Uruguay, pequeño país
de Sudamérica con tres millones de habitantes, ha sorprendido al mundo una vez
más por dos leyes aprobadas en 2013: la del matrimonio de personas del mismo
sexo y la de la regulación de la marihuana; si a estas dos le sumamos la ley de
despenalización del aborto votada en 2012, no sería desacertado decir que el
país se ha ubicado en la vanguardia de Occidente.
Felipe Arocena / Brecha Digital
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| Uruguay aprobó este año la ley de matrimonio igualitario |
Según el artículo 1 de
la ley de matrimonio igualitario, ahora en este país: “el matrimonio civil es
la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual
sexo”. En el mes de agosto de 2013, conforme a esta nueva norma, se realizó el
primer casamiento entre dos hombres, al que siguieron otros, tanto entre
hombres como entre mujeres. Además de Uruguay hay dos países sudamericanos con
esta legislación: Brasil y Argentina (los tres son vecinos y con fronteras
terrestres entre sí); solamente otros doce estados en el mundo aceptan
oficialmente el matrimonio gay: Suecia, Noruega, Francia, España, Islandia,
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Portugal, Canadá y Sudáfrica (con
amplia mayoría de Europa occidental); en México, Estados Unidos de América y en
el Reino Unido este derecho existe solamente en algunos territorios. Si
aceptamos, según la calificación de José Guilherme Merquior, que América Latina
es el otro Occidente, parece que el matrimonio homosexual hasta ahora es una
cuestión casi exclusivamente occidental, con seguridad debido a la
secularización más pronunciada en esta región, su proceso de modernización y de
expansión de derechos.
El proyecto de ley de
regulación de la marihuana obtuvo media sanción en la Cámara de diputados y se
espera que el Senado lo vote en breve para que se convierta en ley. Según éste:
“el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de
importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción,
adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus
derivados”. Se admiten también los clubes de cultivadores de marihuana y el
cultivo doméstico de hasta seis plantas por hogar. Ningún otro país en el mundo
le ha otorgado al Estado el control público de la producción, distribución y
venta de marihuana. Los efectos esperados son de dos tipos. En primer lugar,
alejar a los consumidores de marihuana del narcotráfico y del ambiente de
inseguridad y violencia al que está asociado. En segundo lugar, comenzar una
estrategia inédita para combatir al tráfico de drogas. El presidente uruguayo
José Mujica sostiene que, si durante décadas la represión no mostró avances,
entonces llegó la hora de ensayar nuevas soluciones. En caso de que la
iniciativa del laboratorio uruguayo arroje resultados positivos, el resto de
los países americanos –que ya están estudiando alternativas en la Organización
de Estados Americanos– seguramente la pensarán seriamente.
En 2012 Uruguay también
aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en cuyo artículo 2 dice:
“la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada (...) durante las
primeras doce semanas de gravidez”. En este caso también es uno de los pocos
países de Latinoamérica en haber reconocido el derecho de las mujeres a abortar
(junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México). La sola voluntad de la
mujer es suficiente para que todas las instituciones de salud del país brinden
este servicio. El Parlamento ya había votado esta ley cinco años atrás pero el
presidente anterior, Tabaré Vázquez, médico oncólogo de profesión, la vetó.
Entre la exposición de motivos a favor de la ley hay dos argumentos centrales. En
primer lugar el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo y en segundo
lugar terminar con la red de clínicas clandestinas que vendían abortos y ponían
en riesgo la vida de las mujeres que menos ingresos tenían para poder pagar los
procedimientos de mejor calidad.
Estas tres leyes han
sido aprobadas porque el Parlamento actual tiene mayoría absoluta oficialista
del Frente Amplio. Este partido gobernante, en verdad una coalición de partidos
y grupos que van desde el centro a la izquierda, fue creado en 1971 y logró por
primera vez el poder político en 2005, ganando nuevamente las elecciones en
2009. El grado de apoyo a las leyes entre la oposición varía. Mientras que la
de matrimonio igualitario contó con un sustento masivo de los legisladores, las
otras dos han sido mucho más controvertidas y prácticamente la mitad se opuso a
ellas. Esas diferencias reflejan lo que ocurre entre la población.
Está claro que estas
normas se explican porque el país tiene un gobierno de izquierda desde hace
ocho años y su mayoría legislativa le permite llevar adelante iniciativas con
el voto solamente de sus parlamentarios. Pero esta sería apenas una explicación
superficial; en un nivel más denso y sociológico –recordemos a Clifford
Geertz–, ¿cuáles serían las fuerzas más profundas de la sociedad uruguaya que
se expresan en ellas? ¿Cómo entenderlas en un país que suele definirse
culturalmente conservador y que tiene una de las poblaciones más envejecidas
del continente?
Hay por lo menos cuatro
dimensiones relevantes para entender mejor esta situación. La primera es que la
sociedad uruguaya es una de las más seculares del continente y probablemente
del mundo. Como escribió el historiador Carlos Real de Azúa, Uruguay es la
estrella más apagada del firmamento católico latinoamericano. La segunda es que
el país ya tuvo un período a comienzos del siglo xx en el que adoptó una
legislación vanguardista para la época, eliminando la pena de muerte (1907),
aceptando el divorcio por sola voluntad de la mujer (1913), garantizando la jornada
laboral de ocho horas (1915) y aprobando el sufragio femenino (1927). Tanto
avanzó en las primeras décadas del siglo pasado que muchos se alarmaron porque
el país se estaba convirtiendo al socialismo. La tercera es que a pesar de que
la población es comparativamente envejecida, buena parte de ella se hizo adulta
absorbiendo la revolución cultural, sexual y política de la década del 60. En
cuarto lugar, el país pasa por uno de los períodos más positivos en muchas
décadas: su democracia política es completa (según todos los índices
internacionales de democracia existentes); la economía se ha desarrollado a un
promedio cercano al 5 por ciento anual en la última década; y la sociedad se ha
hecho más igualitaria y menos pobre por el efecto de fuertes políticas sociales
de redistribución de la riqueza. Un tiempo solamente comparable al que tuvo,
justamente, a comienzos del siglo xx, cuando se lo calificaba como uno de los
primeros estados de bienestar creados en el planeta.
Es muy probable que el
resto de los países occidentales adopten en el futuro cercano medidas muy
semejantes a las analizadas, y por eso no es desacertado estimar que Uruguay
está abriendo caminos en la expansión de derechos. Al contrario, sería muy
extraño que estas leyes se repitan en otras partes del mundo, porque desde
configuraciones culturales muy diferentes se las interpretará abominables.
*Doctor en sociología, profesor e investigador
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.
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