Los tres poderes del
Estado han confabulado en la
contraofensiva a la victoria que resultó del juicio a Ríos Montt. Podrán
intentar desmantelar la verdad jurídica. La verdad histórica por siempre los
alcanzará.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El poder legislativo ha
resuelto: en Guatemala no existió genocidio.
No hubo matanza en gran
escala, ni aniquilación parcial de etnias. No hubo tierra arrasada y masacres
en las áreas rurales. No hubo 45 mil desaparecidos, ni 150 mil ejecutados
extrajudicialmente.
Esto es lo que
piensan los dos grandes partidos del
establishment guatemalteco, el Partido Patriota y el Partido Líder junto con un
partido adicional que hace cálculos electorales. Hoy en el terreno de la política partidista y de cara a las próximas
elecciones, Patriota y Líder son los principales rivales. ¿Rivales en qué? No
tienen grandes diferencias en lo que se refiere a la política económica
que a su juicio debe impulsarse en
Guatemala: ambos son redomados neoliberales.
Y en materia de justicia transicional, ambos partidos también se dan la
mano y hacen alianza. Han coincidido que es malo que el tema del genocidio sea
una discusión que ha trascendido a los tribunales de justicia y se ha ventilado
en los medios de comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles, comunidades
y en los hogares guatemaltecos.
El punto resolutivo
considera negativo que un tema que tocó
a tantos hogares guatemaltecos -en tanto que fueron aproximadamente 200 mil personas asesinadas o desaparecidas-,
sea algo que se discuta en el seno de la sociedad civil. Son temas que deben
ser tratados solamente en los tribunales de justicia, según acordaron los 87 diputados de los 111
que estuvieron presentes en la sesión del Congreso de mediados del mes de mayo
del presente año. Son temas que no deben
ser parte de la democracia participativa, como sería la amplia discusión del
tema, porque finalmente a lo que
conducen es a la polarización de la sociedad guatemalteca. Por todo ello es
inviable el delito de genocidio.
Lo que hay detrás del
punto resolutivo 3/2014 es una visión autoritaria
o en el mejor de los casos de una democracia elitista que considera que algunos
temas no deben ser debatidos por la
sociedad. Detrás del punto resolutivo en
mención, existe la idea reaccionaria de
que es mejor el olvido, darle la vuelta a la página, seguir adelante, hasta que
el próximo genocidio o matanza esté a la orden del día.
Lo que hizo el Congreso
es la continuidad de lo que la Corte de Constitucionalidad (CC) comenzó a hacer
y el Poder Judicial refrendó: anular la parte sustancial del juicio contra Ríos Montt. Este montaje de
la impunidad continuó con la decisión de
la referida CC de acortar el período de la Fiscal General Claudia Paz y Paz. El
establishment guatemalteco continuó esa
operación política, con la decisión de
la Comisión de Postulación de eliminar de la lista final de candidatos a Fiscal
General a la propia Claudia Paz y Paz. Ahora por resolución legislativa se
declara la inexistencia del genocidio en Guatemala.
Los tres poderes del
Estado han confabulado en la contraofensiva
a la victoria que resultó del juicio a Ríos Montt. Podrán intentar desmantelar
la verdad jurídica. La verdad histórica por siempre los alcanzará.
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