El asesino mayor condenado a 90
años de prisión se llama Pedro García Arredondo, y fue el jefe del comando que,
el 31 de enero de 1980, arremetió contra la Embajada de España en Guatemala,
tomada por campesinos y estudiantes universitarios que denunciaban los
atropellos de los que eran objeto en el departamento del Quiché, y mató a 37
personas, entre ellos al padre de Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, a un exvicepresidente
y a un exministro de Exteriores de Guatemala.
Rafael
Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica
 |
| El exjefe de policía Pedro García Arredondo. |
De sus jefes inmediatos,
únicamente sobrevive Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación. Álvarez es
prófugo de la justicia internacional. Murieron en su cama, impunes, el ex
presidente Romeo Lucas (1978-1982); el ex director general de la Policía
Nacional, Germán Chupina Barahona, jefe inmediato de García Arredondo, y su
par, el jefe del Cuerpo de Detectives, Manuel de Jesús Valiente Téllez.
En estos días se ha retomado, en
los tribunales guatemaltecos, otro juicio con características similares, en la
medida que en él se juzga a otro violador mayor de los derechos humanos: Efraín
Ríos Montt.
Para una pormenorizada descripción
de estos acontecimientos, transcribimos a continuación, íntegro, el llamado
“Caso ilustrativo N° 79” del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la
Memoria Histórica ( REHMI), que fue organizado y dirigido por el obispo Juan
Gerardi, quien fuera asesinado dos días después de presentar el informe final
de dicho proyecto en 1998.
Caso ilustrativo No. 79
La masacre en la Embajada de
España
“…No nos ha quedado otra
alternativa que permanecer en la Embajada de España como la única manera de
hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos
del mundo”.
“Ojalá que estos hechos
lamentables e increíbles, que ocasionaron la muerte de hermanos de sangre y de
raza, nos hagan comprender a plenitud el valor de la vida humana”.
I. ANTECEDENTES
A partir de 1977 muchos pobladores
maya ixil y k’iche’ de los municipios de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San
Miguel Uspantán, ubicados en el norte del departamento de Quiché, se
organizaron en el Comité de Unidad Campesina (CUC).
En estos municipios se registraron
en 1979 varios hechos de violencia que fueron responsabilidad del Ejército. En
septiembre, siete campesinos de la aldea Chicamán, municipio de Uspantán,
fueron detenidos arbitrariamente por miembros del Ejército. Meses más tarde,
vistieron a los prisioneros con uniformes verde olivo y los hicieron caminar
solos, en un simulacro de emboscada y, por último, los ejecutaron. El 6 de
diciembre de 1979 sus cadáveres fueron descubiertos en Chajul.
Días después, el Ejército informó
de forma oficial que había dado muerte a siete guerrilleros durante un
enfrentamiento armado. De ahí en adelante el Ejército desarrolló una escalada
represiva en el municipio de Chajul, combinando rastreos, controles, presencia
masiva de carácter militar, cateos en las casas y detenciones arbitrarias de
campesinos.
Como respuesta a la represión,
campesinos maya ixil y k’iche’, hombres, mujeres y niños, algunos de ellos
miembros o líderes del CUC, viajaron a la ciudad capital para denunciar ante
medios nacionales e internacionales las graves violaciones de los derechos
humanos que estaba sufriendo la población. “Fueron en camionetas con
compañeros de Nebaj, Chajul y Cotzal. Cuando llegaron a Guate había gente de
otro lugares, allí estaba Vicente Menchú. Ellos sólo querían exigir sus
derechos”.
La represión que el Ejército
llevaba a cabo en el departamento de Quiché alcanzó también a los sacerdotes
que trabajaban en el área, muchos de ellos de nacionalidad española, al igual
que a los catequistas guatemaltecos. Por esta razón, el 30 de
enero de 1980 Máximo Cajal, embajador de España en Guatemala, viajó al Quiché
para hablar con los sacerdotes y, además de ofrecerles protección, “…decirles
que si alguno se sentía amenazado, él podría ayudar a sacarlos del país”. En
la visita que el embajador de España hizo al departamento de El Quiché no se entrevistó
con campesinos, limitándose a conversar con los sacerdotes y las religiosas
españoles que trabajaban en el área. Así lo confirma un declarante: “…Con
los indígenas no tuvieron ningún trato, fueron a ver a los padres a los
conventos…”
En la ciudad capital los
campesinos recorrieron muchos lugares para que sus denuncias econtraran eco y
fueran atendidas. Todo fue en vano. Se les impidió el acceso al Congreso
Nacional de la Repúblicacuando intentaban solicitar que se formara una
delegación para que visitase los municipios y verificara los hechos que
motivaban sus protestas. El grupo no logró obtener el apoyo que esperaba del
Congreso Nacional.
Los medios de comunicación se
negaron también a difundir la denuncia: “Todos los periodistas
estábamos informados, sabíamos que un grupo de personas provenientes de
Uspantán, Chimel, de Quiché, se encontraba en Guatemala, realizando una serie
de acciones porque estaba solicitando que se integrara una comisión
investigadora de la masacre de Chajul. Según ellos, esa masacre había sido
cometida por el Ejército el 6 de diciembre … La prensa en ese momento no
destacó para nada las peticiones de los campesinos…”
Un declarante, que en aquella
época tenía un cargo de relieve en un medio de comunicación, afirmó: “Llegaron a
las oficinas del periódico un grupo de campesinos que querían hacer la denuncia
de las atrocidades que estaban cometiendo contra ellos en Quiché, nos llevaron
a la redacción la denuncia y, con mucha franqueza digo, no nos atrevimos a
publicarla, y, lo mismo que hice yo, lo hicieron todos los medios: nadie
publicó la denuncia ¿qué los obligamos a hacer? Ir a tomarse la Embajada de
España”.
Según un testigo, “…Estos
campesinos intentaron ser oídos también por la OEA y allí les cerraron las
puertas … Es importante hacer notar que se tocaron las puertas del Estado de
Derecho. Se trató hacer funcionar el Estado de Derecho antes de la toma de la
Embajada … lo estoy diciendo como periodista, testigo de esa época…”
Sin embargo, fueron apoyados por
estudiantes de la Universidad San Carlos (USAC) y militantes del Frente
Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG), algunos sindicatos y diversas
organizaciones populares. Un declarante, que entonces cursaba la carrera de
leyes en la Universidad de San Carlos, relató: “…Nosotros les ayudamos…
visitaron centrales sindicales, colegios privados, institutos públicos,
estuvieron en la prensa y todo. Su principal demanda era que cesaran los
bombardeos en Quiché, la represión, el desaparecimiento de campesinos”.
En vista de que todas la vías
formales para conseguir una respuesta de las autoridades se habían agotado,
buscaron otros medios para alcanzar sus objetivos.
Es entonces cuando, con el apoyo
de estudiantes, miembros del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG)
y del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), se analizaron las posibilidades
que existían para ocupar una iglesia o una representación diplomática.Optaron
al fin por ocupar una embajada. De acuerdo con lo señalado por un
declarante: “…Se barajaron distintas posibilidades de qué embajada
podía ser y se trató de buscar con un criterio operativo y político al mismo
tiempo la embajada que prestara mejores condiciones operativas, que fuera
accesible y que se pudiera llevar a cabo esta ocupación, pero político también,
buscando que fuera un Gobierno democrático, que, por lo menos, no tuviera una
actitud contraria y más bien pudiera servir de intermediario para encontrar una
solución”.
Antes de tomar la decisión de
ocupar la Embajada de España, se pensó en otras, como la de Panamá, la de algún
país escandinavo, las de Canadá o Bélgica, que por su ubicación no reunían las
mejores condiciones operativas o de impacto público. Además, la Embajada de
España tenía un sistema de seguridad menos estricto que otras.
II. LA OCUPACIÓN DE
LA EMBAJADA DE ESPAÑA
A las once de la mañana del jueves
31 de enero de 1980, 27 personas, la mayoría de ellos indígenas y
representantes de organizaciones populares de Quiché, y algunos estudiantes,
ingresaron de forma pacífica en la Embajada de España.
En el momento de producirse la
ocupación el embajador, Máximo Cajal, se encontraba en su despacho. Mantenía
una reunión con tres juristas guatemaltecos, Adolfo Molina Orantes, ex ministro
de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Cáceres Lenhoff, ex
vicepresidente de la República de Guatemala, y Mario Aguirre Godoy, profesor de
la facultad de Derecho de la Universidad San Carlos. Estos prestigiosos
abogados, con anterioridad y por escrito, habían solicitado este encuentro para
pedir apoyo económico del Gobierno español, con el propósito de preparar un
acto académico.
Mario Aguirre Godoy, quien salió
ileso y logró escapar antes de que se produjera el incendio de la Embajada,
relató con posterioridad la entrada de los ocupantes en la sede
diplomática: “…El doctor Molina Orantes expuso el objeto de nuestra
visita, entonces entró por primera vez la persona que nos había atendido al
ingresar nosotros a la sede diplomática y dijo: ‘Señor Embajador, quiere usted
salir, porque lo necesitan abajo”. El Embajador contestó a
dicha persona, el secretario de Embajada Jaime Ruíz del Arbol, que atendiera a
quienes acababan de llegar y que procediera a recibir sus peticiones para
atenderlos al final de la reunión, y reanudó su diálogo con los juristas. Pocos
minutos después informaron al diplomático español de que los visitantes habían
cerrado las puertas de la sede, diciendo que la habían ocupado. En ese momento
bajó el embajador.
El grupo de campesinos y
estudiantes, que llevaban sombreros y los rostros cubiertos, se encontraba en
el primer nivel de la sede. Comunicaron al embajador las causas, propósitos y
peticiones de la ocupación pacífica a través de una declaración pública, donde
se exponía en detalle la represión que estaban sufriendo las comunidades:
“…Toda esta injusticia, toda esta
maldad y toda esta cobardía del Ejército Nacional es lo que venimos a denunciar
a la capital, pero también aquí fuimos perseguidos y amenazados por las fuerzas
represivas. Los periódicos y las radios no querían publicar nada porque también
sus trabajadores han sido amenazados de muerte por el Gobierno … por todos
estos hechos no nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la embajada
de España como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo
de Guatemala y a los pueblos del mundo. Estamos firmemente decididos a
permanecer dentro de la embajada hasta que las peticiones que les hacemos a
ustedes sean resueltas favorablemente …”
En el interior de la sede
diplomática se encontraban también, además del español Jaime Ruiz del Arbol, la
española María Teresa de Villa, visitante que había acudido a realizar
gestiones, y otros funcionarios de nacionalidad guatemalteca: Felipe Sáenz
Martínez, canciller de la Embajada de España; María Lucrecia Rivas de Anleu,
secretaria; Nora Adela Mena Aceituno, secretaria; Miriam Rodríguez Urrutia,
secretaria; Mary Wilken de Barillas, oficial de la cancillería, y María
Cristina Melgar, cocinera.
Desde los primeros momentos de la
ocupación el embajador español intentó poner fin a la situación irregular que
afectaba a la sede diplomática. Expresó a los ocupantes que garantizaba que sus
demandas llegarían al Gobierno español y a otros gobiernos amigos, y les
conminó a que se retiraran porque, si la noticia de su presencia trascendía,
podía acudir la Policía y producir violencias innecesarias.
Los ocupantes no depusieron su
actitud. Al contrario, venían dispuestos a continuar varios días en la
embajada, ya que traían consigo una considerable cantidad de alimentos (tortillas,
maíz, fruta etc.).
Alrededor de las once y media de
la mañana desplegaron banderas y pancartas por el exterior de la Embajada en
las que se leía: “Condenamos la masacre de Chajul”. El
embajador solicitó a los ocupantes que se autorizara la salida del personal de
la Embajada y se ofreció personalmente para permanecer en ella junto con el
secretario de Embajada. Los ocupantes dijeron que contemplaban la salida de
algunas personas, en especial de las mujeres, pero que, como primera medida,
tenían que comunicarse con la Cruz Roja. Autorizaron al embajador para que
conversara por teléfono con las autoridades guatemaltecas y evitara la entrada
de la Policía.
“El Embajador intentó hablar con
el canciller Castillo Valdés, pero le fue imposible. Le dijeron también desde
el Ministerio de Relaciones Exteriores que el jefe de Protocolo no estaba y que
el segundo jefe de Protocolo se encontraba de vacaciones. Pudo finalmente tomar
contacto con el Viceministro de Relaciones Exteriores, … todas las llamadas
fueron realizadas siempre en presencia de los ocupantes, sin violencia alguna,
tenían sin embargo controlados a todos individualmente. El embajador señaló al
viceministro que la embajada había sido ocupada por gentes que dicen ser
campesinos de El Quiché, el viceministro preguntó: ‘¿Pero son campesinos o no
son campesinos?,’ a lo que el embajador Cajal respondió: ‘Pues mire usted, no
estoy en condiciones de verificarlo; yo lo que le pido es que traslade usted al
Sr. ministro y a las autoridades competentes mi ruego de que la Policía se
retire, porque creo que esto será una medida de prudencia que contribuirá a
aliviar la tensión y evitará mayores problemas’. El embajador de España trató
también de llamar al ministro de la Gobernación …. Se puso al teléfono su
secretaria quien le señaló que estaba reunido. El embajador Cajal insistió en
que era una llamada muy urgente debido a que la embajada había sido ocupada y
que tenía absoluta necesidad de hablar con el ministro”.
En tanto esto ocurría, el Gobierno
del general Lucas García recibía las primeras noticias de la ocupación. Un
declarante relató que el ministro de Gobernación “…le comentó la
situación y Lucas dice: ‘Sáquenlos a como dé lugar’. El Gobierno pensó que era
un foco de propaganda allí, por la dimensión que iba tomando era mejor
terminarlo allí. Ese ‘sáquenlos a como dé lugar’ fue transmitido
literalmente…” por el ministro de Gobernación al director de la
Policía Nacional y éste, a su vez, trasladó la orden en los mismos términos al
tercer jefe de la Policía Nacional.“…En la práctica, la orden se convirtió
en un romper puertas…”
Al cabo de unos 15 minutos se
presentaron los primeros policías ante la embajada. Por iniciativa propia, el
embajador consideró oportuno evitar que la policía acudiera de forma masiva y
de nuevo intentó hacer gestiones en este sentido, vía telefónica, con las
autoridades guatemaltecas.
Las negativas del personal del
Gobierno guatemalteco ante las reiteradas y urgentes llamadas telefónicas
efectuadas por el embajador no fueron casuales. Un declarante
relató la forma como se adoptaron las decisiones dentro del Gobierno: “…Del
despacho del ministro entraban y salían los que allí estaban reunidos. Pregunté
a los otros: ‘¿Serán guerrilleros?’. Donaldo contestó: ‘No, si fueran
guerrilleros, ya habrían tirado el primer cadáver como muestra de fuerza’. El
sabía desde un principio que se trataba de un grupo de campesinos, estudiantes
y pobladores … Donaldo le avisa a Lucas lo que está pasando, con la información
básica sobre la situación y se quedan a la espera, mientras se toman medidas
preventivas a través del tercer jefe de la Policía Nacional … quien era el
encargado del operativo en el lugar. Chupina le daba las órdenes directamente,
que estuviera pendiente de las órdenes del presidente. Lucas ha de haberse
reunido con García Granados, algunos otros y Héctor Montalván, jefe del EMP[Estado
Mayor Presidencial], para tomar una decisión … Mientras esto pasaba en
la Presidencia, la secretaria del ministro le avisa a Donaldo que hay una
llamada directa del canciller español, Marcelino Oreja, que le urge hablar con
el Gobierno. Donaldo le dice a la secretaria: ‘Dígale que no estoy’. A la vez,
venía corriendo la secretaria del canciller guatemalteco a decirle al canciller
que tenía una llamada directa de Madrid. Igual, el canciller y coronel Rafel
Castillo Valdés le instruye a decir que no está. En eso, el embajador Cajal
también llama a la Cancillería guatemalteca y al ministro de Gobernación y,
como las han instruído, las dos secretarias niegan la presencia de sus jefes.
Es decir, a Cajal le es negado el acceso directo que buscaba, se le hace
imposible la comunicación oficial. Esta actitud de los ministros respondía a
una decisión presidencial…”
La Embajada fue rodeada por
decenas de agentes de seguridad.
III. LA INVASIÓN DE
LA SEDE DIPLOMÁTICA POR FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Rotos los canales regulares de
comunicación con las autoridades guatemaltecas, e inútiles incluso las líneas
telefónicas, que muy probablemente habían sido cortadas desde fuera por la
Policía, y luego de advertir que las fuerzas de seguridad del Estado daban
comienzo a la invasión de la sede, hacia la una de la tarde uno de los
ocupantes y después el embajador, hablando por medio de un megáfono, pidieron
reiteradamente a las fuerzas policiales que se retiraran del edificio. El
embajador informó al mando del operativo que los ocupantes aceptaban abandonar
de modo pacífico la Embajada.
La petición del diplomático
español no fue atendida. Decenas de agentes uniformados y algunos de civil de
la Policía Nacional, judiciales y miembros de la Inteligencia del Ejército,
fuertemente armados, dieron inicio al asalto de la sede, infringiendo la
inviolabilidad que ampara a los agentes diplomáticos y al local de su
respectiva misión, al hacerlo ante la clara oposición de su
titular.
Los elementos de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, armados con metralletas, fusiles, pistolas y revólveres
penetraron por los jardines y escalaron los balcones hasta llegar al techo,
donde intentaron practicar una abertura para acceder al interior, y rompieron
puertas y ventanas. Del exterior de la Embajada, de personas que estaban
observándolo, llegaban los gritos que pedían que los agentes se retiraran.
En el interior del recinto, tanto
el embajador como Adolfo Molina Orantes intentaron convencerles de nuevo de que
retrocedieran y pidieron la presencia de un interlocutor responsable:
“…Yo recuerdo muy bien a Adolfo
Molina Orantes cuando le explica a las fuerzas de seguridad que se retiren. Les
hace ver que él fue ministro de Relaciones Exteriores, que sabe lo delicado que
es el momento y que hagan favor de retirarse…”
Dentro de la Embajada el
nerviosismo crecía. Los agentes de la Policía entraron en la sede y los
ocupantes decidieron, corriendo la orden, refugiarse en el despacho del
embajador. “…Cuando la fuerza pública tomó la determinación de entrar
al interior del segundo piso, el joven que a mí me pareció más decidido y que
transmitía las decisiones en voz alta gritó ‘están entrando’, todos los
ocupantes que se encontraban en el pasillo del segundo piso se concentraron en
el despacho del señor embajador empujando hacia adentro a todos los que estaban
afuera”. Mario Aguirre Godoy aprovechó un descuido de los
ocupantes para deslizarse hasta la sala de visitas, donde ya se encontraba la
Policía, y se salvó. Los ocupantes cerraron la puerta del despacho del
embajador, utilizando como trancas un sofá y una consola. Seguidamente la
Policía empezó a derribar la puerta a golpes.
Los ocupantes pedían la presencia
del presidente de la Cruz Roja, Sr. Bauer Arzú, que subieran periodistas para
garantizar que no los mataran y un bus para trasladarse de inmediato a la
Universidad de San Carlos. La Policía se negó a aceptar condiciones. Utilizando
hachas y picos, los agentes de seguridad rompieron la puerta e hicieron un
orificio.
Ninguna solicitud de negociación
fue atendida por los agentes de seguridad. En el recinto donde se encontraban
los 37 ocupantes y rehenes, el embajador continuaba pidiendo a gritos, pegado a
la puerta, que se atendieran las peticiones. Cuando pedían un plazo para
negociar, la respuesta textual era: “De acuerdo, les damos a ustedes un
plazo para negociar: tienen dos minutos”. Los rehenes fueron tratados
por los policías con la misma dureza que aplicaron a los ocupantes. En un
momento determinado el diplomático gritó: “Esta gente está llegando al
límite de la desesperación … han sacado cocteles molotov y aquí vamos a morir
todos”. Los policías contestaron: “Pues si morimos, morimos
todos”.
Fuera de la Embajada, al haberse
divulgado con gran rapidez la noticia de que la sede diplomática española había
sido ocupada, comenzaron a presentarse los periodistas: “…Cuando
nosotros llegamos, una de las cosas que me sorprendió más fue que [a] los
periodistas nos dejaron movernos libremente … Había estado anteriormente en
otras tomas de embajadas, la Embajada suiza, la Embajada de México, pero nos
habían puesto muchas limitaciones a la movilización …, pero aquí no. Tuve el
presentimiento de que ahí iba a ocurrir algo, como que ya se había tomado la
decisión de escarmentar…”
Numerosos testigos que
presenciaron los hechos desde fuera de la Embajada, entre los que se
encontraban familiares directos de los rehenes, intentaron persuadir a las
Fuerzas de Seguridad para que se abstuvieran de asaltar el edificio. Sin
embargo, la actitud de los agentes fue la que se ha descrito. Uno de los
testigos se dirigió hacia las personas que comandaban el operativo y les
solicitó que “…recapacitaran en su intento de tomar la Embajada, ya que
ponían en peligro la seguridad de los rehenes … Me respondieron ambos que
seguían órdenes superiores, por lo que yo les pedí tiempo para tratar de
cambiar dichas órdenes, habiéndome concedido 15 a 20 minutos … nunca frenaron
los intentos de penetrar a la Embajada”.
Un ciudadano español y un empleado
de la Embajada que se encontraban en el exterior del recinto, en la puerta de
entrada, vieron cómo un policía subía las escaleras en dirección al despacho
del embajador cargando un artefacto que le colgaba en bandolera. Advirtieron
que no se trataba de un arma para disparar gases lacrimógenos sino que, según
técnicos españoles, debió ser un lanzallamas o un expulsor de gas inerte.
IV. LA MASACRE
Mientras tanto, en el interior de
la Embajada los hechos comenzaron a precipitarse. Pese a las peticiones del
embajador, que se encontraba más cerca de la puerta del despacho acompañado del
secretario de Embajada, los agentes de la Policía, entre treinta y cuarenta,
continuaban tratando de abrir a golpes un orificio en la puerta: “Cuando
la puerta estaba prácticamente hecha astillas dieron un empujón final y, en ese
momento, algunos de los ocupantes sacaron revólveres o pistolas y tres o cuatro
cócteles molotov, un poco antes habían intentado arrojar uno, no había
estallado y tiraron una cerilla, que yo apagué con un pie, sin que tomaran
ninguna represalia contra mí … Cuando la puerta se derribó, el sofá y la
consola cayeron; todos retrocedimos unos pasos y, súbitamente, se produjo una
enorme llamarada en la puerta, después de una leve explosión, como una
detonación amortiguada …” “… Ví mis manos ardiendo. No lo pensé dos
veces. Salté hacia delante por entre el fuego …” Minutos antes los policías
habían intentado introducir un bote de color rojo por el orificio abierto en la
puerta, lo que el embajador, en ese momento, logró impedir.
“El programa de televisión Aquí el Mundo reportó
que la policía no hizo nada cuando el fuego empezó. El público en la calle
gritaba: ‘Se están quemando vivos, rompan la puerta’, mientras tanto la Policía
se mantuvo totalmente pasiva”.
Sobre el origen del incendio no se
realizaron peritajes por parte del Organo Judicial y falta la información
forense sobre el hecho. En el informe realizado por el Estado Mayor del
Ejército Español, basado en investigaciones periciales, se “considera
muy probable que se utilizara gas inerte o algo similar, lo que produce
parálisis inmediata del atacado … por las condiciones del lugar, la postura
petrificada de los cadáveres, su posición frontal y la no carencia de oxígeno
en el cuarto de la tragedia, no parece posible concluir que la gasolina de un
cóctel molotov haya terminado con todas las vidas”.
Un testigo que más tarde pudo ver
los cadáveres en la morgue relata: “… [en las fotos] todos los cadáveres están
pilados en una esquina uno sobre otros … lo que da la impresión es de alguien
que se va para atrás … tuvo que haber sido algo muy fuerte, como un
lanzallamas, para que se hayan ido para atrás y empiezan a caer unos encima de
otros … además, la mayoría está bocarriba y con los brazos abiertos … Gregorio
Yujá sobrevive porque está hasta abajo … la ropa de los de encima está
totalmente quemada, la de los abajo no … lo que da la impresión es de un fuego
muy violento y muy corto, y una explosión … me imagino por los gases que debió
haber algún tipo de explosión porque había cuerpos abiertos y calcinados. Había
ojos saltados … entonces fue una cosa muy violenta. … recibió una llamada de un
médico que estaba trabajando en una dependencia del Estado, que le dijo que él
había participado … en la autopsia … explicó que su experiencia había sido que
ese tipo de muerte por la forma en que habían sido quemados y por la forma en
que habían quedado los cuerpos, sólo lo produce el fósforo blanco…”
Un testigo que acudió a la morgue
para recuperar los cadáveres relata: “No se me olvida la tarea titánica
de separar los cadáveres calcinados uno de otro … los separábamos y se
despedazaban. La parte de un cuerpo se quedaba pegada en otro, se fundieron …
Para poderlos poner cada uno en sus cajas fueron casi 14 horas tratando de
identificarlos … casi ninguno tenía la cara reconocible y después dicen que se
autoinmolaron …”
Todos los elementos de que dispone
la CEH indican que las fuerzas policiales, una vez que ven que sus coacciones
no provocan la salida de los ocupantes y que la utilización de botes de gases
lacrimógenos no resulta factible, inmediatamente después de haber derribado la
puerta, utilizan un lanzallamas o un lanzador de gas inerte contra todas las
personas que se encontraban dentro del despacho del embajador, alcanzándolas,
en su mayoría, de la cintura hacia arriba de sus cuerpos, proyectándolas hacia
atrás unas encima de otras. El fuego provocado se propagó desde esa altura
media hacia la parte superior del despacho. Los cócteles molotov que llevaban
los ocupantes, a consecuencia de ello, se habrían incendiado igualmente. El
embajador, que se encontraba cerca de la puerta, aunque a un lado, se ve
afectado porque las llamas le queman la cara y manos. Previsiblemente, por
reacción instintiva de conservación, se lanzó entonces hacia la puerta, lo que
le permitió salvar la vida. Gregorio Yujá, que se hallaba en el suelo, cubierto
por los cuerpos de otros ocupantes, se vio protegido por ellos y logra salvar
inicialmente su vida.
Hacia las tres de la tarde, una
vez desatado el voraz incendio dentro de la Embajada, las fuerzas de seguridad
presentes no hicieron nada para detener el fuego o para rescatar a los
ocupantes; tampoco los bomberos pudieron intervenir de inmediato. El fuego
creció y duró unos 3 minutos. Pasaron, sin embargo, 10 minutos hasta que una
unidad de bomberos pudo actuar, unas cuatro horas después de la toma de la
Embajada.
El embajador, que había logrado
escapar de las llamas y salir del recinto, resultó con quemaduras en las manos
y en la cara, y fue recibido de forma agresiva por la Policía, que le zarandeó
y trató de detenerlo. Mediante una rápida intervención de la Cruz Roja se evitó
que lo detuvieran e incluso que le mataran, logrando que se le
trasladara en seguida al Hospital Herrera Llerandi.
Se vio salir humo muy espeso por
las ventanas de la sede y 37 personas que se encontraban en el interior de esa
sección de la Embajada murieron quemadas vivas. Sólo Gregorio Yujá Xoná se
salvó al encontrarse caído en el suelo, al fondo del despacho, cubierto bajo
otros cadáveres. Con muy severas quemaduras en todo el cuerpo, fue trasladado
por los bomberos también al Hospital Herrera Llerandi, donde se le internó en
estado grave. Entre los muertos se encontraban las personalidades ya
mencionadas, Eduardo Cáceres Lenhoff, Adolfo Molina Orantes y
el secretario de Embajada, el diplomático Jaime Ruíz del Arbol, al igual que
los demás visitantes, empleados de la sede diplomática y ocupantes.
Yujá y el embajador español fueron
los únicos testigos de lo ocurrido en el interior de la Embajada. Tanto el uno
como el otro fueron custodiados por policías nacionales mientras permanecieron
en el hospital.
V. SECUESTRO,
TORTURAS Y EJECUCIÓN ARBITRARIA DE GREGORIO YUJÁ
El 1 de febrero, a las ocho y
veinte de la mañana, un día después de que Yujá ingresara en el hospital, los
agentes de la Policía que custodiaban a los heridos abandonaron su puesto de
guardia, quedando así desprotegidos los únicos sobrevivientes y testigos de los
hechos.
Varias personas se encontraban en
el cuarto del embajador Cajal, entre ellas su homólogo de Costa Rica. A eso de
las ocho y treinta, cuando éste salía del edificio para abordar su automóvil,
vio cómo un grupo de 20 hombres armados entraba en el hospital. Iban vestidos
de civil, con guayaberas y sombrero de petate. Presumiblemente
eran miembros de la Judicial. Temiendo por la vida del embajador Cajal, el
diplomático regresó a la habitación de éste y lo encontró todavía acompañado
por las otras personas.
El comando ingresó al hospital,
inmovilizó al personal médico, a los auxiliares y a las enfermeras y entró
seguidamente al cuarto donde se encontraba Yujá. Lo sacaron a la fuerza de su
cama, cargándolo entre varios y llevándoselo con rumbo desconocido. La acción
duró 20 o 25 minutos. Alrededor de las nueve y veinte, los agentes de la
Policía Nacional volvieron a montar guardia ante la habitación de Cajal.
Para garantizar la seguridad del
embajador Cajal, sobre las ocho y cuarenta y cinco de la noche, familiares y
diplomáticos le condujeron en calidad de huésped a la Embajada de los Estados
Unidos. Durante el traslado fue seguido por carros sin placas.
El 2 de febrero fue encontrado el
cuerpo sin vida de Gregorio Yujá, con evidentes signos de haber sido torturado,
a pesar de encontrarse grave y con gran parte de su cuerpo quemado. Su cadáver
había sido arrojado en la madrugada frente a la Rectoría de la Universidad San
Carlos.
VI. EJECUCIONES
ARBITRARIAS DE ALUMNOS DE LA USAC DURANTE EL CORTEJO FÚNEBRE DE LAS
VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN LAEMBAJADA DE ESPAÑA
El 2 de febrero, sábado, desde
primeras horas de la mañana la Policía Nacional montó un cerco de seguridad en
la ciudad capital. Mientras tanto, una multitud de personas acompañaba el
cortejo fúnebre de las víctimas del 31 de enero. Cuando el cortejo se disponía
a salir, dos estudiantes de la USAC, militantes del Frente Estudiantil
Revolucionario Robin García (FERG), Gustavo Adolfo Hernández, presidente de la
Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), y Jesús España fueron ejecutados
en la 2ª avenida, entre 11 y 10ª calle de la zona 1.
También Liliana Negreros, alumna
de la USAC, fue desaparecida por la Policía Nacional durante la procesión
fúnebre por las víctimas de la Embajada española. El 20 de marzo de 1980 fue
encontrado su cuerpo en un cementerio clandestino, cerca de la cabecera
municipal de Comalapa.
VII. LOS SUCESOS
POSTERIORES
El Gobierno de Guatemala,
utilizando la prensa nacional, desató una campaña de desprestigio público hacia
los ocupantes de la Embajada que habían muerto. La figura del embajador Cajal
fue también objeto de la misma campaña. El Gobierno de Guatemala acusó a los
ocupantes de ser miembros de la guerrilla y puso en duda la actuación del
diplomático español, tergiversando los motivos que había tenido para viajar al
Quiché un día antes de la ocupación, sosteniendo asimismo que había
existido un acuerdo previo entre el embajador y los ocupantes.
Hechos posteriores justificaron de
sobra la oportunidad y conveniencia de la visita del embajador a los sacerdotes
españoles amenazados de muerte en Quiché. Varios de los religiosos españoles
que venían sufriendo amenazas fueron ejecutados arbitrariamente en el término
de un año, por miembros del Ejército: el padre Juan Alonso Fernández, en
Uspantán; el padre Faustino Villanueva, en Joyabaj; y el padre José María Gran,
en Chajul.
Ante la gravedad de los hechos y
el silencio que mantenía al respecto el Gobierno de Guatemala, el Gobierno
español condenó los hechos y la conducta de las autoridades guatemaltecas,
exigió el total esclarecimiento de lo ocurrido y comunicó oficialmente la
ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala. En respuesta, Romeo Lucas
García, jefe de Estado de Guatemala, en carta al presidente español, Adolfo
Suárez, solicitó que se restablecieran los vínculos diplomáticos y explicó
que “una sólida y granítica comunidad, no debe ponerse en peligro por
incidentes aislados como del 31 de enero de 1980, que si bien revisten
gravedad, escapan al control humano y pueden ocurrir en cualquier parte del
mundo”.
Habrían de transcurrir cuatro años
para que se reanudaran las relaciones diplomáticas entre los dos países. En el
documento suscrito entonces por ambos Gobiernos, Guatemala reconoció el
allanamiento de la Embajada española, la violación de la Convención de Viena y
ofreció asumir las responsabilidades de los hechos.
En el ámbito internacional, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció respecto a los hechos
declarando “…su rechazo a todos los actos de violencia perpetrados en
el recinto de la Embajada de España en Guatemala, que violan normas de Derecho
Internacional, afectan principios tradicionalmente respetados por las Naciones
americanas y han ocasionado irreparables pérdidas de vidas humanas”.
El Parlamento Europeo emitió una
resolución según la que “Conmovidos por los acontecimientos recientes
sucedidos en Guatemala y especialmente por el incendio criminal de la Embajada
de España por la policía y consciente de que esta tragedia revela la amplitud y
ferocidad de la represión que sufre el país, denuncia la intervención brutal de
las fuerzas de orden, condena la violencia terrorista a la cual está sujeto el
pueblo de Guatemala, especialmente la población indígena, por lo que invita a
los Estados miembros a realizar un boicot diplomático al régimen dictatorial…”
VIII. LA IMPUNIDAD
El 31 de enero de 1980 el Juzgado
Séptimo de Paz del Ramo Penal de Guatemala ordenó instruir la investigación
sobre los hechos ocurridos en la Embajada de España.
En cuanto a los informes médicos forenses,
sólo constan las necropsias practicadas a 34 víctimas. Todos los informes
señalan como la causa de muerte quemaduras de cuarto y tercer grado.
No consta en el expediente
judicial la declaración del principal testigo, el embajador español Máximo Cajal.
Se recibieron, en cambio, cuatro declaraciones: una del hijo de uno de los
rehenes, la de dos chóferes que presenciaron los hechos desde afuera, y la de
Mario Arturo Aguirre Godoy, que estuvo dentro de la Embajada hasta minutos
antes de que se desencadenara el incendio. No se elaboraron informes periciales
que permitieran establecer las causas del siniestro. No se ordenaron, y, por lo
tanto, no se recibieron declaraciones de policía alguno.
El último trámite realizado, de
fecha 6 de marzo del mismo año, fue una providencia en la que se dispuso la
entrega a sus parientes de los efectos personales de una de las víctimas.
El examen de las pocas páginas que
componen el expediente judicial Nº 547-80, del Juzgado Primero de Primera
Instancia Penal, titulado Caso de quema de Embajada de España, muestra
claramente la absoluta falta de voluntad del Organismo Judicial y del
Ministerio Público de investigar los hechos y de enjuiciar y castigar a los
culpables.
Respecto a la desaparición y
posterior ejecución extrajudicial de Gregorio Yujá, la CEH no pudo encontrar el
parte policial donde se daba cuenta del hallazgo del cadáver. Lo mismo sucedió
en relación al caso de los estudiantes universitarios que fueron acribillados
durante el funeral celebrado por las víctimas de la masacre.
IX. EL PUNTO
RESOLUTIVO NO. 6-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Con fecha 3 de febrero de 1998 el
Congreso de la República emitió el Punto Resolutivo No. 6-98, que, por su
importancia, se transcribe literalmente:
PUNTO RESOLUTIVO NUMERO 6-98
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
Considerando:
Que los Acuerdos de Paz
establecieron la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,
como un mecanismo que permita conocer y poner al descubierto los hechos más
violentos ocasionados por el conflicto armado interno.
Considerando:
Que la memoria Histórica es parte
de la cultura social y que esta misma debe ser inspiración de reconciliación y
paz, para que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad
guatemalteca.
Considerando:
Que en el año de 1980, un grupo de
campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa
mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar
la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación.
Por tanto; resuelve:
PRIMERO: Solicitar a la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico, incluya dentro de sus investigaciones lo
ocurrido en la Embajada de España, y así se pueda conocer la verdad de lo
acaecido ese lamentable día 31 de enero de 1980.
SEGUNDO: Solidarizamos con los
familiares de quienes dieron su vida por encontrar el camino para un mejor
futuro y alcanzar la paz firme y duradera.
TERCERO: Exhortar a la sociedad
guatemalteca a efecto de que connmemoremos estos acontecimientos que son parte
de la historia de Guatemala y, por lo tanto, constituyen la demostración más
grande del sacrificio de sus hijos por la nación.
CUARTO: Solicitar al Gobierno de
Guatemala, que siga dando todo su apoyo la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico y así las guatemaltecas y guatemaltecos puedan conocer los múltiples
hechos que, producto del enfrentamiento armado, se dieron durante las tres
décadas de lucha revolucionaria.
QUINTO:Trasaladar el presente
punto a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y al Gobierno de la
República de Guatemala.
SEXTO: El presente punto
resolutivo entra en vigencia inmediatamente y será publicado en el Diario
Oficial”.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES
Presidente
RUBÉN DARÍO MORALES VELIZ
Secretario
VÍCTOR RAMÍREZ HERNANDES
Secretario
La CEH destaca la importancia de
este Punto Resolutivo del Congreso de la República, que fue adoptado de forma
unánime por el Pleno del mismo. En primer lugar, por las consideraciones que
formula, en especial sobre las motivaciones de quienes el 31 de enero de 1980
ocuparon la Embajada de España, la solidaridad que expresa con los familiares
de las víctimas, por equiparar a mártires por la paz a las víctimas y el
exhorto a commemorar esos acontecimientos. En segundo lugar, porque constituye
la única petición formal planteada a la CEH por el Estado de Guatemala para que
se investigue un caso en particular.
Derecho aplicable a las relaciones
diplomáticas
El Convenio de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961 tiene por objeto regular las relaciones
diplomáticas entre los Estados que forman parte de la Comunidad Internacional y
la de los órganos especializados en las relaciones exteriores, llamados
misiones diplomáticas. El personal diplomático y las misiones, incluyendo sus
instalaciones y la documentación contenida en ellos, gozan de una serie de
privilegios e inmunidades cuyo objetivo es garantizar a cada misión el
desarrollo de sus funciones con libertad, seguridad y sin intromisiones ni
trabas de ningún tipo.
Guatemala ratificó el Convenio de
Viena el 1 de octubre de 1963 y España lo hizo el 21 de noviembre de 1967, sin
que ninguno de los dos Estados haya formulado reservas sobre el mismo.
Siendo plenamente aplicable, y por
tanto exigible, el Estado de Guatemala violó el Artículo 22 del Convenio de
Viena, al haber penetrado la policía en la Embajada y hacerlo contra la
voluntad expresa de impedirlo del Embajador; el Artículo 27, no sólo por no
proteger la libre comunicación de dicha misión diplomática, sino por haber
cortado su teléfono; y el Artículo 29 de la misma, al haber maltratado de
palabra y obra, al embajador español. Todas estas acciones suponen una
violación de las reglas más elementales del derecho diplomático.
Por otra parte, la CEH está
convencida de que el embajador Máximo Cajal actuó de forma correcta ante el
hecho de la ocupación ilegal y en su relación y reacción ante el Gobierno
anfitrión. Ante los ocupantes mantuvo una actitud dialogante, única válida para
impedir y aminorar cualquier reacción de fuerza. Ante el Gobierno de Guatemala
actuó de forma respetuosa con el Derecho y la práctica diplomática, al utilizar
el canal del Ministerio de Relaciones Exteriores para intentar hablar con el
Canciller y otros altos funcionarios, y el del Ministerio de Gobernación, en
ambos casos para informar del hecho de la ocupación y su oposición a la entrada
de la policía y la petición de que se retirara. El Gobierno español también
utilizó el canal diplomático adecuado.
IV. CONCLUSIONES
Analizados todos los antecedentes
de este caso, la CEH llegó a la convicción de que agentes del Estado, en
concreto la Policia Nacional, judiciales y miembros de la Inteligencia del
Ejército, uniformados y de civil, atentaron contra el derecho a la vida de 37
personas, que fueron los responsables materiales de la ejecución arbitraria de
quienes estaban dentro de la Embajada de España, y que las más altas
autoridades del Gobierno de Guatemala de la época son responsables
intelectuales de esta gravísima violación de derechos humanos.
La CEH considera que carece de
toda base la hipótesis de que las víctimas se autoinmolaron.
La CEH estima que la reacción del
Estado fue injustificable, ya que su operativo y despliegue ofensivo fueron
totalmente desporporcionados en relación con la amenaza que representaban los
ocupantes, quienes se encontraban, prácticamente, en estado de indefensión.
Del mismo modo, asiste a la CEH la
convicción plena de que agentes del Estado ejecutaron arbitrariamente, bajo
protección de las autoridades superiores, al único ocupante que sobrevivió la
masacre de la Embajada, Gregorio Yujá.
La CEH, coincidiendo con la opinión
del Congreso de la República de Guatemala, considera que los ocupantes tenían
como única intención la denuncia pública y pacífica de las graves violaciones a
los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales. No haber
sido escuchados por autoridad alguna ni por la prensa les llevó al extremo de
ocupar la Embajada de España.
Los antecedentes del caso
establecen de forma plena que el Estado de Guatemala no llevó a cabo
investigación real alguna encaminada a establecer la responsabilidad de los
hechos, incumpliendo su deber de perseguir, enjuiciar y sancionar a los
responsables y favoreciendo, de este modo, la impunidad.
Por otro lado, a la luz de las
normas del derecho internacional, los agentes del estado atentaron
flagrantemente contra el Convenio de Viena, al entrar en la Embajada aún contra
la voluntad expresa del jefe de misión, al desproteger y atentar contra la vida
de su personal y al violar y destruir el recinto diplomático.
El caso de la masacre de la
Embajada de España es precedente, prueba de la intensidad y el exceso que
alcanzó en 1980 la represión política durante el Gobierno de Lucas García, y
refleja tanto la imposibilidad de cualquier acción de oposición, de demanda
social de justicia y de denuncia de violaciones de los derechos humanos
cometidas en esa época, así como el ambiente de terror y amenaza que se vivía
en el país.
La CEH resalta el valor y el
significado de la resolución del Congreso de la República de Guatemala, que
consideró y reconoció de un modo formal que “un grupo de campesinos
hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría
guatemalteca que se debate en la pobreza y pobreza extrema, al tomar la
Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su
situación”, y que “la memoria histórica es parte de la cultura
social y que esa misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que
los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad
guatemalteca”.
Por último, el caso fue un hito en
el enfrentamiento armado interno, porque en él confluyeron la violencia que se
vivía tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en un suceso en que
murieron tanto indígenas como ladinos, campesinos, obreros, estudiantes,
personal de la Embajada y que evidenció que el Estado no autoimponía límite
alguno, jurídico o ético, a sus acciones represivas.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Adolfo Molina Orantes
Gavina Morán Chupe
Edgar Rodolfo Negreros Straube
Eduardo Cáceres Lenhoff
Felipe Antonio García Rac
Francisco Chen Tecu
Francisco Tun Castro
Gaspar Vi Vi
Jaime Ruíz de Arbol
José Angel Xoná Gómez
Juan José Yos González
Juan Chic Hernández
Juan López Yac
Juan Tomás Lux
Juan Us Chic
Leopoldo Pineda
Luis Antonio Ramírez Paz
Luis Felipe Sáenz Martínez
María Cristina Melgar
Ejecución arbitraria (posterior)
Gustavo Adolfo Hernández González
Jesús Alberto España Valle
Liliana Negreros
María Lucrecia Rivas de Anleu
María Teresa Vásquez de Villa
María Pinula Lux
María Ramírez Anay
María Ramírez Anay
María Wilken de Barillas
Mateo López Calvo
Mateo Sic Chen
Mateo Sis
Miriam Judith Rodríguez Urrutia
Nora Adela Mildred Mena Aceituno
Regina Pol Cuy
Reyno Chiq
Salomón Tavico Zapeta
Sonia Magaly Welchez Váldez
Trinidad Gómez Hernández
Vicente Menchú Pérez
Victoriano Gómez Zacarías
Ejecución arbitraria, tortura,
herido en atentado
Gregorio Yujá
Herido en atentado
Máximo Cajal y López
No hay comentarios:
Publicar un comentario