La reconfiguración parcial del bipartidismo en el Congreso
tras la elección del Directorio Legislativo el pasado 1° de mayo, supone una
inflexión cuya importancia no es menor en lo que respecta a la situación política
de Costa Rica.
Héctor Solano Chavarría* / Especial para Con Nuestra
América
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| La oposición arrebató el control del Congreso al oficialismo. |
La constitución de la alianza formal entre las dos agrupaciones que
gobernaron el país durante las últimas seis décadas (el Partido Liberación
Nacional, PLN, otrora socialdemocráta; y la Unidad Socialcristiana,
PUSC), es expresión de la resistencia de las élites político-empresariales
vinculadas al modelo neoliberal frente a los cambios que mayoritariamente
anhela la ciudadanía.
Voluntad, que fue expresada en el proceso electoral presidencial y
legislativo que se celebró entre febrero y abril de 2014, y que, entre otras
cosas, significó la llegada de Luis Guillermo Solís (LGS) a la Presidencia de
la República y el crecimiento parlamentario del Frente Amplio (FA, izquierda).
En dicho proceso electoral, al tiempo que LGS obtuvo la silla presidencial con
al menos un millón setecientos mil votos en la segunda ronda de abril de ese
año; la agrupación que fundara José Merino en 2004 y que llevaba como candidato
presidencial al entonces legislador, José Maríal Villalta, por su parte, pasó de
uno a nueve diputados en el Congreso, tras una campaña de agresiones (miedo) en
su contra.
Tal y como lo anunciaron los promotores de la alianza, la inflexión
del pasado 1° de mayo prefigura un escenario de desestabilización
anti-gubernamental. En primera instancia, en la dirección de impedir el avance
de la reforma tributaria -en Costa Rica el déficit fiscal asciende a más o
menos el 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB)-; y en segunda, en la dirección
de impedir el avance de iniciativas en pro de derechos humanos (Fertilización
In Vitro, FIV, y sociedades de convivencia y uniones de hecho entre personas
del mismo sexo).
La configuración de la alianza neoliberal-conservadora en
el Congreso, hace recordar las épocas del bipartidismo imperante entre las décadas
de 1980 y 1990 en el país, al tiempo que es coincidente con el posicionamiento
del expresidente José María Figueres (1994-1998) como figura máxima en el PLN.
Tanto Figueres como los expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón
(1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), en su momento, fueron
condenados a cárcel por situaciones de conflictos de intereses en relación a
contrataciones entre empresas y el Estado costarricense.
La desestabilización promovida por la alianza
neoliberal-conservadora que se tomó el Directorio de la Asamblea Legislativa
persigue, en lo fundamental, minar y frustar las expectativas de cambio
presentes entre la población.
Gobierno busca replantear cosas
El gobierno de LGS, tras la elección del 1° de mayo, puso en evidencia
sus dificultades en materia de articulación. El oficialismo representado por el
Partido Acción Ciudadana (PAC) fue incapaz de consensuar una candidatura única
a la presidencia del Congreso y de articular política de alianzas alguna para
ese fin.
La ofensiva contra el gobierno promovida por los partidos que a
posteriori conformarían la alianza neoliberal-conservadora en el Congreso
-con el apoyo de los poderes fácticos (en especial, el periódico La
Nación)-; no obstante, y de manera paradójica, terminó redundando en un
fortalecimiento de las posiciones del PAC en el Ejecutivo. La salida de Melvin
Jiménez del Ministerio de la Presidencia y el consecuente debilitamiento a lo
interno de quien fuera el “operador” político de LGS, el diputado Víctor Morales
Zapata, aunados la llegada de Sergio Alfaro a dicha cartera y de Margarita
Bolaños a la presidencia del PAC, parecerían confirmar la tendencia. Alfaro es
un cuadro orgánico-PAC.
Tanto desde la orgánica partidaria como desde Zapote, el PAC tiene
ante sí el desafío de cohesionar una fracción parlamentaria que está dividida
en al menos tres bloques (ya de por sí es minoritaria. Está integrada por trece
de cincuenta y siete diputados)-, así como de articular estrategia alguna para
gobernar.
Perspectivas para el campo popular-progresista
Al cabo de un año de gestión, son claros los alcances y las
limitaciones del gobierno que encabeza LGS. No es un gobierno de “los mismos de
siempre”, pero tampoco es un gobierno progresista -ni mucho menos popular. Más que
un actor, es un campo que escenifica las disputas estructurales que existen,
desde años atrás, entre las élites político-empresariales vinculadas al modelo
neoliberal, y las organizaciones y movimientos sociales articulados en la
resistencia a dicho modelo y que luchan por la recuperación y la ampliación del
Estado Social.
Dicha condición, si bien puede resultar algo desconcertante (o
bastante) para las organizaciones del campo popular-progresista, le es incómoda
(y mucho) a los poderes fácticos vinculados con el modelo neoliberal
impertante. La reconfiguración del bipartidismo en torno a la elección del
Directorio Legislativo el pasado 1° de mayo, puso ello en evidencia.
El gobierno, no obstante, no es el único campo en disputa; y de ello,
deben tomar nota tanto las organizaciones sociales como el FA. La posibilidad
de que el gobierno de LGS pueda efectivamente significar un momento de
“transición” hacia la posibilidad de lo nuevo, supone necesariamente
avanzar en la construcción de mayor tejido social-popular en los territorios,
así como en la recuperación de los niveles de movilización.
Y lo anterior, aplica tanto en lo relativo a la posibilidad de
“empujar” al gobierno hacia posiciones más progresistas, como en la dirección
de construir oposiciones a aquellas medidas que puedan significar retrocesos en
la perspectiva de los derechos de las mayorías. A eso le temen las élites
político-empresariales vinculadas con el modelo neoliberal, y por ello fue que
tomaron la decisión de retratarse de cuerpo completo el pasado 1° de mayo.
*Politólogo. Asesor
legislativo e integrante de la Comisión de Formación Política del Frente Amplio
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