 años de guerra, de 1960 a 1996, y 55 mil casos de violaciones a derechos humanos. Según ese mismo informe, los militares son responsables del 93% de esas violaciones.

El ex general Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala, es uno de los potenciales sindicados de algunos de los crímenes cometidos a inicios de la década de 1980. El vídeo localizable en:  https://www.youtube.com/watch?v=RTmcndUR88A, muestra algunas imágenes que dan una idea del involucramiento del señor ex general en esos acontecimientos.

Otros altos mandos del ejército guatemalteco se encuentran ya siendo sindicados ante los tribunales de justicia, y podrían verse favorecidos con el acuerdo. Son ellos: Efraín Ríos Montt ex jefe de Estado  entre 1982 y 1983, quien actualmente es procesado por genocidio en Guatemala y busca que le otorguen la amnistía; Benedicto Lucas García,  ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien es investigado por  la masacre de la aldea El Jute; Óscar Humberto Mejía Víctores, quien fuera ministro jefe de Estado de 1983 a 1986 y fue declarado inimputable por su estado de salud; José Rodríguez, quien fue  director del aparato de inteligencia militar conocido como la G-2, y subalterno de Héctor Mario López Fuentes, acusado de genocidio por lo que no pudo gozar de amnistía, aunque la solicitó. Fue  jefe del Estado Mayor de la Defensa; Pedro García, quien  fue jefe policial y se encuentra  condenado a 70 años de prisión por la desaparición forzada del estudiante Édgar Fernando García.

Como se sabe, los años más cruentos de la guerra en Guatemala fueron los de principios de los años 80, cuando las fuerzas armadas guatemaltecas implementaron la política de tierra arrasada que desapareció de la faz de la tierra cientos de aldeas indígenas, y en las ciudades desaparecieron o asesinaron a cientos de universitarios, sindicalistas y activistas políticos de izquierda.

Eran los años en que, temiendo que en Centroamérica se concretara la teoría del dominó, después de la Revolución Sandinista en Nicaragua seguirían El Salvador y Guatemala en la lista de países en los que las fuerzas insurgentes llegaban al poder.

Para ello implementaron un verdadero pogromo nunca antes visto en América Latina después de la conquista por parte de los españoles. Evidentemente, las heridas abiertas por dicha conflagración continúan abiertas treinta años después, más aún por la negación de las atrocidades cometidas por parte de los militares que continúan recurriendo a todo tipo de tácticas para evitar que se haga justicia.

Este ha sido un paso más en esa dirección.