La mejor lección que se gana
y que queda como hecho irreversible en la conciencia popular, es que la
conclusión de los Tratados Torrijos Carter no ha agotado la lucha por la
liberación nacional del país, como muchos lo han querido hacer ver.
Comunicado del
Partido del Pueblo de Panamá
 |
| Obras de ampliación del Canal de Panamá. |
Al cierre del año 2013
aparecieron a la luz pública las primeras señas oficiales de lo que venía
siendo un secreto a voces: la inminente paralización de las obras de
construcción de la ampliación del Canal de Panamá. En los grandes titulares, lo
que afloró en superficie fue la existencia de una situación de crisis en la
operación financiera del proyecto por parte del consorcio encargado de la
construcción de las esclusas, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado
por las empresas SACYR, Salini Impregilo, Jan de Nul y CUSA, que se reflejaba
especialmente en sus “flujos de caja” y de lo cual responsabilizaba a la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por no resolver a su favor unos
sobrecostos evaluados en 1,6 billones US Dólar, sustentados en actividades
adicionales y demoras no contempladas en sus compromisos contractuales.
El conflicto planteado,
puesto en el orden jurídico nacional, incluyendo la amenaza de la constructora
de acogerse a una “huelga empresarial” si no se accedía a su reivindicación,
quedaba así sujeto a un proceso legal “comercial” entre dos empresas, toda vez
que el instrumento que regula las relaciones del proyecto de ampliación es el
de contratos entre una corporación transnacional privada y una empresa estatal,
con plena autonomía administrativa y operativa reconocidas por fuerza
constitucional. Sin embargo, el sentir nacional sobre un emporio que ha costado
las más grandes luchas al movimiento popular y los intereses geopolíticos y
geoeconómicos mundiales que rodean las obras, encuadraron rápidamente el
problema en el contexto político nacional e internacional, elevando el carácter
explosivo de la crisis y poniendo sus verdaderos componentes y causas sobre la
mesa.
En los hechos, lo que se está
presenciando es la manifestación llana de factores contradictorios que aún
penden sin solución en la realidad nacional y que entorpecen además la marcha
histórica ascendente, hacia nuestra consolidación como nación independiente,
soberana y socialmente justa.
El Canal y su zona adyacente,
siendo el principal recurso con el que cuenta la nación panameña y el resultado
de una aspiración legítima liberadora del pueblo panameño, con huellas
indelebles en nuestra historia, hoy, después de 36 años de aprobados los
tratados que lo descolonizan y de 14 años de estar en manos panameñas, conserva
aún su carácter segregado de la nación panameña. En los hechos, la oligarquía
rentista y especuladora del capital financiero nacional ‒puesta en el poder por la
bota de la invasión norteamericana‒, en lugar de impulsar la
transformación del Estado nacional, elevándolo a la altura del desafío
planteado por la reversión del canal, mantuvo varado su estatus-quo obsoleto;
todo lo cual se tradujo en el estatus especial constitucional que reviste
actualmente la empresa y el territorio de la cuenca hidrográfica que
administra, donde dominan simplemente nuevos amos al margen de la sociedad
nacional.
Así, la Autoridad del Canal
de Panamá (ACP) se define como un ente aparte de la nación, con un gobierno
propio dirigido por once (11) personajes que en la práctica responden al poder
real detrás de cada presidente de turno, ausente de todo calor y control
popular y por ende, vulnerable a los intereses del rejuego internacional; esto
en condiciones de que, contradictoriamente, ese centro neurálgico sigue siendo
el corazón de los apetitos neocoloniales del mundo, hoy ampliados por los nuevos
giros que derivan de la distribución internacional de poderes bajo el
desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas a escala global y la
socialización de la producción, fenómeno que otorga a la geo-economía un papel
preponderante en la determinación de la nueva geopolítica mundial.
Este criterio de la
marginalidad podrá ser cuestionado por algunos, invocando los grandes aportes
económicos que ha dado el Canal al presupuesto nacional. Sin embargo cuando se
hace el balance del país, el resultado es que mientras más grandes han sido las
cifras transferidas al Estado, más desigual ha sido la distribución de la
riqueza, acentuándose los desequilibrios sociales del desarrollo nacional,
rasgo que revela una continuidad del patrón clásico que se dio durante la
presencia de la zona colonial y el Estado bicéfalo del Siglo XX. Y es que a
final de cuentas, detrás del Estado nacional como de las decisiones del Canal
gobierna el mismo poder, cambiando en este último solamente las estructuras de
gestión colonial por las de gestión neocolonial, ahora en manos de los llamados
“Usuarios del Canal”, de la burguesía apátrida financiera nacional, las
corporaciones transnacionales del transporte y la rectoría del Departamento de
Estado norteamericano, que tiene como piedra de toque en el escenario, el
Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.
El conflicto que se observa
entonces, entre el Consorcio GUPC y la ACP, no es más que los primeros síntomas
de crisis, de este modelo de gestión recogido constitucionalmente en el Título
14 de la Carta Magna y las leyes que lo reglamentan, asunto que pronostica la
articulación de un nuevo conflicto nacional de envergadura impredecible y que
confirma la necesidad urgente de una constituyente soberana que supere los
desajustes institucionales.
En el fondo, lo que pone de
manifiesto este desacuerdo financiero entre las dos empresas, es un conflicto
de poderes con tentáculos internacionales que apuntan a la hegemonía de rutas
en el mapa del gran comercio marítimo mundial. Todo nace y se desarrolla
efectivamente alrededor de una relación contractual, lo que es muy regular
entre contratistas y contratantes. Sin embargo cuando se analizan las
exigencias del consorcio, queda claro que éstas no tienen ninguna solución
dentro de las cláusulas del contrato suscrito ‒sin dudas muy estrictas‒, aspecto que todos estamos
obligados a hacer respetar como soberanos que somos, a la vez que apoyar a la
dirección administrativa en su justa aplicación. Tal solicitud rebasa de forma
sin igual los límites de la legalidad; y esto explica que el consorcio haya
recurrido al apoyo de su bloque continental, la Unión Europea, y haya emergido
con ello todo el tejido múltiple de la red de poderes que concurren sobre el
recurso, porque lo que no pueden permitir los polos imperiales es que los
trabajos incumplan los tiempos previstos por ellos.
Desde este punto de vista, es
inobjetable que el consorcio actuó con cálculo y premeditación; porque además,
lo planteado no solamente es ya tradición en este decadente universo corrupto y
neoliberal que domina el sistema capitalista, sino que también estaba abonado
por el carácter corrupto del Estado con el que trataba y las vulnerabilidades
de la autoridad con la que negociaba. Lo que nunca calculó el farsante fue el
sentido del orgullo nacional del pueblo panameño, que sobrevive a todos los
embates de la anti-cultura, exacerbado en el momento además, por la memoria de
los 50 años de la gesta patriótica de enero del ’64.
La mejor lección que se gana
y que queda como hecho irreversible en la conciencia popular, es que la
conclusión de los Tratados Torrijos Carter no ha agotado la lucha por la
liberación nacional del país, como muchos lo han querido hacer ver; que
continua y que en ese camino nos quedan grandes tareas nacionales como son la
eliminación del Tratado de Neutralidad Permanente, desfasado con el
reordenamiento geopolítico del Siglo XXI, y la inserción plena en la nación
panameña del recurso canalero, para lo cual habrá que transformar el Estado
Nacional en un Estado democrático, participativo y pluralista, con una
dimensión del desarrollo socialmente equitativo y justo y ambientalmente
sostenible.
La ACP y el consorcio GUPC
están pronto a llegar, muy probablemente, a un pacto para continuar las obras…
La posición justa y unida del pueblo panameño en defensa de su recurso, y la
actitud indoblegable del Administrador General han hecho recular el asalto
bochornoso que se pretendía en esta jugada. Pero esto no cierra el episodio. El
pueblo panameño debe mantener su vigilancia y exigir información permanente a
las autoridades competentes, de todos los pormenores que conlleva el proceso de
arbitraje internacional, del cumplimiento de los compromisos que pacten las
partes y del uso de los fondos, que son sus dineros. Así mismo, hay
que llevar el problema a las mesas internacionales de solidaridad,
especialmente a entidades como la CELAC y el Foro de Sao Paulo, y denunciar
todo intento por bloque alguno de burlar nuestra dignidad y derechos soberanos en
esta contienda.
Por último, la sociedad
panameña debe poner en su agenda de discusiones inmediatas, la revisión de los
instrumentos que regulan la relación de la ACP y su cuenca hidrográfica con la
nación panameña, entre los cuales, el primer lugar lo ocupa la reformulación de
esa Junta Directiva establecida por mandato constitucional, formada
de “socios asociados en sociedad” que sólo se representan a ellos mismos,
envueltos de los intereses de la casta social que los nombra, sin tomar en
cuenta a quienes fueron los verdaderos protagonistas de la lucha por la
recuperación de la colonia: el pueblo panameño. Esa Junta Directiva debe ser
integrada por representantes de los frentes de la ciencia y la tecnología, del
derecho, de la ecología, de las organizaciones gremiales y académicas, y de
trabajadores escogidos democráticamente.
¡Por un Canal para el uso más colectivo posible!...
¡No al chantaje corporatista transnacional!...
Presidium del Partido del Pueblo
Panamá, 15 de febrero de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario