América Latina y Guatemala: el extractivismo como modelo de desarrollo

En estos días, la comunidad de La Puya, en el Departamento de Guatemala, se ha visto conmocionada por la represión a la que la ha sometido el gobierno por oponerse a la apertura de una mina a cielo abierto propiedad de capitales estadounidenses y canadienses. Ya había pasado antes en otras comunidades que se oponen a la invasión que suponen estos gigantes transnacionales en su entorno más cercano.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

Habitantes de La Puya resisten la represión de
la Policía Nacional, que custodia los intereses de las
compañías mineras estadounidenses y canadienses.

El extractivismo ha hecho carrera en América Latina. Acorde con el esquema latinoamericano de exportadores de materias primas, conoció un nuevo impulso en todos los países latinoamericanos, especialmente desde mediados de la década de los 90, aunque ya desde la primera mitad del siglo XX marcó la inserción de América Latina en la economía mundial. La palabra "extractivismo" es un poco inexacta pues comprende la industria extractiva, así como la producción agrícola en monocultivo para la exportación.

Está asociado a la existencia de enclaves, explotación laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el exterminio de grupos indígenas y la subordinación de los gobiernos al poder de empresas multinacionales. Era un callejón sin salida del que es difícil escapar. La estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y 1980 estaba diseñada para escapar de esta trampa. Pero la crisis de la deuda de los 80 permitió imponer el régimen neoliberal y el extractivismo regresó con ánimos de venganza.

¿Ha cesado el modelo extractivista de estar vigente en América Latina, aunque sea en los países en donde gobiernos nacional populares, progresistas, han llegado al poder? La respuesta es no. Venezuela, Ecuador, Bolivia siguen basando su economía en el sector primario exportador, específicamente en el petróleo y el gas. En esos países el control sobre los recursos naturales se convirtió en la más alta prioridad por ser fuente de recursos fiscales. El rescate se presentó como parte de un proyecto nacionalista, lo cierto es que también se trató de una decisión pragmática que no pasaba por la expropiación. Y no es que el acceso a la tecnología hubiera sido la gran barrera a la entrada. Las grandes empresas multinacionales poseían los canales de comercialización y lo más fácil fue seguir una estrategia adaptativa para renegociar los términos de contratos y concesiones, evitando choques con Estados Unidos y algunos países europeos. Muy rápidamente se pudo captar así una proporción mayor del excedente de explotación y dotarse de recursos fiscales.

Claro está que en el nuevo esquema los recursos fiscales permitieron incrementar el gasto en salud, educación, vivienda e infraestructura. También se mantuvo una política de recuperación de salarios y aumentó la cobertura y alcance de los programas de lucha contra la pobreza, lo que ha dotado de legitimidad política y social a estos gobiernos.

Álvaro García Linera, en su calidad de Vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia, en su libro Geopolítica de la Amazonía –Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista dice que sí, que en Bolivia –como también en otros países progresistas de la región– se desarrollaría un modelo “extractivista”, lo cual ha sido considerado como negativo para el desarrollo económico y social. Después de examinar criterios clásicos de Marx sobre las formas de apropiación de la naturaleza por la Humanidad, Alvaro García Linera concluye: “No existe evidencia histórica que certifique que las sociedades industriales capitalistas sean menos nocivas frente a la Madre Tierra que las que se dedican a la extracción de materias primas renovables o no renovables”. Superar el extractivismo no es superar el capitalismo. En esta fase se hace indispensable utilizar los recursos aportados por la actividad primaria o exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer las condiciones mínimas de vida de los bolivianos y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica capaz de asumir y conducir los procesos emergentes de industrialización y desarrollo económico. “Lo importante es reorientar el sentido de la producción sin olvidar que también es preciso satisfacer las necesidades básicas fundamentales, que fueron precisamente las que llevaron a la población a asumir la construcción del poder del Estado. Que es justamente lo que estamos haciendo en Bolivia”, dice García Linera.

En estos países queda la esperanza que los recursos que ingresan al Estado puedan devolverse a través de obras sociales aunque, evidentemente, es un punto candente que crea disenso y oposición, y que debe discutirse ampliamente.

Pero ¿qué sucede en países como Guatemala, en donde existe una situación completamente distinta? En estos días, la comunidad de La Puya, en el Departamento de Guatemala, se ha visto conmocionada por la represión a la que la ha sometido el gobierno por oponerse a la apertura de una mina a cielo abierto propiedad de capitales estadounidenses y canadienses. Ya había pasado antes en otras comunidades que se oponen a la invasión que suponen estos gigantes transnacionales en su entorno más cercano.

Se les acusa de oponerse al desarrollo y al progreso, de ser subversivos, terroristas y desquiciados, y se les reparte garrote a diestra y siniestra. Tienen, sin embargo, el derecho a oponerse y, también, el deber de hacerlo, dadas las nefastas consecuencias que ya se ha comprobado que tienen los deshechos que dejan tales proyectos.

El gobierno militar de Otto Pérez Molina despliega toda su parafernalia guerrera y hace oír su voz de la única manera que sabe hacerlo: por la fuerza. Está instaurando un nuevo régimen que gira en torno a los nuevos ricos militares y sus asociados, que hicieron sus capitales y se forjaron un lugar empresarial lucrando con la guerra que por más de 36 años asoló Guatemala. Ver un mapa de los sitios en donde el Ejército desplazó en medio de la guerra poblaciones de sus lugares de origen en los años 80 del siglo XX, es ver el mapa en donde ahora se instauran algunos de los principales proyectos extractivistas, y con los cuales lucran -como socios menores, como siempre, pero socios al fin-, los nuevos ricos guatemaltecos.

Denunciar lo que sucede en La Puya es evidenciar no solo la represión y la intolerancia, sino todo un modelo de desarrollo depredador y excluyente.