En los tres primeros meses de 2013,
varios dirigentes sociales que defienden los derechos de sus comunidades han
sido asesinados o secuestrados, mientras se pone en marcha una política de
criminalización, difamación y represión.
Rocizela
Pérez Gómez / ALAI
 |
| La desaparición de dirigentes sociales aumentó en Guatemala en los últimos tres meses. |
La lucha de hombres y mujeres, jóvenes y
niños durante los últimos años se ha intensificado en Guatemala, por la defensa
de los derechos individuales y colectivos; diferentes comunidades se han
organizado para exigir el cumplimiento de los convenios nacionales e
internacionales, el respeto a la madre tierra, y el cese al saqueo y
contaminación de las empresas hidroeléctricas, mineras y cementeras, así como
la lucha por defender los derechos de la clase trabajadora.
La demanda colectiva y la resistencia
por la defensa de la vida se ha hecho evidente desde diferentes expresiones; la
organización en las comunidades se intensifica para rechazar una vez más los
trabajos de exploración y explotación minera en diferentes regiones del país,
ya que contaminan el ambiente, destruyen la madre tierra, contaminan y roban el
agua, y despojan a las comunidades de sus tierras.
Hombres y mujeres de diferentes regiones
del país exigen que el Estado cumpla con lo establecido en los convenios
nacionales e internacionales y que los llamados “padres de la patria” (los
diputados) legislen a favor de la mayoría de la población. Los pobladores de
San José del Golfo, Santa Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez, Santa María
Xalapán, entre otras comunidades,
resisten y se manifiestan en defensa de
la vida y de sus tierras, también
demandan la aprobación de la
iniciativa de Ley 4084 de Desarrollo Rural Integral.
Durante los últimos meses, los
estudiantes normalistas de todo el país se han sumado a la lucha por defender
el derecho a la educación después del anuncio de las autoridades del Ministerio
de Educación de que se cambiará el pensum de la carrera magisterial por un
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación Educacional, y luego una
carrera técnica a nivel superior.
En las diferentes manifestaciones
sociales, en defensa de la vida, se exige el cumplimiento de los artículos 1 y
2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y también el
artículo 3, que señala textualmente:
Derecho a la Vida : El Estado garantiza y protege la vida humana desde
su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
En los primeros tres meses del 2013 se han incrementado las políticas de
criminalización y represión de las luchas por la defensa de la vida; hombres y
mujeres han sido perseguidos e intimidados por empresas mineras,
hidroeléctricas, en los que se incluyen periodistas, columnistas y trabajadores
de empresas que saquean los territorios; se ha evidenciado una política de
difamación y de acusaciones falsas contra organizaciones y dirigentes sociales;
dirigentes campesinos, indígenas y sindicalistas han sido perseguidos e incluso
asesinados. Veamos algunos ejemplos.
Mes
de enero
La dirigencia del Comité de Unidad
Campesina -CUC- fue atacada el 24 de enero después de que líderes comunitarios
de San Antonio Las Trojes solicitaran su presencia para que medien en el
conflicto generado por la construcción de un pozo mecánico de parte de la
municipalidad y la empresa Cementos Progreso, en esa localidad.
Cuando la delegación salía del lugar fue
interceptada por un grupo de personas que están a favor de la empresa de
Cementos Progreso, que, con machetes en
mano, amenazaron a la comisión del CUC
integrada por Daniel Pascual y otras compañeras y compañeros. El grupo agresor está respaldado por el
actual Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, que los pobladores de la
comunidad de San Antonio las Trojes lo han señalado como ilegítimo porque fue
integrado por la Empresa Cementos Progreso y un grupo de sus trabajadores
durante el estado de prevención que se decretó en San Juan Sacatepéquez en el
año 2008.
Los pobladores de las 12 comunidades de
San Juan Sacatepéquez han realizado denuncias en contra de personas que
defienden los intereses de la cementera y que de forma constante criminalizan
la lucha de las comunidades que defienden su territorio. Entre las personas denunciadas están: Mariano
Noj y Luis Tepeu, éste último representante de la gremial de empresarios
indígenas GUATEMAYA, adscrita a la cámara Empresarial de Comercio y Servicios
(Cecoms).
Segundo
mes
El día martes 26 de febrero, a eso de
las 9 de la noche, fue localizado sin vida Tomas Quej, líder del caserío
Moxanté, Purulha, Baja Verapaz, de 34 años de edad, integrante de la
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-. El cuerpo fue localizado,
con impactos de balas en el pecho y en la cabeza, en la comunidad Chirretzaaj,
en la periferia de Cobán a unos 112 kilómetro de Moxanté.
Tercer
mes
El viernes 8 de marzo fue asesinado Carlos Hernández miembro
de la Coordinación Campesina Nuevo Día, de la Coordinadora de Organizaciones
Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y
del comité ejecutivo del Frente Nacional de Lucha. Dicho asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula.
Hernández fue conocido como defensor de la madre tierra y por su lucha
constante en contra de las empresas mineras.
El lunes 11 de marzo fue asesinado Jerónimo Sol Ajcot, en la
aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá. Seis hombres, fuertemente armados y
encapuchados, salieron a su camino y le dieron muerte con arma de fuego, cuando
Sol Ajcot salía de su casa de habitación, para dirigirse a su trabajo en la
finca Valparaíso, Chicacao del departamento de Suchitepéquez.
Jerónimo Sol Ajcot, de 68 años de edad,
era miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de
Agricultores de Santiago Atitlán, integrante de la Coordinadora Nacional
Indígena y Campesina -CONIC-. Sol Ajcot,
desde el año pasado, había recibido amenazas de muerte, por parte de
personas desconocidas. La denuncia fue realizada en su momento, sin que hasta
ahora se investiguen y esclarezcan los
hechos.
El martes 12 de marzo, a eso de las 11:30 de la noche, tres
hombres fuertemente armados intentaron ingresar en la casa de habitación de
Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública
Nacional y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP,
ubicada en Monserrat, zona 4 de Mixco. Con la intervención de la seguridad
privada de Rubén Mazariegos, el intento de asesinato fue frustrado. Es de
considerar que la UASP ha intervenido y repudiado el modelo extractivo, ha
denunciado actos de corrupción fundamentalmente la evasión fiscal de grandes
empresarios del país.
El viernes 15 de marzo, a las 7:30 de la mañana, fue capturado Rubén Herrera, cuando estaba
saliendo de su casa. Herrera es conocido como defensor de derechos humanos,
miembro de la coordinación de Alianza por la Defensa de los Recursos Naturales
de Huehuetenango -ADH- del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO-. Rubén
Herrera fue detenido por la orden emitida en el proceso número 65/2012 del
Juzgado de Santa Eulalia de abril de 2012, en el que se acusa a 23 líderes
comunitarios de Barillas por la supuesta quema, el día 9 de marzo de ese año,
de una maquinaria propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de
Ecoener-Hidralia Energía.
El domingo 17 de marzo fueron secuestrados cuatro líderes de
Santa María Xalapán. Dos de ellos, Rigoberto Aguilar y Roberto López, fueron localizados
con golpes y señales de tortura, según sus denuncias, mientras que el secretario del Parlamento
Xinca, Expectación Marcos, apareció muerto dentro de un vehículo. El
presidente del Parlamento Xinca y Mayordomo de la comunidad indígena de Santa María
Xalapán, Roberto González, apareció el siguiente día en el municipio de
Chimaltenango, después que lo dejaran abandonado en un hotel del municipio.
Los cuatro líderes comunitarios
regresaban a sus viviendas luego de participar en el proceso de la consulta
comunitaria realizada en la aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa
Rosa. Los dirigentes campesinos fueron
secuestrados por una docena de hombres fuertemente armados en la noche del
domingo 17 de marzo, a la altura del lugar conocido como Pino Dulce
Mataquescuintla.
Jueves 21 de marzo: A través de un comunicado, el
Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG-, condenó las
amenazas de muerte contra María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de Actas y
Acuerdos del Sindicato de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social –STIGSS- organización afiliada al MSICG. Señalaron que dichas amenazas
fueron recibidas a través de mensajes de texto en donde se hacia alusión
directa a sus actividades sindicales. Se
producen en el marco de los logros obtenidos por los diferentes sindicatos
-IGSS- que permitieron dejar sin
vigencia las reformas al Régimen de Pensiones impulsadas por las actuales
autoridades, detuvieron los procesos de terminación de contratos de trabajo
contra los y las trabajadoras del IGSS y posibilitaron declarar la
inconstitucionalidad parcial en el caso concreto del régimen disciplinario
antisindical del IGSS.
Los ataques no son aislados ya que han
sido dirigidos contra hombres y mujeres líderes que luchan por la
reivindicación de los derechos individuales y colectivos y denuncian, de forma
constante, el saqueo de los bienes
naturales que realizan las transnacionales, en complicidad con el Gobierno que
ha impulsado políticas de represión y criminalización a la lucha organizada.
En informe presentado, en octubre de
2012, por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
- Guatemala ONG (UDEFEGUA), señala que de enero a octubre de 2012 se
registraron 254 hechos de ataques a defensoras y defensores de derechos
humanos.
Entre las principales observaciones y
recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, correspondiente al año 2012, se señala que las agresiones siguen afectando
particularmente el trabajo de la defensa de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales y de los pueblos indígenas, todos relacionados con la
explotación de recursos naturales y falta de consulta e información a las
comunidades afectadas.
Además,
el informe expresa preocupación ante un posible uso desproporcionado de
figuras penales como resistencia, terrorismo y asociación ilícita, ante las protestas de comunidades indígenas y
campesinas involucradas en conflictos de tierras; asimismo, destaca la participación de actores no
estatales en prácticas que podrían generar vulnerabilidad o ataques directos a
las defensoras y defensores de derechos humanos, además se registra la
aparición de comentarios racistas y violentos en medios de comunicación y redes
sociales en los que se califica como
terroristas criminales a las defensoras
y defensores de derechos humanos.
Al referirse a la explotación de
recursos naturales en territorios indígenas, la Alta Comisionada subraya que es
fundamental abordar las situaciones a partir de los derechos de los pueblos
indígenas, en particular del derecho a la propiedad colectiva de la tierra, del
consentimiento libre, previo e informado y del derecho de establecer su propio
concepto de desarrollo, en el marco de la libre determinación.
- Rocizela Pérez Gómez es periodista de
la CLOC/Vía Campesina en Guatemala.
No hay comentarios:
Publicar un comentario