La movilización y la
presión de la comunidad internacional
“ha sido determinante para que se reabriera el proceso al ex presidente
Uribe”, explica en esta entrevista el abogado colombiano Franklin Castañeada,
quien hace referencia a las cartas de
apoyo enviadas a mediados del año pasado por 21 parlamentarios suizos y 24
diputados del Parlamento Europeo.
Sergio Ferrari* / Especial para Con Nuestra América
Desde Suiza
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| El abogado colombiano Franklin Castañeda (Foto: S. Ferrari). |
En los últimos años
varios de los colaboradores más cercanos del ex presidente Álvaro Uribe; una treintena de exparlamentarios de su
partido; así como miembros de su familia más próxima fueron procesados – e
incluso condenados- por su implicación
con los grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos en Colombia. En enero
2013 fue su turno. La Fiscalía General de Colombia abrió una
investigación directa por su presunta responsabilidad en la creación y
financiamiento de grupos paramilitares.
“Es esencial que las autoridades judiciales colombianas
aceleren este proceso evitando la
eventual prescripción de los hechos”, enfatiza el joven abogado Franklin
Castañeda durante una reciente visita a Suiza invitado por las Brigadas
Internacionales de Paz (PBI).
Para “blindar y
proteger esta iniciativa jurídica” es fundamental que la sociedad civil y la
clase política suiza - y europea- se
involucren activamente en el acompañamiento del mismo, asegurando su buena marcha procesual, enfatizó el
jurista.
El acompañamiento
internacional, enfatizó, servirá también
“para proteger nuestra seguridad en
tanto juristas que participamos de esta causa, así como la de los funcionarios
que llevan adelante el proceso y los testigos. La mayoría hemos sido amenazados
de muerte”, enfatiza.
Castañeda en su
condición de dirigente del MOVICE (Movimiento de las Víctimas de Crímenes de
Estado) representa en este proceso contra Uribe Vélez a algunos de los
afectados de las acciones paramilitares. Se desempeña también como presidente
de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP),
organización no gubernamental encargada de defender los derechos de los
detenidos por causas políticas y sociales.
Uribe, paramilitar antes que presidente
Los hechos que las
autoridades judiciales del país sudamericano investigan se remontan a mediados
de la década de los noventa, cuando Álvaro Uribe se desempeñaba como Gobernador
de la Provincia de Antioquía, antes de ser electo como mandatario.
Según declaraciones
documentadas de dos testigos y otras pruebas en proceso de verificación, el
entonces Gobernador habría colaborado en la creación del Bloque Metro de las
denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización responsable de
crímenes, atentados y masacres.
Los testigos, Juan
Guillermo Monsalve- que trabajó en la hacienda Guacharacas, propiedad de la
familia Uribe, epicentro del grupo armado- y Pablo Hernán Sierra, acusaron en
septiembre del 2011 desde sus respectivos lugares detención al ex mandatario en
declaraciones brindadas al abogado y parlamentario nacional Iván Cepeda,
principal promotor del proceso en marcha.
Reconocieron también el
apoyo de las AUC a la campaña presidencial de Uribe.
En repetidas ocasiones
la defensa de Uribe, en particular su abogado Jaime Granados, desestimó el
valor de las acusaciones calificándolas públicamente de “imprecisas y
mentirosas”.
Un grupo de 21 pruebas
que podrían ser esenciales para dilucidar
los hechos son investigadas en la actualidad. Aunque debido a presiones
políticas y riesgos de seguridad de los fiscales encargados “son de difícil y
lento análisis”, explica Franklin Castañeda durante su presencia en Suiza.
“Corremos graves
riesgos de seguridad y amenazas contras nuestras vidas por participar en este
proceso” subraya Castañeda, quien como los otros acusadores viven con
protección permanente brindada por el Estado.
“24 horas sobre 24 debo estar escoltado por guarda espaldas o bien
acompañado por miembros de las PBI suizas que participan en nuestra protección
en tanto defensor de derechos humanos”, señala.
“Necesitamos apoyo internacional”
La movilización y la
presión de la comunidad internacional
“ha sido determinante para que se reabriera el proceso al ex presidente
Uribe”, subraya Castañeada quien hace
referencia a las cartas de apoyo enviadas a mediados del año pasado por 21
parlamentarios suizos y 24 diputados del Parlamento Europeo.
En esta etapa, insiste
Castañeda, es importante continuar con esa presión solidaria para que el
proceso jurídico no se detenga y avance aceleradamente. Se corre el riesgo que
los hechos imputados, 20 años luego de haber
acaecidos –según lo establece la ley colombiana- prescriban en 2016 si el proceso no avanza a ritmo sostenido.
En un momento ulterior,
explica el joven abogado, “pensamos solicitar también a reconocidas
asociaciones de juristas de diversos países, entre ellos Suiza, para que en tanto
que observadores independientes se expresen sobre la naturaleza del proceso”.
El recurso último de
recurrir al Tribunal Penal Internacional de La Haya no está excluido. “Se trata
de crímenes de lesa humanidad y esa sería una instancia adecuada”. En diciembre
del 2012, el abogado y parlamentario Iván Cepeda presentó ante el Fiscal
General de ese organismo una primer denuncia contra Uribe Vélez, en este caso
en relación a los hechos ilegales durante su presidencia promovidos por el DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad) contra políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Solidaridad helvética
“No es fácil para nosotros apoyar activamente
un proceso jurídico que se desarrolla a 10 mil kilómetros de distancia”,
explica el abogado suizo Gerhard Hauser,
miembro de la directiva de la Asociación de Juristas Democráticos de
Berna.
Sin embargo, “espero
que esta información en Europa sobre el proceso a Álvaro Uribe ayude especialmente a proteger a los abogados de las víctimas, les testigos
y los jueces de las amenazas y eventual represión de aquéllos a los que no le
interesa que la causa avance”, subraya luego de un encuentro con Castañeda.
“Me impresiona comprobar el coraje y el compromiso de
jóvenes juristas, como es el caso de Castañeda, a favor del estado de derecho y
la democracia en su país”, concluye Hauser.
*Sergio Ferrari, en
colaboración con swissinfo.ch
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