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sábado, 31 de enero de 2015

El zorro en el gallinero: Otto Pérez Molina en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La visita de Pérez Molina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es más que un gesto del cinismo que caracteriza a la clase dominante guatemalteca.

Rafael Cuevas Molina / AUNA-Costa Rica

En su cuenta de twitter, Pérez Molina presumió de su visita a la CIDH.
De visita en Costa Rica, a donde asistió a la III Cumbre de la CELAC, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se tomó el tiempo para visitar la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que ha condenado a ese país en 28 oportunidades, siendo solo aventajado en ese rubro por el Perú.

¿Cómo puede catalogarse este gesto, proveniente de alguien que preside un gobierno que se ha caracterizado no solo por poner reparos a las resoluciones de tribunales de justicia que juzgan violaciones a los derechos humanos, sino que, además, los viola sistemáticamente?

Damos dos ejemplos: 1) El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), con sus 80 millones de documentos, es el segundo archivo histórico más grande del mundo. Guarda la memoria de la relación del Estado con los guatemaltecos durante un siglo, incluidos capítulos muy oscuros. Tras cinco años de financiación con un programa de Naciones Unidas, el próximo quinquenio ese apoyo se reduce a la mitad. De $7 millones a $3.5 millones (Q26 millones). El gobierno de Otto Pérez, otorga solamente Q100,000 anuales, el 0.02%. La memoria nacional seguirá a merced de impuestos de otros países; 2) El juicio contra Efraín Ríos Montt en 2013, en el curso del cual el señor Pérez Molina se manifestó en contra de catalogar los crímenes por los que se juzgaba al ex general como genocidio, con lo que se sumó a la campaña de la derecha guatemalteca que anuló ese primer juicio que, ahora, se retoma.

El mismo Pérez Molina es un militar retirado en quien recaen importantes acusaciones, no concretadas aún en tribunales, de haber sido partícipe activo en acciones militares durante los años del conflicto armado interno (1960-1996). Estas acciones habrían llevado a la puesta en práctica de la política de tierra arrasada con la que el entonces régimen de Efraín Ríos Montt, y otros militares antes y después de él, pretendió eliminar a las bases en las que supuestamente se apoyaba la guerrilla. El resultado fue la desaparición de la faz de la tierra de más de 200 aldeas, 250,000 refugiados en México, más de 1 millón de desplazados internos, 40,000 desaparecidos y más de 250,000 muertos.

Como candidato a presidente de la República, Pérez Molina ofreció mano dura contra la delincuencia, tema especialmente delicado en un país en el que los índices de violencia son unos de los más altos de América Latina, junto a los de El Salvador y Honduras. Para no dejar dudas de sus intenciones, el símbolo en el que se apoyó fue el de un puño cerrado.

El puño y la política de mano dura que simbolizó se aplicó, ciertamente, pero no contra la violencia desatada por el crimen organizado, que es de lejos uno de los primeros causantes de la situación, sino contra el movimiento popular. En octubre de 2012, por ejemplo, fuerzas del orden arremetieron contra una manifestación pacífica organizada por ciudadanos de Totonicapán.  El grupo de indígenas mayas kichés se manifestaba como protesta ante una reforma constitucional que plantea  el retorno de la “mano dura” hacia las poblaciones indígenas a través de la militarización de los territorios, el aumento del precio de la energía eléctrica y una reforma educativa que contempla alargar a cinco años la carrera de magisterio. La convocatoria fue realizada por los denominados “48 cantones”, una organización ancestral de gran representatividad entre las comunidades mayas. El resultado fue 9 muertos y varios heridos.

La misma suerte han corrido las protestas populares contra la minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas; el gobierno no ha parado mientes en criminalizar las protestas y arremeter contra ellas, en varias oportunidades en conjunto con fuerzas de seguridad privada, que recuerdan a las comunidades otrora golpeadas por la guerra que el paramilitarismo es un peligro latente que resurge en cuanto la protesta popular amenaza los intereses de los poderosos.

Así las cosas, la visita de Pérez Molina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es  más que un gesto del cinismo que caracteriza a la clase dominante guatemalteca que, sintiéndose impune, pavonea su intocabilidad y se refocila en el poder espurio que ostenta.

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