Costa Rica camino a integrar la Alianza del Pacífico

Apresurada y, en buena medida, subrepticiamente, el gobierno de Costa Rica firmó el lunes pasado la hoja de ruta para llegar a ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico, a la que ya pertenecen Chile, Perú, Colombia y México, cuatro de las economías más grandes de América Latina.

Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica

En Cartagena, la presidenta Laura Chinchilla firmó
la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.

Para tales efectos, la señora presidenta de Costa Rica viajó a Colombia, en donde se reunían -en la VIII Cumbre de la Alianza- sus pares de los países que ya integran la organización, y firmó el documento.

La Alianza del Pacífico nace, crece y se reproduce bajo el amparo de la idea de profundizar el modelo de desarrollo dominante en América Latina en los últimos treinta años. Los postulados ideológicos de los que parte adscriben a lo que en la jerga neoliberal se llama la “apertura al mercado mundial” que, en las condiciones en las que se realiza en el marco de tal modelo, posibilitan la relación desigual de nuestros países con los grandes capitales transnacionales.

Requisito indispensable y necesario para pertenecer a tal Alianza es el que sus miembros hayan firmado tratados de libre comercio con sus pares, los cuales se negocian bajo el patrón ya establecido de desgravaciones arancelarias y libre circulación de capitales. Dados los grandes intereses transnacionales en juego tras bambalinas, tiene un papel importante la determinación de los derechos de propiedad intelectual que, como ya se sabe, en este tipo de tratados terminan dejando en desventaja tanto a los conocimientos y saberes de los pueblos aborígenes (que son patentados por grandes compañías transnacionales), como a enfermos (que terminan comprando medicinas más caras) y agricultores (que quedan prisioneros del uso de semillas modificadas y otros insumos para la agricultura) entre otros.

Por otra parte, la Alianza del Pacífico se ha erigido, desde el punto de vista político, en la alternativa a la ALBA, que parte de una idea distinta de lo que debe ser la integración latinoamericana. En este caso, se privilegian los proyectos comunes que potencien el desarrollo endógeno y contribuyan a disminuir problemas seculares de América Latina como la pobreza y la desigualdad.

Son dos modelos que tanto apuntan en direcciones diferentes, como provienen de iniciativas distintas. Como se sabe, la ALBA  es un proyecto que nace bajo la iniciativa de Venezuela, a la que se sumaron la Argentina presidida por Néstor Kirchner, el Brasil de Lula da Silva, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa.

De la Alianza, por su parte, se pueden rastrear sus antecedentes en la propuesta norteamericana del ALCA, que estrepitosamente fracasara en Mar del Plata, Argentina, en el 2005. Ante la imposibilidad de crear un área de libre comercio que abarcara todo el continente, los Estados Unidos de América optaron por la estrategia de negociar tratados de libre comercio por separado con cada uno de los países. La Alianza forma parte de esa estrategia, y la mano norteamericana aparece con evidencia detrás de ella. No se trata solamente de un proyecto económico sino, también, ideológico-político, al que le interesa continuar creando consumidores y no ciudadanos.

Como bien ha dicho la señora presidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla, a ella y a su gobierno le interesa profundizar ese modelo consumista, abierto a los más voraces capitales transnacionales, que ha impulsado durante su gestión; para ello se une a la Alianza. Tal disposición encuentra oposiciones en su mismo país, incluso de la unión de cámaras patronales, tal como también sucede en Colombia y otros países, que observan con preocupación la desprotección en la que quedarán.

Hemos dicho que la firma de la hoja de ruta para la adhesión plena de Costa Rica ha sido hecha de forma subrepticia, porque no han sido revelados los términos bajo los cuales se unirá el país a la Alianza. También hemos dicho que el proceso se hace de manera apresurada, porque Costa Rica se encuentra en medio de un proceso electoral, que deberá conocer desenlace en menos de dos meses, y dejar firmado un tratado de ese calibre implica maniatar a su posible sucesor.