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sábado, 26 de julio de 2014

Bolivia: Cartografia electoral y desafios 2015-2020

Faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales bolivianas que se celebrarán, nada es casualidad, el 12 de octubre, Día de la Descolonización. La votación del binomio Presidente-Vicepresidente vendrá acompañada de la elección de 130 diputados y 36 senadores.

Katu Arkonada / Le Monde Diplomatique y Rebelion

Alvaro García Linera, como Vicepresidente, y Evo
Morales, como presidente: la fórmula electoral del MAS.
De ganar Evo Morales las elecciones, se convertiría en el Presidente que ha gobernado Bolivia durante más tiempo, haciéndolo además con unos niveles de aprobación ciudadana nunca antes vistos en la historia de este país.

Si bien las encuestas son herramientas de las que no se pueden extraer conclusiones definitivas para el día D de las elecciones, siendo algo más estático que dinámico, lo que es cierto es que los últimos estudios nos dan una fotografía de la coyuntura política boliviana que se va sedimentando a lo largo de los últimos meses.

El último sondeo conocido en el mes de junio fue realizado por la encuestadora IPSOS a 1060 personas en las 4 principales ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, contando con un margen de error del 3’01%. El dato más significativo de dicho estudio muestra una aprobación en el eje troncal de la gestión del Presidente Evo Morales del 73%, que alcanza el 83% en la ciudad de El Alto (mientras que el porcentaje más “bajo” de aprobación se da en Cochabamba y Santa Cruz con un 66 y 68% respectivamente). Aprobación que se da además indistintamente del género (75% entre los hombres y 70% entre las mujeres) o edad (con una mínima diferencia de porcentaje mayor en la franja entre 40 y 70 años) de la persona entrevistada.

Asimismo, y con gran diferencia sobre otros motivos, el elemento principal (40% del total) por el que los bolivianos aprueban la gestión presidencial es por sus obras (caminos, escuelas, aeropuertos, gas domiciliario), es decir, la mejora de las condiciones materiales que la nacionalización de los hidrocarburos y la redistribución de la riqueza han permitido.

Cuando nos detenemos a examinar los motivos de desaprobación de la gestión del Presidente, en primer lugar con un 30% del total nos encontramos con un “Porque no gobierna para todos”, 30% que coincide con las cifras de votación que en los últimos años mantiene el núcleo duro de la derecha boliviana.

Como fotografía de la sociedad boliviana, el sondeo de IPSOS refleja que son los alteños (seguido de los paceños) y las personas de nivel socioeconómico bajo, es decir, las clases populares de Bolivia, quienes más aprueban la gestión del Gobierno. Por el contrario, son los jóvenes y los cruceños, con porcentajes muy inferiores de en torno al 33%, quienes más aprueban la gestión de la oposición.

Otros dos elementos a destacar en la encuesta de IPSOS son que la gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional no alcanza el aprobado en ninguna de las principales ciudades de Bolivia (33% en La Paz, 49% El Alto, 35% Cochabamba y 37% Santa Cruz), con cifras de aprobación aún más bajas para el Poder Judicial (28% La Paz, 35% El Alto, 37% Cochabamba, 32% Santa Cruz).

Para completar el panorama general, lo que sí saca buena puntuación es la gestión económica del Gobierno, que con un 45% de media en el eje troncal, alcanza su porcentaje de aprobación más alto de los últimos años. Teniendo en cuenta que la encuesta se realiza en la ciudad y no en el campo que es donde más llegan las políticas redistributivas (tampoco es casualidad que de las 4 principales ciudades el porcentaje más elevado se de en El Alto con el 54%), podemos deducir que los porcentajes de aprobación de dicha política económica en el conjunto de Bolivia se sitúan por encima del 60%.

El Nuevo Modelo Económico es precisamente donde se cristaliza el cambio de época en Bolivia, la recuperación del Estado y la redistribución de la riqueza.

Modelo económico posneoliberal

Y para entender mejor la fotografía de la sociedad boliviana que estamos observando, es necesario detenerse y profundizar en los resultados del modelo económico puesto en marcha durante la fase posneoliberal en que nos encontramos.

Es obvio que la nacionalización de los hidrocarburos ha permitido en un primer momento un crecimiento del PIB que ha pasado de los USD9.525 millones en 2005 a los USD30.381 millones en 2013 lo que ha permitido casi triplicar el PIB per capita (de USD1.010 en 2005 a USD2.757) toda vez que las reservas internacionales han pasado de USD1.714 millones en 2005 a USD14.430 en 2013 (con un 47%, el porcentaje respecto del PIB más alto de América Latina).

Pero todo ello no son solamente indicadores de un buen manejo macroeconómico de los Chuquiago Boys1 sino que los mismos se traducen en política pública, siendo la inversión pública en 2013 de USD3.781 millones (frente a los USD629 millones de 2005) que se reparten prácticamente a partes iguales entre inversión en políticas sociales, infraestructuras y desarrollo productivo.

Otros dos logros del modelo económico han sido el incremento del salario mínimo de los 440 bolivianos (aproximadamente USD63) en 2005 a los 1200 bs (USD173) en 2013; a la vez que la tasa de desempleo urbano ha caído del 8’1% al 3’2% de 2012, la menor tasa de todos los países de América Latina.

Todo lo anterior ha permitido una drástica disminución de los niveles de pobreza y desigualdad. La pobreza extrema2 en Bolivia se ha reducido del 38’2% de 2005 al 21’6% de 2012 y desde 2011 Bolivia ya no es el país más pobre de América Latina (dudoso honor que ahora le corresponde a Paraguay). A su vez la desigualdad medida en el Índice Gini3 ha pasado del 0’60 en 2005 a 0’47 en 2012; en 2005 la diferencia de ingresos del 10% más rico era de 128 veces sobre el 10% más pobre, mientras que en 2012 esta diferencia se redujo a 46 veces.

Esta reducción de la pobreza y la desigualdad viene dada principalmente por los USD1.084 millones que se invierten actualmente cada año en políticas sociales, sobre todo mediante las transferencias condicionadas en efectivo, los famosos bonos, que alcanzan al 36’6% de la población boliviana, más de 4 millones de personas.

Y si bien los bonos son la forma rápida de redistribución de la riqueza fruto de la nacionalización, el otro nivel derivado de la nacionalización es el del medio-largo plazo, el de la industrialización de los hidrocarburos, que junto a la diversificación productiva, es donde se juega el futuro este proceso de cambio.

Cartografía político-electoral

Precisamente se acaba de cerrar el plazo de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral de los programas electorales de los distintos partidos que se presentan a las elecciones. Programas donde se plasma la visión de país y la propuesta para el ciclo 2015-2020 de cada organización política.

De los programas presentados, el de mayor profundidad política ha sido presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que define la Bolivia que queremos para el 2015-2020 con 12 propuestas para Vivir Bien.

La primera de las propuestas es la reducción de la extrema pobreza. Si la Agenda Patriótica delimita el horizonte del proyecto político del proceso y propone a 2025 la reducción a 0 de la extrema pobreza, el programa de gobierno del MAS propone bajarla a 9% para 2020, llegando para ese año y como fase de transición a 0 extrema pobreza en 100 de los 339 municipios que tiene Bolivia. Junto a ello y como segunda meta, el programa propone la universalización de los servicios básicos; 100% del área urbana con agua potable y electricidad y 80% con alcantarillado, mientras que en el área rural se propone para 2020 un 90% de agua potable y electricidad y un 60% de alcantarillado; además se lanza el desafío de contar con un millón de conexiones de gas domiciliario frente a las 450.000 actuales (44.000 en 2005). Todo ello estrechamente relacionado con la tercera meta, que hace referencia al acceso a la vivienda, educación y salud, ámbito donde se propone llegar en 2020 al 70% de la población con cobertura de un Seguro Universal de Salud.

La cuarta propuesta del programa electoral del MAS define la revolución tecnológica y científica, meta donde se apuesta por el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos a fin de garantizar la independencia energética de Bolivia. Propuesta que va unida al quinto reto, el de un país industrializado, productivo y con empleo donde además de la inversión ya anunciada de USD1.800 millones para un completo petroquímico en Tarija, se propone la construcción de una segunda petroquímica con una inversión de USD3.000 millones hasta 2020. Millonarias inversiones a las que se suma la de USD800 millones para la explotación del litio, una de las energías del futuro en un país que cuenta con las mayores reservas del mundo. Esta meta cuenta con una apuesta clara por la soberanía energética, proponiendo generar hasta 2020 1.672 MW de potencia, de los que 1000 MW serán para exportación, todo ello mientras se da una diversificación de la matriz energética. Y sí la soberanía energética es fundamental, también lo es la soberanía alimentaria. La sexta propuesta del programa del MAS hace una apuesta por la producción de alimentos, poniendo como objetivo para 2020 cubrir al menos el 60% de la demanda interna de trigo además de un incremento en la cobertura geográfica del seguro agrario universal de 175 mil a 520 mil hectáreas. Sexta meta que se complementa con la séptima, la del Agua para la Vida, donde desarrolla una propuesta de manejo del agua y del riego, los recursos forestales y la biodiversidad.

El octavo reto del programa del MAS para el 2020 es el de la integración carretera, aérea, ferroviaria, fluvial y de transporte por cable con la ampliación del Teleférico de La Paz a otros barrios y zonas como principal propuesta. La novena propuesta a su vez es la de cuidar el presente para asegurar el futuro, y entre otros muchos objetivos, destaca el de la ampliación de las rentas y bonos de acuerdo al crecimiento de la economía. La décima meta para Vivir Bien es la de la apuesta por un país soberano y seguro, destacando propuestas para reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, dos de las principales preocupaciones de la población junto con los problemas en la justicia y la corrupción, que son precisamente parte de la onceava propuesta del MAS. Dos propuestas novedosas en este ámbito son la instalación de la Asamblea por la Revolución de la Justicia Digna con participación social y una Ley de Reforma y Referéndum Constitucional para el cambio judicial con el fin de lograr una verdadera revolución en la justicia con la participación del pueblo. Todo ello enmarcado en la trilogía aymara del Ama Suwa (no robar, tolerancia 0 contra la corrupción), Ama Llulla (no mentir, que hace referencia a la transparencia y el acceso a la información en las instituciones estatales) y Ama Quilla (no ser flojo o vago, una apuesta por una Política Plurinacional de Descolonización de la Ética Pública y Revolución del Comportamiento en las y los Servidores Públicos).

Finalmente, la última de las propuestas electorales del MAS es la de un orden mundial por la vida y la humanidad para Vivir Bien. La Diplomacia de los Pueblos como desafío, para continuar el horizonte abierto en este 2014 con la Cumbre del G77+China, el Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista y su tesis política o el próximo Foro de Sao Paulo a realizarse en agosto en La Paz. Una apuesta por una reforma de las Naciones Unidas y por una nueva arquitectura financiera internacional, por el retorno al mar con soberanía, por la defensa de la hoja de coca y de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mientras tanto, en el desierto opositor

Aparte del MAS, otras 9 organizaciones políticas de la oposición presentaron sus propuestas electorales, siendo finalmente 4 los binomios de partidos opositores que competirán en las elecciones presidenciales, de los que solo 2 de ellos tienen posibilidades de arañar un porcentaje de voto significativo en octubre. En primer lugar Unidad Demócrata, fruto de la convergencia de Unidad Nacional del ex Ministro de Planificación del Desarrollo durante el neoliberalismo Samuel Doria Medina, y del Movimiento Demócrata Social del Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, la derecha neoliberal sin grandes disfraces por mucho que traten de esconder su pasado (y propuestas para el futuro). Por otro lado, el Movimiento Sin Miedo a la cabeza del ex Alcalde de Paz Juan del Granado, que desde el centro político trata de atraer a las clases medias urbanas desencantadas con el proceso de cambio.

El de la Justicia es el frente en el que la oposición también lanza alguna de sus principales propuestas, demostrando la condición de clase y el horizonte político ideológico de cada organización política. Unidad Demócrata propone una salida elitista a la crisis de la justicia conformando una “comisión de notables, presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por otras cuatro personalidades de reconocida trayectoria”, para elaborar un plan de “institucionalización y regeneración de la Justicia”. El MSM también tiene un concepto no muy democrático de política pues para los Sin Miedo la solución al problema de la justicia pasa por la renuncia o “remoción legal” de magistrados, jueces supremos y el Fiscal General, muchos de ellos electos mediante voto popular.

Asimismo los dos principales frentes opositores plantean una reestructuración y reforma de la Policía y las Fuerzas Armadas abriéndose a partir de ahí el campo para la demagogia. La candidata a Vicepresidente del MSM Adriana Gil ha propuesta triplicar el salario de la Policía y el propio MSM propone en su programa que el presupuesto dedicado a salud se incremente del 5 al 10%. En la misma línea UD propone que el 50% del presupuesto anual se dedique a salud, educación y seguridad ciudadana, a la vez que defienden un “Bono Futuro” de 350 bs (USD50) para los hogares en situación de pobreza. Eso sí, ninguna de los partidos políticos de la oposición explican en sus programas electorales de donde van a recortar para conseguir todos estos incrementos, o cómo van a gestionar el presupuesto en caso de ganar las elecciones.

Desafíos 2015-2020

En cualquier caso, todo parece apuntar hacia una nueva victoria electoral de Evo Morales y el MAS con en torno al 60% de los votos (hay que recordar que en 2005 obtuvieron el 54% y en 2009 el 64%) lo cual es meritorio teniendo en cuenta el desgaste normal producido por más de 8 años de gobierno. Si la victoria es prácticamente segura, se antoja necesario comenzar a examinar desde ya cuales son los retos que enfrenta el proceso de cambio en su próximo ciclo 2015-2020.

En primer lugar sería fundamental consolidar los 2/3 que ahora se tienen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo contrario daría espacio e influencia a los sectores más pragmáticos del proceso que apuestan a rebajar el nivel de radicalismo del proceso y generar pactos con la oposición. Los 2/3 son necesarios para poner en marcha un referéndum constitucional que entre otras modificaciones, pueda eliminar la disposición transitoria que imposibilita una nueva reelección de Evo Morales. Hoy por hoy no hay recambio para el conductor del proceso de cambio pues cristaliza como nadie las clases populares bolivianas, el movimiento indígena originario campesino y sus imaginarios, aspiraciones y horizontes. Por lo tanto, no tiene sentido limitar mandatos a quien mejor expresa la voluntad popular. Si en la mayor parte de países europeos no existe una limitación de mandato más allá del que imponen los propios votantes, no hay ningún motivo para que la misma exista en Bolivia. Todo ello en una Asamblea donde la presencia opositora será más fuerte y mejor preparada que la actual, buscando construir un liderazgo que sí dispute la presidencia en 2019.

En ese sentido, se debe pensar que hacer frente a una derecha que se recicla, transforma y disfraza al mejor estilo de Capriles en Venezuela. La solución no pasa por el pragmatismo ni los acuerdos con la oposición, sino por la confrontación desde el núcleo duro de los movimientos sociales, sindicatos y pueblos indígenas que pusieron en marcha el proceso de cambio.

Movimientos sociales que deben seguir en un creativo equilibrio con el gobierno y el Estado. Movimientos que deben ser la base a partir de la cual profundizar y radicalizar el proceso, de transformar la revolución política y descolonizadora en una auténtica revolución social frente a los intentos de mantener la posición, de no ir más lejos y simplemente gestionar y rentabilizar lo avanzado hasta el momento.

Y en ese punto es crucial la gestión que se haga de las aspiraciones y demandas de la clase media. Cuando los márgenes de la democracia se amplían, la gente quiere más derechos. En la medida en que entre uno y dos millones de bolivianos y bolivianas se incorporan a la clase media, crecen las demandas insatisfechas en las ciudades, donde no llega de igual manera que en el campo la redistribución de la riqueza ni las mejoras en las condiciones de vida. Al igual que en Brasil las protestas contra el aumento de tarifas no han surgido del Nordeste donde más pobreza hay pero a la vez mas redistribución, sino de Sao Paulo y protagonizadas por la juventud insatisfecha de clase media, en Bolivia hay que prepararse para una etapa similar de conflictividad social y demandas.

Todo ello además preparándose para un 2019 donde no solo la oposición llegará con un Capriles boliviano, sino que ese año se incorporarán al censo un millón de nuevos votantes, muchos de ellos nacidos en torno al año 2000, que no habrán conocido el neoliberalismo ni las guerras del agua o del gas. ¿Cómo seducir a una nueva generación que da la presencia del Estado o la redistribución de la riqueza como un hecho permanente en su vida y no como un logro que puede ser revertido?

Esa recuperación del Estado y redistribución como atributos propios del posneoliberalismo deben dar paso a un nuevo modelo de desarrollo. Nuestras economías extractivistas deben repensarse por muchos motivos, entre ellos los limites ecológicos de un planeta que no puede resistir el crecimiento económico capitalista de los países llamados en desarrollo y mucho menos de potencias emergentes como China o India con 1.300 millones de habitantes cada uno; y los propios límites de un capitalismo en crisis estructural que no puede obtener plusvalía ni mantener la tasa de ganancia sino es a costa de la explotación de las personas y la naturaleza. En este escenario, el aporte boliviano de como repensar y conjugar el derecho al desarrollo y los derechos de la Madre Tierra, es un elemento fundamental para los debates venideros. De manera complementaria, si bien fue fundamental la nacionalización de los recursos naturales para la recuperación de la soberanía, política y económica, y es crucial en estos momentos la fase de industrialización de los mismos, debemos entrar en una tercera fase que venga acompañada de la diversificación productiva de manera complementaria a la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo (porque las alternativas al desarrollo siguen siendo una utopía en Bolivia, para que hablar de China o India).

Los retos y desafíos son grandes, todo ello dentro de un contexto internacional marcado por la muerte de Chávez y una ralentización de los procesos de cambio e integración regional. Bolivia también deberá los próximos años conjugar lo nacional con lo internacional, pensando donde se ubica en el reacomodo geopolítico que estamos viviendo.

El propio Comandante eterno demandaba en Venezuela irreverencia en la discusión y lealtad en la acción; esas son las claves de los próximos tiempos en Bolivia, discusión y debate del camino y línea política-ideológica, y unidad a la hora de avanzar hacia ese horizonte.

NOTAS
1_ Siendo Chuquiago Marka es el nombre aymara para designar a La Paz, el Presidente Evo Morales se ha referido varias veces al equipo que encabeza el Ministro de Economía Luis Arce como los Chuquiago Boys.
2_ Naciones Unidas considera en situación de pobreza extrema a las personas que viven con menos de USD1’25 al día.
3_ Índice que mide la desigualdad. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

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