El sentimiento
colectivo –respecto a la Reforma Migratoria– es que los hispanos siguen siendo
usados electoralmente prometiéndoles una reforma ilusoria. Remitiéndonos a los
hechos, las multitudinarias deportaciones siguen, los encarcelamientos extra
judiciales siguen, las detenciones de menores de edad siguen, el cobro de
impuestos sigue… ¿Hasta cuándo seguirá esta flagrante violación a todas las
Convenciones en materia de Derechos Humanos?
José Toledo[1]
/ Especial para Con Nuestra América
Desde Illinois, Estados
Unidos
 |
| Los latinoamericanos en EE.UU. siguen esperando la reforma migratoria prometida por Barack Obama. |
El tema de la Reforma
Migratoria en los EE.UU ha alcanzado niveles de crítica a escala global. Desde
que el actual mandatario, Barack Obama, asumió la presidencia en
enero del 2009, ha sido el mandatario que más ha prometido y el que más ha
incumplido. Prueba de ello, en este período ha batido el record de
deportaciones comparándolo con el anterior mandatario estadounidense, George W.
Bush, quien en ocho años deportó la misma exorbitante cantidad de 2 millones de
personas.
El actual mandatario no solo superó al expresidente, sino al monto
total de deportaciones registradas en la historia de los EE.UU entre 1892 y
1996. Recordemos que fue en el año ‘96 bajo el gobierno de Bill Clinton donde
se aprobó la ley de Reforma Migratoria (LRM) la cual dio pie a las cientos de
miles deportaciones que millones de personas sufren hasta el día de hoy. Según
el Instituto de Política Migratoria (MPI) desde que fue implantada la
controversial LRM han sido formalmente deportados (“removidos”) más de 4.6
millones de no ciudadanos estadounidenses. De igual forma, él informe sostiene
que aproximadamente 3.7 millones de estas deportaciones ocurren a partir de la
creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2003.
En este universo de
desplazamientos sociales nos preguntamos cuál sería el registro estadístico de
personas provenientes de América Latina y en este marco referencial cual sería
la situación de los ciudadanos peruanos.
Según nos detalla MPI
inmigrantes provenientes de América Latina tienen la siguiente distribución
según número de representatividad: Sur América 21.2 millones, México 11.7
millones, Caribe 3.8 millones y América Central 3.1 millones de personas
sumando un total de 39.8 millones de personas según estadísticas al 2011.
Estadísticas registradas al 1 de julio de 2012 aproximan la cantidad de
inmigrantes hispanos en los EEUU en 53 millones lo cual lo ubicaría como la
minoría étnica del país constituyendo un 17% de la población total en los
EE.UU. En el 2011 el 65% de personas hispanas en los EE.UU eran de origen
mexicano, seguido con el 9.4% de origen puertorriqueño, 3.6% dominicano y 2.3%
guatemalteco.
Cabe resaltar que de 10
ciudadanos y ciudadanas del Perú, 7 llegaron a los EE.UU en 1990 o después y
que casi el 50% de los peruanos en los EE.UU son ciudadanos norteamericanos.
Según Pew Reseach Center el 13% de
los peruanos viven en situación de pobreza; el 28% viven sin seguro médico; el
50% son propietarios de casa y el resto viven en alquileres o en servicios de
asistencia social. El 60% de peruanos
pueden comunicarse en inglés eficientemente; el 30% cuentan con diploma de algún colegio de nivel
secundario y el 30% cuentan con título universitario bachiller u otro nivel.
Según el Census Bureau del 2011 el estimado de
inmigrantes peruanos en los EE.UU ascendió a un total de 556,000. Del total de
la población de inmigrantes del Perú la distribución geográfica seria: 30% en
el Sur mayormente en Florida 19%; en el Noreste con el 34% de los cuales 14%
ubicados en New Jersey; 12% New Jersey (14%); New York (12%) y un 16% viviendo en
California.[2]
Por otro lado, desde la f=dramática experiencia de deportaciones, los
ciudadanos peruanos no han sido indiferentes. En el año 2010 fueron deportados
677 connacionales: 181 reportados por el consulado peruano en Los Ángeles; 134
en Houston y 88 en Washington, entre otros estados. Del mismo modo, en el 2011
hasta el 5 de agosto fueron expulsados 423 peruanos: 97 reportados por el
consulado peruano en Houston; 82 en Washington; y 73 en Los Ángeles, más otras
jurisdicciones. De igual forma, otras estadísticas indican según el DHS de los
Estados Unidos que en el año 2009 un promedio de 1.941 ciudadanas y ciudadanos
del Perú fueron deportados, el 2010,
1,568; el 2011, 1,503; y el 2012, 1074, lo cual hace un total de 6,086
peruanos, sin considerar aquellas personas deportadas en los años 2013 y lo que
va del 2014.
El drama de los niños y niñas arrestados. Como es de
conocimiento público en lo que va del año fiscal 2014 han sido apresados un
promedio de 70.000 niños y niñas provenientes mayormente de países
centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala y México, según
información emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo
a versiones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú entre
Octubre 2013 y Agosto 2014 han sido registrados 65 menores detenidos: “61
menores fueron entregados a sus familiares residentes en diversos lugares de
Estados Unidos y que cuatro han quedado en custodia en albergues
a cargo de las autoridades competentes en el estado de Texas” (Diario El Comercio, 21 agosto 2014, Lima-Perú).
Estos menores deben asistir semanalmente a audiencias en las cuales – en su
mayoría – no cuentan con defensa legal asignada por razones de no contar con
“presupuesto” para la defensa de los menores, derecho que no es contemplado en
la Constitución estadounidense. En su mayoría ciudadanos peruanos adultos y
menores ingresan con identidad centroamericana para que en caso de detención
puedan ser devueltos a los supuestos países de procedencia y no sufrir
encarcelamiento y todo esto en un contexto de negocio multimillonario. El
tráfico humano infantil entre fronteras ha hecho posible en el último año
fiscal el ingreso aproximado de $300 millones de dólares desde octubre 2013 a
septiembre 2013.
Soberanía limitada vs ilimitado abuso. Cualquiera de
ustedes, y con justa razón, podría señalar a estas alturas: Cada gobierno tiene
el derecho de hacer valer su soberanía fronteriza; esto es cierto, y
seguramente debe ser y seguir siendo así, más aún en contextos donde la
seguridad nacional es vulnerable. No obstante el derecho a la defensa de la
soberanía de los pueblos no es absoluta, hago eco de lo señalado por Amnistía
Internacional: “Los Estados tienen el derecho soberano de hacer valer su
autoridad sobre sus fronteras. Esto significa que ejercen jurisdicción exclusiva
sobre su territorio. Pocos son los ámbitos en que los gobiernos reclaman con
más fuerza esta prerrogativa que en lo concerniente a la migración. Sin
embargo, la soberanía no es absoluta. En virtud de su soberanía, un Estado
puede ejercer jurisdicción exclusiva sobre su territorio... pero la soberanía
no es absoluta. El poder soberano no es ilimitado. Aunque los Estados tienen
derecho a ejercer su autoridad sobre sus fronteras, también deben respetar las
obligaciones jurídicas internacionales que han contraído voluntariamente,
incluida la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes.
La soberanía no puede esgrimirse como justificación de actos que son ilícitos
según el derecho internacional. Un Estado no puede escoger los derechos que
desea aplicar. Ha de ejercer sus poderes legítimos de manera responsable y de
conformidad con el derecho internacional”. [3]
Desde esta perspectiva,
el sistema migratorio de los EEUU – según el presidente Barack Obama – “está
roto…”. Nosotros añadiríamos roto y contaminado de iniquidad desde donde los
derechos fundamentales de los seres humanos son institucionalmente violados.
Por un lado, la mano de obra barata traficada por compañías forma parte de
círculos de especulación y tráfico humano a vista y paciencia de autoridades
tanto de orden político como policial y por otro lado, el institucionalizado
cobro de impuestos a personas así conocidas como “indocumentadas” hace de la
violencia institucionalizada una práctica legitimada constitucionalmente en contra
de los más preciados fundamentos del derecho internacional.
Documentos para pagar; sin documentos para vivir. Aunque parezca
absurdo decirlo, existen personas las cuales consideran que los inmigrantes
“indocumentados” “gozan de privilegios” - sin pagar impuestos - por la sencilla
razón que no cuentan con el bendito Social
Security Number (Número de Seguro Social). Lamentablemente estas personas
ignoran la existencia del documento conocido como Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)[4]
el cual faculta a realizar las contribuciones al fisco. Ahora, nos preguntamos,
¿Cómo es posible que personas sin residencia oficial, los cuales no gozan de
los beneficios del pago de impuestos y aportes al fondo de pensiones puedan
pagar los taxes (impuestos), más aún vivir en situaciones de deportación
perdiéndolo – de esta manera- todo por lo cual pagaron, trabajo, casa y mayor
aun perdiendo familias?
Reza el dicho: “hecha
la ley, hecha la trampa” y aquí la violación legalizada del derecho
internacional. La Constitución de los Estados Unidos en su Enmienda dieciséis
(febrero 3, 1913) sostiene: “El Congreso tendrá facultades para establecer y
recaudar impuestos sobre los ingresos, sea
cual fuere la fuente de que provengan (from
whatever source derived), sin prorratearlos entre los diferentes Estados y
sin atender a ningún censo o recuento”. Esta salvedad de indiferencia sobre la
calidad de la fuente del dinero recaudado abrió las posibilidades de captar
dinero así considerado “legal” e “ilegal”. La captación de fondos provenientes
de fuentes “ilegales” fue legitimada moralmente en la XVI Enmienda de la
Constitución a pesar de la inmoralidad del procedimiento. De acuerdo a lo
señalado por Amnistía Internacional – líneas arriba – EEUU viola legalmente los
derechos internacionales al considerar su soberanía constitucional como
absoluta a pesar de estar reñida con la Declaración Universal del año 1947 en
su artículo 13 el cual señala: “(a) Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cada Estado.
(b) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y
a regresar a su país”.
Se estima que en
promedio son el 50% de personas indocumentadas las que tributan de forma regular.
Estamos hablando de más o menos 5 millones 600 mil indocumentados los cuales
superan en pagos de impuestos los 11 mil 229 millones de dólares. Según el
Instituto de los Mexicanos en el exterior (2010) solo la población mexicana
pago 1 mil 214 millones en impuesto a la renta. El Instituto de Fiscalización y
Política Económica (ITEP) señaló que por derechos de propiedad fueron abonados
mil 610 millones 599 mil 492 dólares; mientras que por bienes de consumo fueron
ocho mil 404 millones 670 mil 400 dólares y la lista de aportaciones de
impuestos provenientes de personas sin reconocimiento oficial continua:
California 2 mil 734 millones; Texas 1 mil 607 millones de dólares; Nueva York
662 millones de dólares; Illinois 499 millones de dólares; 446 millones de
dólares en Nueva Jersey y 433 millones de dólares en Arizona.
Es así como el
desconcierto internacional debería tener mayor presencia en este grave desorden
social fuente de desgracias personales y colectivas a más de 12 millones de
personas en los EE.UU y desde la óptica legal debería de buscarse los medios
apropiados para sancionar internacionalmente a los EE.UU por el abuso
sistematizado que vienen sufriendo millones de personas las cuales viven
permanentemente el drama del estigma conocido como “ilegalidad”. Familias
quebradas por la separación, miles de detenciones y arrestos; millones de
dólares cobrados por fianzas entre las prisiones de los condados, montos que
pueden variar entre $2000-$3500 o más y las oficinas de migraciones
$5000-$13000); así como miles de dólares reclutados por el sistema de prisiones
privadas quienes cobran alrededor de $166.00 diarios por noche de hospedaje de
cada prisionero; etc., etc. Esto se convierte en abuso institucionalizado el
cual actúa como procedimiento absoluto en clara violación al derecho
internacional y las convenciones de defensa de los Derechos Humanos.
La gallina de los huevos de oro. La corrupción es
institucionalizada y ¿este hecho no es acaso internacionalmente sancionable?
Usted podrá decirme ahora, el problema no es el del presidente, sino de
aquellos senadores republicanos que siguen votando en contra de la Reforma
Migratoria y esta opinión sería muy acertada. Entonces, ¿cuál sería la gallina
de los huevos de oro? Los monstruos del business
del prisiones y cárceles privadas como la Corrections
Corporation of America (CCA, 1983) y el Group
y Management and Training Corp (GEO) han invertido por lo menos $45
millones de dólares en donaciones electorales en la última década influyendo en
las decisiones de los legisladores, según versiones de Associated Press. El sistema de prisiones privadas reciben un
promedio de 2 mil 500 millones al año por prisiones obtenidas, ingreso
multiplicado con las 400 mil detenciones de personas indocumentadas al año.
Según versiones de
Anahí Rubin[5]
“CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700
millones de dólares, el Grupo Geo por su parte posee 65 prisiones, alberga a 65
mil 700 detenidos y una ganancia anual de 1600 millones de dólares. Además
estas empresas cotizan en bolsa, lo que aumentan sus ganancias”. Los
principales opositores a la Reforma Migratoria son aquellos que reciben dinero
de las corporaciones carcelarias: “Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey,
Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York,
Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y
Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de $5000 (el
limite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y familias. Aunque
estas cifras serían superiores. Según Center For Responsive Politics las
donaciones a políticos realizadas por CCA ascendería a 1.9 millones de dólares
y GEO 2.9 millones entre 2003 y 2012”.[6]
Es así como en este
tinglado empresarial la organización clave es la controversial Agencia de
Migración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) la cual cuenta con millonarios
contratos con empresas de prisiones las cuales mueven una tremenda cadena de
negocios asociados como es transporte, alimentación, vestimenta, cuidados
médicos, etc., y sobrevolando los contratos entre las empresas de prisiones y
gobiernos estatales, según el análisis de Public
Interest : de 62 contratos investigados entre gobiernos estatales y las
compañías privadas el 65% “contiene cláusulas que obligan al Estado a
garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la
criminalidad disminuiría”.[7]
Finalmente, el
sentimiento colectivo –respecto a la Reforma Migratoria– es que los hispanos
siguen siendo usados electoralmente prometiéndoles una reforma ilusoria.
Remitiéndonos a los hechos, las multitudinarias deportaciones siguen, los
encarcelamientos extra judiciales siguen, las detenciones de menores de edad
siguen, el cobro de impuestos sigue… la pregunta es ¿hasta cuándo seguirá esta
flagrante violación a todas las Convenciones en materia de Derechos Humanos?
¿Cuál es la respuesta del Estado peruano en cuanto al encarcelamiento
indiscriminado y falta de defensa de cientos de peruanos en calidad de
indocumentación? ¿Cuánto cuesta silenciar la censura internacional? ¿Acaso es
la misma dinámica internacional en donde el mundo puede censurar inhumanidades
como la indocumentación de millones de personas o el bloqueo contra Cuba y por dos países a favor de tales atrocidades
nuestro silencio es comprado? ¿Cuánto cuesta la libertad de gente inocente?
[2] Ver
Paerregaard, Karsten. Peruanos en el
Mundo. Una etnología Global de la Migración. Lima: Fondo Editorial.
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.
[3] Amnistía Internacional.
Vivir en las sombras: Una introducción a los derechos humanos de las personas
inmigrantes. Septiembre de 2006 (AI: POL 33/006/2006). http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL33/006/2006/es/09e1a6ec-d3fe-11dd-8743-d305bea2b2c7/pol330062006es.pdf
[4] El IRS otorga los ITIN
a individuos quienes requieren un número de identificación para fines
tributarios en los Estados Unidos pero no tienen ni son elegibles para obtener
un Número de Seguro Social (SSN) de la Administración del Seguro Social (SSA).
No hay comentarios:
Publicar un comentario