La ratificación de la soberanía
venezolana sobre el Esequibo es vital para consolidar su salida atlántica. Si
bien el país no ha suscrito los derechos del mar, la postura de Guyana incide
en el tratado limítrofe Venezuela - Trinidad y Tobago y compromete la
integridad del Estado Delta Amacuro.
José Fortique* / Especial para Con Nuestra América
Desde Caracas, Venezuela
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| Mapa de la zona en reclamación entre Guyana y Venezuela. |
Guyana nació con una difícil
carga colonial, producto de la ocupación británica que utilizó su territorio
como un enclave en las rutas de la piratería después de la capitulación
holandesa (1814). El caso de Guyana y Belice es particular, comparten
características similares, no obstante están situadas en el Centro y Sur del
Continente. Ambas heredaron conflictos territoriales ante el desmembramiento de
la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Venezuela; el
umbral de sus cortas historias republicanas han estado marcadas con la
reclamación territorial. Estos conflictos no son una excepción en la región,
producto de la formación accidentada de los Estados y la limitación de
la soberanía territorial. En esta década encontramos una serie de demandas
limítrofes en organismos internacionales que han elevado la tensión política
paradójicamente ante el boom de los esquemas de integración regional. El
último punto que agudiza los conflictos territoriales es la Convención de los Derechos
del Mar, en vigencia desde 1994; firmado por Guyana pero no así Venezuela.
El atasco político entre la
República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela es
parte de la línea de presión guyanesa. Incluye movimientos diplomáticos – tácticos
para aprovechar los recursos naturales en las aguas marinas y submarinas del
territorio Esequibo en disputa. A pesar de la mengua en los precios del
petróleo, el proceso de aseguramiento de los depósitos de crudo en la
extensa costa afuera del atlántico suramericano sigue su curso; las
exploraciones de Exxon Mobil confirman la fecundidad de ese espacio. En décadas
reciente la convulsión limítrofe entre Surinam y Guyana (2000), resultó en la
expulsión forzada de la petrolera canadiense CGX por parte del ejercito
surinamés en la zona en querella; exploraciones previamente avalada desde el
gobierno guyanés. Lo curioso de los eventos recientes, es la forma como la
cancillería venezolana se dirige directamente a la compañía estadounidense.
Aunque desde la vía de oficio, la diplomacia venezolana ha hecho frente a los
comunicados y las declaraciones de su contraparte estatal.
La relación entre PDVSA y Exxon
Mobil cesó en términos poco amistosos (2007). Luego de la decisión del gobierno
venezolano de recuperar la soberanía sobre sus recursos energéticos. La
transnacional enfocó su ofensiva más allá de los dictámenes de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI); la aspiración rondaba en una cifra “astronómica”
de casi 20 mil millones de dólares. El proceso resultó en el arbitraje
internacional contra el Estado ante el CIADI. Esto es parte del laberinto legal
dispuesto en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), bases de la lesiva
renuncia de la inmunidad absoluta de jurisdicción en los países
periféricos a cambio de la inversión extranjera. Las dimensiones
económicas de un gigante petrolero como Exxon Mobil se pueden evidenciar en sus
ganancias netas de 32.580 millones de dólares en el año 2014; superior a
las reservas internacional de Venezuela en ese mismo año.
La ratificación de la soberanía
venezolana sobre el Esequibo es vital para consolidar su salida atlántica. Si
bien el país no ha suscrito los derechos del mar, la postura de Guyana incide
en el tratado limítrofe Venezuela - Trinidad y Tobago y compromete la
integridad del Estado Delta Amacuro. Genera suspicacia la actuación venezolana,
con poca claridad al sólo condenar las exploraciones de Exxon Mobil, pero no
comentar la explotación minera unilateral e ilegal por parte de Guyana en el
territorio continental del Esequibo; base de la negoción de la fachada
marítima. Preocupa que a pesar del buen nivel de relaciones entre ambos
Estados, la cancillería prefiera dirigirse a Exxon Mobil y no convocar los
mecanismos de diálogo disponibles para evitar incidentes como el del Teknik
Perdana (2013).
La reclamación de Argentina por
la soberanía plena de las Malvinas, Georgias S. y Sándwich S. es contra el
Reino Unido (denunciado en la ONU). Sin embargo, en abril de este año el
gobierno argentino inició un proceso en su propio sistema judicial contra las
compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble
Energy Inc. entre otras, ante la explotación petrolera sin su autorización en
los territorios reclamados. Aunque son lícitas las exhortaciones venezolanas
contra la transnacional, es absurdo obviar que han sido autorizadas por el
gobierno de Guyana quien es el sujeto principal de la reclamación esequibana.
*El autor es profesor universitario en la Cátedra de Geopolítica.
/@jfortique
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