La
muerte del ex-general argentino Jorge Rafael Videla el tercer viernes de mayo
reactualizó en la opinión pública los años trágicos de la última dictadura
militar (1976-1983).
Sergio Ferrari / Especial para Con
Nuestra América
Desde
Ginebra, Suiza
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| Parque de la Memoria y monumento a los desaparecidos en Buenos Aires. / Foto: S. Ferrari. |
Treinta
años después del fin de ese Gobierno de facto, su principal promotor, ideólogo
y ejecutor falleció de muerte natural a los 87 años en la celda del presidio de
Marcos Paz donde cumplía condena perpetua por
centenas crímenes de lesa humanidad. Una semana más tarde, la suerte de
sus restos –contestados por la movilización de repudio en su ciudad natal de Mercedes-
prolonga la sanción y revive el “Nunca más”.
“La muerte de Videla constituye un
hecho político importante en la vida de la Argentina” sostiene Antonio Hodgers,
parlamentario nacional suizo, presidente de su bloque en la Cámara de
Diputados, quien como niño debió exiliarse con su familia en Suiza.
“Murió como un
‘preso común’ más”
“Como hijo de desaparecido la noticia me toca mucho. Veo en Videla la
imagen de uno de los responsables ideológicos de la desaparición de mi padre.
Tal vez no el ejecutor directo, pero sí uno de los principales estrategas
de la persecución contra los militantes sociales y los opositores”
subrayó el parlamentario verde.
Constato, asegura Hodgers, que Videla nunca hizo una autocrítica pública.
“Es un hecho lamentable teniendo en cuenta la magnitud de los hechos de los
cuales fue responsable”.
Es importante visualizar el lugar físico donde murió Videla: una cárcel
para detenidos sociales, lo que en Argentina se llama, una cárcel
"común", sin privilegios. Es el símbolo de un proceso largo,
complejo, pero dinámico, profundamente democrático, de juzgar a los
responsables de la dictadura. Sin revanchismos personales ni politiqueros, sino
por la vía de la justicia y de la Constitución, insiste Hodgers.
La soledad del
tirano
Lamentablemente murió “respetando el pacto de silencio que guardan casi
todos los represores argentinos”, afirma Alfredo Vivono quien entre 2005 y 2007
se desempeñó como Sub-Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa
Fé, Argentina.
Lo que complica que se avance “en clarificar los hechos sobre los miles de
desaparecidos incluida la vida e identidad actual de más de 400 “niños
apropiados”, que fueron robados a sus padres detenidos en centros clandestinos
de detención”.
Consultado sobre la trascendencia política del fallecimiento de Rafael
Videla, Vivono es contundente: “no modifica la realidad política de nuestro
país ni de la región. Pero tiene un impacto significativo en tanto provoca
reflexiones que movilizan a la opinión pública, nacional e internacional, sobre
quien fuera el símbolo más visible del terrorismo de Estado en Argentina”.
Vivono, ex–preso político, actúa
como querellante y testigo en varias de las causas contra los responsables de
la represión en esa época en su provincia, insiste en la “soledad política que acompañó el deceso del tirano”, abandonado por los que lo impulsaron al
poder.
Las asociaciones empresarias más poderosas del país que promovieron el
Golpe de Estado de 1976 no dijeron ni una sola palabra, no publicaron ni un mínimo
comunicado. Tampoco la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica argentina,
cómplice en esos años por acción u omisión. Ni siquiera los grandes medios de comunicación que festejaron entonces a los
militares salieron hoy a defender al general fallecido”.
El hecho que Videla “murió en la cárcel condenado por los crímenes
cometidos…Nos da la paz y la serenidad que muchas víctimas directas
necesitábamos para confiar en las instituciones y en la democracia que estamos
construyendo”, reflexiona.
De su análisis surgen varias conclusiones. “Constatamos que el trabajo y la
perseverancia de los organismos de Derechos Humanos, en especial de las Madres
de Plaza de Mayo ha dado sus frutos”. No hubo venganza ni revanchas: la
sociedad argentina en general y las víctimas de la represión creen en la
justicia, en la Constitución, sin necesidad que se creen tribunales ni leyes
especiales.
“Que las
organizaciones internacionales abran sus archivos”
“La justicia tardó pero llegó en mi país a diferencia de otras naciones del
mundo donde hay todavía historias dictatoriales pendientes”, subraya David
Andenmatten, argentino de origen helvético que luego de pasar más de tres años
de prisión durante la dictadura pudo salir a Suiza.
Andenmatten, actual dirigente del Sindicato de Servicios Públicos en
Ginebra, pone el acento en los principales desafíos de futuro para poder
concluir el juicio a las dictaduras. “Incluyendo también la anterior -1966 a
1973- responsable de causas hoy reabiertas como la de la Masacre de Trelew de 1972,
cuando fueron fusilados 16 presos políticos luego de un intento de fuga”.
Por otra parte, “es esencial que los juicios abiertos a centenas de
represores se aceleren. Y que se pronuncien, sin demora, las condenas
respectivas”.
No menos esencial, insiste el sindicalista suizo-argentino, “es recrear
correctamente el contexto nacional e internacional, las causas y los verdaderos
responsables de la represión y los Golpes de Estado. No se trataba de militares
patrióticos, como se presentaban a sí mismos en esa época, sino de brazos
armados sostenidos por los Estados Unidos que trataron de destruir al
movimiento social que estaba muy bien organizado y movilizado en defensa de sus
derechos”.
Y concluye con un llamado a la comunidad internacional. “Viendo que los máximos responsables del
terror como Videla se llevan a la tumba informaciones vitales, más que nunca es
imprescindible que organizaciones como la Cruz Roja Internacional y las
Naciones Unidas hagan ya públicos sus archivos”.
Estos contienen, concluye Andenmatten,
informaciones esenciales sobre esa etapa de la historia argentina – por
ejemplo en relación a las visitas de misiones internacionales a las cárceles.
Lo que puede contribuir significativamente a la reconstrucción de la memoria
colectiva, al juicio y castigo de los responsables y a la justicia reparadora
hacia las víctimas, concluye.
La justicia y los derechos humanos
+ Según fuentes oficiales argentinas, solo en 2012, cerca de
400 responsables de la represión dictatorial fueron llevados a los tribunales.
Según diferentes fuentes los militares enjuiciados podrían superar en total el
número de 1.500. Miles son las ex víctimas que participan como querellantes o
testigos en centenares de procesos.
+ La mayoría de los acusados son ex militares y ex policías, fueron acusados
por crímenes de lesa humanidad: secuestros, detenciones ilegales, torturas,
violación sexual, apropiación de menores, homicidios y desapariciones forzosas.
Hay también algunos civiles. Por el momento un sacerdote católico ha sido
condenado.
+ Estos procesos jurídicos que se siguen multiplicando en
todo el país – incluyendo ahora a responsables de ciertas cárceles- se
reabrieron a partir del 2006.
+ En esa fecha el Gobierno
promovió la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de
“Obediencia debida” y “Punto Final”, que promulgadas en los años ochenta habían
indultado a los responsables de la represión.
+ En marzo del 2013 se abrió un nuevo proceso contra 25
responsables implicados en lo que se denominó Plan Cóndor, que extendió y
coordinó la represión a toda la región sudamericana.
+ Jorge Rafael Videla había sido condenado en 1985 a
perpetuidad en el Juicio a las Juntas Militares. En 1990 fue indultado por el
entonces presidente Carlos Menem. En la actualidad había recibido una nueva
condena perpetua y otra a 50 años de prisión. Otras causas, entre ellas la del
Plan Cóndor, están en proceso.
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