La calle se está
calentando, y los neoliberales están apostando a la confrontación y a la polarización.
Héctor Solano Chavarría
/ Especial para Con Nuestra América
El escenario político
en Costa Rica parece estar en movimiento.
Un mes transcurrió de
la inflexión política acontecida el pasado 1° de mayo, y ya los partidos
políticos articulados en torno a la Alianza Nacional Opositora (ANO) que se
tomó el control de la Asamblea Legislativa trazaron lo que, en principio,
parecería ser su “agenda-país” en lo que a lo programático respecta.
Agenda que, como era de
esperarse, por sus contenidos parecería confirmar que lo que motivó a dichos
partidos a desalojar al partido en el gobierno del Directorio Legislativo,
tiene que ver sobre todo con frenar los cambios que la ciudadanía avaló con su
voto en el proceso electoral del 2014; para así, seguir potenciando los
negocios de los élites político-económicas vinculadas al modelo neoliberal
imperante durante las últimas tres décadas.
El aumento del tope de
la participación del sector privado en la generación eléctrica del 15% al 30%
(contingencia eléctrica), el impulso a medidas con la finalidad de recortar
derechos laborales en materia de empleo público (proyecto de ley 19.130) y
oposición férrea al establecimiento de una reforma fiscal progresiva (cambios
en materia de impuesto sobre la renta y medidas contra el fraude y la evasión
fiscal), son algunos de los temas que constituyen parte del “telón de fondo” de
la “agenda país” que impulsa la ANO.
Las reacciones en el
campo popular-progresista no hicieron esperar. “Vamos
hacia una polarización similar a del combo ICE o la del TLC con Estados Unidos”, dijo en entrevista concedida al periódico La República
el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), Albino Vargas, agrupación cuya plataforma sindical, Patria
Justa, se encuentra impulsando una agenda programática de carácter
progresista en articulación con partidos políticos tales como el Frente Amplio
(FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Agrupaciones, éstas
últimas que por su parte, vienen desde hace algunas semanas impulsando una
serie de esfuerzos con el objetivo de conseguir articular la “unidad en la
diversidad” del progresismo en lo local de cara a las elecciones municipales.
Esfuerzos que dicho sea de paso, no fueron del todo (o para nada) bien
recibidos en el seno de las filas del neoliberalismo.
Eduardo Ulibarri,
reconocido articulista del periódico La Nación y uno de los principales
ideólogos de la derecha nacional, en días pasados y muy “generosamente”,
recomendó tanto al FA como al PAC evitar las alianzas de cara al proceso
electoral municipal. “La
percepción de una renovada cercanía ideológica y operativa hará inevitable que
se debiliten sus identidades y se les peguen sus respectivas “pulgas”: al FA,
el desgaste gubernamental; al PAC, las raíces marxistas y el neopopulismo del
Frente”, señaló. “En política las alianzas son comunes y, a menudo, necesarias. Pero no
siempre resultan provechosas”, remató.
Las
declaraciones de Ulibarri retratan de cuerpo completo cuáles podrían ser
algunos de los temores de dichos sectores de cara al proceso electoral
municipal, y cuál es más o menos su estrategia.
Por un
lado, y de manera “generosa”, le recomiendan el sectarismo a los
sectores populares y progresistas; y por el otro, aspiran a jugarse la carta
del clientelismo en aquellos territorios controlados por el Partido
Liberación Nacional (PLN), que controla en la actualidad 59 de las 81 Alcaldías
existentes en el país. El ex-Alcalde de Hojancha, provincia de Guanacaste, y
actual diputado liberacionista, Juan Marín, semanas atrás presentó a la
Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional, con el objetivo
inmediato de transferir sin mayores controles cerca de 800 mil millones de
colones (14 mil setecientos millones de dólares, aproximadamente) del gobierno
central a las Municipalidades.
Lo cierto,
es que los poderes fácticos apuestan con todo a la polarización de cara
al comienzo del segundo año del gobierno de Luis Guillermo Solís (LGS). Las
señales parecen estar en todas partes.
En días
pasados, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) impuso al Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) una sanción por más de 2 mil millones de
colones (3 millones de dólares, aproximadamente), por supuestas prácticas
“anticompetitivas” en la prestación de servicios de telefonía celular. La
sanción la SUTEL la interpuso a pedido de la empresa española Telefónica,
dueña de los servicios de Movistar en Costa Rica.
El diputado
del PLN, Antonio Álvarez Desanti, por su parte, acusó a la diputada Patricia
Mora del FA de “incitar a la lucha de clases”, en el marco de la discusión
sobre el fraude y la evasión fiscal. El legislador y reconocido empresario
bananero, hizo implementación del “arsenal del miedo” que caracterizó a los
neoliberales en la pasada campaña electoral, como parte de su férrea
resistencia a que la Administración Tributaria pueda contar con instrumentos
que le permitan ejecutar el cobro de impuestos a quienes evaden el fisco.
La calle se está calentando, y los
neoliberales están apostando a la confrontación y a la polarización. Las
organizaciones y movimientos integrantes del campo popular-progresista, así
como sus partidos (como el FA), tiene ante sí el desafío de la articulación y
la construcción de la unidad, en aras de la movilización.
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