En buena parte, esta
gran ola de terror predominente en la realidad mexicana tiene que ver con la
imposición del llamado modelo neoliberal
(capitalismo salvaje), donde se ha buscado privatizar todas las expresiones y
condiciones de la vida económica, social y política del país.
Adalberto Santana / Especial
para Con Nuestra América
Desde Ciudad de México
El año de 2014 ha sido uno de los más violentos del escenario
mexicano. Diversos y dramáticos acontecimientos han impacto de manera alarmante
en el plano nacional como internacional el proceso acumulativo de violencia que
viene desarrollándose en la formación social mexicana. En América Latina hay
dos países que viven en guerra. Uno es Colombia y el otro es México. En el
conflicto colombiano tiene la característica de ser esencialmente de carácter político. De ahí
que las partes fundamentales de esa guerra llevan por cerca de dos años un
proceso de negociación política. Situación de negociación y acuerdos entre el
gobierno colombiano del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) que de avanzarse pueden arribar a la pacificación de un país
con más de 50 años de guerra. Pensemos que en Colombia ese conflicto
político-militar es el más prolongado de todo el continente, incluso más largo
que la llamada Guerra de Castas que se desarrolló
en el sureste mexicano en la segunda mitad del siglo XIX por casi medio siglo.
En el caso de la guerra en México, que lleva más de doce años,
iniciada en 2002 tiene la característica
de ser una guerra social donde el elemento de la negociación política se
encuentra ausente. Ahí en ese conflicto militar, inciden muchos actores. Por un
lado los gobiernos que han encabezado los presidentes Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, que han militarizado buena parte del territorio nacional con sus
distintas fuerzas represivas del Estado (policías federales y locales,
ejército, marina, fuerza aérea, etc.) De
igual manera figuran las distintos actores emergentes de la economía sumergida
como son los principales dirigentes empresariales del narcotráfico, los cuales
tienen a su servicio a una enorme cantidad de grupos de sicarios (fuerzas
paramilitares a su servicio), así como también cuenta con la complicidad
comprada de distintos miembros de las policías, fuerzas armadas y jueces a su
servicio. Pero de la misma manera distintos actores políticos de derecha o
izquierda se han visto involucrados en actividades criminales, tal como han
figurado ex gobernadores, diputados, alcaldes y otros políticos nacionales o
locales vinculados al crimen organizado. El caso de Iguala es el más reciente
ejemplo de esta situación de contubernio entre políticos de “izquierda” y
crimen organizado. Entre ellos han librado una guerra por controlar sus
espacios de poder y de corrupción. Lo más grave que en medio de esa guerra de
grupos de la delincuencia organizada y del Estado han quedado en el centro de sus combates la
población civil. La cual finalmente es la que más ha sufrido el clima de terror
generado por esa misma confrontación.
Las estimaciones apuntan que México en más de una década ha tenido más
de cien mil muertos y más de 26 mil desaparecidos. Las alarmas mundiales hablan sobre la ola de terror que
priva en la realidad mexicana. Los casos más recientes muestran el espectro de una guerra salvaje (la muerte
de estudiantes y de 42 normalistas desaparecidos). O bien, el más reciente homicidio del párroco católico, Gregorio
López Gorostieta, ocurrido tras su
secuestro en el estado de Guerrero el
domingo 21 de diciembre de 2014. Situación que hizo que el papa
Francisco a través de su secretario de Estado, manifestara su pesar por la “víctima de una injustificable
violencia". Pero el homicidio de
ese sacerdote no ha sido el único. En el informe “Riesgo de ser sacerdote en
México”, se apunta que “el índice de
secuestros de sacerdotes subió un 300 por ciento. Mientras que la tendencia de
atentados contra el sector religioso sigue a la alza”. Así, se reporta que “entre 1990 y 2014 han sido asesinados de
forma violenta un cardenal, 34 sacerdotes, un diácono y tres religiosos, según
el reporte anual 2014”. Incluso se afirma que: “Tan solo durante los primeros
dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido asesinados ocho sacerdotes
y dos continúan desaparecidos”. De ahí que el 30 de abril de 2014, también se
conoció del homicidio del sacerdote ugandés, que de manera semejante a la del
padre López Gorostieta, también fue
secuestrado y asesinado por un grupo paramilitar. Incluso sus restos se
confirmo fueron encontrados durante el mes de noviembre de este mismo año, “en
una fosa clandestina, junto con otros 12 cadáveres, en la comunidad serrana de
Ocotitlán, en el estado Guerrero (sur)”. Hecho que también coincidió con el
homicidio del cura Ascención Acuña Osorio que en semejante situación “fue
encontrado muerto a orillas del río Balsas, en la cabecera municipal de San
Miguel Totolapan, ubicado en la región de Tierra Caliente, dos días después de
haber sido secuestrado”.
En
buena parte, esta gran ola de terror predominente en la realidad mexicana tiene
que ver con la imposición del llamado
modelo neoliberal (capitalismo salvaje), donde se ha buscado privatizar
todas las expresiones y condiciones de la vida económica, social y
política del país. Así, en esa dinámica
se ha también privatizado la violencia. De tal suerte que el Estado ya no es el
monopolizador del ejercicio de la violencia. Por el contrario, ahora la
aplicación de la fuerza se encuentra fragmentada. Esa violencia ahora la detentan y ejercen diversos grupos
privados, como los grupos de sicarios que están al servicio de los empresarios
del narcotráfico; o de la trata de seres humanos (explotación de los migrantes
indocumentados); secuestradores; etc. Por ello el paisaje social, político y
económico de México, es el de un país violento que tiene la más cruda expresión
del llamado modelo neoliberal.
* El Dr. Adalberto Santana
es director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y
el Caribe (CIALC), UNAM.
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