Bugaba: conflicto ambiental y ecología política

Al cabo de 15 años de crecimiento económico con inequidad social y degradación ambiental, estamos llegando al momento de plantear la necesidad de iniciar la transición hacia el desarrollo sostenible. El principal factor de impulso a esa transición, por ahora, son las luchas de las comunidades de todo el país por el acceso a condiciones ambientales básicas para una vida digna: agua, saneamiento, ausencia de contaminación, seguridad.

Guillermo Castro H. / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

La población de Bugaba, en Chiriquí, Panamá –camino a la frontera con Costa Rica-, se ha movilizado en protesta por la concesión de aguas para una hidroeléctrica, que podría amenazar el abastecimiento de la nueva planta potabilizadora que está siendo construida para esa comunidad a un costo de 46 millones de Balboas, y tiene ya un 90% de adelanto. Estamos aquí frente a un caso típico de conflicto ambiental. Dos actores sociales distintos (la comunidad y una empresa hidroeléctrica) aspiran a hacer usos distintos y potencialmente excluyentes del agua que provee una misma cuenca.

Este ya no es un problema meramente técnico. Es un problema de ecología política, en el que está involucrado directamente un tercer actor clave, el Estado, que hasta ahora se ha entendido por separado con las dos partes interesadas, a traves de agencias distintas.

Aquí, la política hidroenergética estatal efectivamente existente favorece a la empresa. La política de salud y la ambiental, que no están formuladas con igual claridad, ni cuentan con promotores de la capacidad la Secretaría de Energía, debe favorecer a la comunidad.

Favorecer no significa excluir, sino otorgar prioridad al interés de una parte sobre el de la otra. En este caso, lo justo y sensato sería limitar el acceso de la empresa al agua, salvaguardando en primer término los intereses de la comunidad y la demanda de los ecosistemas de la cuenca.

Si una vez restados esos caudales el agua no alcanza para hacer rentable a la hidroeléctrica, no debería haber lugar para ella en la cuenca.

Estas conflictos podrían ser evitados si se contara con un plan de manejo integrado de cada cuenca, formulado por las propias comunidades con apoyo técnico del Estado. Nada más son 52 cuencas, y los recursos necesarios para elaborar esos planes son mucho menores que los despilfarrados en la politiquería electoral.

La participación de todos en las cosas de todos es la clave de la democracia. ¿De qué sirve una Junta Comunal que no esté en capacidad de planificar el uso de los recursos que la propia comunidad requiere, y de supervisar en serio el uso de esos recursos? Cada vez hace más falta desarrollar nuestras capacidades para someter la gestión pública al control social. Ese es, sin duda, un factor clave para crear un ambiente distinto mediante la construcción de una sociedad diferente.

Y esto es más importante que nunca para el país. Al cabo de 15 años de crecimiento económico con inequidad social y degradación ambiental, estamos llegando al momento de plantear la necesidad de iniciar la transición hacia el desarrollo sostenible. El principal factor de impulso a esa transición, por ahora, son las luchas de las comunidades de todo el país por el acceso a condiciones ambientales básicas para una vida digna: agua, saneamiento, ausencia de contaminación, seguridad. Gracias a los bugabeños por su aporte a esa lucha, que aclara las cosas y alienta a otros a sumarse a difícil transición desde el crecimiento económico hacia un desarrollo que merezca ser llamado sostenible por lo humano que llegue a ser.