El neoliberalismo fracasó en Costa Rica pero los neoliberales apuntan a
regresar en 2018. Poderes fácticos apuestan a socavar expectativas de cambio
persistentes entre la población. Las elecciones municipales 2016 serán un espacio
para medir fuerzas.
Héctor Solano Chavarría / Especial para Con Nuestra América
El comienzo del 2015 ha permitido dimensionar el talante de las fuerzas
políticas y económicas que se resisten al cambio en Costa Rica.
Tanto el abordaje mediático como el accionar de los partidos de
oposición en la Asamblea Legislativa, dan cuenta de una virulencia cuya
finalidad no es otra más que socavar las expectativas y esperanzas de cambio
que aún persisten entre la mayoría de la población costarricense. El desenlace
de “escándalos” tales como los suscitados en torno al denominado caso
Soley-Brenes, o la renuncia del exdiputado Ronal Vargas, entre otros, así lo
testifican.
Las organizaciones y movimientos sociales vinculados al campo
popular-progresista deben tomar nota de lo que está en juego. La situación
económica y política que vive el país, caracterizada por mucha incertidumbre en
lo social y lo laboral, hace suponer que el año preelectoral que comienza (en
febrero-2016 se efectuarán los comicios municipales) será sin lugar a dudas un
año de mucha crispación en lo que al debate y la discusión sobre lo público se
refiere.
Un año de muchas definiciones, tanto que en lo que a la gestión del
(auto) denominado “gobierno del cambio” se refiere, como en lo relativo a las
perspectivas en materia de movilización y articulación política de los sectores
vinculados al campo popular-progresista.
País no es necesariamente el
“más feliz” del mundo
Tras la celebración del referéndum de 2007, Costa Rica aprobó el ingreso
al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, la República Dominicana
y los Estados Unidos, bajo la promesa de la generación de 500.000,00
(quinientos mil) empleos.
El balance de tres décadas de neoliberalismo en Costa Rica ha sido, lo
menos, deficitario. Según los datos de la última Encuesta Continúa de Empleo
(ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del país, el 2014,
cerró con un desempleo de prácticamente del 10%, tras un importante
decrecimiento de la inversión extranjera directa (IED).
Mientras países tales como Brasil, Colombia y Panamá, entre otros,
experimentaron un crecimiento importante de la IED durante el segundo semestre
del 2014 respecto del mismo período en 2013, Costa Rica, por el contrario,
experimentó durante el mismo lapso una reducción significativa de la misma,
estimada en US$283.000.000,00 (doscientos ochenta y tres mil millones de dólares),
para un 21%.
Como trascendió en días pasados, la firma costarricense de alimentos Jacks –que emplea a más o menos 700
personas en la actualidad- tomó la decisión de trasladar el 50% de sus
operaciones a Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador. Países, éstos dos
últimos, gobernados “paradójicamente” por fuerzas consideradas “izquierdistas”.
Ya desde abril de 2014, había trascendido el cierre de la fábrica de
manufactura de la transnacional Intel en
Costa Rica, que habría –de acuerdo con las estimaciones- dejado sin empleo a
cerca de 1.500 trabajadores. El “trapito de dominguear”
de los neoliberales.
Según la citada encuesta, en 2014, el porcentaje de trabajadores
(ocupados y desocupados) en búsqueda de empleo ascendió al 18% del total de la
fuerza laboral, en medio de un contexto de deterioro en la calidad del mismo.
Al tiempo que el empleo de baja calificación ascendió del 22% al 25% durante el
mismo año, ya desde 2013, el empleo informal había ascendido al 44% del total
de la población ocupada.
De acuerdo con el Informe del
Estado de la Nación, en Costa Rica, uno de cada tres asalariados no reciben
siquiera el salario mínimo de ley, mientras que a cerca de 107.000,00 (ciento
siente mil) trabajadores se les incumple al menos uno de sus derechos laborales
elementales.
El panorama descrito se enmarca en una ciudadanía expectante de cambios
estructurales en cuanto la corrupción y la estrategia de desarrollo neoliberal
predominantes durante las últimas tres décadas, en medio de una situación
política caracterizada por la crisis.
Lo viejo se resiste a morir y
lo nuevo no termina de aparecer
Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Costa Rica
entre febrero y abril de 2014 marcaron un “parte-aguas” considerable en lo que
respecta a la correlación de fuerzas políticas. La inmensa mayoría de la
población costarricense dijo “¡ya basta!” a los grupos que históricamente
monopolizaron el poder político en el país.
No obstante, si bien la toma presidencial de Luis Guillermo Solís (LGS)
y el crecimiento parlamentario del Frente Amplio (FA, izquierda) son expresión
inequívoca de ello, al mismo tiempo, lo anterior, tuvo como contracara una
conformación fragmentaria de la Asamblea Legislativa –conformada
mayoritariamente por diputados colocados en el espectro del centro hacia la
derecha- y un empoderamiento importante de los poderes fácticos ubicados “al
margen” de la política. Entre ellos, los medios de comunicación (en especial el
diario La Nación), los grupos
empresariales y los denominados órganos de control estatal-institucional, como
la Contraloría y la Procuradoría General de la República (CGR y PGR,
respectivamente) y la Sala Constitucional (Sala IV).
El fin y principio de año arroja un balance de alineamiento de dichos poderes fácticos en contra de todo aquello
que pudiese implicar cambios. El
talante de hostilidad y polarización de dichos sectores frente a la aprobación
del presupuesto de la República, en octubre pasado, y la decisión de LGS de
levantar el veto de la reforma procesal laboral (RPL), en diciembre, así lo
muestran.
La desestabilización a nivel de “opinión pública” ha estado a la orden
del día. Las referencias al gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982) y la crisis
económica experimentada entonces por el país ha sido la norma, al igual que las
referencias a la crisis económica y política experimentada en la actualidad por
Venezuela. LGS y “sus aliados” (entiéndase, el FA) tienen a Costa Rica
prácticamente al borde de una “dictadura”, de acuerdo con la histeria de dichos
sectores.
La agenda de los poderes fácticos es clara: aislar al gobierno de LGS de
todo aquello que se encuentre hacia su izquierda y profundizar la campaña de
miedo y de desprestigio que desde 2013 vienen impulsando contra el FA, para
así, minar las expectativas y las esperanzas de cambio que aún persisten entre
la mayoría de la población costarricense.
¿Qué hacer?
El 2015 será un año trascendental. Las organizaciones y movimientos
sociales vinculados al campo popular-progresista tienen ante sí el desafío de
articular políticamente dichas expectativas y esperanzas de cambio, no
solamente en la perspectiva de “empujar” en la medida de lo posible la gestión
del gobierno de LGS hacia posiciones más afines al bien común, sino que sobre
todo –y como lo fundamental- evitar que la recomposición descrita de los
poderes fácticos implique un eventual retorno de los neoliberales al gobierno
en 2018. La mesa está servida, y el proceso electoral-municipal de 2016 será un
espacio propicio para medir fuerzas.
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