La visita de Pérez Molina a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos no es más que un
gesto del cinismo que caracteriza a la clase dominante guatemalteca.
Rafael Cuevas Molina / AUNA-Costa Rica
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| En su cuenta de twitter, Pérez Molina presumió de su visita a la CIDH. |
De visita en Costa Rica, a donde asistió
a la III Cumbre de la CELAC, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se
tomó el tiempo para visitar la sede de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, misma que ha condenado a ese país en 28 oportunidades, siendo solo
aventajado en ese rubro por el Perú.
¿Cómo puede catalogarse este gesto,
proveniente de alguien que preside un gobierno que se ha caracterizado no solo
por poner reparos a las resoluciones de tribunales de justicia que juzgan
violaciones a los derechos humanos, sino que, además, los viola
sistemáticamente?
Damos dos ejemplos: 1) El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), con sus 80 millones de documentos, es el
segundo archivo histórico más grande del mundo. Guarda la memoria de la
relación del Estado con los guatemaltecos durante un siglo, incluidos capítulos
muy oscuros. Tras cinco años de financiación con un programa de Naciones
Unidas, el próximo quinquenio ese apoyo se reduce a la mitad. De $7 millones a
$3.5 millones (Q26 millones). El gobierno de Otto Pérez, otorga solamente
Q100,000 anuales, el 0.02%. La memoria nacional seguirá a merced de impuestos
de otros países; 2) El juicio contra Efraín Ríos Montt en 2013, en el curso del cual el señor
Pérez Molina se manifestó en contra de catalogar los crímenes por los que se
juzgaba al ex general como genocidio, con lo que se sumó a la campaña de la
derecha guatemalteca que anuló ese primer juicio que, ahora, se retoma.
El mismo Pérez
Molina es un militar retirado en quien recaen importantes acusaciones, no
concretadas aún en tribunales, de haber sido partícipe activo en acciones
militares durante los años del conflicto armado interno (1960-1996). Estas
acciones habrían llevado a la puesta en práctica de la política de tierra arrasada con la que el entonces régimen de
Efraín Ríos Montt, y otros militares antes y después de él, pretendió eliminar
a las bases en las que supuestamente se apoyaba la guerrilla. El resultado fue
la desaparición de la faz de la tierra de más de 200 aldeas, 250,000 refugiados
en México, más de 1 millón de desplazados internos, 40,000 desaparecidos y más
de 250,000 muertos.
Como candidato
a presidente de la República, Pérez Molina ofreció mano dura contra la
delincuencia, tema especialmente delicado en un país en el que los índices de
violencia son unos de los más altos de América Latina, junto a los de El
Salvador y Honduras. Para no dejar dudas de sus intenciones, el símbolo en el
que se apoyó fue el de un puño cerrado.
El puño y la
política de mano dura que simbolizó se aplicó, ciertamente, pero no contra la
violencia desatada por el crimen organizado, que es de lejos uno de los
primeros causantes de la situación, sino contra el movimiento popular. En
octubre de 2012, por ejemplo, fuerzas del orden arremetieron contra una
manifestación pacífica organizada por ciudadanos de Totonicapán. El grupo de indígenas mayas kichés se
manifestaba como protesta ante una reforma constitucional que plantea el
retorno de la “mano dura” hacia las poblaciones indígenas a través de la
militarización de los territorios, el aumento del precio de la
energía eléctrica y una reforma educativa que contempla alargar
a cinco años la carrera de magisterio. La convocatoria fue realizada por los
denominados “48 cantones”, una organización ancestral de gran representatividad
entre las comunidades mayas. El resultado fue 9 muertos y varios heridos.
La misma
suerte han corrido las protestas populares contra la minería a cielo abierto y
la construcción de hidroeléctricas; el gobierno no ha parado mientes en
criminalizar las protestas y arremeter contra ellas, en varias oportunidades en
conjunto con fuerzas de seguridad privada, que recuerdan a las comunidades
otrora golpeadas por la guerra que el paramilitarismo es un peligro latente que
resurge en cuanto la protesta popular amenaza los intereses de los poderosos.
Así las cosas, la visita de Pérez Molina a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos no es más que un gesto del
cinismo que caracteriza a la clase dominante guatemalteca que, sintiéndose
impune, pavonea su intocabilidad y se refocila en el poder espurio que ostenta.
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