El
mantenimiento de la militarización de la guerra antidroga por los sucesivos
gobiernos estadounidenses de Reagan al presente, demuestra la prioridad que le
otorga la élite del poder del Estado-Nación-Imperio, a la guerra contra las
drogas en la política exterior y de seguridad hacia “Nuestra América”.
Alejandro L. Perdomo Aguilera / Especial
para Con Nuestra América
Desde La Habana, Cuba
Introducción
La
Administración de Barack Obama asumió el gobierno con el reto de cambiar, al
menos en términos de imagen pública, el rostro militarista y unilateralista de
su predecesor, George W. Bush (2001-2009). Para ello, su gobierno ha aplicado
como doctrina de la política exterior y de seguridad, al “poder inteligente”
(smart power) [1] y las
tres D, entendiendo la Diplomacia y el Desarrollo como complemento de la
Defensa.
En tal sentido, el gobierno de Obama ha intentado complementar los retos
de la economía, con las acciones en los campos diplomáticos y de seguridad. Con
ello se concibe que si bien la economía está en el centro de la política
exterior y de seguridad, se utiliza la diplomacia y los acuerdos de seguridad
para fortalecer la economía, consolidar la hegemonía y renovar el liderazgo
estadounidense en “Nuestra América”.
Manteniendo una lógica
entre la teoría y la práctica político-diplomática y de seguridad, puede
considerarse que el “smart power” contiene la metodología adecuada para mejorar
la capacidad de diálogo, tanto entre aliados como de adversarios en la región.
En estas relaciones se hace énfasis en el poder de negociación, a partir de la
persuasión y la atracción de países influyentes y de sectores claves para
favorecer los intereses de dominación de Estados Unidos.
Desde esa perspectiva, el gobierno
de Obama se ha orientado hacia una política exterior y de seguridad que atienda
los retos fundamentales de ese Estado-Nación en los próximos años. El nuevo
contexto internacional y regional presenta retos que debe enfrentar EE.UU. en
la economía, y en las políticas domésticas e internacionales que deberá reajustar,
para preservar el liderazgo internacional.
En la agenda exterior y
de seguridad se aprecia un incremento del interés por el trabajo en la
promoción del desarrollo, los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
También se perfilan las acciones diplomáticas, económicas y de seguridad,
mediante un uso más dinámico y creativo del poderío informacional y la
capacidad de influencia de ese Estado-Nación como fórmula para captar y hacer
cooperar a un mayor número de países de la región, en favor de sus intereses
geoestratégicos.
En consecuencia, se afianzan las relaciones diplomáticas, comerciales y de
seguridad con países como México, Colombia, Perú y Chile, consolidando el eje
del Pacífico. Con ello se pretende el mejoramiento de la credibilidad internacional
y la reducción de los excesivos gastos militares. No obstante, la reducción de
los gastos de seguridad no se comporta de forma homogénea en las subregiones de
Latinoamérica y el Caribe, así como en las diferentes partidas del prepuesto
del Departamento de Defensa y el Estado.
Independientemente de
los reajustes del presupuesto nacional, el gobierno estadounidense ha
continuado desarrollando los programas de seguridad, dándole curso al Plan
Colombia, la Iniciativa Mérida, la Iniciativa de Seguridad Regional para
América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe
(CBSI). En la continuación de la asistencia de seguridad en la región ha sido
clave la relación establecida entre Washington y el gobierno de Colombia
presidido por Juan Manuel Santos; apreciándose a ese gobierno como un “socio
fundamental para la cooperación en seguridad regional”, en el entrenamiento de
fuerzas de seguridad de otros países del área en la lucha contra las drogas. (White House, 2013)
Según el gobierno de
Obama, “Colombia ha evolucionado hasta transformarse en un exportador regional
de preparación especializada en materia de seguridad y está compartiendo sus
conocimientos a fin de ayudar a desarrollar la capacidad de los demás países
para mejorar la seguridad ciudadana y hacer frente a los efectos del crimen
organizado transnacional, incluido el tráfico de drogas ilegales.” (White
House, 2013)
Esa tendencia se
corresponde con la visión de “responsabilidad compartida” que intenta otorgarle
Washington a la securitización de las relaciones con la región. En esa
dinámica, las fuerzas de seguridad trabajan más en la preparación de los
efectivos policiales y militares a la usanza estadounidense, lo que por una
parte recorta los cotos económicos y disminuye las consecuencias en términos
mediáticos y político-diplomáticos.
Como complemento de la
proyección imperial hacia la región, se recalcan las amenazas globales sobre
las que la diplomacia debe trabajar desde el Departamento de Estado y la USAID.
En las acciones diplomáticas se aprecia un creciente uso del sector privado,
con el empleo de contratistas y subcontratistas (civiles y militares). Este
fenómeno privatiza elementos estratégicos de la seguridad y la economía en los
países de la región; reducen las opciones de los gobiernos nacionales para
mitigar la influencia estadounidense.
En el
orden diplomático, se aprecia un trabajo más dinámico con la sociedad civil (Acanda, 2002) , con un
mayor uso de instrumentos diplomáticos, jurídicos, culturales e informacionales
como complemento de la seguridad; partiendo de la comprensión de las diferentes
culturas y realidades de cada país, para así poder lograr los intereses
estadounidenses.
Ante los difíciles
retos económicos que enfrenta EE.UU.se aboga por una mayor cooperación con
otros gobiernos e instituciones, aunque Washington mantiene su papel de
liderazgo. Ello se corresponde con las necesidades económicas y con la
envergadura de problemas globales como el terrorismo, el tráfico ilícito de
drogas y otros delitos conexos, que ameritan de una atención más colectiva.
Para ello se impulsan los temas relacionados con los derechos humanos, la
seguridad humana y la responsabilidad de proteger; con una clara inclinación a
los intereses geoestratégicos del gobierno estadounidense. Estas medidas
actualizan la proyección exterior del imperio a las nuevas circunstancias
internacionales
Los temas fundamentales
para la región se concentrarán en: la promoción de oportunidades
socioeconómicas, estrechamente vinculado al trabajo en la llamada “ayuda al
desarrollo”, “los derechos humanos”, la “gobernabilidad democrática”, la
“seguridad ciudadana”, y la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”. (Valenzuela, 2011)
Las
tendencias político-diplomáticas manifiestan rasgos de continuidad en cuanto a
los temas priorizados hacia el Hemisferio Occidental. Ello está en concordancia
con los criterios que manifestara el ex Subsecretario[2] de
Estado para la región, Arturo Valenzuela, al considerar: “(…) los conceptos
sobre los que se sustenta el QDDR guiarán también nuestra estrategia de
“participación dinámica”, que pretende impulsar los intereses de Estados Unidos
en colaboración con toda América Latina, y a la vez reconoce la importancia de
adecuarse a diversas necesidades e intereses.” (Valenzuela, 2011)
Siguiendo los objetivos
prioritarios para la consolidación del liderazgo estadounidense; la política
exterior promueve la democracia representativa y la economía de mercado. En
este sentido se reconoce la necesidad de una “interdependencia compleja”, que perpuetúe el liderazgo estadounidense sobre el
sistema-mundo.
En líneas generales, pudiera caracterizarse la agenda internacional de
la Administración Obama, por la preservación y consolidación del régimen
imperial, basado en un uso efectivo de los instrumentos del poderío nacional.
Para ese objetivo, se trabaja para que la diplomacia y la “ayuda al desarrollo”
sean efectivos complementos de los temas de seguridad, otorgándole credibilidad
a través de la promoción del desarrollo y una relación con Latinoamérica y el
Caribe más ajustada a la realidad de cada subregión y país.
La guerra contra las drogas en la geoestrategia
de Washington hacia Nuestra América
Las drogas han evolucionado paralelamente con la sociedad en esta
compleja y cada día más interconectada “aldea global”. Tras años de
enfrentamientos militarizados de Estados Unidos, el agravamiento de los problemas
de producción, trasiego y consumo han incrementado la criminalidad y la
violencia en los países más afectados de América Latina y el Caribe.
Por el contrario de los objetivos enunciados, la permanencia de esta
guerra ha limitado las alternativas de desarrollo, en un clima de debilidad
político-institucional que fractura el Estado de Derecho y la “gobernabilidad
democrática”. Ante estas circunstancias, resulta necesario precisar el término
de “guerra contra las drogas”, el cual se entiende en este trabajo como
las políticas y medidas antidrogas de EE.UU. que tienen una orientación hacia
diversos objetivos de dominación geoestratégica en la región, por lo que no se
limitan al control del trasiego de drogas ilegales hacia ese país.
Sobre este término, se asume la
definición realizada por las académicas Coletta Youngers y Eileen Rosin,
quienes precisaron: “(…) El presunto “enemigo” no es un ejército organizado que
puede identificarse y vencerse, sino el soporte al tráfico de drogas
constituido por un conjunto de fuerzas socioeconómicas. La mentalidad de la
guerra contra las drogas asegura que los recursos estadounidenses asignados al
control del narcotráfico se encuentren sesgados a favor de la interdicción de
los esfuerzos realizados por las fuerzas del orden público.” (Youngers & Rosin, 2005, pág. 17)
Tomando en cuenta ese análisis, vale la pena reconsiderar los fallos y
limitantes que han permanecido década tras década y el porqué, pese al
manifiesto fracaso, el gobierno estadounidense no define cambios
trascendentales hacia una política antidrogas más viable. Las difíciles
realidades que viven hoy las provincias y regiones más afectadas por el flagelo
de las drogas, reclaman cambios dónde todo nicho de colaboración resulta
necesario. Pero esa colaboración debe rebasar de una vez los pilares
militaristas; acudiendo hacia aquellas esferas que pueden combatir de raíz, los
incentivos que sostienen y desarrollan el crimen organizado trasnacional
vinculado al tráfico ilegal de drogas y sus delitos conexos.
Sin embargo, tratar los nuevos problemas que concurren hoy -como
consecuencia del tráfico ilegal de drogas y su militarizado enfrentamiento- con
las viejas fórmulas resulta más que obtuso, descontextualizado de la realidad
que enfrenta la región. Ante un panorama que registra gran dinamismo del
trasiego de drogas sintéticas y precursores químicos, con un mapa del consumo
regional que ha sufrido el efecto globo del negocio; esparciendo los cárteles y
adictos hacia toda la región, deben fortalecerse la colaboración entre los
países de la región y Estados Unidos, desde una óptica que considere las
peculiaridades históricas y culturales de cada país y subregión.
El llamado efecto globo, al decir de Bruce Bagley (Bagley, 2011) como el desplazamiento de los grupos criminales de
un lugar a otro debido a los operativos en el lugar donde se encontraban, ya ha
invadido el negocio de las drogas ilícitas; convirtiéndolo en un fenómeno cuya
producción, trasiego, comercialización y consumo está globalizado. En esas
circunstancias, debe atenderse el fenómeno de las drogas como un tema de
seguridad pero, también, como un problema de salud; viendo en ambos casos las
múltiples implicaciones que tienen para la sociedad civil, los gobiernos, las
instituciones, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia..
La corrupción política y administrativa seducida por los grupos de
narcotraficantes, han transnacionalizado el crimen organizado a niveles que
hacen fracasar aquellos enfrentamientos que pretenden partir de una visión
unidireccional, incluso si la misma parte del gobierno de Estados Unidos. Por
tanto, se requiere de una colaboración dinámica y racional, donde no se
politicen los temas de seguridad y salud pública, al punto que puedan culminar
lacerando paz y el desarrollo.
Uno de los temas de mayor preocupación con el efecto globo de las drogas
en Latinoamérica y el Caribe es el aumento del consumo en países pobres, con
bajos índices de seguridad como los de Centroamérica. La extensión de estos
problemas hacia ese tipo de países, perpetúa la violencia y criminalidad.
Paralelamente, se restringen las alternativas de desarrollo y reproducción de
la vida; reduciendo a su vez las posibilidades de diseñar políticas de
enfrentamiento y seguridad pública viables.
“América
Central y el Caribe continúan siendo las grandes áreas de tránsito para la
cocaína traficada desde América do Sul hacia el mercado de América del Norte.
El tráfico de cocaína por la sub-región del Caribe está aumentando, después de
presentar una disminución en los últimos años. El efecto desestabilizador
provocado por el tráfico de drogas en la seguridad regional aumentó y la región
fue afectada por conexiones entre el tráfico de drogas y la violencia
relacionada a tales sustancias.” (JIFE, 2013)
En el acrecentamiento de los problemas derivados del negocio de las
drogas tienen una alta responsabilidad el mercado, que continúa liderado por
Estados Unidos. Esta situación compromete al gobierno de ese país en el proceso
de enfrentamiento y canalización de fondos para la promoción de alternativas al
desarrollo hacia los países y subregiones más afectadas. Sin embrago, esta
responsabilidad no sólo debe ser compartida sino también diferenciada;
atendiendo a las peculiaridades de cada país, cuidando que las asimetrías
existentes no resquebrajen más la institucionalidad, el Estado de Derecho y la
seguridad ciudadana de los pueblos latinoamericanos y caribeños.
A la luz de más de cuatro décadas del que el presidente Ronald Reagan
fijara a la guerra contra las drogas como prioridad para su proyección hacia la
región, los problemas asociados al tráfico ilícito de drogas y sus delitos
conexos, se han fertilizado. Los índices de producción, trasiego y consumo que
hoy registra Nuestra América, reflejan el fracaso de la militarización
defendida por Washington. No obstante, el gobierno de EE.UU. persiste en
alentar el Complejo de Seguridad Industrial a partir de la lucha antidroga.
Cambios y continuidades de la lucha antidrogas de EE.UU.
hacia la región
La lucha antidroga ha adquirido
cambios importantes en la Administración de Barack Obama (2009-2017), que
incidirán en la forma de encarar y percibir el problema de las drogas, tanto en
el segundo mandato de Obama como en el del Presidente que lo sustituirá entre
2017 y 2021. Sin embargo, los matices en la forma de desarrollar esta cruzada
no conllevan necesariamente a una reforma integral de las políticas “antinarcóticos”.
Por el contrario, estas reformas se orientan a encubrir la impunidad y la
violencia generada por las fuerzas militares, policiales y privadas, que actúan
en los países más afectados de América Latina y el Caribe.
Siguiendo la historia
de guerrerista contra las drogas se perciben como consecuencias más
lamentables; el manifiesto fracaso respecto a la reducción del “narcotráfico” y
la penetración político, militar y diplomática en la región. Pero esta guerra
ha presentado algunas modificaciones en los últimos años, fundamentalmente en
la forma en que se proyectan el binomio del Pentágono y el Departamento de
Estado, y sus más fieles agencias: la DEA y la USAID.
El Buró
Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre
las Drogas (DEA) vienen consolidando sus nexos en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas (TID) en la región desde finales del segundo mandato de
Ronald Reagan (1985-1989). En ello se ha acrecentado la participación de las
Unidades de Investigación Confidencial (SIU)[3], que son
“(…) son grupos ultra secretos de agentes élite, casi siempre policiales, de la
región que son equipados, entrenados y sometidos a escrutinio por parte de
agentes de la DEA. Sus integrantes deben pasar por indagaciones de antecedentes,
y someterse periódicamente al polígrafo y a pruebas por consumo de drogas. (…) Las SIU
tienen acceso a las bases de datos de inteligencia de la DEA.” (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers,
2013, pág. 9)
A ellos se le suman, en franca
alianza con sus embajadas en la región, las acciones desplegadas desde la CIA y
el Comando Sur o Meridional, en el incremento del uso que tienen en el segundo
mandato de Obama (2013-2017), las Fuerzas Especiales Inter-Agencias
Conjuntas Sur (JIATF-S), un componente del Comando Sur que opera desde Key
West, Florida,
y los medios no tripulados (drones). Estas se complementan con las Fuerzas
Especiales Bravo, ubicadas en Honduras; las Fuerzas Navales Sur (también
conocidas como la Cuarta Flota), y las Fuerzas de la Marina Sur, así como las
agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos, que incluyen la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de EE.UU.
Estos cambios dan una
medida de la trasformación de la militarización que está ocurriendo en EE.UU. y
que, sin dudas, trascenderán el periodo de Obama sea republicano o demócrata el
presidente de que lo sucederá el 20 de enero de 2017. Ello tiene su reflejo en
la una securitización de la “guerra contra las drogas” que cuenta con un
personal más capacitado y mejor equipado y, por tanto, no precisa de un gran
número de efectivos.
En esta dinámica la DEA
está empleando a los Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior
(FAST). “FAST es un programa táctico de ofensiva que despliega escuadrones de
aproximadamente 10 agentes de la DEA con entrenamiento militar en todo el
mundo. Los FAST han sido destacados al menos en 15 oportunidades en América
Latina, y han estado presentes en cinco países: Haití, Honduras, República
Dominicana, Guatemala y Belice.” (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian,
& Withers, 2013, pág. 9)
El despliegue de las
Fuerzas de Operaciones Especiales sobre diversos países manifiestan un cambio
de forma, mas no de contenido en cuanto a los propósitos geoestratégicos de
Washington. Por el contrario, continúa la visión intransigente respecto a una
reforma integral de las políticas antidrogas, que tomen en cuenta las características
de los países de la región así como los verdaderos niveles y tipos de consumo
tanto en Latinoamérica y el Caribe como en Estados Unidos.
Paralelamente, el debate por una
mayor tolerancia al consumo de la marihuana gana espacios al interior de Estados
Unidos. “Actualmente, 18 estados y el Distrito de Columbia permiten el uso de
la marihuana como un medicamento. Esta es una medida mucho más amplia que la
simple despenalización porque incluye que el estado aprueba la venta para fines
medicinales. A la vez, cuatro Estados (California, Washington, Colorado y
Oregón) han considerado iniciativas para legalizar la marihuana. El 6 de
noviembre de 2012, votantes en dos de ellos, Colorado y Washington, aprobaron
nuevas leyes para regular e imponer impuestos a esta sustancia.” (OEA, 2013, pág. 69)
Evidentemente el tráfico las
armas de fuego, la guerra contra carteles y la diseminación de la violencia y
la criminalidad en la región, valoriza la necesidad de reformas hacia una mayor
tolerancia, ante el obstinado enfoque unidireccional con que tradicionalmente
se ha orientado la política antidroga estadounidense.
Las políticas de mayor
tolerancia son defendidas por varios gobiernos Centroamérica, Suramérica y el
Caribe han entrado al debate sobre la despenalización y legalización o no del
cannabis (marihuana), esta última subregión a través de la CARICOM. Para ello
se parte de la lógica de legalizar los aspectos menos nocivos en los países más
afectados, atendiendo a las particularidades de cada país, sus culturas y
situaciones sociopolíticas e institucionales. Para ello se tienen en cuenta los
índices generales del consumo de la marihuana. Según la UNODC: “El cannabis
sigue siendo la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Se registró un
pequeño aumento de la prevalencia de consumidores de cannabis (180,6 millones,
es decir, el 3,9% de la población de 15 a 64 años de edad) en comparación con
las anteriores estimaciones en 2009.” (UNODC, 2013)
La situación caribeña
resultará de gran atención en los próximos años (2015-2021) por la reactivación
de esa zona como ruta de trasiego de drogas, lo que ha manipulado a su favor
Washington para incrementar la militarización del área del Gran Caribe, a partir
de la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del
Caribe (CBSI). En tal
empeño se ha incrementado el empleo de drones y Fuerzas de Operaciones
Especiales. Según los datos del Informe
del Informe Comando Sur de 2014, en 2013 el flujo de la cocaína destinada a
Estados Unidos a través del corredor del Caribe aumentó a 14 % del flujo total
estimada. (US. Southcom, 2014)
En el despliegue
estadounidense sobre las costas del Caribe y el Golfo de México se ha resaltado
la Operación Martillo desde enero de 2012. Ello se “justifica” con el creciente
trasiego de drogas por la zona. “Los Estados Unidos estimaban que, en 2012, más
del 80 por ciento del flujo principal de cocaína traficada hacia este país,
transitaba inicialmente a través del corredor de América Central”, señala el
Informe de Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes del
Departamento de Estado para 2013” (INCSR , 2013) Esta cifra es
superior según del jefe del Comando Sur, general John Kelly, quien considera
que “ (…) un volumen estimado de 92-94
por ciento de la cocaína destinada a los EE.UU. aún fluye a través de América
Central, de hecho, en 2012, según el Comando Sur, mediante la Operación
Martillo interceptó152 toneladas de cocaína”. (Southern Command, 2013)
Para profundizar el
cuidado de Centroamérica y el Caribe, el Comando Sur ha desplegado dos
iniciativas subregionales: la CARSI y la CBSI. La CARSI cuenta
con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y
Fiscalización (INL) del Departamento de Estado, del FBI y
respalda las Unidades Transnacionales Anti-Pandillas (equipos TAG), las cuales
son unidades policiales en El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo
Norte),que comparten información sobre las actividades de los grupos de
narcotraficantes.
Llama la
atención en medio de los recortes presupuesto militar, se incrementen las
partidas de dinero en asistencia en seguridad para las Fuerzas de Operaciones
Especiales y las Iniciativas de Seguridad para Centroamérica, el Caribe y Perú. En el caso peruano,
viene a consolidar el posicionamiento geoestratégico en la subregión andina,
llegando a establecer en ese país 9 bases militares.
Esta tendencia continúa
en el presupuesto solicitado por Obama para el año fiscal (FY) 2015. En el
Fondo de Apoyo Económico (ESF) de Estados Unidos para América Latina y el
Caribe, de un total de 392 millones 900 mil dólares, se propone para la CARSI
60 millones de dólares, y 132 millones 900 mil dólares para Colombia. (Presupuesto Federal para el
Departamento de Estado, 2014)
En el caso de los
fondos canalizados para el programa de Control de Narcóticos y Aplicación de
Ley (INCLE), se proponen fondos para programas antinarcóticos y de seguridad
pública en Colombia, 117 millones; para Perú (37 millones) y para la región
centroamericana, 70 millones. (Presupuesto Federal para el Departamento
de Estado, 2014)
El incremento de la
presencia de Fuerzas de Operaciones Especiales, junto a las acciones del
personal de inteligencia y los contratistas y subcontratistas (civiles y
militares), le otorga una menor trasparencia e impunidad la proyección exterior
de seguridad de Washington en la región. Entretanto, Colombia se involucra más
en el entrenamiento de militares y policía en el exterior auspiciado por
agencias estadounidenses, que aumentan su influencia sobre los efectivos de
seguridad de varios países latinoamericanos y caribeños.
Con ese objetivo, en
“(…) 2013, esta asistencia en el ámbito de la seguridad incluyó 39 actividades
para el desarrollo de capacidades en cuatro países centroamericanos que se
centraron en áreas tales como la confiscación de bienes, las investigaciones,
los exámenes poligráficos y las interdicciones. Estados Unidos y Colombia
anunciaron el Plan de acción correspondiente al año 2014, que pretende aumentar
la asistencia a 152 actividades para el desarrollo de capacidades en seis
países de América Central y el Caribe.” (White House, 2013)
Estas circunstancias
denotan un difícil panorama de inestabilidad en los países más afectados, lo
que limita su capacidad para proyectar líneas políticas coherentes de manera
unilateral, por lo que hace insoslayable la búsqueda de consensos a nivel
regional, y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. El mayor reto en
esa dirección, radica en cómo ajustar esa colaboración para que no se
comprometa la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los países
que más sufren por este flagelo. A esas complejidades se suman las
contradicciones entre las políticas desarrolladas por el gobierno de EE.UU.
para contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas internas de los
Estados latinoamericanos.
Ese problema limita la
promoción de políticas antidrogas coherentes con cada país y región, donde se
incite la inclusión ciudadana en los programas sociales y políticos. Ello tiene
como trasfondo el mantenimiento de una visión unidireccional que prepondera la
seguridad en las fronteras estadounidenses, incrementando los costos humanos
para la región lo que, a la larga, resulta perjudicial también para EE.UU.
No obstante, los
mayores afectados con la sostenida militarización de la guerra contra las
drogas siguen siendo los países de la región, que con el curso de los años no
sólo amplían sus vínculos en el mercado de estupefacientes estadounidense, sino
que generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la región.
La extensión de tráfico ilegal de drogas en la mayoría de los países de la
región, ha conllevado a una serie de ajustes en la proyección exterior y de
seguridad de EE.UU. Ello ha tenido implicaciones para la forma en que se
realiza la militarización en la región y para los programas diplomáticos,
económicos y de inteligencia que se encausan hacia los países de mayor interés
en las Américas.
Valorando
esas realidades, se reducen los grandes despliegues militares, siendo
sustituidas por un mayor uso las Fuerzas de Operaciones Especiales en
correspondencia con la concepción de la “Huella Ligera” (light footprint) y la “Guerra de Cuarta
Generación”.[4] En ese
contexto, varios países latinoamericanos aumentan las presiones tanto a nivel
gubernamental como por parte de la sociedad civil para lograr, de forma
paulatina, la despenalización y legalización del consumo de algunas drogas,
particularmente la marihuana y algunos estupefacientes de origen sintético y
semi-sintético. Según siga creciendo la demanda de drogas ilegales (DI) en los
países se hace más difícil contener la oferta.
Entretanto,
las multimillonarias ganancias del trasiego ilegal de drogas continúan
incrementado la corrupción, el blanqueo de capitales y el fomento de paraísos
fiscales y centros offshore; favoreciendo los fondos de los bancos y empresas
transnacionales que participan o se benefician, de alguna manera, en las
diferentes fases de este negocio.
Esa realidad amerita considerar el impacto económico de los flujos
ilícitos transnacionales. El tráfico ilícito de cocaína genera anualmente montos
superiores a los 85 mil millones de dólares. (UNODC, 2012) “Al año, el crimen organizado mundial
mueve unos 870 mil millones de dólares. De esa cantidad, el narcotráfico maneja
320 mil millones de U$; 32 mil millones se movilizan por “trata de personas”;
siete mil millones en torno al tráfico ilegal de migrantes; casi 80 mil
millones por negocios delictivos relacionados con la madera y especies
animales; 140 mil millones por juego de apuestas ilegales.” (Rambaldi,
2012)
Estas cifras dan una
medida de la situación de los intereses y los vínculos con empresarios y
políticos que tiene el crimen organizado trasnacional. Esa interconexión
dificulta su enfrentamiento, dado el amplio abanico de oportunidades que se
abren, ante las vulnerabilidades en la seguridad y la asistencia social que
presentan los Estados-nacionales.
Los derroteros del
crimen organizado transnacional, recrudecen los problemas socioeconómicos y
políticos que padece Nuestra América, con un gran impacto sobre los procesos
electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los líderes
de la región. Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano de Defensa
(CSD), resulta una opción para el enfrentamiento, al menos de forma más
autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta Institución, creada como respuesta
de la región, bajo la impronta del ex presidente brasileño Lula Da Silva, en el
marco de la UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas más
urgentes que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana.
Fortalecer los enfoques
desde el sur al enfrentamiento antidroga es una necesidad existencial, ante las
proyecciones del Comando Sur y el perfeccionamiento de las facilidades
militares del hegemón en la región; la cual combinan con un paquete de
cooperación en materia de asesoría jurídica, policial y “apoyo institucional”,
que acentúan sus intereses sobre la región.
Según el último Reporte del Comando Sur, correspondiente al año 2014, se definen como 4 prioridades para las
operaciones del comando: Detención “humana
y digna” estadounidenses en: 1) Fuerza
de Tarea Conjunta de Guantánamo, 2) Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC). 3) La
creación de capacidad de los asociados,
inter-operatividad, alianzas inter-institucionales, socios inter-agencias y 4) La
planificación de contingencias. (US. Southcom, 2014)
Conforme a las
prioridades se trabaja en el incremento
de la seguridad pública, la estabilidad política, el estado de derecho, el
fortalecimiento institucional, la eficiencia de los programas antidrogas y
contra el trasiego ilegal de armas de fuego. En relación al problema de
la corrupción se aprecia la corrupción
en la región como amenaza a los intereses de seguridad nacional de EE.UU.
En consecuencia con la
reducción del presupuesto, se mantiene la tendencia en los próximos diez años,
a la reducción de los despliegues de personal, barcos y aviones producto de las
limitaciones fiscales. Ello repercute en un menor poder de despliegue de
ejercicios y actividades de participación una desproporción, pero esta
tendencia se complementa con la mayor utilización de las Fuerzas de Operaciones
Especiales (Huella Ligera).
Esta limitación de
fuerzas reduce el poder de influencia en el plano de seguridad pero puede
incrementar la influencia diplomática y la efectividad de las Fuerzas de
Operaciones Especiales, que requerirán cada vez más de menor personal en el
terreno de operaciones. Además, se reconoce la expansión sin precedentes de las
redes criminales y pandillas violentas está afectando a la seguridad ciudadana
y la estabilidad en la región. En ello tiene una importante relación con el
efecto globo de la producción y trasiego ilegal de las drogas por toda la
región, a partir de las estrategias fallidas en el control e interdicción de
drogas lideradas por el gobierno estadounidense.
Respecto al trasiego de
drogas, el citado informe refleja que la mayor parte de la heroína que se vende
en los Estados Unidos proviene de Colombia o México, con un aumento en las
sobredosis relacionadas con la heroína y muertes en EEUU. En consecuencia, el tráfico de cocaína sigue siendo la
actividad más rentable y el reto de la
seguridad predominante en toda la región, con un estimado de 84 mil millones en ventas anuales. (US. Southcom, 2014)
Por su parte, el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de
Narcóticos (INCSR) de 2014, de la Oficina de Narcóticos y Aplicación de la ley
Asuntos Internacionales, refiere que la cooperación bilateral pasó de la entrega de equipo a gran escala, al entrenamiento y
construcción institucional, así como a la expansión de programas a nivel
Estatal y Municipal, más que Federal. (INCSR, Control Strategy Report, 2014) Ello se
corresponde con las tácticas de seguridad más ajustadas a la realidad de cada
territorio, que además reducen los gastos con el entrenamiento de fuerzas de
seguridad en la región, y la utilización de terceros países como Colombia para
ese fin.
Paralelamente, se
trabaja en el fortalecimiento institucional a partir del sector judicial,
encaminado a la reducción de la demanda
de drogas y las iniciativas de una cultura de legalidad, las cuales tendrán
mayor prioridad. En la lucha antidroga, continúan como temas centrales el
trabajo en el fortalecimiento institucional, el Estado de derecho y la lucha
contra el lavado de dinero fortaleciendo las leyes y las técnicas de
interdicción. (INCSR, Control Strategy Report, 2014)
A pesar de que los
delitos de blanqueo de capitales, corrupción, trasiego de armas de fuego y
precursores químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que apoya y
reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos atacados que la esfera
de la producción de estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente
geoestratégica, puesto que su enfrentamiento supone la ubicación de facilidades
militares en zonas de alto interés geopolítico y geo-económico para la élite
del poder de EE.UU. Ello explica la continua penetración político-diplomática y
de seguridad en regiones claves de la región, entre las que resaltan la Amazonía
y la Triple Frontera, sin olvidar la importancia para su seguridad nacional de
México y, en un segundo orden, los países más afectados de Centroamérica y del
área caribeña.
La prioridad de México
se evidencia también en el presupuesto solicitados por el gobierno de Obama
para 2015. En el caso del Fondo de Apoyo Económico (ESF), se solicitaron 35
millones de dólares para México. Respecto al Control de Narcóticos y Aplicación
de Ley (INCLE), se propone un gasto de 80 millones para ese país, con el objeto
de dar continuidad a la Iniciativa Mérida y, en particular, al mejoramiento del
estado de derecho y la institucionalidad. (Presupuesto Federal para el
Departamento de Estado, 2014)
La militarización de la
región se ha intentado justificar durante décadas porque una de las drogas
ilegales (DI) consideradas más perjudiciales, la cocaína, registra sus mayores
producciones en países de Latinoamérica, lo que ha servido de pretexto para
profundizar el pilar militarista de las políticas antidrogas, a pesar de su
manifiesto fracaso. Sin embargo, en las
trasformaciones ocurridas en la última décadas, se aprecia una mayor producción
y consumo de drogas sintéticas. Los países que tradicionalmente eran
productores y/o rutas han incrementado sus índices de consumo. La expansión de
este problema de la subregión andina hacia toda Nuestra América, con sus
particulares efectos en México y Centroamérica, evidencian el doble rasero del
enfrentamiento de las políticas antidrogas de EE.UU.
Entretanto, las “(…)
estimaciones de la cantidad de cocaína fabricada, oscilaron de 776 a 1.051
toneladas en 2011, cifra igual en gran medida a la del año anterior. Las
mayores incautaciones de cocaína del mundo (sin ajustar la pureza) se siguen
notificando en Colombia (200 toneladas) y los Estados Unidos (94 toneladas). El
consumo de cocaína sigue disminuyendo en los EE.UU., el mayor mercado de
cocaína del mundo. Por el contrario, un aumento significativo de las
incautaciones se ha observado en Asia, Oceanía, América Central y del Sur y el
Caribe en 2011.” (UNODC, 2013)
Los cambios de patrones
de consumo en los principales mercados de la droga a nivel mundial (el
estadounidense y el europeo) unido a los éxitos que han conllevado políticas
antidrogas de mayor tolerancia y valoración a las culturas y las situaciones
específicas de cada país y región, descolocan la intransigencia del gobierno
estadounidense en la guerra contra las drogas. En estos cambios de los patrones
de consumo, resalta el auge del trasiego de precursores químicos y el
incremento del consumo de las drogas sintéticas. “Comercializadas como
"drogas legales" y "drogas de diseño", (…) están
proliferando a un ritmo sin precedentes y presentan desafíos imprevistos en el
área de la salud pública. (…).” (ONUDC, 2013)
El dinamismo de la
producción de drogas sintéticas, la variedad de sus tipos y formas de
comercialización, desmonta las vías tradicionales de control e interdicción.
Para que se tenga una idea, “(…) sólo en Europa se registraron en 2011 un total
de 49 nuevos tipos de drogas sintéticas, lo que representa un récord en los
últimos años, ya que en promedio cada semana llega al mercado una nueva droga. (…) entre 2010 y 2012, aumentó hasta 690
el número de páginas web que ofrecen sustancias estupefacientes producida en laboratorios, las así llamadas "drogas de diseño", bajo nombres
como "Legal Highs" o "Herbal Highs".” (Notimex, 2013)
A pesar de estos
cambios, Washington prosigue con la llamada política de mano dura contra las
drogas hacia Latinoamérica; “justificándose” en la necesidad de interdicción de
cocaína, cuando los estudios internacionales más avanzados revelan
transformaciones en el consumo, que priorizan las sustancias sintéticas. La
rigidez de esta política puede explicarse por los intereses colaterales que
encierra para la política exterior y de seguridad de Washington en la región.
Independientemente
de los cambios burocráticos que se realicen en los Departamentos de Estado y de
Seguridad, en Latinoamérica y el Caribe continuará politizándose la lucha
antidrogas. Para ello se perfecciona constantemente el poderío militar,
político, diplomático e informacional destinado hacia la región, tanto con la
penetración de fuerzas militares del gobierno como de contratistas y
subcontratistas a su servicio. Las cuotas de control y poder que confiere la
guerra contra las drogas a los intereses geoestratégicos de ese gobierno en la
región, hacen factible realizar los cambios y matices necesarios, para
prolongar el combate armado contra los grupos de narcotraficantes, cuánto sea
posible y necesario.
Analizando la evolución
y las tendencias de la lucha antidrogas en la política exterior y de seguridad
de EE.UU. puede puntualizarse una mayor importancia de las políticas antidrogas
estadounidense en las dinámicas político-diplomáticas y económicas entre
Estados Unidos y América Latina y el Caribe; donde crecen las implicaciones del
capital trasnacional estadounidense en el blanqueo de capitales.
Además, se aprecia el
auge de la tendencia a la despenalización y legalización del consumo de
marihuana y algunas drogas de origen sintético, con disímiles consecuencias
sociopolíticas y culturales. Ello tiene implicaciones para la relación
norte-sur y para el sostenimiento de la errada guerra contra las drogas de
Washington. Ese fenómeno cuenta con el impulso de los gobiernos de la región,
donde se destacan los casos de Uruguay y Guatemala, con sus peculiaridades
internas, que tienen como precedente las experiencias de países de Europa
Occidental como Portugal y Países Bajos, donde se han registrado resultados
favorables respecto a la reducción de la violencia y la inseguridad.
La legalización de las drogas blandas
ha cobrado fuerza en la región, con el apoyo de figuras políticas como el ex
presidente mexicano Vicente Fox, que el 19 de octubre de 2011 impartió una
conferencia en el Cato Institute de Washington, abogando sobre la legalización
de las drogas. Juan Manuel Santos se sumó a Fox en la no contención de la
política impulsada para la legalización de las drogas.
El subsecretario general de la
ONU y director de la división para América Latina del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el chileno Heraldo Muñoz, argumentó
ante una que: “ (…) ni el PNUD ni la ONU tienen posición sobre el tema, pero
nos parece legítimo que se empiece a discutir, como han propuesto algunas personalidades,
regularizar o legalizar algunas drogas (…) el narcotráfico acabará minando la
democracia en América Latina si no se aborda desde el lado de los países
consumidores” (El País, 2011)
Los efectos que pudiera
conllevar a mediano y largo plazo un escenario de legalización y
despenalización de las drogas, principalmente de las drogas marihuana, sin
descartar el de otras sustancias de origen sintético, conllevaría a importantes
modificaciones en las políticas antidrogas de Estados Unidos. La rígida
posición de EE.UU. ante las presiones de movimientos y gobiernos parece
desmontarse en el tiempo. Por otra parte, luego de la legalización en
Washington y Colorado del consumo de marihuana, el tema a debate no sólo cobra
importancia en la conformación de la política exterior y de seguridad de EE.UU.
hacia el Hemisferio Occidental sino también en el orden interno. Los históricos
problemas del consumo de estupefacientes y psicotrópicos en ese país obligan a
una reevaluación sobre la visión y posibles acciones del gobierno en ambas
direcciones.
En la pasada Cumbre de
las Américas, celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en
abril del 2012, se evidenció la voluntad de algunos gobiernos latinoamericanos
de estudiar los beneficios que podría producir para sus correspondientes
países, una política de mayor tolerancia legal hacia el consumo de algunas
drogas.
Para un análisis más
holístico respecto a los flujos ilícitos trasnacionales, resulta pertinente
interrelacionar el tráfico de drogas ilegales y su enfrentamiento con el
trasiego de armas de fuego a la región, donde existen escandalosos precedentes
que implican al gobierno estadounidense como la Operación Rápido y Furioso.
La relación de negocio
de las drogas con otros delitos como la trata y contrabando, el lavado de
dinero y el tráfico de precursores químicos, conllevan a una valoración más
integral respecto a los flujos ilícitos transnacionales. El trasiego de
precursores químicos, acelera el dinamismo del consumo de sustancias
sintéticas. Ello tiene implicaciones prácticas en la modificación de las rutas
y en su enfrentamiento, debido a las facilidades de su producción, puesto que
no se requieren de territorios específicos.
Por otra parte, la ausencia de una
colaboración multidimensional, limita el papel de las políticas públicas, ya
que no se aprecia la importancia de la participación ciudadana en la
credibilidad y la eficiencia de las políticas antidrogas. Para ello se necesita
de una verdadera colaboración, que tome en consideración la visión de todas las
partes y las características culturales, políticas y socioeconómicas de cada
país y subregión; de manera que se diseñen estrategias que viabilicen la
cooperación al desarrollo. Para lograr esos objetivos, es preciso que la
colaboración abra un abanico de acciones hacia temas no militares, que
incentiven la seguridad ciudadana, el desarrollo de la economía, la protección
del medio ambiente y la seguridad ciudadana.
La persistencia de
fórmulas militaristas y la continua politización de la lucha antidroga, denota
el doble rasero de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en la
conformación de la política exterior y de seguridad hacia Nuestra América. Ante
esa realidad, se necesita de la articulación de fuerzas políticas y actores
diversos, que pugnen por una verdadera cooperación al desarrollo. Ello
viabilizaría cambios trascendentales, donde se parta de un enfoque crítico,
interdisciplinario y regional, sobre los diversos problemas asociados con los
flujos ilícitos entre América Latina, el Caribe y EE.UU. En ello deben estar
incluidos los actores estatales y no gubernamentales, regionales y
trasnacionales, en aras de proveer alternativas de políticas cooperativas, que
tengan en cuenta el carácter transfronterizo y trans-regional de ese flagelo.
Conclusiones
El tráfico ilícito de
drogas es un problema de dimensión global. El impacto de este flagelo sobre la
humanidad tiene consecuencias incalculables sobre la calidad de vida de la
sociedad, la estabilidad política, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad,
por lo cual se ven seriamente afectados los países de la región. Estas
circunstancias denotan un difícil panorama de inestabilidad en los países más
afectados, lo que limita su capacidad para proyectar líneas políticas
coherentes de manera unilateral, por lo que resulta insoslayable la búsqueda de
consensos a nivel regional y la no por contradictoria menos necesaria,
colaboración con el gobierno de Estados Unidos.
El mayor reto en esa
dirección, radica en cómo ajustar esa colaboración para que no se comprometa la
soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los países de la región.
A estas complejidades se suman las contradicciones entre las políticas
desarrolladas por el gobierno de EE.UU. para contrarrestar el flagelo de las
drogas con las normativas de mayor tolerancia que promueven varios gobiernos
latinoamericanos.
Los mayores afectados
con la sostenida militarización de la guerra contra las drogas siguen siendo
los países de la región, que con el curso de los años no sólo amplían sus
vínculos en el mercado de estupefacientes estadounidense sino que generalizan
las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la región. La extensión del
tráfico y consumo de drogas en la mayoría de los países de la región, amerita
de nuevos re-ajustes en la proyección exterior y de seguridad de EE.UU. Sin
embargo, ello pude conllevar a nuevas amenazas para la región, si bien existen
mayores oportunidades para colaborar y plantear alternativas más autónomas en la
lucha contra el flagelo de las drogas.
Valorando esas
realidades, se reducen los grandes despliegues militares, siendo sustituidos
por un mayor uso las Fuerzas de Operaciones Especiales (Huella Ligera) y la
“Guerra de Cuarta Generación” con un mayor uso de las TICs para labores de
monitoreo y enfrentamiento a los a los flujos ilícitos trasnacionales. Ello
posibilita una militarización más efectiva y menos numerosa, que pudiera
conllevar a confundir y reducir las “presiones” en el plano político- diplomático.
A pesar de que los
delitos de blanqueo de capitales, corrupción, trasiego de armas de fuego y
precursores químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que apoya y
reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos atacados que la producción
de estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente geoestratégica, puesto
que su enfrentamiento supone la ubicación de facilidades militares en zonas de
alto interés como la Amazonía y la Triple Frontera, sin olvidar la importancia
para su seguridad nacional de México, y en un segundo orden, los países más
afectados de Centroamérica y del área del Gran Caribe.
En consecuencia,
América Central, el Caribe y Perú se mantienen como prioridades y área de mayor
dinamismo en asistencia de seguridad y se acoge Colombia como modelo y
principal aliado geoestratégico. El mantenimiento de la
militarización de la guerra antidroga por los sucesivos gobiernos
estadounidenses de Reagan al presente, demuestra la prioridad que le otorga la
élite del poder del Estado-Nación-Imperio, a la guerra contra las drogas en la
política exterior y de seguridad hacia “Nuestra América” para el periodo
2015-2021.
Bibliografía
Acanda, J. L. (2002). Sociedad Civil y Hegemonía. La
Habana, Cuba: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cuba “Juan
Marinello”.
Andina. (25 de abril de 2013). Andina: Agencia Peruana de
Noticias. Recuperado el 8 de mayo de 2013, de
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-el-negocio-las-drogas-mueve-al-ano-84000-millones-dolares-456398.aspx#.UjIVp3Lp8ps
Bagley, B. (31 de enero de 2011). Recuperado el 9 de marzo
de 2012, de
http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/1743-el-efecto-globo-o-por-que-se-esta-perdiendo-la-guerra-contra-las-drogas.html
Clinton, H. (junio de 2011). IIPDigital. Obtenido de
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007x2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb
Clinton, H. (15 de diciembre de 2010). Obtenido de
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192366.htm
El País. (4 de octubre de 2011). Es legítimo que se
empiece a discutir la legalización de las drogas. El País .
INCSR. (4 de March de 2013). Sitio Oficial del
Departamento de Estado. Recuperado el 13 de agosto de 2013, de http://www.
state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013/.
INCSR, Control Strategy Report. (Marzo de 2014). Sitio
oficial del Departamento de Estado. Recuperado el 30 de 2014 de marzo, de
http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/vol2/222461.htm
Isacson, A., Haugaard, L., Poe, A., Kinosian,
S., & Withers, G. (2013). Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de
los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe. Obtenido de
http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Regional%20Security/Time%20to%20Listen/Hora%20de%20Escuchar.pd
JIFE. (2013). Informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2012. Naciones Unidas, JIFE;
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Nueva York.
Kurata, P. (11 de febrero de 2013). Kerry dice que
cumplirá con la promesa de la democracia de Estados Unidos. Washington.
Recuperado el 25 de febrero de 2013, de
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2013/02/20130211142402.html#axzz2LwVoUW3
Notimex. (5 de marzo de 2013). Notimex. Recuperado el 4 de
mayo de 2013, de http://www.altonivel.com.mx/34446-en-aumento-creacion-y-consumo-de-drogas-sinteticas-onu.html
OEA. (2013). OEA. El problema de las drogas en las
Américas. . Organización de Estados Americanos, Secretaría General.
Presupuesto Federal para el Departamento de Estado. (5 de
marzo de 2014). Departamento de Estado. Recuperado el 3 de abril de 2014, de
http://www.state.gov/documents/organization/222898.pdf
QDDR. (2010). State Department. The First
Quadrienal Diplomacy and Development Review. Leading Through Civilian Power.
Departamento de Estado, Washington D.C.
Rambaldi, H. G. (16 de 9 de 2012). El Ciudadano.
Recuperado el 3 de diciembre de 2012, de
http://www.elciudadano.cl/2012/09/16/57294/870-mil-millones-de-dolares-maneja-el-crimen-organizado/
Southern Command. (2013). Posture Statement to
Congress. United States, Southern Command, Miami.
UNODC. (2011). Informe mundial sobre las Drogas 2011,
Situación del consumo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas a nivel
mundial, UNODC. Obtenido de http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/ExSum-tran
UNODC. (2012). Sitio Oficial de la UNODC. Recuperado el 4
de enero de 2013, de
http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf
UNODC. (26 de junio de 2013). Sitio Oficial de la UNODC.
Recuperado el 2 de diciembre de 2013, de
http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/frontpage/2013/06/26-world
US. Southcom. (26 de febrero de 2014). Sitio Oficial del
Comando Sur. Obtenido de http://www.southcom.mil/Pages/Default.aspx
USAID. (2011). USAID’s Policy Framework 2011-2015.
Valenzuela, A. (6 de enero de 2011). Obtenido de En:
http://spanish.panama.usembassy.gov/sp010611.html
White House. (3 de diciembre de 2013). LA CASA BLANCA,
Oficina del Secretario de Prensa, Hoja Informativa: Estados Unidos y Colombia,
socios estratégicos. Obtenido de
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/03/hoja-informativa-estados-unidos-y-colombia-socios-estrat-gicos
Youngers, C., & Rosin, E. (2005). Drogas y democracia
en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos. Buenos Aire:
Editorial Biblos.
NOTAS:
[1] El “smart power” es un concepto ideado por Suzanne Nossel, quien lo acuñó
en un artículo del año 2004, publicado en la revista Foreign Affairs donde “(…)
proponía la política del Internacionalismo
Liberal y sugería al gobierno estadounidense utilizar el poder militar y
otras formas de poder blando ("soft power") de forma alternativa y
según las circunstancias.(Nossel, 2004)
[2] En la actualidad
Roberta Jacobson se desempeña como Subsecretaria de Estado para el Hemisferio
Occidental.
[3]En la actualidad Estados
Unidos apoyan 11 programas SIU en todo el mundo. En el Hemisferio Occidental,
se sabe que operan en Belice, Panamá, Guatemala, México, Colombia, Ecuador,
Perú y República Dominicana. (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, &
Withers, 2013, pág. 9)
[4]Guerra de IV Generación
originó en 1989 cuando William Lind y cuatro oficiales del Ejército y del
Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, titularon un documento: "El rostro cambiante de la guerra:
hacia la cuarta generación". Ese año, el documento se publicó en la
edición de octubre del MilitaryReview y la Marine Corps Gazette. En 1991 Martín
Van Creveld publicó La Transformación de
la Guerra obra que le daría cuerpo intelectual a la Guerra de IV
Generación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario