Hace 32 años, bajo la dictadura de Augusto
Pinochet, se inició un proceso de venta de pequeños porcentajes de sanitarias a
las grandes empresas transnacionales que hoy, con el impulso que le dieron los
siguientes gobiernos, son las dueñas del agua en Chile. Esta semana, la
sociedad civil salió a la calle en una movilización transversal. Este es un
análisis de fondo de la privatización del agua en Chile.
Esteban Acuña Venegas y César Baeza Hidalgo* /
Otramérica
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| La lucha por el agua en Chile es también la lucha contra la venta del país. |
“¡El agua-es nuestra,
por-eso-es-la-protesta!”, “¡El agua no se vende, se defiende”, vociferaban
el lunes pasado (22 de abril) cientos de voces, muchas personas disfrazadas,
con bailes y pancartas, consignas en contra de las autoridades de la derecha
política -que gobernó en dictadura y estos últimos tres años- y de la
Concertación -que gobernó los 20 años intermedios-.
De lado y lado son
considerados responsables de que un bien nacional de uso y dominio público se
haya transformado en una mercancía para hacer negocio. Era la primera marcha
carnaval por el agua que llegaba a la capital.
Acceder al agua y a su
saneamiento no está garantizado en Chile como un derecho fundamental del ser humano -aunque
sí para las empresas- pese a que así quedó establecido en la Asamblea General
de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010. Las grandes transnacionales se han
encargado de extraer recursos naturales utilizando cantidades ingentes de agua,
limitando de esta manera su uso en la pequeña agricultura y para el consumo
humano.
Tras la llegada del nuevo
Presidente de la República, Sebastián Piñera, en 2010, el agua quedó
totalmente en manos de privados. Se vendió la participación accionaria que
el Estado poseía en las cuatro mayores empresas sanitarias del país: Aguas
Andinas (35%), de la empresa española Grupo Agbar; Empresa Sanitaria de
Valparaíso, Esval (29%), del Grupo Hurtado Vicuña/Fernández León; Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal (45%), de propiedad mayoritaria de la
transnacional Suez-Agbar; y la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío,
Essbio (43%), del fondo argentino Southern Cross.
Agua para
la mina, no para la gente
Desde la Región de
Valparaíso hacia el norte de Chile, se vive una crisis estructural
de falta de agua, que no obedece sólo a sequías ocasionales, según lo
estableció el ministerio de Obras Públicas (MOP) en abril de este año. El
impacto en la agricultura y la ganadería en regiones como Valparaíso y Coquimbo
–siendo este último el caso más dramático, con un déficit del 87%–, evidencian
la necesidad de una solución urgente.
La Red Ambiental Norte
(RAN), conformada por organizaciones ecologistas, ciudadanas y socioambientales
del norte del país, se reunió en agosto de 2012 para compartir experiencias y
hacer frente a los grandes proyectos mineros y termoeléctricos instalados en la
zona, los que consideran causantes de la creciente agudización del estrés
hídrico y la destrucción de las cuencas, debido a su inmensa demanda por el
recurso vital para su funcionamiento.
Alfonso Ossandón, vocero de RAN,
representante de Coquimbo y La Serena, denuncia que el impacto de la mega
minería en las comunidades agrícolas y en las urbes de mediana dimensión como
Andacoyo, Vicuña, Choapa, Caimanes, son de carácter grave.
Caso emblemático es este
último pueblo, ubicado al interior del Valle de lo que fue el ya seco río
Pupío, que desemboca en la playa de Los Vilos, (Región de Coquimbo). Los
habitantes de Caimanes han debido soportar los desechos tóxicos y relaves
mineros de minera Los Pelambres, que son lanzados al agua a 10 kilómetros
de la localidad, afectando la calidad de vida de niños y adultos.
La minera, perteneciente
a Antofagasta Minerals, es propiedad de la familia Luksic, la más
rica y una de las más poderosas de Chile, que da el nombre al Grupo Luksic, holding
económico con negocios en diversos rubros.
“El Estado ha sido
indolente y ha hecho la vista gorda con nosotros. Tanto la Policía de
Investigaciones (PDI) como el Colegio Médico han determinado que esas aguas no
son bebibles ni para personas ni para animales”, asegura Ossandón. Los estudios
acreditan que hay plomo, mercurio, cadmio, hierro y manganeso, en el agua que
se distribuye en Caimanes. Y lo propio sucede con el agua para regadío.
Según un informe de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), al menos nueve localidades
chilenas no cumplen con la norma nacional de calidad de agua potable, y tres de
ellas -Arica, Pozo Almonte y Valle Grande- tienen altos niveles de arsénico,
que superan los 0,01 mg. por litro, pudiendo provocar, según los expertos,
desde intoxicaciones agudas hasta abortos, si se consume en pequeñas dosis.
Los Luksic,
también propietarios de la empresa Aguas Antofagasta, le vendió 550
litros por segundo de agua cruda del río Loa a la minera Doña Inés de
Collahuasí –propiedad de las transnacionales Anglo American y Xstrata Copper–
con el fin de alimentar sus faenas mineras al interior de Pica, en la Región de
Tarapacá. Esto explica, según la directora del Programa Chile Sustentable, Sara
Larraín, el enorme gasto de agua que las sanitarias generan al usar y ceder el
recurso a la minería.
En el Sur,
la agricultura y la energía en pugna
Desde el Sur los
problemas no son menores, los proyectos hidroeléctricos, que transmiten la
energía a las mineras del Norte, han sido símbolo de desarrollo, por un lado, y
de destrucción y debacle ambienta por el otro.
Hace unos meses, la
Justicia determinó que el megaproyecto HidroAysén, de la española Endesa,
debía paralizarse, porque a pesar de que se habían otorgado los permisos debido
a “la débil legislación medioambiental que ostenta Chile”, según sostienen
varias de las organizaciones medioambientalistas, la fuerte oposición
ciudadana, con manifestaciones masivas y recursos legales, lograron que se
revisara y prohibiera su construcción, que implica la inundación de zonas
protegidas de la Patagonia, con el consecuente e irreversible impacto
ambiental.
El proyecto contempla la
construcción de cinco centrales hidroeléctricas, tres en el río Baker
y dos en el río Pascua. Además de un corredor para la transmisión de la
energía, que generaría una cicatriz de Sur a Norte, en la geografía nacional.
Directamente se afectarían 5.910 hectáreas, el 10,05% de la Región de Aysén.
La empresa ha informado
que “el trazado de la línea nace en la comuna de Cochrane, donde recibirá la
energía de las centrales hidroeléctricas del proyecto HidroAysén, en la
Subestación Convertidora Sur, la que luego conduce a través de un tendido aéreo
de 660 kilómetros y 160 kilómetros de línea submarina con el propósito de reforzar
el Sistema Interconectado Central con energía limpia, segura, estable y
chilena”. Energía eléctrica que en su mayoría también se destinaría a las
mineras.
Las forestales aportan lo
propio en la concentración de los derechos de uso del agua. Teresa Nahuelpán,
vocera de la zona sur en la marcha - carnaval por el agua, presidenta del
Comité de Defensa del Mar, de Mehuín, explica que la contaminación que generan
las plantaciones forestales, que luego dan en las plantas de celulosa, ya no se
aguanta en los territorios que por siglos habitó el pueblo Mapuche, ya que
afecta su forma de vida y subsistencia.
Los monocultivos de
pino y eucapilptus en el sur, propiedad de las forestales nacionales
Mininco y Arauco (de las familias Angelini y Matte), en sociedad con Stora-
Enzo, de capitales suecos y finlandeses, además de agudizar el conflicto
territorial en zona mapuche, también han generado impactos ambientales
que agreden sistemas de vida milenarios.
Las
personas frente a lo lógica del mercado
El vocero del Movimiento
de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente
(Modatima), Rodrigo Mundaca, de la Provincia de Petorca, asegura que
muchos y muchas de quienes asistieron a la marcha del lunes 22 de abril,
marcaron el inicio de una nueva etapa en la defensa por el recurso hídrico,
porque “en Chile, los bienes sociales y los bienes naturales que fueron
usurpados durante la dictadura, y la privatización que se perfeccionó durante
los gobierno de la Concertación, no es posible que se sostenga”.
Mundaca insiste en que
las personas que sufren de la escasez y la contaminación de las aguas “es gente
sencilla, que vive en comunidades aisladas, gente que no tiene agua para
bebida, que no tiene agua para defecar, que está conculcada a un derecho humano
esencial, que es el acceso al agua”.
“Es una vergüenza que en
Chile el agua sea un bien de capital, y como es una vergüenza nosotros nos
vamos a oponer y no vamos a permitir que siga sucediendo”, indica el
representante de Modatima.
Y no solo las empresas
extranjeras, sino que se impone la lógica del mercado, sin considerar a las
comunidades, como explica Sergio Romero, vocero coordinador de la Coordinadora
Ambiental de Melipilla (Región Metropolitana), asevera que desde hace
quince años, cuando se instala en su provincia la empresa Agrosuper (misma
empresa criadora de cerdos, pollos, pavos y faenadota de cecinas que ha
generado un conflicto con la comunidad de Freirina en el norte.
Esa empresa “ha ido
concentrando los derechos de aprovechamiento de agua y hoy día el Acuífero
El Yali en un 78% es su propiedad y de Agroreservas de Chile”, para una
comuna de 8 mil 500 habitantes, quienes han sido empujadas a dejar sus
actividades económicas tradicionales.
Para los habitantes de la
zona escasea el agua para beber, y los pequeños agricultores no tienen agua
para regar. Como es el caso de muchos de los frutilleros (cultivadores de
fresas), qiuenes han ido dejando de lado su actividad. Romero acusa que el 5 de
abril pasado el agricultor Erasmo Muñoz Catalán se habría suicidado, acosado
por las deudas, a las que ya no pudo responder
Un poco de
historia
En 1981, bajo el
régimen dictatorial de Augusto Pinochet, el Código de Aguas
transformó al recurso vital en propiedad privada de forma gratuita y a
perpetuidad, permitiendo que las empresas puedan comprar, vender y arrendar
derechos de aprovechamiento de aguas sin considerar sus propiedades de uso. Ahí
radica la génesis de la privatización.
Más tarde, durante los
gobiernos de la Concertación, se perfeccionó la privatización de las aguas,
como señala Rodrigo Mundaca. Bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se
inició la venta y entrega de concesiones a privados de las empresas de agua
potable.
Aguas Andinas, de
propiedad del grupo español Agbar (Aguas de Barcelona), por ejemplo, es
la responsable del suministro de agua de proyectos hidroeléctricos como Alto
Maipo, en sociedad con la transnacional AES-Gener, controlada en Chile por el
grupo Matte –otra de las cinco familias económicamente más poderosas del país-.
El actual ministro del
Interior, Andrés Chadwick Piñera (primo del Presidente de la República),
es accionista de Aguas Andinas, responsable de una crisis de corte de aguas en
el verano en la Región Metropolitana. He ahí un ejemplo de lo que los representantes
de los movimientos ciudadanos han denunciado como parte de los conflictos de
interés frente a las privatizadas aguas de Chile.
Durante el actual
Gobierno, en menos de dos años, se terminó de ceder la participación fiscal en
las sanitarias a los intereses privados. Actualmente, los derechos de
aprovechamiento de aguas se encuentran fundamentalmente en manos de empresas
mineras y agroexportadoras, y más de un 80% en manos de transnacionales como la
ya mencionada Endesa.
“El nivel de
apropiación corporativa de las aguas en Chile fue salvaje y no lo puedes
ver en casi ningún otro lugar del mundo”, afirma Juan Pablo Orrego,
presidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Ecosistemas, una de
las más visibles en la lucha en contra de HidroAysén, y de de la campaña
“Patagonia sin Represas”.
La marcha
carnaval por el agua
Las demandas de las
distintas organizaciones sociales que se unieron en la Marcha Carnaval por el
Agua, coinciden en su diagnóstico: es necesario una reestructuración de las
políticas públicas sobre la gestión de las aguas en Chile. Y para ello es
imprescindible concretar un cambio de modelo que permita una distribución justa
de los recursos hídricos del país.
Ya no son sólo las
comunidades las que reclaman. Desde los estudiantes, el presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Diego Vela,
también vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), asegura
que el tema del agua tiene un patrón común a la educación: “Nuestras
necesidades son la oportunidad de abuso de algunos y nuestros derechos son un
negociado para sectores empresariales: en muchas regiones se prioriza la
empresa privada antes de las necesidades de cualquier comunidad local”.
Y, efectivamente, los
efectos que ha generado el uso -y abuso- desregulado del agua por parte de las
grandes empresas, ya están a la vista, señala el representante estudiantil.
Otro de los orígenes se
encuentra en el Tratado Binacional Minero, suscrito en 1997 –durante el
gobierno concertacionista de Eduardo Frei- y ratificado en 2001 –durante
el gobierno también concertacionista de Ricardo Lagos-, cuando se
entregan las nacientes de todas las cuencas, donde se encuentran los
ecosistemas glaciares, a las transnacionales mineras.
Entre enero y febrero de
2012 –ya en el gobierno de derecha de Sebastián Piñera-, cerca de 46
mil personas de zonas rurales fueron afectadas por falta de agua y serios
trastornos a su agricultura de subsistencia.
La presidenta de la Federación
Nacional del Agua Potable Rural de Chile, Juana Beltrán, señala que
la sequía crece cada día más en el norte del país, afectando enormemente a los
sectores rurales. “Le sacaron toda el agua a las cuencas para las mineras y se
olvidaron de los seres humanos”, dice, molesta. Lo que ha sido riqueza para
unos pocos, afectan a las personas sencillas, que durante años no encontraron
eco para sus demandas.
En esa línea, complementa
Rodrigo Mundaca, es que “en este país aparentemente son mucho más
importantes los emprendimientos económicos que el legítimo derecho que tenemos
los hombres y las mujeres de acceder al agua”.
A los
políticos: es hora de responder
La Marcha - Carnaval
por la Recuperación y Defensa del Agua terminó con la entrega de una carta
dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la que manifiestan
la situación hídrica de sus comunidades y exigen a las autoridades “el derecho
de los pueblos de determinar los modos de vivir que desean”, por lo que “se
hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero,
forestal energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestro
territorios”, señala el documento.
El dirigente sindical
comunista, Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre (CTC), y recientemente proclamado candidato al
Congreso para las elecciones de noviembre próximo, enfatizó en que hay que
hacer de esta demanda social una demanda política, con el objetivo de realizar
un proyecto de transformación del modelo en el que, entre otras cosas, se
retorne el agua a manos del Estado.
Asimismo, la ex
presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FeCh), Camila Vallejo, también candidata a diputada por el PC, sostuvo
que se está trabajando en la creación de un movimiento social transversal “que
permita hacer que Chile se recupere de los daños que le causó la dictadura en
cuanto al modelo neoliberal”.
La marcha marca un antes y un después en
el tono de la discusión acerca de la privatización del agua en Chile y la
protección de los recursos naturales. Las comunidades se han articulado desde
el norte al sur del país, y ya son muchas las organizaciones que consideran una
prioridad recuperar los recursos naturales para el aprovechamiento de las
personas y no se priorice por el lucro de las empresas.
El vocero de Caimanes,
Cristian Flores, señala que su “mensaje a la clase política es que ellos
también son parte de la problemática, porque son ellos los que permiten y
permean el Estado de Derecho en el país, para que estas grandes empresas
transnacionales tengan ‘chipe libre’ para poder hacer abuso en contra de
las comunidades y directamente sobre la vida de las personas”.
La consigna “el agua
no se vende, se defiende”, trasciende el estigma de los grupos
ecologistas. La demanda por recuperar el derecho de abrir el tubo de la
casa, y poder beber tranquilamente, sin seguir envenenándose con el vital
elemento se comienza a escuchar de manera transversal.
La conciencia ciudadana
comienza a encontrar eco y se manifiesta en respaldo jurídico y masivo.
Los siguientes pasos en
las demandas por el agua en las comunidades rurales y urbanas, se está
fraguando y está por escribirse.
*Periodistas de GPS (Grupo de Periodismo y
Sociedad). César Baeza es colaborador habitual de Otramérica
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