En el siglo XXI
presenciamos un retroceso significativo producto de los ajustes neoliberales
concebidos para transferir las riquezas de todos los panameños a una pequeña
elite. Esta realidad se aprecia especialmente en la política de salud y en la
legislación que pretende eliminar las conquistas del siglo pasado.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Uno de los desaciertos más peligrosos del actual gobierno
del presidente Ricardo Martinelli es su manejo de la política de salud
pública. En el siglo XX Panamá efectuó enormes avances en materia de salud. Se
adoptaron las nociones modernas vinculadas a la salud pública y los adelantos en materia de medicina como un derecho humano. Los gobiernos
liberales y el régimen militar dieron pasos significativos.
Las tasas de mortalidad y de morbilidad disminuyeron. La
esperanza de vida aumentó a los niveles más altos. Todo esto fue el resultado de
las políticas de salud pública que colocaron en un lugar privilegiado el acceso
de todos por igual –en principio- a los servicios urbanos como agua potable,
alcantarillado, nutrición, vacunación y atención hospitalaria.
En el siglo XXI presenciamos un retroceso significativo
producto de los ajustes neoliberales concebidos para transferir las riquezas de
todos los panameños a una pequeña elite. Esta realidad se aprecia especialmente
en la política de salud y en la legislación que pretende eliminar las conquistas
del siglo pasado. El agua potable ha dejado de ser un derecho humano. Se quiere
convertir en negocio. Igual los servicios de alcantarillado, nutrición y
vacunación. La atención hospitalaria se ha convertido en un riesgo para la
población.
Los trabajadores de la salud y otros sectores le han advertido al gobierno sobre los
peligros. El presidente Martinelli y los diputados de la Asamblea Nacional no
quieren entrar en razón. Los gobernantes prefieren poner al país en un camino
catastrófico con tal de asegurarse algunos buenos negocios.
Según
el Colegio de Salud Pública, el Código Sanitario que discuten los diputados
reduce el derecho a la salud a “un conjunto de prestaciones… definidas por la
autoridad sanitaria en coordinación con la seguridad social… con base a la
capacidad del sistema de salud y su sostenibilidad financiera” (Cap. III, Art
25). Se olvida totalmente de que hay que garantizar el acceso universal a la
salud. “La propuesta de Código, según el proyecto, no ofrece garantía
institucional o calidad de los servicios de salud”.
Además, hay “aspectos que resultan
contradictorios entre sí. Por ejemplo: el artículo 7 reconoce el derecho al acceso por todas las personas a servicios de salud de calidad en función de sus
necesidades. Mientras tanto el artículo 25 limita dicho acceso a un conjunto de
prestaciones garantizadas, definido no en función a las necesidades de las
personas, sino en función a las capacidades financieras del sistema de salud”.
La nueva ley riñe con la Constitución Política
de la República que “reconoce el derecho de cada individuo a la promoción,
protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud”. La carta
magna también “establece la obligación del Estado de proteger la salud de la
madre, del niño y del adolescente garantizando una atención integral y obliga a
crear establecimientos en los cuales se preste servicios de salud integral y se
suministren medicamentos a toda la población”. La nueva legislación propone un
“Código Sanitario que limita el acceso de las personas a los servicios de salud
a su capacidad económica, lo cual resulta inconstitucional y éticamente
inaceptable”.
El nuevo Código pretende, además, “sancionar
con 2 a 4 años de prisión a
quien difunda informaciones o noticias falsas e inciertas en materia de Salud
Pública sin ningún fundamento o documento probatorio” (artículo 182).
Los salubristas dicen que “esta propuesta deja de
lado el impacto que una distorsión de este tipo tendría sobre la vigilancia en
Salud Pública, sin considerar la amplia gama de consecuencias adversas en
materia de derechos humanos”. Le recuerda a las autoridades
nacionales que “los sistemas de vigilancia de salud pública, incluyendo a la
Organización Mundial de la Salud, reconocen la importancia de los “rumores” como
elementos claves para la investigación, detección y desarrollo de acciones
oportunas orientadas a limitar los daños y costos innecesarios”. Los diputados
no tienen porqué saberlo todo pero tienen que estudiar y asesorarse para
entender el mundo en que viven. Los trabajadores de la salud señalan que “la
epidemiología moderna utiliza sistemáticamente el rumor para orientar los
procesos de investigación de alerta sanitaria, mientras la propuesta de Código
pretende, con la fuerza de una ley, impedir cualquier comentario sobre salud o
la calidad de los servicios”.
Por ignorancia o por el lucro, los gobernantes
aparentemente no entienden que “la aplicación del artículo 182 tendría
potencialmente enormes costos humanos, materiales y financieros, tanto de los
daños amplificados por acciones tardías, como de los efectos directos e
indirectos asociados y terminarían por minar aún más la capacidad y
sostenibilidad financiera del sistema de salud”.
La COMENENAL –red gremial de los
trabajadores de la salud- denunció que el gobierno quiere privatizar los
servicios de salud para que los actuales especuladores puedan hacer más
ganancias a costilla de los panameños que aspiran a tener una mejor calidad de
vida. El artículo 8 del proyecto pretende acabar con la salud pública. Señalan
que el nuevo código convertiría a todos los servicios “destinados a la
promoción, prevención, conservación, restitución, rehabilitación de la salud”
en actividades con fines “lucrativos”.
Cada panameño tendría que pagarle a un ladrón por el aire que respira.
25 de
julio de 2013.
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